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Productividad por decreto
 
04 de Noviembre del 2014

La Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía que discute actualmente el Congreso es innecesaria porque invade funciones de diversas secretarías y se las adjudica a Hacienda, además de que no obliga a nadie, entre otros puntos.

Productividad por decreto, o bueno, para ser más exactos, por ley. Actualmente el Congreso está discutiendo una iniciativa de ley para aumentar la productividad el país, a la que llamaron la "Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía".

La mecánica que plantea para aumentar la productividad es obligar al ejecutivo a presentar un "Programa Especial para la Productividad y la Competitividad" con métricas e indicadores a los que se le dará seguimiento frente al ojo vigilante de @Mx_Diputados.

De paso, regula cómo van a operar el "Comité Nacional de Productividad" y los 32 comités estatales que servirán para evaluar la productividad a nivel regional y por industria, y que darán recomendaciones, tanto a entidades como a dependencias, sobre cómo mejorar su productividad. También, plantea que @SHCP_Mx evaluará si los programas presupuestarios promueven la productividad.

¿Qué debemos saber sobre esta ley?

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Primero, que no es nada nuevo #NadaNuevoBajoElSol. La creación del Comité Nacional de Productividad ya se había planteado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) desde 2012. En agosto del 2013 ya se había publicado el Plan para Democratizar la Productividad. En marzo del 2013 @EPN ya había decretado la creación del Comité Nacional de Productividad. El Comité Nacional incluso ya ha sesionado en varias ocasiones. La ley que hoy se discute es por tanto sólo una formalización de políticas que ya se están implementando.

Segundo, que no es idea exclusiva de @EPN. Fue la reforma a la LFT hecha 2012 y aprobada un día antes de que @EPN tomara posesión (30 Noviembre 2012) la que trajo a la agenda el tema de la productividad. Con la reforma se incluyó el concepto de "productividad" como un criterio básico para el trabajo. De un día a otro, la LFT pasó de citar dos veces la palabra "productividad" a citarla 48 veces. Se incluyó en todo ámbito, desde en la definición de "trabajo digno" (aquel donde se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad (Art. 2)) y hasta dársele un capítulo propio (III BIS: De la Productividad), que antes se llamaba "De la Capacitación". De hecho, la LFT ya establecía en 1978 la obligación a que las empresas tuvieran comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento", que fueron después renombradas como las "comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento". Lo cierto es que el boom de las comisiones de productividad, sin embargo, no se presentó sino hasta que la administración actual acuñó la idea de "democratizar la productividad" como una de las principales banderas del Plan Nacional de Desarrollo.

Tercero, es positiva porque persigue el fin adecuado. El fin último de la Ley de Productividad es adecuado y loable: #SerMásProductivos. Muestra un interés legítimo del gobierno actual por centrar esfuerzos en mejorar la productividad del país que es, de acuerdo a estudios académicos, una de las principales razones por las cuales nuestra economía se encuentra estancada. Muestra que sabemos cuál es el problema y que algo se quiere hacer para resolverlo.

Cuarto, es negativa porque concentra el poder en Hacienda. La ley le da una puñalada fulminante a @SE_Mx y de paso a @STPS_Mx. Siguiendo un proceso que lentamente ha concentrado el poder de decisión en dos subsecretarías (@SEGOB_Mx y @SHCP_Mx), la ley apuñala a la @SE_Mx al sigilosamente quitarle funciones.

Por un lado, toma la misión más fundamental de @SE_Mx que es fomentar la productividad y competitividad y se la otorga a la @SHCP_Mx. La ley dicta que sea @SHCP_Mx la que esté a cargo de la creación del Programa para la Productividad (Art.5), la que presida el Comité que propondrá las métricas de desempeño y estrategias para medir y mejorar la productividad (Art. 12), la que analice los programas presupuestarios para estimular que éstos contribuyan a la productividad (Art. 11), la que identifique qué sectores prioritarios existen para mejorar la productividad (Art. 11) e incluso, la que interprete la ley (Art. 20). Establece claramente que será el propio Secretario Videgaray mismo quien suscriba con las entidades y dependencias convenios de seguimiento y compromisos para ser más productivos (Art. 16) y que será la SHCP quien rinda cuentas ante el congreso sobre los avances del Programa (Art.18). A la SE se le deja sólo la tarea vaga de "identificar y comunicar al Comité" qué factores están inhibiendo la competitividad, pero la toma de decisiones y la planeación estratégica será de Hacienda.

Por el otro lado, toma lo que @STPS_Mx ha hecho y deja su trabajo en el limbo. La @STPS_Mx tiene por mandato establecer las "comisiones mixtas de productividad" a nivel empresa por lo que un poco unilateralmente ha decidido darle seguimiento a los avances que han tenido los estados en implementar y operar su "Comités Estatales de Productividad". Tal parece que ahora, esta función será de @SHCP_Mx.

No contentos con que la @SHCP_Mx haya adquirido formalmente muchas de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, y con que informalmente juegue un papel político preponderante, la @SHCP_Mx ahora también será encargada de asuntos de productividad, asuntos que son tarea de la @SE_Mx. Esto es irónico. Una de las principales fuentes de productividad es distribuir recursos de manera eficiente y diversificar tareas. Al concentrar todo en @SHCP_Mx, nuestro gobierno está atentando contra lo que propone: distribuir recursos de manera productiva. Si @SHCP_Mx hace tareas de @SFP_Mx, @STPS_Mx y @SE_Mx, probablemente estará abrumada y no será productiva.

Quinto, no obliga a nadie #NomásRecomienda. La ley no tiene particulares obligados ni es vinculante. Trata de darle fuerza jurídica a disposiciones que anteriormente eran un decreto pero falla porque, debido a que nuestro país es una federación, ninguna de las recomendaciones hechas por el comité a entidades, dependencias u órganos autónomos serán obligatorias. Cada quien decidirá si las acepta. No queda claro si habrá sanciones incluso para aquellos que habiéndolas aceptado no las cumplan. En fin, son sólo #LeyesYMásLeyes

Sexto, faculta a @SHCP_Mx para evaluar programas de acuerdo a si son (o no) productivos. Esto está bien, pero el proceso que se sigue es un poco como inventar la rueca, en vez de construir sobre lo que ya se tiene. La ley de productividad otorga a SHCP una capacidad que parece exceder sus propias atribuciones para imponer un criterio de productividad a los objetivos de cada programa y para fungir como evaluador. El problema es que ya tenemos evaluadores, son las mismas secretarías y la @ASF_Mexico. La @SHCP_Mx ya tiene la facultad para revisar si los programas de las dependencias son redundantes. Y cada dependencia tiene la facultad para evaluar si sus programas cumplen con los objetivos para los que fueron hechos. En todo caso, necesitamos fortalecer las capacidades de los que ya están. Lo que se necesitaría sería incluir en la Ley de Responsabilidad Hacendaria un criterio de productividad (si es que no está ahí ya).

Séptimo, permite que califiquen los que son calificados. Este problema viene desde la LFT. Las reglas que determinarán quiénes serán los miembros del comité de productividad serán determinadas por el gobernador (así como el Presidente de la República escogió a @SHCP_Mx para presidir el comité). Ese comité, el mismo que será conformado de acuerdo a las reglas fijadas por el gobernador, propondrá metas al gobernador. Metas que el gobernador podrá (o no) aceptar. El incentivo es perverso: fijar metas pobres que los gobernadores puedan alcanzar rápidamente y así obtener publicidad política. Si bien es cierto que el Comité de Productividad Nacional tendrá que reportar avances cada trimestre ante el congreso, preocupa que esos avances sean realmente ambiciosos. Así mismo, los cambios de gobierno podrán suponer que ya no habrá continuidad.

Octavo, vuelve ley algo que debiera ser sólo política pública. No queda claro que sea necesario hacer una ley sólo para promover acciones que son, por su naturaleza, políticas públicas, y que podrían hacerse a partir de planes de gobierno y estrategias. Esta es una ley que obliga al gobierno a tener un plan para ser productivo. Suponemos que esto se hace para incentivar que, incluso si hubiera un cambio de partido, se siga considerando a la productividad como prioritaria. No se necesita una ley, se necesita que se implemente al plan para democratizar la productividad que ya se estableció desde el año pasado. Si no se ha podido implementar, es dudoso que una ley de estas características logre algún cambio.

Noveno, confunde productividad y competitividad. El proyecto pareciera en fragmentos utilizar como sinónimos la competitividad y la productividad. La primera se obtiene con mayor competencia y una agenda amplia de política pública; la segunda implica cambiar los incentivos para que las familias y las empresas produzcan lo mismo o más con la misma cantidad o menor de recursos.

Publicado en Animal Político, por: Viridiana Rios (@Viri_Rios) y Manuel Molano (@mjmolano)

 

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