México ¿Cómo vamos?
Prensa Nacional
El anuncio de la suspensión de las evaluaciones docentes pone en peligro la credibilidad y la confianza en todas las reformas.
 
05 de Junio del 2015

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  • Sociedad civil y expertos exigen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corrija su anuncio y que no invada atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
  • El anuncio de la suspensión de las evaluaciones docentes daña a la educación y pone en entredicho la veracidad y fuerza de todas las reformas estructurales.

En conferencia de prensa representantes de la sociedad civil organizada revelaron las consecuencias económicas y sociales que tendría para México la suspensión de las evaluaciones docentes anunciadas por la SEP. Los directivos de siete organizaciones de la sociedad civil presentaron evidencias y comentaron sobre el daño a la educación y al desarrollo nacional que ocasionaría la suspensión de las evaluaciones para los maestros, directores y supervisores de escuelas públicas mexicanas. + David Calderón, director general de Mexicanos Primero, presentó el tema e introdujo a los voceros. + El Dr. Francisco Ibarra Palafox, especialista en derecho constitucional y Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicó que la “suspensión indefinida” tiene graves vicios jurídicos de forma y materia, y que “la presunta inconstitucionalidad del anuncio debe ser señalada, rechazada y puesta en el ámbito de la justicia, para que las garantías de los derechos de los ciudadanos se cumplan”. + Enrique Cárdenas, Director del CEEY, afirmó que los agravios a la Constitución tiene graves repercusiones en ámbitos adicionales a los que fueron afectados en primera instancia por una intervención arbitraria y para ilustrar el punto usó algunos ejemplos del pasado: “En todos los casos, las decisiones que alteraron el orden jurídico nacional fueron desastrosas por su tácito desprecio al Estado de Derecho”. + Juan Pardinas, Director del IMCO preguntó “¿quién determina la política educativa: el Estado Mexicano o la disidencia magisterial?” y concluyó que “defender las evaluaciones educativas es defender al Estado de Derecho. México necesita que se respete la constitución, se cumpla la ley y se transforme el sistema educativo”. + Viridiana Ríos, Directora de México ¿Cómo Vamos? destacó que “sin educación pública de calidad estamos condenando al que nace en pobreza a permanecer en ella” y detalló que “no hay medida económica más regresiva que la adoptada por la SEP al suspender las evaluaciones docentes. Este es el camino idóneo para NO lograr las metas de crecimiento económico del país”. + Transparencia Mexicana, advirtió que la acción de la SEP “resta certeza a procesos ya definidos como son los calendarios publicados y las inscripciones al ciclo de evaluaciones, y afecta lo avanzado en términos de transparencia e integridad en esta materia. Muchos aspirantes y maestros ya se habían inscrito a las evaluaciones y se estaban preparando para ellas. + Luis Foncerrada, Director del CEESP, Director del CEESP, comentó que “si el gobierno lleva a cabo actos inconstitucionales y viola las leyes, la certeza jurídica desaparece. Se pone en duda toda la voluntad de parte del mismo gobierno de respetar el estado de derecho. Nada puede ser más grave para la inversión, para las decisiones de inversión que toman en cuenta el marco jurídico, las reglas de juego definidas legalmente, que constatar que el mismo gobierno viola leyes y constitución. Todas las reformas estructurales, la inversión que se requiere para que se den, están en riesgo.” + Marco Fernández Investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey explicó que “La medida anunciada –que no explicada- por la SEP no solo es inconstitucional e ilegal, sino de una miopía política que sorprende. Pone en entredicho la construcción del edificio de la calidad que tanto necesita el sistema educativo mexicano al despojarle de un instrumento vital como lo es la evaluación docente con la cual se pueda seleccionar mejor a sus maestros, detectar sus fortalezas y áreas a mejorar en su formación. La medida representa a su vez un desafío al INEE, cuya junta enfrenta el reto de demostrar que la autonomía es una potestad que se ejerce. Por ello, como sociedad esperamos que defienda ante la Suprema Corte el derecho a la calidad de la educación que tienen nuestros niños y jóvenes, por lo que esperamos que con base en el artículo 105 constitucional presente una acción de inconstitucionalidad por omisión de la autoridad educativa federal para hacer cumplir lo que mandata el artículo tercero, fracción nueve en términos de garantizar un sistema de evaluación en el sistema educativo” Tanto los expertos como los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil concluyeron que la invasión en la esfera de atribuciones del INEE por parte de la SEP es inaceptable y trae graves consecuencias: 1.) Se pierde la garantía de contar con maestros idóneos; 2.) perjudica el derecho de los niños, niñas y jóvenes a aprender, y 3.) el gobierno pierde la credibilidad en la implementación de las demás reformas y 4.) al violar la Constitución el mismo gobierno, vulnera el Estado de Derecho con consecuencias duraderas de pérdida de autoridad moral, premiando la protesta caótica y minimizando el cumplimiento de la ley y de los procesos que de ella se derivan. Ante esta situación exigieron al Gobierno de la República que no sea el chantaje lo que determine las decisiones, no invadir las atribuciones del INEE y de ningún otro poder y organismo autónomo, garantizar el derecho de los maestros y los niños, y ser el primero en cumplir y hacer cumplir la Constitución.  

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