México ¿Cómo vamos?
Prensa Nacional
Garantizar la seguridad y el Estado de derecho debe ser la máxima prioridad del estado y por tanto, del presupuesto para 2016: México, ¿Cómo Vamos?
 
14 de Julio del 2015
  • La función prioritaria del gobierno es garantizar la seguridad y el estado de derecho y el presupuesto 2016 debe reflejarlo, señalan los expertos de México ¿cómo vamos?

Los expertos del observatorio económico México ¿cómo vamos? consideran que las principales funciones del gobierno en torno a la elaboración del presupuesto base cero se centran en 4 puntos: (1) garantizar la seguridad y el estado de derecho, (2) garantizar el acceso a educación y salud de calidad, (3) proveer bienes públicos e infraestructura y (4) combatir la pobreza y desigualdad. Primero, garantizar la seguridad y el estado de derecho. La mayoría coinciden con lo que el economista Rodrigo García Verdú manifestó en su respuesta “no es posible que los agentes privados sustituyan al gobierno en la provisión de seguridad pública (… ) [y] la impartición y procuración de justicia”. En esta misma línea, Luis Sánchez Mier de la Universidad de Guanajuato considera que “mantener el Estado de Derecho, con énfasis en la protección de la seguridad personal y la propiedad de todos los ciudadanos” es la acción más importante del estado Mexicano. Segundo, combatir la pobreza y desigualdad. Expertos subrayan que en el gobierno se deben impulsar programas que contribuyan a reducir la brecha de la desigualdad, en este sentido Jonathan Heath, analista y conferencista de la economía mexicana, considera que “el gobierno debería impulsar programas sociales que contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.” Sobre esta línea se pronuncia Fausto Hernández del CIDE, quien afirma que “las funciones básicas desde el punto de vista económico siempre serán: 1. Promover y alcanzar crecimiento económico de largo plazo. 2. Abatir la pobreza y 3. Combatir la desigualdad en el ingreso y las oportunidades”. Así mismo, Rodolfo de la Torre del PNUD, indican que “en suma, las funciones básicas del gobierno son la preservación de un estado de derecho y el combate a la pobreza.” Tercero, garantizar educación y servicios de salud de calidad. En este punto destaca la opinión de Valeria Moy, profesora del ITAM, quien afirma que el estado debe proveer “educación si queremos salir del estancamiento e ir disminuyendo la enorme brecha de desigualdad” y debe “mejorar el sistema de salud actual considerando como piezas fundamentales la atención, los servicios y el financiamiento”. Al respecto, Rodolfo de la Torre, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hace referencia a la responsabilidad de las autoridades en “proporcionar oportunidades mínimas para que los individuos tengan una vida humana: preservar la salud, adquirir conocimientos valiosos e integrarse de forma digna, productiva y participativa a su sociedad”. Cuarto, proveer bienes públicos e infraestructura. Expertos coinciden en que es indispensable que el gobierno provea a la población de bienes públicos e infraestructura básica. Sobre esta línea se pronuncia César Octavio Vargas de la UNAM, quien indica que “es claro que el gobierno tiene que priorizar el gasto en infraestructura para aumentar la productividad y modernizar y dinamizar la economía.” Asimismo, indica que “si se compara con la OCDE, nuestro gobierno es muy pequeño” en términos de su tamaño de gasto. Ello, asguera el experto “no nos permite sostener un gobierno acorde con lo que es un Estado moderno, y sobre todo, un estado de bienestar amplio e incluyente.” Por su parte Viridiana Rios, Directora del observatorio económico México ¿cómo vamos? sostiene que “dos son las labores principales del gobierno: (1) proveer de seguridad a los ciudadanos y (2) generar condiciones de igualdad de oportunidad. Los recientes eventos en materia de seguridad y corrupción, y los altísimos niveles de desigualdad de nuestro país, prueban que el estado Mexicano no está cumpliendo a cabalidad sus principales funciones”. En definitiva los expertos subrayan la relevancia de que las autoridades cumplan con estas funciones básicas imposibles de satisfacer por agentes privados, las cuales son fundamentales si queremos detonar alcanzar el bienestar social.

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