Sería incorrecto, aunque comprensible, asumir que la integración económica entre México y Estados Unidos, particularmente Texas, es un subproducto natural de la geografía y, por lo tanto, inevitable y probablemente permanente. La realidad es que dicha integración es el resultado de decisiones de política pública tomadas hace décadas y, al menos del lado estadounidense de la frontera, los texanos encabezaron ese proceso.
El TLCAN fue negociado durante la administración del texano George H. W. Bush y obtuvo su aprobación final durante la administración del originario de Arkansas Bill Clinton, quien mantenía fuertes vínculos políticos y financieros con su estado vecino más grande, y quien además recurrió a poderosos texanos y aliados políticos, como el secretario del Tesoro Lloyd Bentsen y la gobernadora de Texas Ann Richards, para impulsar el acuerdo en el Congreso. El sucesor de Richards, George W. Bush, promovió posteriormente tanto la infraestructura física como la institucional, necesaria para profundizar los vínculos económicos con México, y las tres décadas siguientes han visto a Texas crecer a tasas muy superiores al promedio nacional. Existen múltiples causas para este desempeño económico, pero hay consenso en que Texas ha sido uno de los grandes beneficiarios de la integración económica con México, impulsada por estas políticas con visión de futuro.
Pero las políticas públicas pueden otorgar beneficios, y también pueden retirarlos. Frente a la mayor amenaza reciente para su modelo económico, el liderazgo político y empresarial de Texas ha sido notablemente dócil, una postura probablemente motivada por alguna combinación entre el temor a pronunciarse y la complacencia. La fuente del temor es suficientemente clara, mientras que la complacencia probablemente refleja una confianza comprensible derivada del exitoso esfuerzo de cabildeo realizado por la comunidad empresarial en ambos lados de la frontera para preservar y fortalecer el TLCAN y transformarlo en el T-MEC durante la primera administración Trump. Tal confianza en un resultado positivo podría estar justificada, porque la interdependencia económica entre Estados Unidos y México es lo suficientemente alta como para que abandonar el T-MEC dañara las economías de ambos países. Sin embargo, un liderazgo prudente se protege agresivamente contra lo que los economistas llaman “riesgos de cola”: eventos de baja probabilidad pero de alto impacto.
Mientras los policy-makers esperan, la incertidumbre en torno a la inversión, lejos de ser caótica pero finalmente inofensiva, ya ha causado daños significativos a la economía mexicana, que creció menos de 1% en 2025 (aunque vale la pena mencionar que la incertidumbre en la política interna también ha desempeñado un papel importante en el debilitamiento del crecimiento económico de México).
En cuanto a Texas, los datos preliminares de crecimiento y empleo podrían indicar que el desempeño económico superior del estado respecto al conjunto nacional está comenzando a disiparse, y que el impulso económico derivado de la construcción de infraestructura de inteligencia artificial y de los aumentos de productividad en general podría estar ocultando el daño económico que la incertidumbre de la política comercial está causando a Texas.
Los actores de ambos lados de la frontera harían bien en desarrollar y ejecutar una estrategia dual: por un lado, advertir con mayor firmeza sobre los daños económicos y las oportunidades perdidas que resultarían de una relación económica debilitada con México; y por otro, presentar propuestas concretas para fortalecer el acuerdo y las cadenas de suministro de América del Norte en un sentido más amplio.
En primer lugar, una de las categorías comerciales más grandes y de más rápido crecimiento entre México y Texas es la electrónica, incluidos servidores para centros de datos, semiconductores, computadoras y componentes de cómputo, así como otros productos electrónicos. Texas probablemente requerirá mayores importaciones mexicanas de algunos de estos productos conforme continúe expandiendo su infraestructura de centros de datos, y el estado también es un componente clave de la estrategia más amplia de Estados Unidos para expandir la producción nacional de semiconductores y reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia, las cuales son vistas cada vez más como una vulnerabilidad tanto económica como de seguridad nacional.
El T-MEC no incluye requisitos de contenido regional para el sector electrónico, y en muchos productos México ensambla principalmente componentes importados desde Asia. Mientras tanto, uno de los objetivos de la estrategia de desarrollo económico de México, el Plan México, es “subir en la cadena de valor” mediante una mayor producción de contenido con valor agregado nacional, en lugar de depender en gran medida de insumos asiáticos importados. Por lo tanto, los actores involucrados a ambos lados de la frontera deberían desarrollar propuestas orientadas a incrementar la producción de valor agregado local en México. Esto apoyaría los objetivos de desarrollo de México, ayudaría a Estados Unidos a avanzar sus objetivos geopolíticos y volvería a posicionar a México como un nodo central de la integración norteamericana.
México también puede emprender reformas internas adicionales que permitirían a su economía aprovechar de manera más plena las oportunidades creadas por su proximidad con Texas. El abundante gas natural proveniente de Texas otorga a México una ventaja competitiva frente a otras economías manufactureras importadoras de energía, pero será necesaria una inversión adecuada en infraestructura eléctrica y en incentivos para la construcción de nuevas plantas de generación para materializar plenamente este potencial. Las inversiones en infraestructura carretera y portuaria que complementen la infraestructura texana también serán esenciales para cualquier estrategia orientada a profundizar la integración de las cadenas de suministro norteamericanas. Cada una de estas iniciativas requiere incentivos para la inversión privada, al mismo tiempo que un aumento de la inversión pública como proporción del PIB.
Finalmente, tanto Texas como muchas regiones de México cuentan con abundantes recursos solares y eólicos, y la región debería continuar impulsando una estrategia energética de “todas las opciones disponibles” para satisfacer los incrementos proyectados en la demanda industrial y residencial, al tiempo que responde a las realidades del cambio climático.
Es posible —e incluso probable— que de este periodo de tensión e incertidumbre emerja una relación económica Texas-México más fuerte, siempre y cuando los líderes políticos y empresariales de ambos lados de la frontera comuniquen con claridad los riesgos existentes y presenten una estrategia concreta y optimista capaz de avanzar objetivos económicos y geopolíticos compartidos a nivel transfronterizo.
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