Lo que encontrarás en este texto:
- Los programas públicos sin recursos presupuestales no son viables
- El progreso social y sus componentes
- Las pensiones
- La democracia requiere contrapesos
- Energía suficiente y limpia
- Reforma al Poder Judicial: ministros, jueces y magistrados elegidos por el pueblo
- Uso del agua
Los programas públicos sin recursos presupuestales no son viables
Respecto al paquete de reformas constitucionales presentado por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero:
- Celebramos que el discurso enfatice la importancia de derechos fundamentales para el progreso social como son atención médica universal y gratuita, derecho a la alimentación, vivienda, educación, medio ambiente sano y agua.
- Destacamos la ausencia de una reforma que fortalezca la seguridad pública con mando civil y que esté fundamentada en la protección de los derechos humanos y enfocada en disminuir la violencia, tal como fue su compromiso de campaña hace 6 años y como quedó en la exposición de motivos de la reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional.
- Reformas de esta magnitud requieren recursos públicos para poder convertirse en políticas públicas. El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Ejecutivo Federal debe realizar una evaluación de impacto presupuestario de cada una de las iniciativas que presente al Congreso. Según el CIEP, no se encontraron dichas evaluaciones de las iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero. Para más información, consulta el análisis del CIEP aquí.
- Sobre la eliminación de órganos autónomos reguladores y el Coneval, consideramos que la eliminación de contrapesos institucionales merma la calidad de la democracia mexicana, habilita la mayor presencia de conflictos de interés y disminuye la competencia económica en detrimento del bienestar de la población.
- Si desaparecen los órganos autónomos, el gobierno se convierte en (1) un ente regulador, (2) el ejecutor del presupuesto público y (3) en algunos casos también un competidor. En ese caso, su labor carecería deautonomía, imposibilitando el cumplimiento del mandato que ahora tienen los organismos autónomos. En otras palabras, sería equivalente a ser juez y parte, lo cual tiene implicaciones:
- No se puede garantizar la transparencia de la información pública, el acceso a la información y a la protección de datos personales en manos del gobierno y de privados, si desaparece el INAI.
- No se puede garantizar el eficiente desarrollo de mercados y la promoción de la libre competencia si desaparecen la COFECE y el IFT.
- No se puede evaluar objetivamente el impacto de los programas sociales y estimar los distintos tipos de pobreza si desaparece el CONEVAL. En su caso, no basta con asignar más recursos adicionales al INEGI para que realice las labores del CONEVAL, sino que debiera revisarse el mandato y diseño institucional del Instituto.
- Si desaparecen la CRE y la CNH, el mercado energético podría enfrentar retos que mermarían el crecimiento del país. Ambos son reguladores que requieren de un alto conocimiento técnico y de autonomía en sus decisiones, así como independencia de las agendas políticas de corto plazo.
- Una reforma de pensiones que sea incluyente y sostenible en el tiempo es algo deseable para promover la autonomía financiera de las personas en la tercera edad. Eso solo es viable si se enfocan esfuerzos en aumentar la formalidad del mercado laboral mexicano y la participación laboral de las mujeres. Solo con más empleo formal, con prestaciones y seguridad social, las y los trabajadores podrán tener acceso a una pensión contributiva. Actualmente únicamente 4 de cada 10 mexicanos de 18 a 70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE.
- Los reportes de finanzas públicas de la SHCP muestran que no hay suficientes recursos públicos para financiar infraestructura pública clave para que México sea más próspero. La CFE, en particular, no cuenta con los recursos financieros y técnicos suficientes para proveer la energía que México necesita.
- En México, 67.6% de la población tiene una percepción de corrupción en las instituciones que imparten justicia, por lo que el fortalecimiento del sistema de justicia y de las instituciones de impartición de la misma es un gran pendiente. Sin embargo, la solución no radica en cuestionar el método de elección de ministros, jueces y magistrados.
- La iniciativa sobre el uso del agua minimiza la preponderancia del uso del agua en el sector agrícola a nivel nacional y no considera otras soluciones para combatir la escasez de agua.
El progreso social y sus componentes
El Índice de Progreso Social (IPS) es una medición holística del desempeño social de un país que es independiente de factores económicos. El Índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades.
En México, ¿cómo vamos? identificamos el acceso a servicios de salud y educación como las palancas del progreso social, ya que estos crean capacidades futuras para un crecimiento económico sostenido e incluyente.
De acuerdo con la última medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL presentamos estos hallazgos:
Acceso a salud
El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2022 fue de 36.3%, una caída de 5.6 puntos porcentuales respecto a 2018. Sin embargo, 50.4 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud.
Rezago educativo
Medir y analizar la magnitud del rezago y abandono educativo debió ser una prioridad presupuestal para entender la evolución del progreso social tanto a nivel nacional como para cada una de las entidades federativas. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región sur de México presenta una tasa de abandono mayor (personas entre 3 y 22 años de edad) que el resto de las regiones del país.
Sin embargo, lamentablemente, se dio vuelta a la página respecto a la medición del rezago educativo profundizado con la pandemia de COVID-19. La promesa de mayor acceso a educación se queda corta si no procura que los estudiantes completen sus estudios y obtengan conocimientos de calidad lo cual es prerrequisito para una mayor movilidad social.
Las pensiones
La reforma en pensiones tiene como objetivo incrementar la tasa de reemplazo de las y los trabajadores al momento de su jubilación; sin embargo, es importante puntualizar si realmente el reto de las pensiones en nuestro país está relacionado a bajas tasas de reemplazo o el problema es mucho más amplio.
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ya tuvimos una reforma al sistema de pensiones en 2020, donde uno de los objetivos era incrementar las bajas tasas de reemplazo de las pensiones de contribución definida. Las tasas de reemplazo en nuestro país mejoraron con esta reforma. Antes de la reforma de 2020, la tasa de reemplazo para una persona con ingresos mensuales de dos Unidades de Medida y Actualización (UMA) era de 40.0% y con la reforma de 2020 es de 59.0%. Asimismo, para una persona con ingresos mensuales de cinco UMA la tasa de reemplazo era de 21.0% y con la reforma de 2020 es de 45.0%. No obstante, aunque estos incrementos son positivos, las tasas aún se encuentran lejos de recomendaciones y comparativos internacionales, donde las tasas de reemplazo deseadas son de alrededor del 70-85%.
El problema de las pensiones en nuestro país es uno de tasas de reemplazo bajas, pero el problema es mucho más profundo. En 2021, solo 4 de cada 10 mexicanos de 18 a 70 años tenía una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE, más aún, la brecha entre hombres y mujeres es de 18.1 puntos porcentuales, ya que el 48.8% de los hombres tiene una cuenta para el retiro, mientras que solo el 30.7% de las mujeres poseen ese tipo de cuenta.
El problema entonces se vuelve mucho más complejo; aunque las tasas de reemplazo fueran de 100%, seguiríamos con el mismo resultado de que la mayoría de la población mexicana no tendría una pensión al momento de su jubilación, con especial énfasis en que 7 mujeres de cada 10 no la tendrían.
Esta desigualdad en el acceso a una pensión en el momento de jubilación es un resultado directo de dos fallas estructurales del mercado laboral mexicano: la alta informalidad y la baja participación laboral de las mujeres. Las cuentas de ahorro formales para el retiro o AFORES y las eventuales pensiones están estrictamente ligadas a la condición laboral de las personas: a tener un empleo formal. En un país donde la tasa de informalidad laboral es de 55% y la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres de 30 puntos porcentuales, una reforma acotada a mejorar tasas de reemplazo perpertuaría las desigualdades del presente en nuestras sociedades futuras.
¿Qué vamos a hacer con los 6 de cada 10 que no tienen cuenta de ahorro para el retiro? ¿Cómo vamos a reducir la informalidad? ¿Cómo es que en un conjunto de 20 reformas constitucionales para mejorar el bienestar de las personas no haya una sola mención al Sistema Nacional de Cuidados?
La creación de los organismos autónomos representó una forma de elevar a rango constitucional su autonomía de los poderes de la federación. Su desaparición mermaría el bienestar y el correcto funcionamiento de nuestra democracia de manera cotidiana, revirtiendo el esfuerzo de más de dos décadas de la sociedad civil organizada por contar con organismos que garanticen la rendición de cuentas y sean un contrapeso al poder público.
Dentro de las razones que justifican su eliminación está destinar los recursos presupuestarios de los organismos autónomos a programas como las pensiones y evitar la duplicidad de tareas que se considera podrían recaer de nueva cuenta en las Secretarías de Estado y otras entidades de la Administración Pública.
En el caso de la duplicidad de tareas, es relevante mencionar que no se pretende aumentar el presupuesto de las Secretarías de Estado y que tendrían que absorber las funciones de los organismos y adicionarlo a las que realizan en la actualidad.
En cuanto a destinar los recursos de los organismos para financiar otras políticas públicas y evitar un mayor “dispendio de recursos”, la realidad es que la eliminación de estos organismos no representaría un recorte significativo en el gasto público. Los recursos públicos destinados a organismos autónomos no representan ni el 1% del presupuesto destinado a pensiones en el PEF 2024. Como lo muestra la siguiente tabla, por cada peso que se gasta en pensiones, el gobierno destina 33 centavos en cinco organismos autónomos.
La ausencia de los organismos autónomos afectaría nuestro bienestar y vida cotidiana
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
El INAI desempeña un papel esencial al garantizar a la población el acceso y protección a su derecho de saber y a la privacidad. Por esto, promueve la transparencia y la rendición de cuentas; elementos esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones por parte de la población y, por ende, el bienestar.
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
La COFECE fomenta un entorno propicio para la competencia entre empresas, comercios, negocios y profesionales que ofrecen bienes y servicios. Al mantener un organismo autónomo encargado de vigilar y garantizar la competencia, se impulsa a las empresas a mejorar la calidad de sus productos y servicios, a reducir costos para ofrecer precios más competitivos y a proporcionar un servicio de mayor calidad. Esto brinda a los consumidores la oportunidad de elegir entre una variedad de opciones que se ajusten mejor a nuestras necesidades y preferencias.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
La competencia en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión tiene efectos en la calidad de los servicios para la comunicación entre usuarios finales. La regulación efectiva de las telecomunicaciones por el IFT implica que nuestros canales de acceso a información y los medios para compartirlos operen mediante actores que puedan cooperar dentro del mercado para tener la mejor calidad de servicios a un precio bajo. El acceso libre a medios de comunicación implica una mayor exposición a múltiples fuentes de información, lo cual promueve el derecho a la información y el progreso social.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
“Lo que se mide se puede mejorar” es el lema del organismo encargado de medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social; el CONEVAL. Esto subraya la importancia de contar con datos precisos para orientar las políticas y fomentar la rendición de cuentas, con el fin de promover el bienestar en el país. Por ejemplo, con base en la última medición de la pobreza del CONEVAL, reconocemos la urgencia de fortalecer los servicios de salud públicos y garantizar el acceso universal a esta, pues el deterioro en el acceso a servicios de salud disminuye el progreso social.
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
La CRE es un órgano regulador coordinado en materia energética encargado de eliminar la presencia de monopolios en cualquier parte de la cadena de suministro de la energía eléctrica, lo que incluye la comercialización a usuarios finales grandes y chicos. El riesgo de su desaparición podría representar una pérdida significativa en la competitividad de la distribución de energía que estaría de nuevo en manos del gobierno, la falta de suministro afectaría la vida cotidiana de las personas y las labores usuales de grandes compañías.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La CNH es el órgano regulador encargado de garantizar la libre competencia y una mejora de las capacidades técnicas en materia de hidrocarburos. Su coordinación con privados permite que la producción y el eventual acceso a hidrocarburos, como el petróleo, puedan llegar al usuario final cuidando que siempre exista un suministro. El potencial petrolero del país tiene efectos macro en la economía del país y en el nivel de ingresos petroleros que son importantes en las finanzas públicas.
Energía suficiente y limpia
Oferta energética insuficiente y pérdida de competitividad. El país necesita una industria eléctrica que genere energía limpia en cantidades suficientes para ser el motor de desarrollo nacional. La electricidad es un insumo para todas las actividades económicas, por lo que si México cuenta únicamente con energía costosa, el potencial de crecimiento económico se verá limitado.
México necesita de la libre competencia en el sector energía, para que las inversiones privadas puedan atender las áreas que la empresa del Estado no puede atender.
Reforma al Poder Judicial: ministros, jueces y magistrados elegidos por el pueblo
En México, 67.6% de la población tiene una percepción de corrupción en las instituciones que imparten justicia. Por lo que el fortalecimiento del sistema de justicia y de las instituciones de impartición de la misma es un gran pendiente, el cual inicia considerando a todos los actores, incluidas las fiscalías. Sin embargo, la solución no radica en cuestionar el método de elección de ministros, jueces y magistrados, ya que en los tres poderes de la unión, la designación de estos actores se sustenta en principios democráticos.
En este contexto, es crucial separar la labor del Poder Judicial de la esfera política y partidista. Los ministros, jueces y magistrados no deben representar la voluntad de una mayoría ni defender los intereses de ningún grupo de electores; su función es salvaguardar la Constitución.
La imparcialidad en los procesos judiciales constituye un pilar fundamental y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos es un derecho inalienable que debe ser asegurado. Por ende, las estrategias deberían orientarse en esta dirección, buscando incrementar el progreso social en el país mediante el fortalecimiento del sistema judicial.
Uso del agua
Para finales de enero del 2024, el Monitor de Sequía de México reportó que 1,070 municipios del país (el 43.3% del total) experimentan condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, afectando así a cerca del 47.5% de la población.
La iniciativa presentada por López Obrador sobre el uso del agua busca establecer la preferencia del consumo personal y doméstico sobre los usos industrial, agrícola, minero y de generación de energía eléctrica, así como prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones a particulares en zonas con escasez de agua.
La iniciativa minimiza la preponderancia del uso del agua en el sector agrícola a nivel nacional (más del 70% del volumen concesionado), enfocándose principalmente en los efectos negativos de la industria y la minería (menos del 5%). Además, la iniciativa no considera otras soluciones para combatir la escasez de agua, como la mejora de la eficiencia en el riego agrícola, la promoción de la captación de agua de lluvia, la reparación de fugas, la construcción de infraestructura, la utilización de aguas residuales o la recuperación de espacios para la recarga de los acuíferos.
Si bien brindar de agua a la población es lo primordial, esta iniciativa podría tener repercusiones adversas para los productores agrícolas y afectar la atracción de inversiones, especialmente en el norte del país, donde la disponibilidad de agua es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos en el contexto del nearshoring.
