A 11 meses de su inicio, en México, ¿cómo vamos? destacamos cinco pendientes clave que hay que reconocer y priorizar en los próximos cinco años, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenido y compartido en México.
- Dinamismo económico sostenido y sustentable para potenciar el progreso social.
- Incremento del PIB per cápita para superar los niveles de 2017 y retomar la trayectoria creciente que fue interrumpida en 2018. Que el crecimiento de lo producido por la economía esté por encima del crecimiento poblacional de manera consistente.
- Integrar a todas las regiones del país en el potencial crecimiento económico de Norteamérica.
- Condiciones financieras que permitan la inversión en todas las unidades económicas, sobre todo en las mipymes.
- Un mercado laboral dinámico con empleos de calidad y mayores ingresos para las y los trabajadores.
- Participación de más mujeres en el mercado laboral remunerado: Sistema Nacional de Cuidados.
- Transformar el mercado laboral mexicano en uno predominantemente formal: acceso a servicios de salud.
- Productividad laboral: inversión en innovación y desarrollo.
- Energía limpia y suficiente para el crecimiento.
- Transformar a Pemex en una empresa de energía.
- Estrategia que visibilice que la energía eléctrica es catalizadora de inversión, generación de empleos y crecimiento económico.
- Generar más energía limpia y facilitar la inversión privada en el sector.
- Estado de derecho: seguridad pública y certeza jurídica.
- Seguridad pública: garantizar la seguridad pública para todos los ciudadanos.
- Certeza jurídica: respetar las reglas del juego para atraer y mantener la inversión.
- Fortalecimiento de la Hacienda Pública y eficientar el gasto.
- Aumentar los ingresos públicos para cubrir gastos en salud, educación, seguridad pública y un sistema de cuidados.
- Repensar la asignación de recursos públicos: análisis de rentabilidad social y financiera.
Dinamismo económico sostenido y sustentable para potenciar el progreso social
El ritmo de crecimiento de México es insuficiente, pues a pesar de que la economía en su agregado ha presentado un crecimiento positivo (0.9% anual acumulado en el primer semestre de 2025 vs primer semestre de 2024), esta no ha sido capaz de mantener el incremento al incorporar el crecimiento poblacional. Un pendiente heredado es revertir el estancamiento del PIB per cápita, el cual se encuentra en niveles cercanos al de 2017.
El crecimiento económico sostenido es condición necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Para poder lograr una prosperidad compartida se debe fomentar la integración del sur-sureste con las cadenas productivas de Norteamérica. Históricamente, esta región se encuentra rezagada en los aspectos económico y social respecto al resto de la república. Lo anterior explica que estados del sur-sureste se encuentran consistentemente entre las posiciones con menor progreso social. En la búsqueda de integrar a esta región al dinamismo del resto del país, la actual administración debe tomar en cuenta que la inversión llega y permanece en estados con un alto progreso social.
La estrecha relación entre México y Estados Unidos va más allá de ser principales socios comerciales; esta relación sugiere una confluencia socioeconómica, especialmente visible en los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México, en aspectos clave para el progreso social como la educación y la salud. La historia de éxito de Norteamérica es una oportunidad para revertir el rezago de la región del sur sureste y promover mejoras en el progreso social. Lo anterior, con el propósito de crear condiciones para atraer nuevas inversiones que, a su vez, fortalezcan el mercado laboral y mejoren la calidad de vida de las personas.
La inversión es un motor de crecimiento económico que genera empleos formales. Por lo tanto, es fundamental propiciar las condiciones financieras necesarias para que empresas de diversos tamaños inviertan, con especial énfasis en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas; aquellas con menos de 250 trabajadores. Estas representan más del 99% de las unidades económicas del país y generan 7 de cada 10 empleos en México. Sin embargo, el porcentaje de inversión en estas unidades económicas es de 38.8%, mientras que en las empresas grandes es de 61.2%.
Las MiPymes generan 45.8 de cada 100 pesos de valor agregado a la producción. Las microempresas concentran la mayor proporción de personal ocupado (41.4%), pero solo generan 16 de cada 100 pesos de valor agregado. La productividad en el agregado se encuentra en niveles del 2009, por lo que no priorizar medidas que faciliten el crédito al financiamiento es un gran obstáculo para que estas unidades económicas crezcan, generen más empleo y sean más productivas.
Un mercado laboral dinámico con empleos de calidad y mayores ingresos para trabajadores
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, reveló que cerca del 70% de los ingresos de los hogares son ingresos laborales. Es decir, 7 de cada 10 pesos del ingreso corriente de los hogares provienen del trabajo. Por esto, las oportunidades y composición del mercado laboral son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los hogares.
Las políticas que incrementen los ingresos reales son esenciales para el bienestar de las familias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en México el 54.8% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Esto resalta la necesidad de continuar aumentando los ingresos, además de implementar políticas dirigidas a reducir la informalidad laboral, con una perspectiva de género.
En los últimos años se observan avances tanto en el empleo formal como en el informal en términos de incremento real en las remuneraciones promedio, pero es importante destacar que aún persisten disparidades significativas. Con datos al segundo trimestre de 2025, el ingreso promedio de un empleo formal ha aumentado 3.1% real anual, mientras que en uno informal este incremento ha sido de 2.2% real anual (eliminando el efecto de la inflación).
Reconociendo la gran importancia del ingreso laboral para las familias, queremos un México que supere los tres grandes retos del mercado laboral:
1. La baja participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado, por debajo de economías latinoamericanas. Al 2T2025, la tasa de participación de los hombres es de 75.1%, mientras que la de las mujeres es 45.8%, ¡una brecha de casi 30 puntos porcentuales!
Establecer políticas para incrementar la participación de las mujeres demanda reconocer que una de las barreras de entrada al mercado laboral es el uso del tiempo en tareas del hogar y de cuidado no remunerados.
Por lo tanto, la instauración de un Sistema Nacional de Cuidados es primordial. Las mujeres necesitamos guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad para poder tener la opción de participar en trabajos remunerados.
2. Un mercado laboral predominantemente informal. Al segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral fue 54.8%, un incremento de 0.5 puntos porcentuales en su comparación anual. Esta tasa ha sido mayor a 54% desde que se tiene registro (a excepción de la caída observada por el impacto de la pandemia), lo cual refleja la persistencia del problema en el mercado laboral mexicano.
Es importante señalar que una persona en informalidad laboral no necesariamente se encuentra en el sector informal de la economía, también es considerado el trabajo doméstico remunerado, el ámbito agropecuario y el empleo informal en empresas, gobierno e instituciones (sector formal de la economía).
3. La baja productividad laboral. La productividad laboral en el agregado se encuentra en niveles del 2009. En cuanto a la productividad por actividades económicas, las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca) son las únicas que han mantenido un crecimiento promedio positivo en los últimos 5 y 10 años. En el último año, las actividades secundarias y terciarias muestran un ligero crecimiento de 0.7% y 1%, respectivamente.
Energía limpia y suficiente para el crecimiento
Pemex y CFE, deben contribuir a detonar el crecimiento del país, no a frenarlo. Entre enero y julio, el 76.7% de la energía fue generada a través de fuentes convencionales (IMCO con datos de CENACE), es decir, combustibles fósiles. Esto contradice la transformación energética del mundo, los esfuerzos de las empresas que buscan reubicarse en Norteamérica, los acuerdos internacionales y el Artículo 4º Constitucional que garantiza el derecho humano a un ambiente sano.
La inversión en el sector energético será clave para detonar mayores inversiones y proyectos. La composición de la inversión en nuestro país es en mayor proporción privada, representa más de un 20% del PIB y constituye el 90% de la inversión total. No priorizar infraestructura de generación limpia implica desaprovechar oportunidades de atraer proyectos y detonar mayor crecimiento.
Un reto adicional es transformar el rol de Pemex en las finanzas públicas, asegurar su viabilidad financiera y que invierta en las actividades rentables. El Plan Estratégico 2025-2035, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de agosto, promete convertirla en una empresa eficiente, rentable y con una participación relevante en energías renovables. No obstante, las medidas anunciadas apuntan más una muy significativa transferencia de recursos del Gobierno Federal a Pemex sin los ajustes estructurales que permitan que la empresa mejore su eficiencia operativa ni su sustentabilidad financiera.
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Estado de derecho: seguridad pública y certeza jurídica
El nivel de inseguridad imperante en México es una de las condiciones determinantes que impiden a su población desarrollarse de manera plena.
De acuerdo con los resultados del Índice de Progreso Social (IPS), una medición holística del desempeño social de un país o entidad que es independiente de factores económicos, en el componente de Seguridad Personal se presentan importantes disparidades regionales a lo largo del territorio de nuestro país. En particular, en estados como Colima, Morelos y Zacatecas el deterioro en el tiempo de este componente es evidente.
Entre las variables que se toman en cuenta para la medición del componente de Seguridad Personal del IPS se encuentra la percepción de inseguridad de la población de cada entidad. Resulta alarmante que en seis entidades del país más del 80% de su población se sienta insegura, empezando por Zacatecas, donde el 90% de sus habitantes no se sienten seguros.
La falta de percepción de seguridad en la entidad frena la vida cotidiana de las personas y las empresas, mermando la libertad con la que se toman decisiones determinantes: inscribirse en un turno vespertino de secundaria, aceptar un trabajo en un turno nocturno, abrir un negocio en una zona con gran incidencia de violencia o extorsión.
La debilidad del Estado de derecho afecta directamente la actividad económica y la productividad; un ejemplo claro es la extorsión, que frena especialmente a los negocios de menor tamaño al limitar su capacidad de invertir, crecer e innovar.
En los primeros siete meses de 2025, la extorsión aumentó 8% (SESNSP).
La forma correcta de aproximar el problema de violencia e inseguridad es incorporando al diagnóstico diversas métricas de incidencia delictiva. Puesto que la disminución en las cifras de homicidio es una estadística multicitada por el gobierno como muestra de la mejora en la seguridad pública, deben incorporarse indicadores como la extorsión -que tiene una gran cifra negra, es decir, no se reporta-, la desaparición de personas y otros delitos de alto impacto y difícil registro.
Fortalecimiento de la Hacienda Pública y eficientar el gasto
México necesita una hacienda pública sana, con ingresos públicos suficientes para alcanzar múltiples metas: por un lado, cumplir con sus compromisos financieros (pagar el servicio de la deuda) y solventar el pago de pensiones, a la par de recibir menores ingresos petroleros y tener una base tributaria limitada.
Una de las prioridades del Estado Mexicano debe ser incorporar a los 44.5 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud (25.7 millones más que en 2016), así como garantizar abasto de medicamentos y mejorar la atención para quienes ya lo tienen. La salud y la educación son dos de los pilares fundamentales del progreso social, por lo que garantizar el acceso para toda la población se vuelve primordial. Sin embargo, según estimaciones de México Evalúa, en 2025 se tiene previsto gastar el equivalente a 2.9% del PIB en educación y 2.4% del PIB en salud, cuando el estándar internacional indica que debería ser más del doble en cada rubro.
Además de garantizar la educación media superior en todos los estados y resarcir el rezago educativo. En 2024 se registran 24.2 millones de personas con rezago educativo; 1.9 millones más que en 2016.
El fortalecimiento de la Hacienda Pública demanda repensar el gasto público y exigir análisis de rentabilidad social y financiera de los programas e inversión pública. Esta evaluación es fundamental, pues queremos inversiones que no solo impulsen un crecimiento temporal en los estados, sino que generen un mayor progreso social y un crecimiento sostenido e incluyente.
Aunque se registra el máximo histórico en el alcance general de los programas sociales de transferencias, se observa una caída importante en los hogares de menores ingresos, aquellos con mayor pobreza.
Es de suma relevancia destacar la caída en alrededor de 20 puntos porcentuales en la cobertura en los hogares de menores ingresos entre 2018 y 2024.
La menor progresividad observada en los años recientes en la política social está relacionada a que gran parte de la cobertura de los programas actuales se debe a la cobertura específica de la Pensión de Adultos Mayores, el cual es un programa universal que no tiene como objetivo la focalización en los hogares de menores ingresos. Si bien es importante atender a los adultos mayores a partir de la pensión no contributiva, no debe ser a costa de menor asignación de recursos públicos en programas o infraestructura social destinados al mejoramiento de la calidad educativa o servicios de salud en nuestro país.
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