El pasado 1 de julio, el representante del USTR, Jamieson Greer, confirmó el escenario que el consenso consideraba más probable, al declarar que Estados Unidos no está en posición de extender el T-MEC en sus condiciones actuales por los próximos 16 años. Este hecho, por sí solo, no marca el fin del tratado. Conforme a la cláusula “sunset” (artículo 34.7), activa el mecanismo de revisiones anuales que, a menos que se alcance un acuerdo o que alguno de los tres países decida retirarse unilateralmente, podrían extenderse hasta el año 2036, que es la vigencia original del tratado.
Este proceso representa una oportunidad para que la región fortalezca su plataforma de coproducción y, si México juega bien sus cartas, para que el país se consolide como un destino estratégico para la inversión privada.
No era un escenario sorpresivo. Ante las múltiples declaraciones previas del presidente Trump sobre su intención de no continuar con el tratado, al menos en su forma actual, los analistas ya apostaban a este desenlace, con revisiones anuales durante los próximos diez años. Por eso, las variables más sensibles del mercado, como el tipo de cambio, no registraron un efecto negativo ante el anuncio de que el T-MEC no sería renovado por otros 16 años. El mercado ya había incorporado este escenario a sus predicciones, así que tampoco cabría esperar un cambio brusco en la tendencia de la Inversión Extranjera Directa (IED).
México sigue siendo un mercado atractivo para los inversionistas, pues a pesar de la incertidumbre generada por los cambios en el panorama del comercio mundial, el país conserva una combinación única de cercanía con Estados Unidos, manufactura y capital humano especializado, así como infraestructura industrial (con el gran pendiente de generar energía suficiente), costos operativos eficientes y conectividad multimodal. Sin embargo, buena parte del crecimiento reciente en IED proviene de la reinversión de utilidades y un mayor flujo de IED no refleja, por sí mismo, mayor producción en el país. Se trata del registro de flujos financieros que, en el mediano-largo plazo, buscan traducirse en Inversión Fija Bruta (IFB), la cual sí amplía el capital físico de la economía y, por lo tanto, sí abona al crecimiento económico.
El principal riesgo para México, entonces, es una revisión que se prolongue demasiado y mantenga viva la incertidumbre, paralizando las decisiones de inversión. La International Chamber of Commerce (ICC) estimó que la incertidumbre en política económica, impulsada principalmente por el paquete arancelario del “Liberation Day” de abril de 2025, generó una pérdida de inversión de 74,100 millones de dólares (mdd) para Estados Unidos y de 17,400 mdd para México. Por ello, y dada la incertidumbre externa que generan los temas comerciales, es indispensable que el país ofrezca condiciones de certidumbre interna para atraer inversión: Estado de derecho, condiciones de seguridad, infraestructura logística, acceso a financiamiento y energía suficiente, confiable y competitiva.
Estados Unidos se encuentra próximo a las elecciones intermedias en noviembre de este año, por lo cual la lectura de fondo es que el presidente Trump está utilizando la paralización de extensión del tratado como palanca de negociación para temas centrales en su agenda como la seguridad económica, el déficit comercial, la recuperación de empleos (principalmente en el sector manufacturero), la relocalización industrial y las reglas de origen. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha mostrado señales de disposición a la cooperación bilateral, sin embargo, es necesario que México llegue a la mesa con argumentos sólidos que le permitan mantener la mejor posición relativa posible, sin ceder de más en reglas de origen y aranceles sectoriales.
Uno de esos temas centrales es, precisamente, el déficit comercial, que se presenta como una de las principales limitantes para extender el tratado. Pero aquí vale la pena hacer una distinción que a veces se pierde en el debate, ya que el déficit que Estados Unidos tiene con México es esencialmente distinto al que tiene con China. El déficit con China refleja una relación de dependencia, en la que básicamente se importa producto terminado. Por otro lado, el déficit con México refleja coproducción. La industria automotriz es el ejemplo más claro, ya que las autopartes pueden cruzar la frontera hasta ocho veces antes de convertirse en el producto final, y los productos que México exporta a Estados Unidos tienen un componente estadounidense tan grande que también sostienen la competitividad de la industria de ese país. Este es uno de los argumentos más importantes que México puede poner sobre la mesa de negociación.
El T-MEC ha dejado de ser leído únicamente como un tratado comercial. Ante las recientes disrupciones mundiales, hoy también hablamos de seguridad económica y seguridad alimentaria, y ambas deben entenderse como parte de la seguridad nacional. La seguridad alimentaria es un tema especialmente sensible para el consumidor estadounidense, sobre todo en época electoral, ya que los estados agrícolas representan una base electoral clave para el presidente Trump. Más allá de eso, México es el principal proveedor y mercado agrícola de Estados Unidos. En 2023, las importaciones mexicanas representaron 51% de la disponibilidad de frutas frescas y 69% de la disponibilidad de verduras frescas en ese país, y en 2025, para estados como California, Texas y Luisiana, el mercado mexicano concentró más de 6,500 millones de dólares en exportaciones agrícolas.
En cuanto a la seguridad económica, disrupciones recientes como la pandemia por Covid-19 o la guerra entre Estados Unidos e Irán evidenciaron la necesidad de proteger las cadenas de suministro frente a restricciones comerciales o interrupciones logísticas. En este sentido, Estados Unidos busca reducir su dependencia de China, para lo cual necesita fortalecer industrias como semiconductores e inteligencia artificial.
Dado lo anterior, un escenario preocupante tiene que ver con los aranceles sectoriales de la sección 232, pues si Estados Unidos mantiene o profundiza esos aranceles sobre acero, aluminio y autos, el daño no lo resuelve ninguna renovación del tratado, porque esos aranceles aplican con o sin T-MEC. Y lo que provocan es exactamente lo contrario de lo que se busca en materia de seguridad económica y mayor integración regional: encarecen los insumos intermedios, fragmentan las cadenas productivas y reducen la competitividad de industrias profundamente integradas en la región, como la automotriz, la electrónica y la de dispositivos médicos.
A este entramado de intereses comerciales y de seguridad se suma un factor político doméstico que no debe subestimarse, que es que Donald Trump atraviesa uno de los momentos de menor aprobación de su actual mandato. Las elecciones intermedias de noviembre no lo sacarán del cargo, pero sí redefinirán el tablero con el que deberá negociar, ya que mostrarán cómo se recomponen los pesos y contrapesos internos y qué tan dispuesto está el electorado doméstico a sostener el costo de una guerra comercial prolongada. En este contexto, es razonable esperar que, después de noviembre, el tono de la negociación cambie, ya que tendrá que rendir cuentas a un electorado y a un Congreso distintos a los de hoy.
Mientras eso ocurre, el mensaje que México tiene que interiorizar es que la inversión no es solamente bienvenida, sino que es necesaria para reactivar un crecimiento económico que lleva meses estancado. El gobierno ha presentado al Plan México como la señal central de esa apertura, y a diferencia de otros anuncios, ya hay avances concretos que lo respaldan, como un Plan de Infraestructura acompañado de una ley que habilita esquemas mixtos de inversión público-privada. A ello se suman señales de certeza jurídica en materia fiscal, como que se evita la doble tributación, no hay retroactividad en las reglas del SAT y se limita a una auditoría por persona moral al año.
Pero la confianza no se construye de golpe, sino día a día, y ahí es donde falta terreno por recorrer. El primer punto es dejar de cambiar las reglas de manera constante. El ejemplo más reciente son las modificaciones a las reglas electorales que, aunque parezcan un asunto estrictamente nacional, también generan incertidumbre para el inversionista, porque le recuerdan que las reglas del juego pueden moverse en cualquier momento.
El segundo punto es la certeza en el Poder Judicial. No será sencillo repetir un proceso como el de la elección judicial del año pasado, marcada por el desorden en el flujo de información y por los retos de profesionalización de jueces y de implementación del nuevo sistema; se necesita trabajar en la percepción de independencia judicial. De hecho, las principales fuentes de incertidumbre que hoy identifican los inversionistas no son solo arancelarias, sino los cambios en la manera en que se imparte justicia y la eventual pérdida de mecanismos como el amparo frente a actos de autoridad.
Así pues, el objetivo final es doble: que la inversión que ya está en México no se vaya, y que la inversión pendiente pueda concretarse con mayor agilidad.
Ante la incertidumbre externa que genera el comercio exterior, la única variable que el país controla es la certidumbre interna, por lo cual debe procurar la existencia de Estado de derecho, condiciones de seguridad, energía suficiente, confiable y competitiva, infraestructura suficiente y acceso a financiamiento.
La revisión del T-MEC pondrá a prueba la posición negociadora de México frente a Estados Unidos, pero también la capacidad del país para ofrecerle a la inversión las condiciones que necesita para quedarse o concretarse.
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*María Solís (@MariaSolisMCV) es Economista con área de concentración en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente, se desempeña como analista de México, ¿cómo vamos?
