#PreguntaExpertos
12 de Octubre del 2021
¿Cuáles serían los efectos para los hogares y trabajadores en México en caso de que se aprobara la iniciativa que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, presentada por el ejecutivo federal el pasado 30 de septiembre?
Esta semana nos ayudan a entender:
Opinión: Es posible que, por el encarecimiento de la energía eléctrica, y una crisis en el acceso a los combustibles, como el gas, pues después de todo CFE es monopsonio, haya pérdida de empleos y de poder adquisitivo en los hogares.
Opinión:
1 Perdemos el derecho a producir nuestra propia energía o a escoger suministrador
2 Tendremos más contaminación, daños a la salud y al medio ambiente
3 El costo de la electricidad aumenta, ya que CFE va a usar las plantas de combustóleo y diesel que hoy usa poco. Ese costo adicional se pagará directamente en las tarifas o indirectamente, con nuestros impuestos
4 Al invertir más en subsidios, perdemos la oportunidad de mejorar el servicio de salud, educación y la seguridad que el Estado debe ofrecer
5 La democracia se daña, ya que una sola empresa que reporta al gobierno en turno, podrá decidir quién tiene energía, cuánta, de qué calidad y el precio
Opinión:
Los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, sin duda tendrán más efectos inmediatos sobre los trabajadores que sobre los hogares. En el caso de los trabajadores habrá claro obscuros, porque sin duda habrá incertidumbre laboral para todos aquellos que trabajen el en sector privado eléctrico nacional. Aunque también habrá oportunidades de empleo y absorción en la CFE, donde los sueldos son muy superiores, hay información fehaciente que a los ingenieros que operan las plantas eólicas en el Istmo de Tehuantepec, las empresas privadas les están pagando alrededor de $6,000 pesos al mes (250 euros).
Respecto a los hogares, sin duda los efectos del precio de la energía eléctrica no necesariamente tendían que bajar, la CFE argumenta que hoy en día está obligada a comprar la energía generada por empresas privadas a un precio demasiado alto y absorbiendo los costos de transmisión en los que incurre y que no les endosa a las empresas generadoras y que es por ello que ha incurrido en pérdidas entre otros acuerdos desfavorables con privados. Tener un monopolio estatal no es malo si es eficiente, aunque parezca una contradicción, está claro que la trasmisión y la distribución es un monopolio natural y es más eficiente tener una sola empresa, pues los costos medios, disminuyen de manera importante ante grandes economías de escala que solo la CFE es capaz de incurrir. Sin embargo, no lo es tanto en cuanto a la generación, si bien, el hecho de ser una empresa del estado, no significa que ésta sea una empresa ineficiente, un ejemplo es Electricité de France; un modelo que sin duda hay que seguir más de cerca. Para ello la CFE también tendría que hacer un rediseño organizacional interno para hacerla menos esclerótica y limitar el poder del SUTERM que no se ha atrevido a minar. Está claro que solo en la medida de que sufra una transformación interna, los hogares mexicanos se verán beneficiados.
Opinión: Muy difícil respuesta. Hay muchas fuerzas centrífugas y centrípetas que hace difícil responder a bote pronto. Se requiere de un análisis profundo para poder determinar el impacto final sobre los hogares, y más aún, tipo de hogar.
Opinión:
De aprobarse la reforma, el daño sería inmenso por varias razones.
Primero, la CFE tendría el carácter de monopsonio en la adquisición de electricidad (pudiendo fijar arbitrariamente a que generador privado se la adquiere y a qué precio) y carácter monopólico en la distribución - venta. Desaparece como tal el mercado eléctrico.
Segundo, se encarecería el precio de la energía para las empresas dado que los costos en los que incurre la CFE son significativamente más elevados que los generadores privados, lo que derivaría en dos efectos negativos: contracción de la producción y del empleo y un aumento del precio a los consumidores de todos los bienes que adquieran,
Tercero, al establecerse que el 54% de la energía sería generada por la CFE, cualquier aumento en la demanda que la propia CFE no pueda surtir, no podría ser generada por el sector privado. El resultado sería una serie de cortes a la energía (apagones), con los consecuentes costos tanto para las empresas como para los hogares.
Cuarto, la CFE opera con plantas viejas y notoriamente contaminantes, más ahora que utiliza intensivamente el combustóleo producido por Pemex. El daño al medio ambiente sería significativamente elevado.
Quinto, la prelación en el despacho de energía establece que primero serían las hidroeléctricas. Esto no toma en consideración dos cosas: el,agua en las presas no está garantizado (es muy variable y depende de cuestiones climáticas) y el agua en las presas además se utiliza para fines agrícolas y para surtir del líquido a las ciudades para el consumo urbano.
Sexto, el subsidio que habría que dar a la CFE sería creciente, quitándole recursos a otros destinos de gasto público (salud, educación, seguridad, infraestructura, etc.).
Séptimo, de aprobarse la reforma, México perdería competitividad en los mercados internacionales: menos exportaciones y menos empleo.
En resumen, de aprobarse, usted mexicano y su familia serían los grandes perdedores.
Opinión:
La reforma implica destinar una cantidad muy grande de recursos para la CFE. Dado el poco espacio fiscal, el gobierno tendría que reasignar presupuesto, quitándolo probablemente a otros usos muy importantes como sería salud, educación y seguridad.
En el tiempo sin duda el precio de la energía subirá o para mantenerlo habrá que subsidiar a la CFE lo que apretará aún más el gasto del gobierno.
La reforma le quita a nuestro país el atractivo para invertir, nacionales y extranjeros buscarán destinos con mayor certeza para sus proyectos con lo que perderemos capacidad de crecimiento y con ello de generación de empleos.
Enfrentaremos restricciones para exportar productos elaborados con energía sucia, desde impuestos adicionales hasta prohibiciones. Esto afectará también a la economía, a su crecimiento y a la generación de empleos.
Deterioro ambiental al mantener esquemas de producción de energía no compatibles con el combate al calentamiento global.
En algunas industrias el incremento inmediato en el costo de la energía implicará aumentos de precios. Quienes hoy se autoabastecen tendrán que comprar energía más cara además de perder la inversión realizada para la producción actual. Presiones inflacionarias.
Opinión: Un monopolio de generación eléctrica con tecnologías caras, obsoletas y contaminantes, le pondrá un límite a las posibilidades de desarrollo del país. México necesita liberarse de restricciones para crecer, no crear nuevas. Los monopolios por definición restringen cantidades y aumentan precios. En el caso mexicano, los hogares viven en pobreza energética, ya que su tarifa baja está condicionada a consumos bajos. Por su parte, la industria y los servicios, bajo costos altos y uso de energía fósil, no serán competitivas con un mundo que está transitando a las energías renovables. La tecnología de estas últimas es ya de uso común y el costo del capital para las inversiones en ellas es relativamente bajo. El sector público no tiene recursos para hacer esas inversiones. ¡Es crucial involucrar en ellas al sector privado! CFE tiene que volverse eficiente, bajando costos de generación y dejando de subsidiar partes del negocio donde tiene excesos de costo y de personal, o donde no agrega valor.
Opinión: Como muy probablemente se va a subsidiar el servicio, habrá menos recursos fiscales disponibles para financiar el gasto social y de inversión, lo que (directa e indirectamente) afecta el nivel de vida de los hogares. Además, las finanzas públicas lo resentirán, y más temprano que tarde, se pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica, que implica mayor inflación, caída del tipo de cambio e incrementos en las tasas de interés. Habría que agregar probable pérdida de empleo formal, al encarecerse la energía eléctrica. Esa película la vimos en los sesenta y sus efectos se hicieron evidentes con Echeverría, en los setenta. Se trata de una propuesta "déja vu", con una lógica política impecable, pero desastrosa para la economía.
Opinión:
Uno de los aspectos más contradictorios sobre esta iniciativa es que, en caso de ser aprobada, el proceso de implementación seguramente será prolongado, con lo cual las consecuencias materiales asociadas a su aprobación se irán observando paulatinamente. Si la iniciativa resultara aprobada, los efectos tendrían implicaciones legales de corto plazo y conflictos relacionados directa e indirectamente con las diferentes modalidades de los contratos. A mediano plazo, las afectaciones de un mercado menos competitivo tendrán implicaciones en la calidad de la provisión de los servicios para los hogares, no necesariamente a través de su precio. Finalmente, la presión sobre las finanzas públicas será más paulatina, por lo que sus efectos negativos son más probables de observarse a largo plazo, aunque la presión presupuestal asociada a las pensiones podría resultar relativamente inmediata.
Si nos enfocamos en los efectos inmediatos, las afectaciones relacionadas con el TMEC, sobre todo por la cancelación de proyectos, tendría impactos sobre las trabajadoras y los trabajadores ligados a éstos. En caso de haber procesos de impugnación, someterá a los proyectos a procesos prolongados de incertidumbre que también dañará a la fuerza laboral. Si la implementación avanza, se frenarían muchos mecanismos de diversificación en la generación y consumo de energía, que podría afectar calidad y continuidad en el suministro de electricidad para los hogares, o limitar otras modalidades como la generación distribuida a través de la instalación de paneles solares. Finalmente, y no por ser menor, la forma en que el crecimiento del sector eléctrico demande mayores recursos implicará también mayores restricciones presupuestales para el gobierno federal que le ocasionará mayores dificultades para incrementar los beneficios asociados a ciertos programas sociales, o como ya hemos visto en el caso de Pemex, afectará las condiciones laborales de los trabajadores de la administración pública, si es que aún existe suficiente espacio para continuar recortando ciertos gastos sin deteriorar el déficit o la deuda pública.
Opinión:
El impacto se traducirá en una reducción de la calidad y continuidad del suministro eléctrico. Y, por otra parte, en un aumento a los recibos de luz de los hogares. La reducción de calidad y continuidad está relacionada a la imposibilidad, desde la perspectiva de factibilidad técnica, de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda abastecer a toda la población de forma confiable. Es altamente probable observar apagones y variaciones en la continuidad del suministro eléctrico.
En cuanto al precio, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el costo unitario promedio por KWh de una planta de ciclo combinado de la CFE es de $2,029 MXN, mientras que el de un generador privado con la misma tecnología es de $969 MXN. El costo unitario para plantas solares fotovoltaicas de la CFE es de $919 MXN, mientras que el del privado es de $358. Es posible que dicho incremento en precios no se refleje si se incrementan los subsidios a las tarifas eléctricas. Pero eso implicaría el uso de recursos públicos para reducirle el costo de la electricidad a sectores de la población que no lo necesitan, ya que el subsidio es regresivo. Además, el subsidio promueve el uso dispendioso de la electricidad, lo cual incrementa la emisión de gases de efecto invernadero.
Además, las plantas que utilizaría la CFE serían de combustóleo y carbón, las cuales emiten partículas PM2.5 y PM10, que generan impactos graves en la salud de los habitantes de comunidades cercanas a ellas. Dichas partículas conducen a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y, en el caso extremo, a la muerte.
Por último, la modificación generaría incertidumbre jurídica. Esto se traduciría en un menor flujo de inversiones en el país y, por lo consiguiente, en menores oportunidades de empleo y crecimiento económico.
