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#PreguntaExpertos

27 de Enero del 2022

¿Qué políticas deberían implementar el gobierno federal y los gobiernos locales para contrarrestar la pérdida en el poder adquisitivo de los hogares debido a las altas tasas de inflación y su esperada convergencia al 4% hasta finales de 2022?

Considerando que en enero 2022 en los artículos agropecuarios se observa una variación anual de 15.54% y de casi 12% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Esta semana nos ayudan a entender:

Opinión: Mantener las expectativas de inflación ancladas es competencia del banco central, institución que debe actuar de manera independiente al gobierno. Sin embargo, el gobierno puede implementar políticas y programas para incrementar la productividad, un componente clave que contribuye a la inflación.

Opinión: Por parte del Gobierno Federal, la Secretaría de Economía deberá revisar en las cadenas de producción donde hay cuellos de botella que pudieran limitar la oferta de bienes y servicios y con ella definir acciones para eliminarlas.

La Profeco también deberá reforzar sus inspecciones para distinguir donde el aumento de precios se debe más a la especulación que a los aumentos reales de precios
Y sobre todo a nivel federal la COFECE deberá de garantizar y vigilar la competencia en los mercados, es momento de reforzar y visibilizar más su papel.
Los Gobiernos Locales estatales y municipales, deberán de facilitar las actividades donde se han identificado que han aumentado mucho los precios a través de coordinación y desregulación de los sectores de las actividades productivas. Mejora regulatoria de trámites en la creación de trámites y solicitud de permisos.
Además de garantizar la seguridad física para eliminar costos de transacción de las empresas.

Opinión: Promover el crecimiento con políticas para hacer atractiva la inversión y respetar la independencia del Banco de México

Opinión: Acá lo primero es controlar la inflación. El Banco de México debe hacer su chamba de manera independiente y cumplir con su mandato. Dicho esto, el gobierno federal debe vigilar posibles actos de acaparamiento, o incluso intervención del crimen organizado (como aparentemente se da en el caso del limón). No creo que sea momento de otro tipo de acción del gobierno federal.

Opinión: Dado que la inflación es esencialmente y en todo momento un fenómeno monetario, ni el gobierno federal y menos aún los estatales y municipales pueden hacer algo para disminuiría.
Lo único que pueden hacer (y deberían haberlo hecho desde hace mucho) es reducir las barreras regulatorias a la entrada de empresas a los diferentes mercados y generar así mayores niveles de competencia con un claro beneficio para los consumidores.
Lo que NUNCA deberían hacer es dar subsidios o imponer controles de precios.

Opinión: Existen un conjunto de medidas a implementar en el mediano plazo que pueden incidir en el control de la inflación vía el mejoramiento de la productividad y de la oferta agregada, destacando la reconstrucción de las cadenas de valor dañadas por la pandemia y el restablecimiento del PIB potencial relacionado al capital humano perdido a causa de la deserción escolar experimentada en el periodo. Estas requieren planeación y tiempo de implementación.
En el corto plazo, existen dos cosas que el gobierno podría realizar. Primero, establecer por parte de Banco de México una línea discursiva en la que el control de la inflación sea el objetivo prioritario al menos para 2022, más que el estímulo a la inversión o al crecimiento económico. Dicho objetivo acaba de establecerse en el Programa Monetario 2022 y la nueva Gobernadora debería de seguir esta línea discursiva. En concordancia con lo anterior, desarrollar una estrategia para comunicar expectativas objetivas sobre el control de la inflación, siguiendo las decisiones de política monetaria a implementar por el Banco de México, así como las posibles decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Entre más confianza tenga el sector empresarial de que se tiene un plan funcional para detener la inflación, menores son las potenciales medidas agresivas que Banco de México podría realizar a lo largo del año.

Opinión: La política monetaria deberá caminar en función de alcanzar la meta inflacionaria sin ceder a presiones externas. El gobierno federal debe ser cauto con decisiones que impacten la certidumbre jurídica de las inversiones. La propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales pone en riesgo la competitividad del país, y seguramente representará mayores costos para los consumidores de electricidad. Es necesaria la revisión y focalización en el uso de recursos públicos en programas sociales para asegurar el impacto deseado que persiguen. Por último, se deberá tener cuidado con medidas de incrementos adicionales al salario mínimo, sobre todo en un entorno de rigidez en el mercado laboral inflingida por la ley de outsourcing.

Opinión: La pandemia del Covid-19 ha ocasionado un choque amplio y profundo sobre la actividad económica de nuestro país, creando distorsiones en diferentes mercados de bienes y servicios. Aunado a ello, una tímida respuesta fiscal para contener parte de sus efectos de parte de las autoridades fiscales, en contraste con lo que sí se hizo en otros países de América Latina, ha ralentizado el proceso de recuperación, ocasionando un estancamiento de la actividad económica y un incremento relevante en las lecturas de inflación. Para el gobierno federal, el principal reto está en cambiar el paradigma: en vez de insistir en políticas públicas que contribuyen a incrementar la incertidumbre, es deseable que ejecuten exitosamente alguna que opere en sentido opuesto. Las alternativas son múltiples, pero tendrían efectos más significativos si se ejecutan en mercados con problemas de competencia como los de energía y los de logística en diferentes cadenas de suministro. Para ello es necesario retomar instrumentos de colaboración público-privada, de manera que no se cree un escenario en el que un mayor crecimiento implique sacrificar las métricas fiscales. Además, de que ello permita liberar recursos fiscales para rubros de política social que tengan impacto directo sobre el mercado laboral. Tanto en el caso del gobierno federal, como a nivel estatal, mejores mecanismos de rendición de cuentas sobre el gasto, particularmente en el de participaciones, pueden contribuir a una asignación más eficiente de los recursos públicos.