Para mis amigos de la BMA
Hasta los abogados quedamos con el seso fundido al terminar de ver la votación de la Suprema Corte de Justicia referente a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica, interpuesta por la Cámara de Senadores. Así, es comprensible el aturdimiento e incomprensión de los que no pertenecen a este gremio. En lo personal, reconozco sin pudor que fui adoptada por un grupo de abogados de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana de abogados en cuyo chat participan expertos en litigio constitucional, quienes con toda empatía me llevaron de la manita para entender la metodología y las implicaciones de la votación de los ministros. De lo contrario, antes de abrir la boca para hablar de este tema, hubiera sido mejor introducir un clip al enchufe y fenecer dignamente electrocutada. Por supuesto, cualquier insensatez aquí dicha es atribuible a mi falta de entendimiento y no al revés.
Lo último es lo primero y no es tan difícil de entender. En la sesión de este jueves 7 de abril la Corte no se pronunció a favor de la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. La razón de ello es también relativamente sencilla. No hubo los votos suficientes para declarar, ni el todo, ni partes de la ley, como inconstitucionales. Por lo tanto, a contrario sensu, quedaron en su estado anterior, es decir, válidos y vigentes. Más claramente, por falta de votos suficientes, a esta ley ni a sus partes, les pasó nada puesto que el resultado de la votación dio como resultado la desestimación de la acción de inconstitucionalidad. Dicho esto, es falso que, como dicen algunos titulares de los periódicos, el presidente doblegó a la Corte o ganó el litigio porque no hubo un resultado contundente por falta de votos.
Ahora bien, que la ley haya quedado válida y vigente, tiene consecuencias muy extrañas y potencialmente nocivas. ¡Cáspita! Por el momento, y en espera de lo que pase en el Congreso con la reforma constitucional, tenemos una norma máxima más abierta que una ley secundaria. Eso, naturalmente, pone de cabeza al sistema normativo y, por la misma razón, a los abogados. No recuerdo quién dijo que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Y, desde la más estricta técnica jurídica, no hay de otra.
Formalmente hablando, y aunque me arda, mi opinión no vale nada junto a la de Arturo Zaldívar, por nombrar a un ministro. Pero ¡¿por qué?! Simplemente, debido a que él viste la toga y yo no. Sin embargo, en una entrada de un blog puedo decir tranquilamente que se equivoca en su apreciación de que la competencia es un valor inferior a otros en la Constitución, como los derechos humanos de los usuarios. En mi opinión, la competencia es un medio auxiliar para hacer valer ciertos derechos humanos. Aunque cite a Oliver Wendell Holmes, y haga alusión a los tests que se hacen en los altos tribunales estadounidenses, es evidente que su razonamiento proviene de Macuspana. Ante Dios, porque aquí ya no hay tribunal de apelación, será juzgado por decir semejante estulticia.
Y ahora la pregunta de siempre. Ante estas reglas hoy tan torcidas, ¿qué puede pasar? Diversos despachos sacaron ya comunicados que, como antes, las empresas podrán ampararse contra la ley pues a falta de votos, insistimos ad nauseam, la Corte no declaró su constitucionalidad. Como a la ley no le pasó nada, tampoco a la posibilidad de ampararse contra ella.
¿Qué más podría suceder? Que la Constitución se cierre más, como espera el presidente, y ya no haya contradicciones entre la LIE y la Carta Magna. Eso sería lo más sencillo pero desastroso. Otra posibilidad es que la Constitución no cambie, esperar tres años a que el Congreso se renueve y que, si por suerte contamos con una mayoría simple de ilustrados, éstos reformen la LIE de manera tal que ya no sea inconsistente con la norma superior.
También queda la posibilidad de mandar todo al diablo, refugiarnos en una ermita e ignorar que, más allá de nuestras narices, el país se derrumba.
Pero eso sería muy injusto para l@s jóvenes, niñ@s y nonat@s. Debemos actuar con compromiso y responsabilidad de no dejarles un tiradero, al contrario de ciertos ministr@s.
* Miriam Grunstein Dickter es Abogada y experta en energía. Académica del Centro México de Rice University. Experta México, ¿cómo vamos?
