En 2023 se llevarán a cabo las elecciones para renovar la gubernatura del Estado de México. Monitorear este proceso electoral es de interés, en primer lugar, porque es la entidad más poblada de México, con 16.9 millones de habitantes; en segundo lugar, porque es la segunda economía más grande del país y aporta 9.1 % al PIB nacional; en tercer lugar, porque no ha habido alternancia de partido político a nivel estatal.
A casi un año de las elecciones vale la pena hacer un análisis de la situación al cierre del actual gobierno. El Plan de Desarrollo del Estado de México (2017-2023) estableció el objetivo de posicionar al estado como “una potencia del siglo XXI que, con innovación y conocimiento, se convierta en un modelo de seguridad, justicia y modernidad con sentido social” con base en cuatro pilares de acción: social, económico, territorial y seguridad.
El mayor reto, según este documento, era hacer del estado uno de los más seguros y justos mediante la capacitación y depuración de policías y del Ministerio Público, y la modernización de las instituciones. Este objetivo no se ha alcanzado: la entidad ocupa la posición 25 de las 32 entidades federativas en seguridad personal, lo que se traduce en un desempeño inferior comparado con estados similares en términos de PIB per cápita como Hidalgo, Puebla y Michoacán (por mencionar algunos). Probablemente este bajo desempeño se relacione con la alta prevalencia de homicidios (18.2 homicidios por cada 100 000 habitantes), la presencia del crimen organizado y un alto nivel de crimen violento.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021 indican que los tres delitos más frecuentes son el robo o asalto en calle o transporte público (40.3 %), seguido por extorsión (16.4 %) y fraude (15.1 %); pese a que el Estado de México es la segunda entidad con mayores tasas de prevalencia delictiva (32.5 por cada 100 000 habitantes), 90.8 % de los delitos no son denunciados.
En el aspecto económico, el propósito era fortalecer la baja productividad y competitividad para migrar de una economía tradicional a una de conocimiento. En 2015, la entidad era la sexta economía menos productiva y, siete años después, la situación no ha cambiado. Esto significa que con los factores productivos asignados, un trabajador mexiquense produce 94 pesos en una hora laboral cuando la meta es que genere 162 pesos por hora laboral.
Figura 1. Productividad por Entidad Federativa (Tercer trimestre, 2021)
Fuente: Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del Inegi
Al ser un indicador de la eficiencia del uso de los recursos, la productividad puede explicar en parte por qué entre 2016 y 2020 el promedio de la tasa de crecimiento anual fue de tan sólo 0.7 %. Sin embargo, se ha observado una recuperación de la economía mexiquense después de la pandemia: durante los últimos tres trimestres se ha observado una tasa promedio de 8.6 %.
Figura 2. Tasa de Crecimiento anual del Estado de México (Primer Trimestre de 2017- Segundo Trimestre de 2021)
Fuente: Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del Inegi
Aunque se ha cumplido con la meta de crecimiento, hay indicadores laborales que deben mejorarse ya que inciden en los objetivos de proveer empleos y proteger el ingreso. Por ejemplo, 38.7 % de los mexiquenses aún viven en pobreza laboral debido a que su ingreso laboral no alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas. La tasa de informalidad de 54.4 % supera a la meta nacional (51.5 %), y refleja que muchos trabajadores carecen de un contrato laboral y de seguridad social. Asimismo, aunque en 2021 el empleo formal aumentó (equivalente a 56 966 puestos de trabajo registrados ante el IMSS), no se alcanzó el 75 % de la meta estatal en la generación de empleos.
Finalmente, el Índice de Progreso Social 2020 —que cuantifica los avances en las necesidades humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades— puede dar una aproximación de la situación en las dimensiones social y territorial que requieren atención. Hay que destacar que, en el ranking nacional, el estado se ubica en el veinteavo lugar con 62.0 puntos (el primer lugar es Nuevo León con 72.5 puntos), y tuvo un retroceso de 1.96 puntos respecto a 2019.
Los desafíos más importantes para la entidad que deben traducirse en políticas públicas para mejorar el bienestar son: la seguridad personal, la mortalidad por diabetes, la percepción de la corrupción en instituciones que imparten justicia y el tiempo de traslado, ya que 23.7 % de la población ocupada destina más de dos horas a trasladarse.
En suma, si bien el estado ha logrado tener crecimiento económico, su principal desafío sigue siendo la seguridad pública y la impartición de justicia. La inseguridad no sólo impacta en el bienestar social, sino que afecta al crecimiento económico: sus costos ascienden a 2.23 % del PIB estatal.
Este texto es una colaboración entre México, ¿cómo vamos? y nexos.
Grissel Olivera-Martínez
Profesora investigadora del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación son Economía Laboral y Desarrollo Económico. Actualmente participa en proyectos de investigación sobre el valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado y sobre segregación socioeconómica.
