ENIGH: ingresos, gastos, pobreza y desigualdad

Máximo E. Jaramillo-Molina | @rojo_neon

¿Primero los no tan pobres?:
Los programas sociales en México

De los múltiples datos e información que son posibles obtener a partir de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) que publica el INEGI cada dos años, es de particular relevancia la dimensión del gasto social, pues dicha información puede ayudar a analizar la forma y el alcance con el cual el gobierno logra garantizar un sistema de protección social amplia.

Dentro de las diversas variables que podrían colaborar a dicho análisis, en este artículo propongo centrar la mirada en la cobertura de los programas sociales de transferencias monetarias captados por la ENIGH, su distribución entre el total de la población, los montos que reparten y su efecto en los ingresos totales de los hogares.

El primer dato relevante a mencionar es el claro y significativo aumento de la cobertura de los programas sociales sobre el total de los hogares en México, hasta alcanzar el 34% de los hogares en 2022, en contraste con el año 2018, cuando se registraba apenas un 28%. El aumento de 6 puntos porcentuales es relevante, además de que continúa con los aumentos registrados entre 2008 y 2012 y entre 2012 y 2016 (básicamente sólo en el último periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto se habría registrado caída en el porcentaje de cobertura).

Gráfica 1: Porcentaje de cobertura hogares que reciben al menos un programa social (2008-2022).

Al observar cómo se ha distribuído el aumento de la cobertura de los programas sociales de transferencias monetarias entre las distintas entidades federativas en el país, vemos que estos están lejos de ser homogéneos entre los estados. Algunas entidades como Yucatán y la Ciudad de México, han presentado un aumento de 15 o más puntos porcentuales (pp) en su cobertura, lo cual es claramente un gran avance. De cerca les siguen Nuevo León, Estado de México, Aguascalientes y Baja California, con un avance de entre 10 y 15 pp.

Gráfica 2: Cambio en puntos porcentuales de cobertura de hogares que reciben al menos un programa social, según entidad federativa (2018-2022).

Pero también en la gráfica anterior se puede observar la caída de la cobertura en algunos estados, alcanzando un máximo de 8 puntos porcentuales en el estado de Chiapas. Es por lo anterior, que a continuación se muestra un análisis gráfico bivariado para visualizar la asociación entre el cambio en la cobertura de los programas sociales de transferencias monetarias con el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza en cada entidad.

Resulta evidente la siguiente tendencia: el aumento de la cobertura de los programas sociales de transferencias monetarias fue mayor en las entidades federativas con menor prevalencia de pobreza, mientras que en aquellas con mayor prevalencia de pobreza el aumento fue menor o, incluso, representó una disminución en la cobertura de los programas. Desde un punto de vista de brechas regionales en el país, estos cambios no representarían una mejora en el cierre de tales brechas.

Gráfica 3: Porcentaje de población en situación de pobreza (2022) frente al cambio en puntos porcentuales de cobertura de hogares que reciben al menos un programa social (2018-2022), según entidad federativa.

Estos cambios distributivos entre entidades federativas en la cobertura de los programas sociales tienen un reflejo también cuando son analizadas desde la variable del ingreso corriente total de los hogares. En este caso, lo que se puede observar es que para estratos con menos ingreso hay una clara caída de la cobertura de programas sociales entre 2016 y 2020, mucho más pronunciada para el periodo de 2018 a 2020, y una leve recuperación entre 2020 y 2022, que no alcanza a cubrir la caída registrada previamente.

Tomando como ejemplo el primer decil, es decir el 10% de la población con menos ingresos, encontramos que en 2016 se alcanzó un máximo de cobertura del 78%, en 2020 cayó hasta 56%y tuvo una ligera recuperación en 2022 al llegar al 63%. Si se compara sólo 2018 y 2022 (es decir, el cambio durante este sexenio), vemos que del decil I al III se nota una caída en la cobertura, aún para los datos más recientes de la ENIGH. Es decir, cerca del tercio más pobre de los hogares en el país, ha experimentado una pérdida de cobertura de programas sociales durante este sexenio.

En los hogares con mayores ingresos se observa una tendencia contraria con un aumento importante de la cobertura de los programas sociales. Por ejemplo, el decil más alto, el 10% más rico, pasó de una cobertura de 6% en 2018 a 20% en 2022, es decir, casi 14 puntos porcentuales más. El aumento es más modesto, pero igualmente significativo, conforme se va bajando en los deciles hasta llegar al decil V, donde el cambio es de 6 puntos porcentuales.

Gráfica 4: Cobertura de programas sociales, según deciles de ingreso (2016-2022).

Como es de esperarse, el cambio en la cobertura de los programas sociales de transferencias monetarias que perjudica a los hogares de ingresos más bajos y beneficia más a los de ingresos más altos, tiene consecuencias en la distribución de la masa total de recursos repartidos.

En la siguiente gráfica se puede visualizar tal distribución según deciles de ingreso. Antes de iniciar este sexenio, en el 2018, la distribución de los programas sociales destinó el 24% de sus recursos al decil I y solo el 3% al decil X. Dicha distribución cambió de forma importante en 2020 y 2022. Para el dato más reciente, prácticamente todos los deciles (que equivalen a 10% de la población) se llevan cerca del 10% de los recursos, con excepción del decil I, que a pesar de la caída de 9 puntos porcentuales sobre la distribución total de recursos, alcanza un nivel de 15%.

En términos de la forma en que se distribuyen estos recursos, queda claro que el poder redistributivo de forma absoluta es menor para años más recientes, aunque para medir el impacto total sobre la desigualdad de la distribución de ingresos hay que tomar en cuenta también el nivel de la suma total que alcanzan.

Gráfica 5: Distribución del total de recursos de programas sociales de transferencias monetarias, según deciles de ingreso (2016-2022).

En el siguiente cuadro se comparan en pesos constantes de 2022 — es decir, quitando el efecto de la inflación — los montos totales distribuidos por programas sociales según los deciles ya mencionados. A partir de este análisis encontramos que, el total de recursos que recibe el decil I, creció sólo 4% en seis años (28% en la comparación 2018-2022), y representa el cambio más bajo de todos los deciles. Dicho cambio va aumentando de manera importante mientras se avanza a deciles de ingreso más altos, así, en el decil X, es decir, aquel que corresponde al 10% por ciento de la población más rica, se registra el mayor aumento: 254% más que en 2016 (y 580% comparando con el inicio del sexenio). De esta manera, 73 de cada 100 pesos del aumento de programas sociales de transferencias monetarias distribuídos entre los hogares fueron dirigidos a la mitad de la población con más ingresos, mientras que sólo 1 de cada 100 fue para el 10% más pobre.

Las conclusiones de estos resultados son mixtas. En primer lugar, es positivo el amplio aumento del total de los recursos que reciben los hogares por transferencias monetarias: pasó de $38 mil millones de pesos (mdp) en 2016 a $67 mil mdp. En segundo lugar, los aumentos significativos en los recursos que reciben los hogares de deciles medios, mismos que muy probablemente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, son importantes pues les representan amplios beneficios. Por ejemplo, para el decil V, el cambio representa casi el doble de recursos recibidos.

Por el otro lado, dados los altos niveles de pobreza y desigualdad que se viven en el país, y tomando en consideración el espíritu de las proclamaciones y lemas del gobierno federal (como el “primero los pobres”), se esperaría que el amplio aumento de los recursos distribuidos por programas sociales hubiera priorizado precisamente a la población más pobre, a los hogares con menos ingresos. En cambio, el análisis deja claro que dicho aumento estuvo lejos de una distribución “pro-pobre” y dirigió mayor cantidad de recursos a los estratos más altos del país.

La siguiente gráfica permite visualizar desde otra mirada las conclusiones antes referidas, se muestra cuál es el monto promedio mensual de las transferencias recibidas por los hogares. En promedio nacional, los hogares pasaron de recibir cada mes cerca de $380 pesos por hogar, a $592 pesos (nuevamente, y como se sigue haciendo en el resto del documento, tomando en cuenta pesos de 2022). Es decir, un aumento significativo e importante.

Pero al momento de observar dichos cambios según deciles, vemos que sólo el decil I recibe un monto promedio menor en 2022 que en 2016, aunque sigue siendo el monto más alto al comparar de forma transversal con el resto de deciles, y también representando casi el doble que el monto promedio nacional. En cambio, es en el decil X donde se nota el aumento más drástico: pasó de recibir al mes $128 pesos en promedio a $396.

Gráfica 6: Monto promedio por hogar recibido por programas sociales de transferencias monetarias, según deciles de ingreso (2016-2022).

Cuando se realiza el mismo análisis pero tomando en cuenta la diversidad de los tamaños de los hogares entre los distintos deciles, es decir, analizando el monto per cápita transferido, la distribución de los programas sociales se ve menos progresiva. Si bien el primer decil sigue siendo el que recibe el mayor monto, $235 pesos mensuales por persona en 2022, el decil con el segundo monto más alto sería el decil X (el 10% más rico) que estaría recibiendo cerca de $187 pesos por persona.

Además, para el decil I, el monto de 2022 representaría una leve disminución frente a 2016, cuando recibían $251 pesos, mientras que para el decil X representa el triple de lo que se recibía en 2016, $60 pesos mensuales.

Gráfica 7: Monto promedio per cápita recibido por programas sociales de transferencias monetarias, según deciles de ingreso (2016-2022).

Por último, otra forma en la cual se puede visualizar el efecto de los programas sociales de transferencias monetarias sobre la población, es midiendo el crecimiento del ingreso promedio de los hogares como consecuencia de la recepción de dichos programas. En este sentido, el análisis de los resultados muestra que en 2016 el ingreso del decil I creció 32% debido a los programas sociales. Para 2018 bajó hasta 23% y su caída siguió durante el actual sexenio en 2020, alcanzando 19%. Por último, se habría recuperado un poco durante el año 2022, llegando nuevamente a 23%.

De esta forma, para el 10% con menos ingresos en el país, el balance del fuerte aumento del monto total de los programas sociales durante el sexenio actual representaría un nulo avance. En el resto de deciles se notan avances, pero sutiles (máximo aumentos de dos puntos porcentuales al comparar 2018 y 2022), esto debido a que los montos absolutos de los programas sociales suelen representar un porcentaje bajo del total de sus ingresos.

Gráfica 8: Crecimiento del ingreso promedio debido a programas sociales de transferencias monetarias, según deciles de ingreso (2016-2022).

A la luz de los análisis desarrollados en el presente documento, resulta complejo determinar el balance de los resultados del sexenio en términos de programas sociales de transferencias monetarias. Hay varios resultados positivos que vale la pena destacar. Entre ellos, tal vez los dos más importantes son el aumento de la cobertura de hogares que reciben al menos un programa social (hasta alcanzar 34% del total de hogares) y el amplio aumento del total de recursos que la totalidad de hogares reportan recibir por dichos programas, alcanzando en 2022 una cifra por encima del doble de lo que se reportaba en 2018.

Por otro lado, las críticas más fuertes tienen que ver con la distribución de estos aumentos, especialmente respecto a los resultados que se observan en los hogares con menores ingresos; por ejemplo, para 2022 la cobertura de programas sociales entre los hogares del tercio más pobre del país fue menor, así como para los estados con más alto porcentaje de población en pobreza del país. Igualmente, el porcentaje del total de recursos que llegan a los hogares del decil I disminuyó de forma importante. Así mismo, aunque para dicha población la suma absoluta de recursos recibidos aumentó levemente (4%) en los últimos 6 años, se notan ligeras caídas al analizar el monto promedio recibido por hogar. Por último, se encuentra que para el decil I, los programas sociales de 2016 incrementaban más sus ingresos totales que lo que se logró en 2022.

A la par de las anteriores áreas de oportunidad, se notan amplios aumentos en los indicadores analizados para el resto de la población, pero de magnitud mayor para los hogares más ricos. De esta forma, el estrato de la población más beneficiado por los cambios en la política social durante el sexenio actual, serían los hogares de ingresos más altos, al igual que los estados con menor pobreza.

Si bien en este documento no se profundiza en las posibles razones que expliquen los resultados analizados, lo esperable sería que a partir de estos resultados se pudieran gestar cambios en el diseño de la política social de cara al sexenio que comenzará dentro de menos de un año. Especial énfasis debería darse a continuar con los resultados positivos logrados en los últimos años, así como en la corrección de los negativos, especialmente en el efecto que tienen los programas sociales dentro de la población más pobre.

CONOCE MÁS DEL AUTOR

Académico y activista tapatío “de la Calzada para allá”, con especial interés en la socialización del conocimiento. Doctor en Sociología por el Colegio de México, Economista por la Universidad de Guadalajara, y maestro en Ciencias Sociales por la misma universidad. Profesor-Investigador en la Universidad de Guadalajara (UdeG), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT desde 2021.

Senior Atlantic Fellow del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics (LSE). Recibió el Premio Nacional de Periodismo 2022, en categoría Periodismo de Opinión y Análisis. Es co-fundador y director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), y del proyecto de divulgación llamado “Gatitos Contra la Desigualdad”, creado en 2018. En la Universidad de Guadalajara fundó el Observatorio de Desigualdades, del que es Coordinador actualmente.

Ha trabajado en Oxfam, Fundar y diferentes áreas gubernamentales, como el EVALÚA CDMX y el IIEG en Jalisco. Ha realizado consultorías para instituciones internacionales como UNICEF Innocenti, Banco Mundial, CEPAL, OIT, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y CONEVAL, entre otras. Anteriormente, fue profesor de asignatura en El Colegio de México (entre 2016 y 2021) y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Interesado en investigaciones sobre percepciones de desigualdad y meritocracia, pobreza y justicia fiscal, medición y análisis de estos fenómenos, así como política social y tributaria comparada. De igual forma, interesado en temas de racismo, discriminación y acceso a derechos como trabajo, salud, educación y vivienda.

Rocío Espinosa | @respinosa_m

Rodolfo de la Torre | @equidistar

Roberto Vélez Grajales | @robertovelezg

La ENIGH y la movilidad educativa

El factor que más suele señalarse en el discurso público como conducente a una mayor movilidad social es la educación. El argumento es simple: más años de escolaridad amplían las capacidades de las personas, con lo cual, también se incrementan sus opciones para obtener más recompensas en el mercado de trabajo. Además, los sistemas de educación pública son de los instrumentos de política más tangibles para la población. Un objetivo central en la historia contemporánea de México fue incrementar la cobertura escolar: de 1970 a 2016, la escolaridad promedio pasó de 3.4 a 9.2 años. Aunque el incremento siguió hasta alcanzar los 9.9 años en 2022, la escolaridad esperada para la población menor de 29 años (en la que predomina la que acude a la escuela) se estancó en 14.1 años de 2016 a 2018 y, a partir de ese momento, cayó hasta llegar a los 13.6 años en la actualidad. Esta información no es suficiente para afirmar que los grupos jóvenes de hoy ya no alcanzan muchos más años de escolaridad de los que lograron sus padres. En este ensayo, presentamos evidencia para el periodo 2016-2022, que apunta hacia una reducción en algunos indicadores de la movilidad educativa. Esta se acompaña de un patrón de estratificación que limita el espacio de oportunidad entre la población que proviene de hogares con menor escolaridad de los padres. A pesar de lo anterior, es posible señalar que instrumentos de política —como las transferencias monetarias en el ámbito educativo— han reducido su progresividad.

La evidencia intergeneracional para México muestra que, si bien la escolaridad aumenta, la estratificación se mantiene. Una opción para hacer un análisis recurrente de esta naturaleza se encuentra en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que se levanta cada dos años. Esta fuente permite recuperar información para dos generaciones al interior de los hogares, la de los jóvenes que se encuentren en una edad más cercana a la finalización de su estancia en la escuela (18 a 24 años) y la de las madres y/ o padres que viven en el mismo hogar.

En este ensayo presentamos tres tipos de análisis: (1) movilidad educativa absoluta al interior de los hogares; (2) movilidad relativa desde los extremos de la escalera educativa y; (3) composición por grupo educativo de los padres de las transferencias educativas del gobierno. Dadas las posibilidades de comparabilidad que ofrece la ENIGH, las estimaciones se acotan al periodo 2016-2022, con la posibilidad de analizar la dinámica para cada dos años: 2016, 2018, 2020 y 2022.

Movilidad educativa absoluta

Esta medida se refiere a la proporción de jóvenes que han superado, igualado o quedado atrás de sus padres en términos de escolaridad (Gráfica 1). Si bien entre 2016 y 2022, alrededor de siete de cada diez personas entre 18 y 24 años contaba con más años de escolaridad que sus padres (movilidad ascendente), para 2022, uno de cada cinco jóvenes quedó por debajo de la escolaridad de ellos (movilidad descendente). Aunado a lo anterior, arriba del 10 % del total de jóvenes no la superaron (inmovilidad). Como resultado de esta dinámica, la diferencia en años de escolaridad entre los jóvenes y sus padres se redujo de 2.8 a 2.4 años entre 2016 y 2022. Pero, más allá de esta pérdida de ventaja, si sumamos los porcentajes de movilidad descendente e inmovilidad, la proporción de jóvenes que tiende a quedarse cada vez más lejos del grupo que sí ha experimentado avances intergeneracionales no resulta menor.

Movilidad educativa relativa

En este caso se observan las permanencias y transiciones respecto a los estratos de logro escolar, las cuales relacionan los niveles educativos alcanzados por las dos generaciones que se analizan: jóvenes y padres (en la Gráfica 2 se presentan los resultados para los extremos de las condiciones educativas de origen). Así, lo que se obtiene es una matriz que va desde un extremo inferior que representa a las poblaciones con 0-6 años de educación (primaria), hasta un extremo superior para más de 12 años de educación (profesional). En este caso, la movilidad educativa ascendente se manifiesta en la proporción de población de jóvenes que superan a sus padres, la de inmovilidad es aquella proporción que alcanza el mismo nivel que el de sus padres y la de movilidad descendente es la proporción que queda por debajo del nivel educativo de sus padres. A diferencia del análisis absoluto, en el caso relativo, la desagregación por niveles educativos permite observar la magnitud de la movilidad, dado que conocemos el nivel de partida. De esta manera, es posible comparar la probabilidad de avance o retroceso entre distintos niveles educativos de partida (los de los padres). Así, es posible inferir si la circunstancia educativa de origen de los jóvenes es una fuente de estratificación que se diluye o refuerza en el tiempo (2016-2022).

De 2016 a 2022, el porcentaje de jóvenes de padres con educación primaria o menos que alcanzaron los años de escolaridad equivalentes a estudios profesionales creció de 11.8 a 14.8 %. Por otra parte, dicho porcentaje para los jóvenes de padres con estudios profesionales pasó de 57.4 a 60.5 %. Lo anterior implica que, aunque en ambos extremos se incrementó el porcentaje de jóvenes con una escolaridad equivalente a la de estudios profesionales, la probabilidad de lograrlo —dada la diferencia de escolaridad de sus padres—, aunque se redujo de 2016 a 2022, actualmente es más de cuatro veces mayor para los jóvenes de origen educativo más aventajado.

Composición de las transferencias educativas

De los dos tipos de movilidad educativa analizados previamente sabemos que, en lo que a alcance en escolaridad se refiere, el origen educativo de los jóvenes importa. A partir de aquí, resulta valioso analizar si el esfuerzo de política pública va en una dirección que permita que estos dos problemas se reviertan. En este sentido, análisis previos confirman que un factor determinante de la desigualdad de oportunidades es la escolaridad de los padres. Una política promotora de movilidad social procuraría apoyar a quienes provienen de hogares con menores niveles de escolaridad. Si se canalizan mayores recursos a quienes tienen esta desventaja de origen, el efecto esperado sobre el saldo de movilidad ascendente para el conjunto de la población sería mayor.

En cuanto a la asignación de gasto público, la ENIGH permite tener información sobre las transferencias educativas gubernamentales que reciben los hogares. Al respecto, analizamos el monto total que reciben, según el nivel educativo de los padres. Para ello, dividimos a la población en cinco grupos ordenados con base en un índice de escolaridad para los padres. Los resultados muestran que la composición de las transferencias gubernamentales por grupo de educación de los padres cambió de manera dramática y en contra de los hogares con los padres con menor escolaridad (Gráfica 3). Para 2016 y 2018, aunque con menor peso para este último, las transferencias se repartieron más que proporcionalmente entre los hogares con menor educación de origen: el grupo 1 (quintil más bajo) recibió 34 y 30 % de las transferencias en 2016 y 2018, respectivamente, mientras que el grupo 5 (quintil más alto) recibió 8 y 6 %, respectivamente. En cambio, en 2020 y 2022, esta tendencia se revirtió: el quintil más bajo recibió 17 y 18 % de las transferencias, respectivamente, mientras que el más alto recibió 19 y 22 %, respectivamente. Así, en lo que toca a las transferencias gubernamentales educativas, los hogares más desaventajados han recibido cada vez menos, en términos relativos. En ese sentido, dichas transferencias no se pueden considerar un instrumento que con el paso de los años (desde 2016) se haya utilizado para revertir los problemas de movilidad y estratificación educativa.

Conclusión

La escolaridad promedio avanzó en las décadas pasadas, pero la esperada para los jóvenes se ha estancado desde 2016. En este contexto, los datos de la ENIGH de 2016 a 2022 permiten observar una reducción en la movilidad educativa absoluta, aunque con un incremento en la probabilidad de los jóvenes para alcanzar estudios profesionales. Los datos muestran que existe una proporción importante de jóvenes que no logran superar a sus padres en términos educativos. Además, la estratificación por condición de origen (en este caso la escolaridad de los padres), aunque se ha debilitado, aún se constituye como una barrera a la movilidad educativa ascendente que es difícil de superar. De manera adicional, la evidencia muestra que la orientación de las transferencias gubernamentales educativas para revertir lo anterior se ha debilitado durante este periodo. Esto último hay que remarcarlo: una política que procure la movilidad social debe hacer el esfuerzo por dirigirse a quienes presentan mayores desventajas. En el caso que nos atañe, son quienes se forman en hogares con una menor escolaridad de los padres.

CONOCE MÁS DE LOS AUTORES

Rocío Espinosa Montiel es maestra en Economía y Econometría por la Universidad de Southampton. Ha colaborado en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular). Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Ha estado a cargo de la Encuesta de Movilidad Social de los Jóvenes en la Zona Metropolitana de la Ciudad México 2017, así como de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2017 junto con Claudia E. Fonseca. Participó en la elaboración del Informe de movilidad social en México 2019. Hacia la igualdad regional de oportunidades.

Rodolfo de la Torre estudió la carrera de economía en el ITAM y la Maestría en Filosofía de la Economía en la Universidad de Oxford, especializándose en los temas de pobreza, desigualdad y desarrollo. Fue profesor de Economía en el ITAM, El Colegio de México, la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el CIDE. En el Fondo de Cultura Económica, fue director de la revista “El Trimestre Económico” y fundador de la revista “Well-being and Social Policy” de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Fue subdirector del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM y director-fundador del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. Creó y encabezó el Capítulo Mexicano de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue miembro fundador de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de las Capacidades Humanas.

Fue parte del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que propuso y calculó la primera medición oficial de pobreza en México. Coordinó la Oficina de Investigación sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido miembro del Grupo Técnico Especializado en la Medición del Ingreso y el Bienestar del INEGI. Desde 2016 forma parte del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, donde actualmente es Director de Movilidad Social.

Roberto Vélez Grajales es Director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Desde el CEEY se ha especializado en las temáticas de movilidad social e igualdad de oportunidades en México y ha publicado sobre el caso en revistas académicas, tanto nacionales como internacionales. Gran parte de su trabajo de investigación en estas materias se ha basado en información obtenida de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-EMOVI), de la cual ha sido coordinador general en sus versiones 2011 y 2017.

Economista de formación por la Universidad de las Américas-Puebla, también cuenta con una maestría en la misma materia por El Colegio de México, así como con un doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. En sus otras facetas de investigación, ha publicado trabajos sobre México en las materias de desarrollo humano y antropometría histórica.

José Nabor Cruz Marcelo | @JoseNabCruz

Análisis de la evolución de la pobreza multidimensional en México, a partir de las cifras 2022

El concepto de pobreza abarca diversos componentes o dimensiones. Se trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede medirse única y exclusivamente por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado.

En este sentido, el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social encomienda al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la tarea de establecer los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México. Para llevar a cabo esta labor, se consideran, al menos, los siguientes indicadores:

Ingreso corriente per cápita
Rezago educativo promedio en el hogar
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Grado de cohesión social
Grado de accesibilidad a carretera pavimentada

Los datos que utiliza el Consejo para la medición de la pobreza provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta información debe tener una periodicidad mínima de dos años para información estatal y de cinco, para la desagregación municipal.

Actualmente, se cuenta con una tercera edición de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Esta deriva de un profundo proceso de investigación, análisis y consulta. Durante este, se actualizan los lineamientos y criterios mencionados anteriormente.

Así, desde octubre de 2018, el Consejo ha informado sobre las adecuaciones técnicas derivadas de cambios normativos que afectan los derechos sociales, así como sobre investigaciones que reflejan las transformaciones sociales y económicas del país. A partir de 2020, comenzó una nueva serie de medición que permite la comparativa hacia adelante, con 2022, y hacia atrás, en relación con 2016 y 2018.

Resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2022

El 10 de agosto de 2023, el CONEVAL, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 —que se levantó entre agosto y noviembre del mismo año—, estima que entre 2018 y 2022, el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 36.3 %: la disminución es de 5.6 puntos porcentuales. Esto implica que 5.1 millones de personas (de 51.9 a 46.8 millones) dejaron de estar en dicha situación.

Dentro de este conjunto, el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones, entre 2018 y 2022. Esto representa un cambio de 7.0 a 7.1 % de la población.

El carácter multidimensional de la pobreza surge de la combinación de tres espacios analíticos: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial. En relación con el espacio de bienestar económico, se observan avances significativos entre 2018 y 2022. Hubo una disminución tanto en el número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (1.8 millones: pasó de 17.3 a 15.5 millones) como de aquellos con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos (5.7 millones: pasó de 61.8 a 56.1 millones), respectivamente.

Por otra parte, al interior del espacio de los derechos sociales, los indicadores que reflejan los obstáculos para ejercerlos, entre 2018 y 2022, muestran los siguientes resultados. En cuanto al derecho a la educación, se utiliza el rezago educativo. Este indicador mantiene una ligera tendencia creciente, es decir, la población afectada por esta situación aumentó de 19.0 a 19.4 %. Esto representó un cambio equivalente de 0.7 millones de personas.

En cuanto a la carencia por acceso a los servicios de salud, el indicador experimentó un cambio significativo, ya que la población con esta carencia aumentó de 16.2 a 39.1 %. Este incremento equivale a 30.3 millones de personas. Un factor importante detrás de la tendencia al alza de este indicador se puede atribuir al cambio institucional en el sistema de salud. Dado lo anterior, el INEGI modificó el fraseo de las preguntas sobre servicios médicos de la ENIGH, a partir de 2020.

La seguridad social es otro indicador que experimentó una disminución. Esta fue de 3.3 puntos porcentuales en el periodo de análisis señalado, lo que equivale a 1.5 millones de personas. Así, dos factores principales pueden considerarse como determinantes de este resultado. El primero se relaciona con el incremento sostenido de los niveles de la población ocupada. Entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2022, la población ocupada incrementó en 6.6 millones de personas (de 50.8 a 57.4 millones). Asimismo, entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2022, dicho aumento fue de 5.2 millones de personas (de 53.1 a 58.3 millones).

El segundo factor se vincula con el incremento sostenido del salario mínimo. Se observa que el promedio anual del salario mínimo real pasó de $119.5 pesos, en 2020, a $146.9 pesos, en 2022: el aumento fue de 22.9 %. Además, el promedio anual real del salario mínimo en la frontera fue de $172.7 pesos, en 2020, y de $212.6 pesos, en 2022, lo que representó un aumento de 23.1 %.

En el caso del derecho a la vivienda, los indicadores utilizados son la carencia por calidad y espacios de la vivienda, así como la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. Respecto a ambos, se observan reducciones mínimas: el primero pasó de 11.0 a 9.1 %, y el segundo, de 19.6 a 17.8 %.

En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, se registró una disminución de 4 puntos porcentuales, equivalente a 4.1 millones de personas. Como complemento, el indicador de seguridad alimentaria presentó un cambio positivo con respecto a 2018, año en el que el porcentaje de personas con seguridad alimentaria aumentó de 60.5 a 66.1 %. Lo anterior representa un incremento de 10.3 millones de personas.

Pobreza por grupos poblacionales 2022

La medición multidimensional de la pobreza desarrollada por el CONEVAL posee características metodológicas que permiten la evaluación de las dimensiones de la pobreza en distintas escalas geográficas, la desagregación por grupos poblacionales y la preservación de la comparabilidad en el tiempo. Como resultado de estas especificidades metodológicas, fue posible, bajo ciertos criterios técnico-estadísticos, obtener estimaciones de pobreza por grupos poblacionales. Estos se determinaron en función de la disponibilidad de información, precisión estadística2, y los requerimientos de diversas instituciones.

Esta información constituye una herramienta para el Estado mexicano para diseñar acciones, programas y políticas públicas destinadas a promover el desarrollo social y el bienestar de la población más rezagada. Se muestran resultados para los siguientes grupos: 1) niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años); 2) personas jóvenes (18 a 29 años); 3) personas adultas (30 a 64 años); 4) personas adultas mayores (65 o más años); 5) población por sexo (mujeres y hombres); 6) población indígena y 7) población según el ámbito de residencia (población rural y población urbana).

En 2022, se puede destacar lo siguiente: el grupo poblacional que registró los mayores índices de personas en situación de pobreza fue la población indígena, con 65.2 %, en contraste con 33.1 % de la población no indígena. Siguió la población que habita en zonas rurales, con un 48.8 %, en comparación con 32.2 % de quienes viven en zonas urbanas. Asimismo, los infantes de 5 años o menos presentaron un 48.1 %. En una siguiente categoría, se observa que la población con alguna discapacidad exhibió una prevalencia de 41.2 % con respecto a 35.9 % de la población sin discapacidad. Finalmente, se destaca que las mujeres presentaron un 36.9 %, frente a 35.6 % de los hombres.

En general, la información de la reciente evolución de los ingresos por persona y las seis carencias sociales, tanto a nivel nacional como en cada una de las 32 entidades federativas del país, se presenta como una radiográfica precisa del ejercicio de los derechos sociales en México. Considero que se trata de información estratégica y relevante para que el Estado mexicano, en sus tres niveles, pueda fortalecer las políticas de bienestar y desarrollo social.

La agenda de la próxima administración federal deberá tener como prioridades el reforzar administrativa y operativamente la construcción de un Sistema de Salud Nacional. Además, es crucial fortalecer la cobertura educativa y dar continuidad a los mecanismos normativos para la formalización del empleo. Estas acciones podrían contribuir a crear un escenario de menor pobreza multidimensional y a reducir las brechas sociales en nuestro país.

CONOCE MÁS DEL AUTOR

El Dr. Cruz es Doctor, Maestro y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2012, su tesis doctoral sobre la distribución de los Ingresos y el Modelo de Desarrollo en México fue galardonado con el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), también de la UNAM; donde posteriormente realizó estudios posdoctorales y actualmente es Investigador Titular C, definitivo. Asimismo, fue coordinador del Posgrado de Economía, con sede de esa entidad académica.

Actualmente es profesor en el Posgrado de Economía de la Facultad de Economía y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1 y, desde julio de 2019, se ha desempeñado por nombramiento presidencial, como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Mónica E. Orozco | @monicaeorozco

Cómo la ENIGH necesita incorporar el enfoque de género

Incorporar el enfoque de género en cualquier encuesta o proyecto de información requiere del uso de un marco conceptual apropiado en las ocho fases del proceso estadístico: 1) especificación de necesidades, 2) diseño, 3) construcción, 4) recolección de datos, 5) procesamiento, 6) análisis, 7) difusión y 8) evaluación (UNECE 2019; CEPAL s. f.).

Para encuestas como la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), que miden ingresos, gastos, pobreza y desigualdad, es esencial partir de estudios de género sobre la división sexual del trabajo, la economía del cuidado y las relaciones desiguales de poder entre los sexos, tanto en el ámbito familiar, como en la sociedad en su conjunto (Orozco et al. 2016). Además, ya que la ENIGH es el principal instrumento con el que se operativiza la Ley General de Desarrollo Social y mide algunas de las capacidades y funcionamientos propuestos por Amartya Sen, los estudios de economistas, sociólogas y abogadas feministas, como los de Naila Kabeer, Ingrid Robeyns, Martha Nussbaum, Nancy Folbre y María Ángeles Durán, resultan de gran relevancia en relación con esta teoría.

Entre los aspectos positivos, la ENIGH mide la participación laboral a nivel individual, lo que permite identificar las enormes brechas de género en este indicador y en el acceso a la seguridad social. Además de estos y los indicadores tradicionales de desocupación, permite identificar a la población no económicamente activa (PNEA), en especial, a aquella que no está disponible para trabajar. Con lo anterior, refleja las desigualdades en la división sexual del trabajo que mencionan Sen (2001) y Nussbaum y Sen (1993). Así, se da pie al análisis de los obstáculos y limitaciones que esta organización social genera sobre las mujeres.

Sin embargo, al adolecer de enfoque de género, la información que la encuesta proporciona es parcial y tiene repercusiones sobre la medición de pobreza, desigualdad y bienestar (Orozco 2023). El trabajo doméstico y de cuidados es clave en la producción del hogar (Grossbard, 2015) y crea bienestar para sus integrantes; sin embargo, la ausencia de políticas y programas provoca que la carga al interior de los hogares recaiga, casi en su totalidad, en las mujeres, y que esta no conlleve ni remuneración ni acceso a la seguridad social (Orozco et al. 2022).

Lo anterior se traduce en escasas posibilidades de elección estratégica de opciones de vida (Kabeer, 1999). Las mujeres se ven obligadas a valorar sus decisiones de participación educativa, laboral, social y política en función de sus responsabilidades de cuidado y de las opciones de cuidado de que disponen (Folbre 2018, Orozco et al. 2022, Orozco et al. 2022a). Por ello, para medir las oportunidades de elección y comprender a cabalidad la pobreza y la desigualdad con perspectiva de género, es necesario contar con información completa para medir la producción del hogar. Además, es preciso captar y visibilizar la información sobre la distribución de tareas entre los actores que conforman el diamante del cuidado (Razavi 2007): hogares, Estado, mercado y comunidad, así como entre mujeres y hombres.

Aunque la ENIGH, al contabilizar ingresos y gastos no monetarios, incorpora datos útiles para medir la producción del hogar —y desde hace algunos años, del uso del tiempo—, no incorpora toda la información necesaria debido a sesgos de conceptualización, o en ciertos casos capta la información con gran imprecisión. Ejemplo de lo anterior es que, en comparación con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), la ENIGH solo identifica a la mitad de las personas que realizan trabajo de cuidados no remunerado (Orozco et al. 2016, Orozco y Scott s/ f). En lo que se refiere a la producción del hogar, su marco conceptual está incompleto porque cuantifica la autoproducción de alimentos como ingresos no monetarios, pero no cuenta con información sobre los insumos de tiempo y talento en su preparación.

Este sesgo conceptual también se refleja en la imposibilidad de captar los servicios que se producen en el hogar para garantizar cuidados personales, como cortar el cabello (incluso si no se hace de forma profesional como parte de un negocio del hogar), o cuidar a personas enfermas o con necesidades de apoyo, y especialmente para satisfacer las necesidades de personas con discapacidad que requieren de cuidado en forma prioritaria. Estas y otras tareas tienden a aumentar cuando el Estado retira la provisión de servicios públicos. Lo anterior obliga a las mujeres a asumir responsabilidades no remuneradas (Kabeer 2006) dada la organización social del cuidado (Esquivel 2012) y los roles de género que prevalecen (Batthyány 2020, Folbre 2021). A pesar de que la ENIGH pregunta sobre la atención médica en episodios de enfermedad para menores de 12 años, no contabiliza quién se encargó de su cuidado ni por cuánto tiempo.

El diseño muestral de la ENIGH no permite necesariamente la medición precisa del gasto —monetario y no monetario— en el que incurren los hogares en los que habitan poblaciones que requieren de cuidados prioritarios, como infancias, personas enfermas o con discapacidad, personas adultas mayores, entre otras. Estos cuidados los suelen proporcionar mujeres, niñas y adolescentes. La falta de este tipo de datos implica que las canastas de bienes utilizadas para medir la pobreza están incompletas. Lo anterior puede resultar en subestimaciones, particularmente, en estos grupos de hogares, debido a la falta datos estadísticos representativos para la estimación de canastas ad hoc (Orozco 2023).

Por otra parte, las mediciones del uso del tiempo y la producción al interior de los hogares son indispensables para visibilizar las desigualdades de género. También ayudan a identificar los costos de oportunidad o los salarios sombra que la producción del hogar impone a las mujeres para incorporarse al mercado laboral (Gammage y Orozco 2008). Para comprender adecuadamente estos costos, es necesario contar con información sobre el resto de los actores involucrados en el diamante del cuidado. La falta de participación del Estado en la provisión de servicios públicos y en la implementación de medidas para garantizar la provisión privada tiene un impacto significativo en las posibilidades de elección de las mujeres.

Así, por ejemplo, durante varios años, la ENIGH ha buscado registrar la asistencia de niñas y niños a estancias infantiles u otros centros de atención y cuidado. Sin embargo, la pregunta clave para esta medición está planteada erróneamente en el cuestionario del hogar. Aunque en efecto se pregunte sobre la asistencia a este tipo de servicios, se hace únicamente para infantes de 3 años o más, lo cual es por definición una contradicción y excluye de la medición a aproximadamente dos millones de niñas y niños entre los 0 y 2 años que residen en el país. Esto ocurre a pesar de que, desde 2019, se reformó el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde entonces garantiza el derecho a la educación en la primera infancia. Las repercusiones de lo anterior se plasman en el diagnóstico de esta población y de sus cuidadoras, quienes son sujetos prioritarios de las políticas y servicios de cuidado infantil. Además, impide medir la corresponsabilidad del Estado en el ejercicio del derecho al cuidado, que comprende recibir cuidados, cuidar y autocuidarse (Pautassi 2007).

Más allá de que este indicador se relacione con las capacidades y libertades intrínsecas de las infancias y las mujeres, la ausencia de mediciones impide contar con información (o dicho en el lenguaje de las 5Rs del cuidado: reconocer el cuidado y las desigualdades en su distribución), para elaborar estrategias para redistribuir las cargas de trabajo no remunerado y cuantificar la pérdida de elección para las mujeres, al limitar sus libertades de funcionamiento o posibilidades para incorporarse al mercado laboral. Según una estimación de Orozco et al. (2022), basada en la más reciente ENUT, la cobertura de asistencia a centros de atención infantil ronda el 34 %. Sería muy útil que la ENIGH ajustara su instrumento para confirmar esta información y desagregar la cobertura por deciles. Los datos disponibles en la ENIGH sobre estas coberturas se restringen solo a la prestación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reflejan que la cobertura en el decil X es casi quince veces mayor que la de los tres primeros deciles. Por lo tanto, es de suma importancia contar con información completa.

La construcción de un marco conceptual con enfoque de género requiere cubrir todas las fases del proceso estadístico —que incluye el procesamiento y el análisis—. La finalidad es garantizar que la información se utilice de manera óptima. Un marco adecuado permite que la información se aproveche mejor en mediciones más completas de la pobreza y la desigualdad, al plantear y discutir su aplicación.

A partir de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, los países participantes, incluido México, se comprometieron a medir la contribución a la economía de las mujeres por medio del trabajo no remunerado que realizan. Desde 2011, México ha generado la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (INEGI 2022). Esta, en su última publicación, estimó la contribución en 26.3 % del PIB. Esta medición se ha basado principalmente en fuentes como la ENUT y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). A pesar de su relevancia, aún está pendiente su discusión en el marco de la ENIGH, así como en la medición de la pobreza, la desigualdad, el bienestar y en la consideración de las barreras y vulnerabilidades que afectan a toda la sociedad, con un enfoque especial en las mujeres. La discusión importa: es la forma en que se visibilizan y se miden estadísticamente la pobreza y la desigualdad, lo que influye en la formulación —o en la omisión— de estrategias de política pública.

La estimación con respecto al PIB puede considerarse tanto una contribución del trabajo de cuidados al bienestar de la sociedad en su conjunto como una estimación del salario sombra. Este último impide que una parte significativa de la población —en especial, las mujeres— se inserte en el mercado laboral. La estimación del salario sombra depende de la presencia de infantes y otras personas con necesidades de cuidados en el hogar (Gammage y Orozco 2008), pero también de la disponibilidad de servicios para el cuidado (Orozco et al. 2022a). Algunos estudios han propuesto realizar imputaciones de valor al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, pero sin llevar a cabo los ajustes necesarios en las canastas para medir la pobreza económica o sin considerar la pobreza de tiempo. Otros han realizado imputaciones de tiempo a la ENIGH. Incorporar esta perspectiva al marco de la ENIGH y a las fases del proceso estadístico permitiría cuantificar los salarios sombra por estados y regiones del país, así como comprender cómo se vinculan con la presencia del Estado.

En síntesis, incorporar la perspectiva de género en la ENIGH podría contribuir a nuevas formas de estudiar la pobreza y la desigualdad.

Referencias

Batthyány, K. (Coord.), Miradas Latinoamericanas a los cuidados, 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; México DF: Siglo XXI, (2020). Recuperado el 11 de septiembre de 2023, de https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201209035739/Miradas-latinoamericana.pdf

CEPAL (s.f.) Guía para la transversalización la perspectiva de género en los sistemas estadísticos nacionales. Comisión Económica para América Latina y el Caribe: CEPAL. Mimeo.

Esquivel, V. (2012). El cuidado infantil en las familias. Un análisis en base a la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires, en Esquivel, Valeria, Eleonor Faur y Elizabeth Jelin (eds.) Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado, IDES-UNFPA-UNICEF, 73-106.

Folbre, N. (2018). Developing care: Recent research on the care economy and economy development. Ottawa: International Development Research Centre. Recuperado el 27 de octubre de 2022, de https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/57142/IDL-57142.pdf?sequence=2&isAllowed=y

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Gammage, S. y Orozco, M. (2008). El trabajo productivo no remunerado dentro del hogar: Guatemala y México. Serie Estudios y Perspectivas, No. 103, Comisión Económica para América Latina y el Caribe: CEPAL.

Grossbard, S. (2015). Household economics, en J. D. Wright (editor) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2da edición, Oxford: Elsevier, 11, 224–227.

INEGI (2022, 5 de diciembre). Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México 2021 [Comunicado de prensa]. Recuperado el 11 de septiembre de 2023, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/CSTNRH/CSTNRH.pdf

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment, Development and Change, 30(3), 435-464.

__________ (2006). Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y las metas de desarrollo del milenio. México. Recuperado el 11 de septiembre de 2023, de https://atlasdegenero-semujeres.edomex.gob.mx/sites/atlasdegenero-semujeres.edomex.gob.mx/files/files/2%20Naila%20Kabeer-Lugar_genero_erradicar_pobreza%20(2).pdf

Nussbaum, M. y Sen, A. Eds. (1993). The Quality of Life. Oxford University Press.

Orozco (2023). Políticas públicas y focalización en América Latina: hasta dónde hemos llegado y hacia dónde avanzar. Mimeo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: PNUD.

Orozco, M. y Scott, J. (s.f.) 12. Valor neto de los servicios domésticos no remunerados. Mimeo. Grupo Técnico Especializado en la Medición del Ingreso y el Bienestar: GTMIB.

Orozco, M., Beltrán, B. y Straffon, B. (2016). Incorporación de la dimensión de género en la medición multidimensional de la pobreza. INMUJERES y ONU Mujeres. Recuperado el 30 de Enero de 2020, de https://www.researchgate.net/publication/290899472_Incorporacion_de_la_dimension_de_genero_en_la_medicion_multidimensional_de_la_pobreza

Orozco, M., Espinosa, R., Fonseca, C., Marchant, M. y Vélez-Grajales, R. (2022). Movilidad social, políticas de cuidados y protección social. Documento de trabajo CEEY No. 1. México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Orozco, M., Franco, J., Marchant, M. y Valdivia, R. (2022a). The role of care and the local economy in women’s labour force participation: evidence from Mexico and Colombia in the pandemic era. Gender and Development, 30(1-2), 145-175.

Pautassi, L. (2007). El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Santiago Chile: Naciones Unidas, CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo.

Razavi, S. (2007). The Political and Social Economy of Care in a Development Context: conceptual Issues, research questions and policy options. United Nations Research Institute for Social Development.

Sen, A. (2001). The many faces of gender inequality. Frontline, 18(22).

UN Women (2022). A toolkit on paid and unpaid care work: from 3Rs to 5Rs. New York: UN Women.

UNECE (2019). Generic Statistical Business Process Model. Geneva: United Nations Economic Commission for Europe. Recuperado el 27 de octubre de 2022, de https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1

CONOCE MÁS DE LA AUTORA

Mónica E. Orozco es directora de Estrategia, Valor público y Prospectiva del CEMEFI, co-fundadora de GENDERS A.C, investigadora asociada externa del CEEY y consultora de diversos organismos internacionales e instituciones del sector público en México, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Es Maestra en Estadística por la Universidad de Chicago y Licenciada en Actuaría del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con amplia experiencia en la coordinación de equipos multidisciplinarios de investigación económica y social nacionales e internacionales. Sus áreas de profesionalización comprenden pobreza y desarrollo; género, uso del tiempo, cuidados, empoderamiento económico de las mujeres y políticas de respuesta ante la violencia; mecanismos de focalización, planeación, monitoreo y evaluación de políticas sociales.

Gerardo Esquivel | @esquivelgerardo

México 2018-2022:
Menor desigualdad y menor pobreza

Se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de México correspondientes a 2022 y las cifras son, en general, muy alentadoras. Los datos revelan que en México hoy tenemos una menor desigualdad y menores niveles de pobreza en comparación con los que teníamos en 2018. Veamos las cifras que nos permiten hacer esta afirmación.

La siguiente gráfica muestra el crecimiento observado, entre 2018 y 2022, del ingreso promedio de hogares y personas agrupadas por sus deciles correspondientes. La imagen no deja lugar a dudas: el crecimiento de los ingresos de hogares y personas más pobres (es decir, que pertenecen a los primeros deciles de la distribución) fue claramente superior al de los hogares y personas en la parte superior de la distribución. Lo anterior es típico de un crecimiento del ingreso pro-pobre, es decir, que favorece más a las personas en mayor pobreza y que, precisamente por eso, tiende a reducir la desigualdad del ingreso.

Un segundo resultado que se obtiene de la ENIGH-2022 es el correspondiente al comportamiento del ingreso promedio de los hogares por entidad federativa. Esto se representa en la siguiente gráfica: en el eje horizontal está el ingreso promedio inicial por estado en 2018 y, en el eje vertical, el crecimiento de dicho ingreso entre 2018 y 2022.

La gráfica muestra un par de resultados relevantes. Por una parte, se observa una clara pendiente negativa en la gráfica (con excepción de dos observaciones atípicas a las que nos referiremos más adelante). Esta tendencia negativa refleja el comportamiento típico en los casos en los que tiende a haber un proceso de convergencia absoluta en el ingreso promedio de las entidades federativas. Lo anterior se debe a que los estados más pobres (en este caso, los que se ubican en la parte izquierda de la gráfica) tuvieron un mayor crecimiento del ingreso promedio de sus hogares que los de los estados más ricos (es decir, los que se encuentran más a la derecha en la gráfica). En este caso en particular, se muestra cómo los estados del sur-sureste del país, como Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, presentaron crecimientos muy significativos, superiores al 10 %, entre 2018 y 2022. En el caso de Chiapas, el crecimiento del ingreso promedio de sus hogares fue superior, incluso, al 20 %. Este comportamiento implica que la desigualdad en el país se redujo no solo entre hogares y entre personas, sino también entre estados y regiones.

Por otro lado, las dos entidades federativas, cuyo comportamiento parece salirse de la norma antes descrita, son Chihuahua y Baja California. Estos dos estados tuvieron un crecimiento del ingreso promedio de sus hogares entre 2018 y 2022 por encima de 20 %. ¿Qué puede explicar este comportamiento? Mi hipótesis es que, al ser dos estados fronterizos, se vieron muy beneficiados por el programa Zona Libre de la Frontera Norte. Esto, entre otras cosas, implicó un aumento inicial del 100 % en el salario mínimo entre 2018 y 2019. Un incremento de esta magnitud, sin duda, tuvo efectos positivos importantes en los ingresos promedio de los hogares de estas dos entidades federativas.

Ahora bien, a los pocos días de darse a conocer la ENIGH-2022, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reveló sus estimaciones oficiales de la pobreza en México. Las cifras mostraron que en 2022 la tasa de pobreza multidimensional total era de 36.3 %, cifra menor al 41.9 % de 2018. Esto implicaba 5.1 millones de personas pobres menos en 2022 en comparación con 2018, o 7.2 millones de pobres menos que si se hubiera mantenido la tasa de pobreza de 2018.

Un aspecto notable de esta reducción de la pobreza multidimensional es que toda la reducción provino de la pobreza moderada, ya que la tasa de pobreza extrema multidimensional prácticamente se mantuvo (pasó de 7.02 a 7.06 %, entre 2018 y 2022). De hecho, el número de personas en situación de pobreza extrema creció en 400 mil entre 2018 y 2022 (aproximadamente 50 mil por el aumento en la tasa de pobreza. El resto se puede atribuir al crecimiento de la población).

Otra característica de la reducción de la pobreza multidimensional fue su carácter generalizado. De hecho, la pobreza multidimensional se redujo en 30 de las 32 entidades federativas del país. Las excepciones fueron el estado de México y Tlaxcala. Entre las entidades con las reducciones más significativas de pobreza destacan las del sur-sureste, como Chiapas (10.6 puntos porcentuales) y Tabasco (10 pp), aunque también destacaron Colima y Baja California (con reducciones de 10 puntos porcentuales cada una).

Para tener una perspectiva de largo plazo, también vale la pena mencionar lo que ocurrió con la tasa de pobreza por ingresos. En este caso, el comportamiento desde 1992 se muestra en la siguiente gráfica. La línea de arriba corresponde a la tasa de pobreza total y la de abajo, a la tasa de pobreza extrema. Las discontinuidades en ambas líneas se refieren a cambios metodológicos en la ENIGH, o en la medición de la pobreza. En ambos casos, se muestra una reducción en las tasas de pobreza entre 2018 y 2022.

En el caso de la pobreza total, la reducción fue de 6.4 puntos porcentuales, al pasar de 49.9 %, en 2018, a solo 43.5 % en 2022. En el de la pobreza extrema, la reducción fue menor: pasó de 14 a 12.1 %, en el mismo lapso de cuatro años. En cualquier caso, las cifras de pobreza por ingresos muestran que tenemos las tasas de pobreza más bajas de nuestra historia reciente.

Los resultados que hemos descrito sobre la pobreza son aún más sorprendentes si tomamos en cuenta el contexto de pandemia y crisis económica. Para ilustrar mejor lo anterior, la siguiente gráfica muestra lo que ocurrió en otras crisis económicas recientes: la de 1994-1995, la crisis financiera global (2008-2009) y la asociada a la pandemia (2020). En los tres casos, la caída del PIB fue masiva: 6.3 % en 1995, 5.3 % en 2009 y 8.8 % en 2020. La gráfica muestra lo ocurrido con las tasas de pobreza total y extrema por ingresos a partir del inicio de la crisis. Este se ancla al año «t» y se muestra la evolución de las tasas de pobreza en comparación con el punto de partida.

La gráfica muestra que nos tomó ocho años regresar a los niveles iniciales de pobreza previos a la crisis de 1994-1995. En el caso de la crisis financiera global, que hemos anclado en «t» = 2006, la tasa de pobreza aumentó hasta por ocho años más y no regresó a sus niveles previos a la crisis, sino hasta ahora. En cambio, en esta crisis, nos tomó solo 4 años regresar a los niveles de pobreza previos, y eso a pesar de que las caídas en la actividad económica y en los ingresos fueron más significativas que en los otros dos casos. Esto revela que la población vulnerable tuvo mucha mayor resiliencia a la crisis que en años anteriores, y que las políticas públicas actuales operaron con mayor eficacia para reestablecer rápidamente los niveles de pobreza previos o, como ocurrió en este caso, para incluso disminuirlos.

¿Qué puede explicar tan buenos resultados entre 2018 y 2022? En mi opinión, fue la combinación de tres factores: 1) que el salario mínimo aumentó en 90 % en términos reales entre 2018 y 2022 (incluso aumentó más en los municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos); 2) la política de transferencias y programas sociales aumentó sus recursos un 100 %, en términos reales, según las cifras de la propia ENIGH-2022; y 3) que la política de desarrollo territorial concentró los proyectos públicos de inversión en el sur-sureste del país (Tren Maya, Refinería Dos Bocas y Tren Interoceánico).

Por supuesto, no todas las noticias fueron buenas. Hubo dos resultados negativos que vale la pena mencionar: el incremento de la pobreza extrema multidimensional ya mencionado (de 7.02 a 7.06 %) y el aumento en las carencias de rezago educativo (de 19 a 19.4 %) y de acceso a la salud (que pasó de 16.2 %, en 2018, a 39 %, en 2022). Este notorio aumento en la carencia de salud se explica por el fallido intento de sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que fue desechado ya por el gobierno mismo y que ahora ha sustituido por el IMSS-Bienestar.

A pesar de estos problemas, tanto la tasa de pobreza multidimensional total como las dos tasas de pobreza por ingresos y la desigualdad entre hogares, personas y regiones mostraron disminuciones entre 2018 y 2022. Considero que el haber logrado obtener estos resultados en un contexto de pandemia y crisis es sumamente meritorio. Debemos valorar en su justa medida las políticas públicas que hicieron esto posible y que permitieron que los grupos más vulnerables del país fueran más resilientes frente a esta crisis de lo que habían sido en el pasado.

CONOCE MÁS DEL AUTOR

Gerardo Esquivel es Licenciado en Economía por la UNAM, Maestro en Economía por El Colegio de México y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Actualmente es Profesor-Investigador en El Colegio de México e imparte clases en la Facultad de Economía de la UNAM. Es Investigador Nacional nivel III. El Dr. Esquivel fue Subgobernador del Banco de México de enero de 2019 a diciembre de 2022. https://gerardoesquivel.org/

Valentina Martinez Pabón | @vmartinez413

Luis Monroy-Gómez-Franco | @MGF91

La pandemia del COVID-19 y
la desigualdad de oportunidades en México

México es un país en el cual la desigualdad de oportunidades parece reinar incontestada en diversos aspectos de la vida de las personas. La literatura sobre desigualdad de oportunidades sugiere que al menos cerca del 50 % de la desigualdad en recursos económicos en el país se debe al efecto de las diferencias en las circunstancias de las personas, es decir, a las diferencias en aspectos que las personas no pueden controlar, como el color de piel, el sexo, la etnia, entre otros (Monroy-Gómez-Franco, 2023). Asimismo, otros estudios indican que solo 25 de cada 100 personas que nacen en hogares con menos recursos económicos logran salir de la pobreza y que, de hecho, 50 de cada 100 de estas personas seguirán siendo parte del grupo de menores ingresos durante su vida adulta.

En el lado opuesto de la escalera social mexicana, la literatura sugiere que 57 de cada 100 de las personas nacidas en la parte más alta de la distribución de ingresos, es decir, el 20 % de la población con más recursos económicos, permanecerá en ese estrato al llegar a la vida adulta. En el ámbito educativo, el panorama es similar. Mientras 64 de cada 100 personas con padres con formación educativa logra obtener estudios profesionales, solo 5 de cada 100 personas con padres sin estudios profesionales alcanzan dicho nivel educativo (Orozco et al., 2019).

En este documento, buscamos contribuir a la discusión sobre cómo la pandemia del COVID-19 interactuó con la estructura de la desigualdad de oportunidades en México. En particular, nos interesa analizar los posibles impactos del choque pandémico en los mecanismos que sostienen la desigualdad de oportunidades en el país. El enfoque estará en dos dimensiones que tradicionalmente se consideran fundamentales para el desarrollo del potencial de las personas: la educación y la salud.

Como punto de partida, presentamos una descripción a grandes rasgos de la situación en México en términos de las dimensiones de educación y salud antes de la pandemia. En el ámbito educativo, las tasas de asistencia escolar por grupos de edad para el año 2018 sugerían un acceso equitativo a la educación primaria (6 a 11 años: 97.8 % para el 20 % de la población con menos ingresos frente a 99.7 % para el 20 % de la población con más ingresos). Sin embargo, había brechas en el acceso a educación inicial (4 a 5 años: 87.4 % frente a 97.2 %) y a la educación secundaria (12 a 14 años: 88.6 % frente a 97.8 %; 15 a 17 años: 63.6 % frente a 88.4 %) (CIMA, 2023). Estas cifras muestran que la expansión de la educación pública que tuvo lugar durante gran parte del siglo XX solo se completó parcialmente. Desafortunadamente, uno de los niveles educativos donde dicha expansión quedó incompleta, el de preparatoria— es en el que se evidencia que los recursos económicos juegan un papel preponderante en la progresión de la trayectoria educativa de los mexicanos (Bleynat y Monroy-Gómez-Franco, 2023).

A estas brechas en el acceso a educación se suman, además, las diferencias en el grado de aprovechamiento educativo. Según los resultados de la prueba PISA de 2018, 74 de cada 100 estudiantes de bajos ingresos (20 % de la población con menos ingresos) obtuvieron un bajo desempeño en matemáticas, pero esta relación fue de 35 de cada 100 estudiantes para los de altos ingresos (20 % de la población con más ingresos) (CIMA, 2023). Gran parte de las brechas en el aprovechamiento educativo resultan de las diferencias en la capacidad de apoyo educativo que pueden ofrecer los hogares a lo largo de la distribución de ingresos a sus niños y jóvenes. Ejemplo de lo anterior es la desigualdad en la tasa de conectividad a internet: en 2018, esta era de 33 % en los hogares donde el jefe del hogar tenía menos de educación primaria, y de 100 % en los hogares donde el jefe del hogar contaba con educación terciaria (Lustig et al., 2023).

Ahora bien, en cuanto a la salud se refiere, las grandes brechas en el acceso a estos servicios no sugieren un escenario mejor que el de la educación antes de la pandemia. El sistema de salud mexicano es inherentemente desigual debido a su diseño institucional fragmentado. Los servicios de salud a los que una persona puede acceder dependen del tipo de empleo que tenga. Por ejemplo, en 2018, los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE) (que constituyen el conjunto de trabajadores formales) tenían acceso a casi 8,000 procedimientos. Por su parte, los afiliados al Seguro Popular solo tenían acceso a 1,603 y los afiliados al IMSS-Prospera, a 53 procedimientos (CIEP, 2018). Esta estructura del sistema de salud replica la desigualdad observada en términos de ingreso en el mercado laboral: los ingresos promedio de los trabajadores formales no solo son más altos y sus condiciones laborales más estables; también tienen una mejor cobertura de salud.

La desigualdad institucionalizada en el sistema de salud se ve agravada por la desigualdad en acceso efectivo a los servicios para una parte de la población. Datos sobre carencias en acceso a salud muestran que aproximadamente el 13.1 % de los mexicanos no contaba con acceso a los servicios de salud antes de la pandemia (cálculos propios con base en la ENIGH 2018). Sin embargo, incluso en esa carencia de acceso, se observan patrones de desigualdad: 15.7% de las personas en hogares donde el jefe de hogar tenía menos de educación primaria carecía de acceso a servicios de salud, mientras que esta tasa era de 10.6 % para las personas en hogares donde el jefe del hogar tenía educación terciaria (cálculos propios con base en la ENIGH 2018).

Asimismo, se debe destacar que las desigualdades en el ámbito de la salud no solo se reflejan en el acceso, sino también en la incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Un ejemplo es el siguiente: la prevalencia de la diabetes e hipertensión en la población mayor de 20 años era mayor en personas en hogares donde el jefe de hogar tenía menos de educación primaria que en personas en hogares donde el jefe del hogar tenía educación terciaria (cálculos propios con base en la ENSANUT 2018). Además, el riesgo de muerte por enfermedades transmisibles, desnutrición o problemas reproductivos era 36 % mayor en el sur del país (una de las regiones con el PIB más bajo) que en el norte (una de las regiones con el PIB más alto) (Soto-Estrada et al., 2016).

Estos últimos datos reflejan dos elementos relevantes. Por un lado, la mayor incidencia de enfermedades transmisibles en el sur del país se debe, en gran medida, a las condiciones de vida que tienden a ser más insalubres, pues se relacionan con altos niveles de precariedad económica. Por otro lado, demuestran la incapacidad del sistema de salud mexicano para contrarrestar los efectos de estas condiciones sociales y prevenir desenlaces fatales.

La estructura existente de la desigualdad de oportunidades y la falta de políticas de asistencia focalizadas a los hogares más vulnerables para enfrentar el choque pandémico contribuyó, entre otros factores, a que la llegada del COVID-19 resultara en pérdidas en los niveles de vida de los hogares y efectos desigualadores en términos de acceso y oportunidades. En este contexto, dos ejercicios de microsimulación, que estiman los efectos del COVID-19 en la acumulación de aprendizajes y el logro escolar, enfatizan el riesgo de las crecientes brechas educativas en el país. El primer estudio estima que, tras tres años del choque pandémico, los estudiantes provenientes de los hogares de menores recursos habrán acumulado un rezago de aprendizajes equivalente a un año y medio de clases. Los estudiantes de hogares con más recursos no tendrían rezago alguno (Monroy-Gómez-Franco et al., 2022). Aunado a lo anterior, el segundo estudio encuentra que la probabilidad de completar educación secundaria caería de 54.2 a 24.5 % para los niños de padres con bajo nivel educativo, pero se mantendría en 90.5 % para los niños de padres con alto nivel educativo (Lustig et al., 2023).

Los efectos antes mencionados, sin duda asimétricos, se explican tanto por el impacto diferencial del cierre de escuelas que afectó a 33.4 millones de niños y jóvenes en el país durante el año escolar en 2020 (UNICEF, 2021) como por la falta de acceso a recursos tecnológicos y apoyo educativo. Esto se debe, en gran parte, a que los niños de padres con bajo nivel educativo perdieron, en promedio, 54 % del año escolar en 2020, mientras los niños de padres con alto nivel educativo perdieron, en promedio, solo 7 % del año escolar (Lustig et al., 2023).

En este documento resaltamos la importancia de reflexionar sobre las crecientes brechas en educación y salud que afectan y afectarán a las generaciones actuales y futuras de niños y adultos en el país. El énfasis se pone en las brechas porque estas contribuyen a que los efectos de corto plazo persistan a través de generaciones y se reflejen en la alta desigualdad de ingresos y riqueza que se observa en el país. En la actualidad, México se enfrenta a grandes desafíos en términos de igualdad de oportunidades que no están siendo efectivamente abordados por las políticas actuales. La inacción ante el choque pandémico, como muestra este análisis, conlleva un riesgo significativo de aumento en las brechas de oportunidades y la perpetuación de la pobreza y la vulnerabilidad.

Referencias

Bleynat, I. y Monroy-Gómez-Franco, L. (2023). Does Globalization Reward Education? Evidence for Mexico, en: Mattei, P., Dumay, X., Mangez, E. y Behrend, J. (eds.), The Oxford Handbook of Education and Globalization, Oxford: Oxford University Press. Chapter 43

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Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA). (2023). Recuperado el 18 de agosto de 2023. https://cima.iadb.org/regional-overview/learning/pisa

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Lustig, N., Martinez Pabon, V., Neidhöfer, G. y Tommasi, M. (2023). Short and Long-Run Distributional Impacts of COVID-19 in Latin America. Economía LACEA Journal, 22(1), p.96–116.

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Orozco-Corona, M., Espinosa, R., Fonseca, C. E., y Vélez-Grajales, R. (2019). Informe movilidad social en México 2019: Hacia la igualdad regional de oportunidades. Ciudad de México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

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UNICEF. (2021). COVID-19 and School Closures: One year of education disruption. Report. https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/

CONOCE MÁS DE LOS AUTORES

Valentina Martinez Pabon es asociada postdoctoral en el Economic Growth Center de la Universidad de Yale. Antes de unirse a la Universidad de Yale, completó su doctorado en Economía en la Universidad de Tulane y trabajó como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su investigación se centra en el análisis de la dinámica de la desigualdad y la pobreza en países en desarrollo. En su investigación más reciente sobre la región de América Latina, estudia los efectos a corto y largo plazo del COVID-19 en la pobreza y la desigualdad, además de explorar diferentes métodos para corregir la declaración errónea de ingresos en las encuestas de hogares, con el objetivo de lograr una medición más precisa de la desigualdad de ingresos.

Luis Monroy-Gómez-Franco es profesor asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Completó un doctorado en Economía en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y es investigador asociado externo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Su investigación se enfoca en la relación entre la desigualdad de oportunidades, la estratificación social y la movilidad social intergeneracional en México. Sus proyectos de investigación más recientes versan sobre la relación entre movilidad económica y movilidad educativa intergeneracional en México, así como en la distribución de la composición del ingreso en América Latina.

Diego Castañeda Garza | @DiegoCastaneda

Desigualdad alta y persistente

La alta desigualdad, la violencia y la poca capacidad fiscal de México bien podrían considerarse los tres problemas más grandes del país. Lo más sorprendente y decepcionante es que lo han sido durante casi toda nuestra historia como nación independiente. Si pensamos con cuidado, los tres tienen un común denominador: un Estado débil.

La fragilidad de nuestro Estado la podemos trazar desde sus orígenes: nació de una guerra de independencia que diezmó la economía (Coatsworth 1989). Una de sus primeras acciones fue reducir diversos tipos de impuestos, algunos por buenas razones coherentes con la independencia y la abolición de la esclavitud (el impuesto de la capitación) y otros por la presión de grupos de interés (los impuestos a la minería). El resultado fue un Estado con pocos recursos, con grandes deudas que se volverían impagables y cerrarían el acceso del país a los mercados internacionales. Así, podrían la nación en manos de agiotistas que amasarían enormes fortunas financiando gobiernos con los que se coludían (Hernández Jaimes 2013). El resultado de esta dinámica fue un Estado fiscalmente débil, políticamente inestable, susceptible a la captura política por intereses económicos, incapaz de controlar su territorio. Con ello, hubo una distribución desigual tanto del ingreso como de la riqueza.

Según nos muestra el trabajo de Milanović, Lindert y Williamson (2011), Nueva España, en las últimas décadas de la colonia, fue uno de los territorios más desiguales de la historia. Por esta razón, Humboldt, en sus famosos viajes por el México del fin de la colonia, lo bautizó «el país de la desigualdad» (Humboldt 1822). Para Humboldt, así como para cualquier otro habitante del México de ese tiempo, la desigualdad se notaría en el tipo de trabajo que realizaban las personas, la discriminación racial, el despojo de tierras, etc. Hoy en día, aunque no hemos superado esos problemas, al menos en los aspectos económicos, tenemos una tarea más sencilla: contamos con instrumentos más precisos que nuestros ojos, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) del INEGI y la Encuesta Nacional Sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) del INEGI y Banco de México.

Reconstruir los niveles de desigualdad del siglo XIX mexicano y de la primera mitad del siglo XX no es una tarea sencilla. Para el siglo XIX, si bien no contamos con suficientes datos de ingresos como para producir una serie, sí hay otros registros, como las sucesiones testamentarias. Estas permiten aproximarse a la distribución de la riqueza. Para finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, podemos usar los censos y anuarios estadísticos con una técnica que se ha vuelto muy popular entre historiadores económicos: las tablas sociales. A continuación, en la figura 1, se muestra la evolución de la desigualdad de riqueza y de ingresos con ambas aproximaciones.

Figura 1: Desigualdad de riqueza e ingresos en México, siglos XIX, XX y XXI.

Fuente: Panel A: Elaboración propia con datos de Castañeda Garza (2022), Castañeda Garza (2023a), Credit Suisse, WID, Vellinga (1985). Panel B: Elaboración propia con datos de Castañeda Garza (Forthcoming), Castañeda Garza y Bengtsson (2020), Fitzgerald (2008), Székely (2005) e INEGI.

Los paneles A y B de la figura 1 nos muestran cómo la desigualdad de riqueza y la de ingresos han mantenido niveles elevados durante gran parte de nuestra historia. Nótese que las distintas mediciones que componen dichos paneles no son estrictamente comparables entre sí, pues usan distintas fuentes y métodos de estimación. Ahora bien, a pesar de no poder tomar dichas estimaciones históricas como puntuales, sí nos permiten tener una idea general de la dinámica de la desigualdad a través del tiempo, es decir, su trayectoria general y su relación frente a los eventos de nuestra historia.

El panel A ilustra la evolución de la desigualdad de riqueza. Esta se muestra muy alta y prácticamente siempre ronda el 0.8 —o por arriba— en el coeficiente de Gini y, en tiempos recientes, ha alcanzado el valor de 0.9. La riqueza en periodos preindustriales es un mejor aproximado a los niveles verdaderos de desigualdad que el ingreso, pues las personas, en esos periodos, no siempre recibían ingresos monetarios (Castañeda Garza y Krozer 2023). En el siglo XIX, el panel A nos muestra que fueron los años entre las guerras con Estados Unidos y con Francia, así como conflictos internos como la Revolución de Ayutla y la Guerra de Reforma, lo que parecen haber logrado destruir y redistribuir la riqueza nacional de tal forma que se observa una ligera igualación. El mismo panel nos muestra cómo el Porfiriato y su relativa paz —que permitió la expansión económica—, también pueda relacionarse con un incremento sustancial de la desigualdad de riqueza, con el despojo de tierras (con leyes como la Ley de Colonización de 1883), con la represión del movimiento obrero y con el crecimiento de la economía de la hacienda y la explotación de trabajadores agrícolas.

En el presente, el panel A nos muestra que la expansión de la economía mexicana en el siglo XX, a pesar de todas las ganancias en términos de derechos laborales, avances de seguridad social y mejoras educativas, no han logrado mucho en términos de igualar la distribución de la riqueza. Si tomamos los estimados del World Inequality Lab (WID), o los de Credit Suisse, encontramos una creciente concentración de la riqueza.

Por el lado del ingreso, el panel B nos ofrece una historia con varias coincidencias, pero que permite examinar a mayor detalle qué pasó en los siglos XX y XXI. La desigualdad de ingreso fue alta durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. A pesar de todos los logros de esta última (la transformación capitalista de la economía de la hacienda, el impulso a la educación, a la salud y la expansión de derechos laborales) no fue capaz de cambiar su trayectoria. ¿Por qué? En mi opinión, es por la fuerza del cambio estructural en la economía mexicana. Si bien la Revolución logró repartir tierras, introdujo impuestos como el ISR, o el impuesto a las herencias en la década de 1920. Asimismo, impulsó los derechos sociales y económicos: fue un periodo en el que dominó la modernización de la economía. México era una economía dual y la mayor productividad de los trabajadores industriales en las ciudades creó una fuerte divergencia con la economía agraria, de la que vivía la mayor parte de la población hasta mediados del siglo XX. Como explicaba Keesing (1969), la economía mexicana experimentó un tipo de industrialización en la que el capital sustituyó al trabajo, por lo tanto, no generaba suficientes empleos para absorber dos fenómenos problemáticos: 1) el rápido crecimiento de la población y 2) la migración del campo a las ciudades. Ambos fenómenos sin duda, contribuyeron al incremento de la informalidad y de la pobreza urbana en el país.

Este tipo de industrialización fue problemático: en lugar de jugar en pro de las ventajas del país, la gran mano de obra poco calificada jugó en contra. Robert Allen (2012), en una comparación entre varios países, encuentra en este tipo de industrialización una de las causas fundamentales de la gran divergencia entre países ricos y países en desarrollo. El México de mediados del siglo XX tuvo modestos avances en la reducción de la desigualdad de ingreso, especialmente en el periodo del «milagro mexicano», sobre todo como muestra Vellinga (1985) para el caso de Monterrey, por la expansión de la seguridad social. No obstante, al observar la incidencia del gasto público del Estado mexicano del periodo, se observa que este cerró un poco las brechas de ingreso al concentrarse en la clase media, no en los más pobres. La brecha entre clases altas y medias disminuyó, pero la brecha con las clases bajas incrementó. Este tipo de esfuerzo redistributivo, que favoreció a la clase media sobre los pobres, es lo que Jorge Graciarena (1979) llamó distribución mesocrática.

Además del enfoque mesocrático, otro factor que explica la relativa estabilidad de la distribución del ingreso y las reducciones marginales en el siglo XX fue la falta de progresividad en el sistema fiscal. En las décadas de 1960 y 1970 se intentaron reformas fiscales: se buscaba que fortalecieran las finanzas públicas y que ayudaran a mejorar la distribución. En ambos casos, el Estado mexicano no fue lo suficientemente fuerte como para llevarlas a cabo. La oposición de grupos de interés, en especial los empresarios del grupo Monterrey (Ortiz Mena 1988), hicieron que los intentos de reforma fracasaran. El ejemplo más emblemático —y quizá más trágico— fue el del famoso intento de reforma de 1961 (Urquidi, Aboites y Unda 2011). Los economistas que la trabajaron advirtieron, 20 años antes, que, de no reformar, el gasto público tendría que recaer fuertemente en la deuda. Con el tiempo, esa situación podría desatar una severa crisis en las finanzas públicas.

Las voces de Víctor Urquidi, Ifigenia Navarrete y otros economistas involucrados en el intento de reforma de 1961 resultaría profética: un par de décadas en el futuro, la quiebra del modelo que conocemos como desarrollo estabilizador y las fuertes crisis económicas del país llegaron de la mano de la debilidad fiscal del Estado. Desde la década de 1990, el enfoque de la política social, en apariencia, dejó de ser mesocrático: la focalización de la política social llevó a una reducción pequeña, pero sostenida, de la desigualdad en el país. No obstante, persiste la regresividad del sistema fiscal, en la que recaudamos poco y la carga se la llevan las clases medias.

Figura 2: La progresividad fiscal en México en 2014

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2016 Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas para el año 2014. Y Reyes, M., Teruel, G., López, M., 2017. Measuring True Income Inequality in Mexico: Measuring True Income Inequality in Mexico. Latin American Policy 8, 127–148.

La figura 2 nos muestra una estimación básica de la progresividad del sistema fiscal mexicano. Los ingresos por decil menos los impuestos pagados por decil. Con base en los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 2014 y con los datos ajustados para corregir por los altos ingresos de Reyes et al. (2014), llegamos a un resultado esclarecedor: el decil 10, es decir el 10% de más altos ingresos y seguramente dentro de este el 1% se beneficia, mientras que el 90 % restante lleva la carga. Nuestro sistema fiscal produce desigualdad.

Ya en el presente, los resultados de la ENIGH 2022 son alentadores. Podemos ver que la reducción de la desigualdad continúa: quizá sea el resultado de una exitosa y necesaria política laboral después de décadas de abandono. Los salarios mínimos más altos han cerrado un poco la brecha con el ingreso medio, y se han combatido las prácticas como la subcontratación. Todo lo anterior tiene efectos claramente redistributivos. Aunque la política social quizá haga menos de lo que podría si contara con un mejor diseño, también ha contribuido con esta reducción. Instrumentos como la pensión para adultos mayores son progresivos, pues este grupo representa una buena parte de la población en pobreza en el país. No obstante, la distribución de la mayoría de los programas parece haber recuperado su naturaleza mesocrática, ya que ha aumentado los beneficios en la parte media y alta de la distribución. Con ello, se desaprovecha la oportunidad de incidir con mayor fuerza en la parte baja.

La historia de la desigualdad en México es la historia de nuestra debilidad fiscal. Un Estado débil, que no cuenta con suficientes recursos para invertir en su población, crece menos, es inestable, es propenso a la violencia y susceptible a la captura. Así, se genera un círculo vicioso en el que la desigualdad se vuelve una trampa de la que es difícil escapar. Si algo nos enseña nuestra historia es que no hay recetas sencillas para resolver estos problemas. Las soluciones son dolorosas, complejas y requieren grandes acuerdos nacionales. Quizá la forma más efectiva de comenzar es por el común denominador de nuestros problemas y, de una vez por todas, atacar nuestra crónica debilidad fiscal.

Fuentes

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Castañeda Garza, D., & Krozer, A. (2023). LIFE ON THE EDGE: ELITES, WEALTH AND INEQUALITY IN SONORA 1871-1910. Revista de Historia Económica / Journal of Iberian and Latin American Economic History, 41(1), 7-38. https://doi.org/10.1017/S0212610922000052

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Reyes, M., Teruel, G., & López, M. (2017). Measuring True Income Inequality in Mexico: Measuring True Income Inequality in Mexico. Latin American Policy, 8(1), 127-148. https://doi.org/10.1111/lamp.12111

Székely, M. (2017). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. El Trimestre Económico, 72(288), 913. https://doi.org/10.20430/ete.v72i288.566

Urquidi, V. L., Aboites, L., & Unda Gutiérrez, M. (2011). El fracaso de la reforma fiscal de 1961: Artículos publicados y documentos del archivo de Víctor L. Urquidi en torno a la cuestión tributaria en México (1. ed). Colegio de México.

Vellinga, M. (1988). Desigualdad, poder y cambio social en Monterrey (1. ed). Siglo Veintiuno Editores.

CONOCE MÁS DEL AUTOR

Diego Castañeda Garza es candidato a doctor en historia económica por la Universidad de Uppsala y maestro en historia económica por la Universidad de Lund. Es autor de los libros Pandenomics: Una introducción a la historia económica de las grandes pandemias, MalPaís/UNAM y del proximo libro Desiguales: Una pequeña historia de la desigualdad en México, Debate. https://www.dcastanedag.com/

Paloma Villagómez Ornelas | @palomaparda

Seguridad alimentaria mexicana 2018 – 2022:
avances entre contrastes

La inseguridad alimentaria se describe como la falta de acceso a una dieta sana, variada, suficiente y estable por razones asociadas a la escasez de recursos económicos o de otra índole. En los últimos tres años, la pérdida o disminución de ingresos en la pandemia, así como las dificultades de abasto y el alza de precios propiciada, en principio, por el conflicto bélico en Ucrania, presentaron serios obstáculos al acceso a una alimentación adecuada. Lo anterior, en un contexto en el que buena parte de la población mundial ya experimentaba dificultades asociadas con la pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2022, la inseguridad alimentaria global mostró pocos cambios respecto a los dos años previos. En este periodo, 29 % de la población mundial (2,400 millones de personas) se encontró en inseguridad alimentaria moderada o severa, una cifra superior a la de 2019 (25.3 %). En su reporte de 2023, el organismo estima que en 2030 —año de cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)—, 600 millones de personas experimentarán hambre: la cantidad es similar a la de 2015, cuando se establecieron dichos objetivos. De acuerdo con sus cálculos, la pandemia y la guerra sumaron alrededor de 119 millones de personas en esta situación.

En México, los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 permiten analizar la evolución de dicho indicador. En este documento describo algunos hallazgos principales del último año y su desempeño respecto a años anteriores. Como veremos, el caso mexicano se distingue de manera positiva del escenario mundial, dada una reducción importante de la inseguridad alimentaria, no solo respecto al momento de la pandemia (2020), sino también a su comportamiento en la medición inmediata anterior (2018). Ahora bien, estos resultados alentadores coexisten con la persistencia de desigualdades estructurales en el acceso a alimentos y con una tendencia preocupante hacia la posible intensificación de la privación de grupos notoriamente precarizados.

Tendencias generales

En 2022, 60 % de los hogares mexicanos declaró no tener limitaciones en el acceso a alimentos sanos, variados y suficientes. Este porcentaje representa un aumento de prácticamente diez puntos porcentuales respecto a 2020. Si bien era esperable que la seguridad alimentaria aumentara como resultado de la recuperación económica en el periodo post-pandémico, los datos superaron, incluso, los niveles de 2018 (cuadro 1). Resulta aún más alentador que el porcentaje de personas con inseguridad alimentaria moderada o severa haya descendido de 21 a 16 %, en el mismo periodo.

A nivel subnacional, el cambio en la mayoría de las entidades federativas del país también fue positivo. Aunque el porcentaje de seguridad alimentaria es típicamente mayor en estados con niveles de desarrollo económico y social más elevados, las entidades que concentraron niveles superiores de pobreza experimentaron los aumentos más importantes en el acceso a la alimentación entre 2018 y 2022.

Gráfica 1.

La seguridad alimentaria está directamente ligada con el nivel de recursos para la adquisición de alimentos. De manera general, a mayores ingresos corresponden niveles superiores de seguridad alimentaria. Esta relación estructural se constató en México en 2022 (gráfica 2) y es posible observar que, respecto a 2018, los deciles de ingreso corriente total per cápita que más aumentaron el acceso a alimentos fueron los primeros, es decir, los más vulnerables económicamente (gráfica 3).

Gráfica 2.

Gráfica 3.

Si miramos más allá del ingreso y analizamos la relación entre la inseguridad alimentaria y la pobreza —entendida como una condición multidimensional—, vemos que la relación directa y negativa se mantiene: a mayor pobreza, menor seguridad alimentaria. Sin embargo, vale la pena notar que, entre quienes experimentan pobreza —en particular, pobreza extrema—, el aumento de la seguridad alimentaria entre 2018 y 2022 fue evidente y superior al que también registró la población que no estaba en dicha situación (gráfica 4). Como en los casos anteriores, pareciera que la población en condiciones más adversas tuvo los avances más notables en cuanto al acceso a la alimentación.

Gráfica 4.

Buenos resultados en el marco de desigualdades estructurales persistentes

Así como la distribución del ingreso o la pobreza, la inseguridad alimentaria se organiza por desigualdades sociales estructurales que, como era previsible, persistieron en 2022, pero con algunos avances. La inseguridad alimentaria suele ser mayor en el ámbito rural, en los hogares indígenas y en los hogares con menores, donde hay menos proveedores económicos y más consumidores. Como se puede observar en las gráficas 5, 6 y 7, la población con estos atributos experimentó mejorías importantes en sus niveles de seguridad alimentaria, derivados de la disminución notable de los grados más intensos de esta privación.

Al respecto, en un análisis previo destaqué que, si bien es menor, la seguridad alimentaria de los hogares rurales e indígenas había resistido un poco más que la de sus contrapartes urbanas y no indígenas. Lo anterior, en virtud de que los efectos más fuertes de la pandemia se experimentaron en las ciudades más grandes. En otras palabras, en 2020, estos grupos poblacionales lograron contener, de alguna manera, el impacto de la pandemia en el acceso a alimentos y, al parecer, en el último bienio aprovecharon su ventaja mejorando aún más su situación.

Gráfica 5.

Gráfica 6.

Gráfica 7.

Ahora bien, con respecto a la intersección entre las desigualdades alimentarias y las de género, encontramos que los hogares encabezados por mujeres tienden más a la inseguridad alimentaria que sus contrapartes con jefaturas masculinas (gráfica 8). Asimismo, los hogares de jefatura femenina se caracterizan por su heterogeneidad y, como destaca la gráfica 9, la desventaja en términos de seguridad alimentaria respecto a los hogares con jefatura masculina se acentúa conforme se añaden capas que multiplican la desigualdad e intensifican la acumulación de desventajas sociales. De esta forma, la seguridad alimentaria de un hogar encabezado por un hombre no pobre duplica la de un hogar jefaturado por mujeres en pobreza y triplica la de los grupos domésticos encabezados por una mujer en pobreza extrema.

Gráfica 8.

Gráfica 9.

La seguridad alimentaria en el contexto de la política social nacional

Hasta aquí, queda registrado que entre 2018 y 2022 el aumento en la seguridad alimentaria nacional benefició al conjunto de la población, pero fue especialmente notorio en grupos con desventajas estructurales, como la residencia en entornos rurales, la pertenencia étnica, la pobreza de ingresos o multidimensional o la jefatura femenina. En los múltiples ejercicios de análisis que se han producido tras el lanzamiento de la ENIGH 2022, se ha demostrado que una buena parte de este resultado se puede atribuir a un aumento generalizado de ingresos, en especial, de ingresos laborales, remesas y transferencias gubernamentales.

Se trata, por supuesto, de una buena noticia que cabe esperar que se mantenga hacia el futuro. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el papel que juega la acción pública en esta mejoría, en el entendido de que el Estado es el garante ulterior del derecho a la alimentación. El gobierno mexicano se caracterizó por desplegar una respuesta limitada a la seguridad alimentaria durante la pandemia; más aún, la cobertura de los programas sociales se redujo entre los primeros deciles de ingreso, la población rural y los hogares indígenas. Después, frente a la inflación alimentaria global, el gobierno federal coordinó algunos esfuerzos, como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Su objetivo era la estabilidad de los precios de algunos productos básicos cuyos costos, sin embargo, se mantuvieron al alza, no solo porque las acciones fueron insuficientes, sino porque el mercado alimentario interno es, de hecho, extremadamente vulnerable a la inestabilidad mundial. En este escenario en el que se buscaba que ciertos grupos precarizados no empeoraran más su situación en 2020, los resultados obtenidos se debieron a los esfuerzos y estrategias de subsistencia de los grupos mismos y no a la intervención pública.

Por lo anterior, preocupa constatar que, en 2022, estos sectores de la población aún pierden apoyos gubernamentales. Si bien entre 2018 y 2022 el porcentaje de población en hogares que perciben programas sociales aumentó de 31 a 36 % —tras una disminución a 29 % en 2020—, la población en pobreza y pobreza extrema volvió a perder peso entre la población asistida. Por su parte, la población menos vulnerable ganó presencia (cuadro 2). Como resultado, a pesar de que los hogares en pobreza y pobreza extrema elevaron sus ingresos, la privación social se intensificó (cuadro 3).

Cuadro 2.

Cuadro 3.

En cuanto a la inseguridad alimentaria, destaca que la población con niveles moderados o severos disminuyó la recepción de programas sociales, mientras que quienes se encontraban en inseguridad leve —o incluso, no experimentan limitaciones en el acceso a la alimentación— elevaron su presencia. En otras palabras: cada vez más hogares con seguridad alimentaria reciben apoyos, mientras que, en 2022, seis de cada diez hogares que reportaron haber experimentado hambre, no recibieron apoyo gubernamental (gráfica 10).

Como resultado, entre 2018 y 2022, la composición interna de los hogares que reciben programas sociales cedió lugar a hogares en seguridad alimentaria (gráfica 11). En el escenario ideal, este resultado debería atribuirse al éxito de las intervenciones públicas. Ahora bien, en un contexto en el que las coberturas de los programas han descendido entre quienes más los necesitan, es posible que el acceso a la alimentación en estos hogares ya estuviera garantizado. Dicho de otro modo, el optimismo que podría despertar cierta tendencia hacia la universalidad en la política social se ve penosamente opacado por la pérdida de recursos públicos para quienes suponíamos prioritarios.

Gráfica 10.

Gráfica 11.

Los resultados de la ENIGH 2022 muestran que, en el último bienio, la política de seguridad alimentaria más exitosa en el país han sido la política laboral y la social. Ya sea por vía de ingresos laborales o por transferencias monetarias, su efecto en la capacidad de compra de alimentos en los hogares es indiscutible. Conformarnos con estos resultados significa conceder que la alimentación no es más que una necesidad que se satisface en el mercado. Sabemos, sin embargo, que se trata de un derecho que va más allá del acceso económico: involucra también aspectos de disponibilidad, calidad y estabilidad que requieren políticas integrales con enfoque de seguridad alimentaria. Mientras las anteriores falten, reforzar la posición de las familias ante el mercado será indispensable, pero no suficiente.

CONOCE MÁS DE LA AUTORA

Paloma Villagómez Ornelas es Socióloga por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) y Doctora en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de México.

Cuenta con varios años de experiencia trabajando en proyectos relacionados con la pobreza y la desigualdad desde el sector público y la academia. En 2020 fue investigadora posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM). Entre 2021 y 2022 fue profesora visitante del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Región Centro (CIDE-RC).

Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde desarrolla proyectos relacionados con seguridad alimentaria en grupos específicos de población, desigualdad social y pobreza. Sus líneas de investigación son: pobreza, desigualdades sociales, seguridad alimentaria, trabajo reproductivo, trabajo alimentario.

Gonzalo Hernández Licona | @GHLicona

La pobreza bajó; para los más pobres se incrementó

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2018 y 2022, la pobreza se redujo en 5.1 millones de personas. El resultado es bueno, sobre todo después del incremento de la pobreza entre 2018 y 2020, originado por la disrupción económica y social que trajo la pandemia de COVID-19.

Sabemos que desde 2008, la medición de la pobreza en el país resulta de las siete dimensiones que afectan a los hogares: la falta de ingreso, el rezago educativo, la carencia de acceso a los servicios de salud, la carencia de acceso a la seguridad social, la baja calidad y espacios de vivienda, la falta de servicios básicos en la vivienda y la carencia de acceso a la alimentación.

De esta forma, una persona se encuentra en situación de pobreza si su ingreso es menor al valor de la canasta básica, y además, tiene una o más carencias sociales (de las seis carencias previas, quitando el ingreso). Una persona está en situación de pobreza extrema si su ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria, y también, tiene tres o más carencias sociales. La pobreza y la pobreza extrema aumentan o disminuyen según la evolución de estas siete dimensiones. El cuadro 1 muestra un resumen de lo que ocurrió en el país entre 2018 y 2022.

Cuadro 1

Cambios en la pobreza, pobreza extrema y carencias sociales 2018-2022

Millones de personas

Población en situación de pobreza	Población en situación de pobreza extrema	Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos	Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	Población con al menos una carencia social	Población con al menos tres carencias sociales	Población total
-5.09	0.39	-5.67	-1.80	0.09	7.08	5.06
Rezago educativo	Carencia por acceso a los servicios de salud	Carencia por acceso a la seguridad social	Carencia por calidad y espacios de la vivienda	Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	Población total
1.53	30.31	-1.52	-1.96	-1.32	-4.10	5.06

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2018 y 2022.

La pobreza bajó en esta ocasión porque el efecto del mayor ingreso que recibió la población en pobreza (entre 2018 y 2022 se redujo en casi 5.7 millones las personas que tuvieron un ingreso menor a la canasta básica) fue mayor al del aumento de las personas con una o más carencias (aumentó en 100 mil personas). Sin embargo, en el caso de la pobreza extrema, pasó algo distinto. El número de personas con ingresos menores a la canasta alimentaria bajó en 1.8 millones, pero subió en 7.1 millones el número de personas con tres o más carencias. En valores absolutos, la pobreza extrema subió en casi 400 mil personas entre 2018 y 2022: la pobreza aumentó para los más pobres.

El cuadro 1 muestra que dos carencias sociales incrementaron durante el periodo de 2018 a 2022: el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud. Esta última aumentó en 30.3 millones de personas. Ambas contribuyeron al incremento en el número de personas con carencias y, por lo tanto, al incremento de la pobreza y la pobreza extrema.

Los anteriores son los promedios de los cambios en la pobreza, pero para entender mejor cómo le fue a toda la población, vale la pena ir más allá y analizar qué fue lo que ocurrió en cada uno de los deciles de ingreso. Si bien estos se construyen al ordenar a la población de menor a mayor ingreso y dividirla en diez grupos de un tamaño similar, en esta ocasión, se construyeron deciles por hogares utilizando el ingreso corriente total per cápita, tal y como lo hace el CONEVAL.

En los cuadros 2 y 3, vemos nuevamente que, en general, a la población más pobre, la que se encuentra en el primer decil, le fue peor en 2022 que en 2018. En el primer decil, es decir, para los más pobres del país, en 2022 hubo más personas en pobreza (1.56 millones). En pobreza extrema (casi un millón de personas), hubo más personas con ingresos menores a la canasta básica (1.7 millones) y a la canasta alimentaria (más de 200 mil personas) que en 2018.

En 2022, en comparación con 2018, los estratos en mayor pobreza sumaron 1.56 millones de personas en rezago educativo, 7.8 millones a la carencia de servicios de salud, y más de un millón a la falta de seguridad social. Al mismo tiempo, 10 mil personas experimentaron una mejora en la calidad de vivienda, 400 mil accedieron a mejores servicios básicos en sus hogares y 90 mil personas contaron con mejor acceso a la alimentación. Como las malas noticias en materia de carencias sociales son más grandes que las buenas para los más pobres en 2022, entonces, para el primer decil hubo más personas con al menos una carencia social (1.56 millones más) y más personas con tres o más carencias sociales (casi 2 millones de personas más). Todo lo anterior explica mejor por qué la pobreza aumentó para los más pobres, para los pobres extremos.

Los cuadros 2, 3 y sobre todo el 4, permiten observar que, mientras más ingreso, la población experimentó una mejora relativa en casi todos los indicadores de pobreza durante estos cuatro años. El rezago educativo aumentó en prácticamente toda la población del país entre 2018 y 2022, pero se incrementó en 1.5 millones de personas en los primeros cinco deciles (los más pobres). No obstante lo anterior, solo aumentó en 43 mil personas en los cinco deciles con mayores ingresos. La falta de acceso a servicios de salud aumentó para todos, pero creció en 25.1 millones para el 50 % más pobre y creció en 5.3 millones para el 50 % con más ingresos. La carencia de acceso a la seguridad social aumentó en 723 mil personas para la mitad de la población en mayor pobreza y se redujo en 2.2 millones para la mitad de la población con mayores ingresos. En el caso de las carencias por calidad de la vivienda, en los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación, se observó una mejora en toda la población, pero en este caso, la población con menos ingresos experimentó un progreso mayor. Las carencias que aumentaron fueron más numerosas que las que se redujeron para la población con menos ingresos.

Cuadro 2

Cambios en la pobreza, pobreza extrema y carencias sociales 2018-2022, por deciles de ingreso

Millones de personas

Deciles	Población en situación de pobreza	Población en situación de pobreza extrema	Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos	Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	Población con al menos una carencia social	Población con al menos tres carencias sociales	Población total
I	1.56	0.98	1.69	0.23	1.56	1.96	1.69
II	1.23	-0.59	1.83	-2.03	1.23	1.54	1.83
III	-1.66		-1.05		0.13	0.98	0.95
IV	-0.37		0.31		0.31	1.18	1.12
V	-5.68		-8.19		-0.62	0.48	0.34
VI	-0.17		-0.25		-0.52	0.42	0.02
VII					-0.69	0.21	0.11
VIII					-0.57	0.14	-0.04
IX					-0.46	0.09	-0.26
X					-0.27	0.09	-0.70
Total	-5.09	0.39	-5.67	-1.80	0.09	7.08	5.06

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2018 y 2022.

Los espacios en blanco se deben a que no había población en esos espacios, ni en 2018, ni en 2022.

Cuadro 3

Cambios en la pobreza, pobreza extrema y carencias sociales 2018-2022, por deciles de ingreso

Millones de personas

Deciles	Rezago educativo	Carencia por acceso a los servicios de salud	Carencia por acceso a la seguridad social	Carencia por calidad y espacios de la vivienda	Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad	Población total
I	0.23	7.80	1.08	-0.01	-0.41	-0.09	1.69
II	0.41	6.21	0.55	-0.33	-0.24	-0.38	1.83
III	0.32	4.59	-0.19	-0.46	-0.20	-0.74	0.95
IV	0.43	3.86	0.03	-0.18	-0.08	-0.20	1.12
V	0.09	2.61	-0.75	-0.33	-0.05	-0.74	0.34
VI	0.03	1.95	-0.58	-0.26	0.01	-0.54	0.02
VII	-0.00*	1.49	-0.62	-0.18	-0.26	-0.54	0.11
VIII	-0.01	1.01	-0.42	-0.19	-0.08	-0.44	-0.04
IX	-0.04	0.48	-0.38	-0.02	-0.05	-0.24	-0.26
X	0.07	0.32	-0.25	0.01	0.03	-0.18	-0.70
Total	1.53	30.31	-1.52	-1.96	-1.32	-4.10	5.06

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2018 y 2022.

*Reducción de 1,748 personas.

Entre 2018 y 2020, hubo 27.3 millones de personas con más carencias en educación, servicios de salud y seguridad social, y una reducción de sólo 4.5 millones en vivienda y alimentación para el 50 % de la población con menos ingresos. Para aquellos con menores ingresos, se observó un incremento de 2.6 millones de personas que tuvieron, al menos, una carencia social. Por su parte, en el 50 % con más ingresos, se produjo un decremento de 2.5 millones de personas en esta situación. A la población con menos ingreso, a los más pobres, les fue peor entre 2018 y 2022.

Cuadro 4

Cambios en las carencias sociales 2018-2022 por situación en la distribución del ingreso

Millones de personas

Situación en la distribución del ingreso	Rezago educativo	Carencia por acceso a los servicios de salud	Carencia por acceso a la seguridad social	Carencia por calidad y espacios de la vivienda	Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
50% con menos ingresos	1.49	25.06	0.72	-1.32	-0.98	-2.16
50% con más ingresos	0.04	5.26	-2.25	-0.64	-0.35	-1.94

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2018 y 2022.

El caso de la carencia de acceso a la seguridad social merece atención. Esta carencia se reduce si se incrementa el empleo formal o si aumenta la cobertura de programas para adultos mayores no contributivos. Lo que nos muestra la información de la ENIGH es que, entre 2018 y 2022, la carencia de acceso a la seguridad se redujo en 3.2 millones de personas para los deciles III-X, pero aumentó en 1.6 millones para los más pobres (en este caso decil I y II). Ni el incremento de los empleos con IMSS (1.2 millones, aproximadamente, en este periodo), ni el aumento de casi 5.1 millones de personas con programa para adultos mayores —de acuerdo con la ENIGH— parecería que llegaron a la población en mayor pobreza. En otras palabras, ni el empleo formal, ni el programa estrella de este gobierno —la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores— son prioritarios para los estratos más pobres.

Finalmente, con estos datos, podemos ver exactamente qué sucedió en cada decil para explicarnos qué pasó con la reducción de pobreza y el incremento de pobreza extrema entre 2018 y 2022. Me parece significativo que del total de la reducción en la pobreza (5.1 millones) entre 2018 y 2022, en el decil V —que se encuentra en la mitad de la distribución del ingreso— se redujera en 5.7 millones. Este decil fue el que más se benefició de un mayor ingreso, ya que redujo en casi 8.2 millones de personas a quienes tenían un ingreso menor a la canasta básica. En ese mismo decil, la carencia de acceso a la seguridad social se redujo más que en cualquier otro (gracias a mejoras en empleo formal y al programa de adultos mayores). Los deciles III-VI redujeron la pobreza en 7.9 millones de personas, mientras que los deciles I y II —los más pobres— la aumentaron en 2.8 millones de personas. Entre 2018 y 2022, la pobreza disminuyó para la población en pobreza con más ingresos y aumentó para la población en pobreza con menos ingresos.

La historia es similar para la pobreza extrema, que abarca los dos primeros deciles. Entre 2018 y 2022, esta se redujo en 600 mil personas en el decil II, pero subió en un millón de personas en el I (el de mayor pobreza). La pobreza extrema bajó para quienes viven en esta condición y que perciben relativamente más ingresos, y subió para quienes perciben menos, dentro de este tipo de pobreza. Lo anterior se traduce en que, entre 2018 y 2022, el resultado fue malo para los más pobres.

Para estos años, la frase “primero los pobres” se tradujo, en la práctica, en “primero los pobres, excepto los más pobres”

CONOCE MÁS DEL AUTOR

Gonzálo Hernández Licona estudió la Licenciatura en Economía en el ITAM, la Maestría en Economía por la Universidad de Essex y el Doctorado en la misma área por la Universidad de Oxford. Se desempeñó como Director General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto de 2002 a 2005. Ha sido profesor del Departamento de Economía del ITAM de 1991 a 1992 y de 1996 a la fecha, en donde es catedrático de la materia de Desarrollo Económico. Fungió como director de la Carrera de Economía en la misma institución entre 1998 y 1999. De 1996 a 2000, fue Representante Académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997 y fue también miembro del Grupo de Evaluación para la Alianza GAVI 2010-2017. Se desempeñó como Secretario Ejecutivo del CONEVAL entre 2005 y 2019. Es miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México desde 2018. A partir de 2020 es director de la Red de Pobreza Multidimensional, y asesor en evaluación para la Global Evaluation Initiative (GEI), Innovation for Poverty Action (IPA), UNICEF, el BID, y es Senior Research Fellow del International Initiative for Impact Evaluation (3ie).

Alejandra Llanos Guerrero | @alellaanos

Ni esfuerzos ni recursos para la educación

A inicios de la presente administración se declaró que no se escatimarían esfuerzos ni recursos para garantizar la igualdad de oportunidades educativas. Sin embargo, en 2022, el gasto educativo alcanzó el nivel más bajo de la última década: los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) arrojaron un aumento de 1.6 millones de personas en rezago educativo (la tercera carencia social), en comparación con 2018.

Además del dato anterior, la ENIGH nos permite analizar otros tres indicadores: matrícula escolar, tasa neta de escolarización —número de alumnos con la edad típica para cursar cierto nivel educativo entre la población total en ese grupo de edad– y beneficiarios de becas, por decil de ingresos.

La población estudiantil alcanzó los 35.5 millones, lo que representa 700 mil 164 estudiantes menos que en 2018. Con excepción de la educación superior, el resto de los niveles educativos presentaron caídas en su matrícula. El sistema educativo no ha logrado incorporar a más niñas, niños y adolescentes a las escuelas, a pesar de que la población total de 0 a 8 años disminuyó en un 10 %, caída que se atribuye a la transición demográfica.

La tasa neta de escolarización se ubicó en niveles de 2018. En preescolar alcanzó el 70.1 %, lo que significa que 3 de cada 10 infantes de 3 a 5 años no asistieron a la escuela. La educación primaria registró una tasa de 94.3 % y disminuyó un punto porcentual respecto a 2018. A excepción del decil X, todos los deciles de ingreso experimentaron reducciones en esta tasa. En secundaria, la tasa neta fue de 83.6 %, con una disminución de 0.9 puntos porcentuales. Sin embargo, esta tasa alcanzó una diferencia de 14.2 puntos porcentuales entre el decil I y X: solamente 7 de cada 10 estudiantes del decil I asistieron a secundaria. En el decil X, fue 9 de cada 10.

La educación media superior (bachillerato y técnica con secundaria terminada) presentó una tasa neta de 67.2 %, es decir, solo aumentó 0.8 puntos porcentuales respecto a 2018. Asimismo, esta tasa evidenció desigualdades en el acceso a la educación al diferir en más de 33.4 puntos porcentuales entre el decil I y X. En educación superior, la tasa neta creció 2.9 puntos porcentuales, pues pasó de 29.5 %, en 2018, a 32.4 %, en 2022. Esta aumentó para los primeros ocho deciles de ingreso, sin embargo, este nivel presentó la mayor variación en el acceso a la educación entre el decil I (13.1 %) y el X (57.2 %).

En los extremos de la población, la educación (inicial y educación para adultos) resulta crucial dadas las transiciones demográficas, digitales y laborales. Ahora bien, por un lado, la ENIGH no ha capturado datos sobre educación inicial; por el otro, la educación primaria y secundaria para mayores de 15 años reportó una caída de 288 mil personas en comparación con 2018, y la población de 18 años o más que asiste a la educación media superior disminuyó en 277 mil. De forma paralela, el presupuesto para la educación de adultos disminuyó 25.8 %.

Población de 15 años o más que recibe educación básica y media superior

Nivel	2018	2022	Diferencia
Primaria	138,364	25,321	-113,043
Secundaria	535,772	360,782	-174,990
Educación para adultos	674,136	386,103	-288,033
Media Superior	1,139,818	862,631	-277,187

Respecto a quienes se beneficiaron de becas, de 2018 a 2022, se observó un aumento del 3.1 % en el porcentaje de estudiantes con becas, hasta alcanzar 23.6 %. Aunque el porcentaje de estudiantes con becas creció, la distribución no fue equitativa: la proporción de estudiantes del decil I sin beca creció 6.9 puntos porcentuales respecto a 2018. Estos programas de becas concentran cerca de 10 % del presupuesto educativo.

Las políticas educativas de la presente administración no lograron un aumento significativo en la tasa neta de escolarización y persisten desigualdades en el acceso a la educación en los diferentes niveles. Además, la inversión en programas de becas no priorizó la consigna «por el bien de todos, primero los pobres».

CONOCE MÁS DE LA AUTORA

Alejandra Llanos Guerrero es licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato, realizó sus prácticas profesionales en el Banco Interamericano de Desarrollo, sede Washington DC, donde mejoró sus habilidades en investigación económica y manejo de bases de datos. A lo largo de la licenciatura fue asistente de investigación, impartió los laboratorios de Econometría y fue finalista del Reto Banxico 2018. Entre sus principales intereses se encuentran los temas de desigualdad desde una perspectiva de derechos. Actualmente colabora con el CIEP como coordinadora del área de Educación y Finanzas Públicas. Trabaja para que todas las niñas y niños de México tengan acceso a una educación de calidad.

Alejandra Macías Sánchez | @maacias

Pensiones a costa de un sistema de cuidados

Así como los derechos a la educación y a la salud, las pensiones son un derecho de todas las personas. Se trata de la principal fuente de ingreso en la vejez o durante algún evento que genere discapacidad o muerte. Sin embargo, el financiamiento de las pensiones —en su mayoría público— es más estable que el de los otros derechos humanos y constitucionales.

Las pensiones en México se pueden analizar desde diferentes aristas. Estas son un sistema fragmentado, con al menos siete instituciones que las otorgan a nivel federal. Desde 1997, este sistema ha experimentado diferentes reformas: pasó de un esquema de beneficio definido a otro de contribución definida. En este texto, las pensiones se dividen en contributivas y no contributivas. Las primeras se refieren a las pensiones vinculadas con el sector formal; para estas, los trabajadores contribuyen durante su vida laboral. Las segundas se refieren a una pensión social que, en el caso de México, es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En total, para 2023, se planea destinar 1.6 billones de pesos a pagar pensiones: 1.3 billones serán para las pensiones contributivas y 339 mil millones, para las no contributivas. Sin embargo, la distribución de este gasto —que representa más del 20 % del gasto total neto—, en la actualidad, genera desigualdad entre generaciones y no permite destinar recursos a salud, educación y a la creación de un sistema de cuidados.

Con los datos de la ENIGH 2022, analizamos la distribución, por deciles y entre hombres y mujeres, de las pensiones contributivas y no contributivas. Aunque los resultados no sorprenden, deberían tomarse como poderosas señales de que las desigualdades se refuerzan con las políticas actuales: los recursos públicos se concentran en los deciles más ricos y en los hombres.

En primer lugar, del total de personas que reportaron tener una pensión contributiva, 35.8 % son mujeres, es decir, 7.1 puntos porcentuales más que en 2018. En la figura 1, se observa que el decil 1 y 6 tienen descensos en la proporción de mujeres que cuentan con una pensión de este tipo. El bajo porcentaje de mujeres que tienen acceso a una pensión contributiva es resultado de no contar con políticas que permitan que se incorporen al mercado laboral, como un sistema de cuidados. Además, existe una brecha persistente (del 14 %) entre el monto de pensión que reciben los hombres y el que reciben las mujeres. Lo anterior asimismo se deriva de las diferencias que las mujeres enfrentan en los lugares de trabajo.

Ahora bien, la cantidad de personas que reciben una pensión no contributiva creció en todos los deciles y son más mujeres quienes reciben este apoyo. Sin embargo, el crecimiento en el número de personas con PBAM en los deciles más pobres fue de 25%, mientras que el aumento de las personas beneficiarias en el decil con más recursos creció cinco veces más en el mismo periodo.

En los años inmediatos será importante realizar cambios profundos en la asignación de recursos para pagar las pensiones a través de una reforma del sistema de pensiones que, además, identifique e implemente fuentes de financiamiento sostenibles.

CONOCE MÁS DE LA AUTORA

Alejandra Macías Sánchez es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM, Alejandra Macías Sánchez ha trabajado en el gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia y publicaciones en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social. Además, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y actualmente es directora ejecutiva en el CIEP. Se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas. Su interés primordial está en la mejora del sistema fiscal con base en evidencia y perspectiva de género.

Judith Senyacen Méndez Méndez | @JudySenyacen

Lejos de la cobertura universal,
cerca de los servicios privados

El miércoles 26 de julio se presentó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta encuesta tiene como objetivo capturar información sobre los ingresos, gastos y servicios que reportan los hogares. En materia de salud, la tasa de atención en el sistema público y el gasto de bolsillo no solo empeoran, sino que se alejan de los niveles previos a la pandemia. A pesar de que un sistema de salud universal y medicamentos para todos ha sido la promesa constante de la actual administración, la carencia por acceso a los servicios de salud aumenta y, con ello, la presión en el bolsillo de los hogares.

De acuerdo con la ENIGH, en 2022, la población que se autorreportó como no beneficiaria de alguna institución pública de salud aumentó hasta alcanzar alrededor de 42 % de la población total, lo que se aleja de ese 15 % de la población que se encontraba fuera del sistema público de salud en 2018. Esto no solo se traduce en la reducción de 13.4 millones de personas afiliadas a instituciones públicas de salud, sino en que el porcentaje de población que se autorreporta como afiliada disminuyó de 69 %, en 2020, a 57 %, en 2022.

La menor cobertura por afiliación se refleja en la caída de la tasa de atención efectiva. Aunque menos población dijo estar afiliada, el número de personas que reportaron una necesidad de salud aumentó. Así, la población que efectivamente recibió atención en el sistema público fue menor a la de 2018. En total, 55 millones de personas necesitaron atención médica y 41 millones la recibieron. No obstante lo anterior, 6 de cada 10 personas se atendieron en el sistema privado.

La insuficiencia del sistema público de salud ante las necesidades de la población tiene diversas causas. Estas van desde gobernanza, logística y administración, hasta la fragmentación del sistema, entre otras. Sin embargo, una variable que persiste en diferentes administraciones es el presupuesto.

La falta de atención se reflejó en el aumento de 30 % en el gasto de bolsillo de los hogares. Esto indica que, en promedio, los hogares gastan más en conceptos relacionados con la salud hoy, que lo que gastaban con el Seguro Popular. En particular, los hogares de menores ingresos duplicaron su gasto en la compra de medicamentos sin receta.

Además, al analizar el gasto de bolsillo de los hogares por afiliación, se observa un aumento en todas las instituciones. Los incrementos más signifcativos se reportaron en el ISSSTE e INSABI, que destinaron 46 y 41 % más, respectivamente, que en 2018.

Tabla 1. Gasto de los hogares en salud. Por afiliación

En conclusión, la insuficiencia presupuestaria y la falta de eficiencia en el gasto se reflejan en la caída de la población que se reconoce como afiliada, la disminución de la tasa de atención pública y el aumento del gasto de bolsillo. El cambio demográfico y la transición epidemiológica aumentarán cada vez más las necesidades de atención. Las acciones de prevención, detección temprana, innovación en tratamientos, entre otros, pueden contribuir a contener las presiones en el gasto en salud. Sin embargo, para que esto ocurra, se necesita cambiar la tendencia de hace más de una década y priorizar el gasto en salud sobre otros conceptos, como pensiones y energías fósiles, por ejemplo.

CONOCE MÁS DE LA AUTORA

Judith Senyacen Méndez Méndez es doctorante en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Obtuvo una maestría en Administración con especialización en Finanzas Corporativas y es licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Cuenta con experiencia en la evaluación socioeconómica de proyectos públicos. Tanto la Facultad de Medicina de la UNAM y Funsalud reconocieron su ensayo «Hacia un sistema sostenible de salud» como una propuesta innovadora para mejorar el Sistema de Salud en México. Se incorporó al CIEP en julio 2016 como coordinadora de las investigaciones de salud y de finanzas públicas. Su interés radica en contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.

25_grafica_cambio_gasto_2022_cra_ingreso_Alimentos, bebidas y tabaco

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25_grafica_cambio_gasto_2022_cra_ingreso_Gasto corriente monetario

¿Cómo vamos en desigualdad?

Además de ser la fuente principal para la construcción de la medición de pobreza multidimensional del CONEVAL, la ENIGH es la herramienta (parcial) a nuestra disposición para comprender el estado de la desigualdad en el país.

Para analizar esta situación y su evolución, empleamos diversas medidas de desigualdad, entre las que se incluye el coeficiente de Gini, ampliamente utilizado en la literatura económica. Además, utilizamos indicadores complementarios que ofrecen una perspectiva más completa de la desigualdad de ingresos en el país, como las tablas de distribución o tablas sociales y el índice de Palma.

Coeficiente de Gini

Coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es una medida que evalúa la distribución de ingresos en una población. Se expresa como un valor que oscila entre 0 y 1, donde 0 representa completa igualdad, mientras que 1 indica la máxima desigualdad.

Según los datos de la ENIGH, la desigualdad de ingresos en el país ha experimentado una disminución en los últimos años. El coeficiente de Gini pasó de 0.464 en 2016 a 0.413 en 2022. Este resultado es el que encontramos cuando analizamos la distribución del ingreso corriente total en los hogares. Sin embargo, al calcular el coeficiente de Gini del ingreso per cápita de los hogares, encontramos que este indicador pasó de 0.506 en 2016 a 0.458 en 2022. Aunque la magnitud es mayor que la observada con el ingreso total de los hogares, la tendencia a la baja se mantiene.

No obstante, es importante tener en cuenta que el subreporte de ingresos en las encuestas de ingresos de los hogares, en especial en los de mayores ingresos, pueden estar sesgados a la baja el cálculo del coeficiente de Gini, lo que da la impresión de una menor desigualdad observada en el país.

Para entender mejor este fenómeno, tomaremos como referencia los resultados del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALÚA), un organismo autónomo que ajusta los ingresos de la ENIGH según la información que reportan las Cuentas Nacionales (CN).

En la siguiente figura se puede apreciar que las reducciones constantes en la desigualdad de ingresos observadas en el país, de acuerdo con la ENIGH (ya sea en ingresos totales de los hogares o en ingresos per cápita), no se mantienen una vez que se ajusta la distribución de ingresos según las CN. Mientras que los datos de la ENIGH muestran una disminución en la desigualdad entre 2016 y 2018, el ajuste con CN revela un aumento. Además, como mencionamos anteriormente, los coeficientes de Gini calculados a partir de la ENIGH se mantienen consistentemente por debajo de los calculados después de realizar el ajuste por CN.

Tablas sociales o de distribución

Debido a que el coeficiente Gini es una medida sintética que concentra mucha información en un solo número, resulta difícil comprender la magnitud de la desigualdad en el país o los cambios en la misma. Por ejemplo, una reducción del coeficiente de Gini de 0.426 a 0.413 puede resultar abstracta en términos prácticos y no proporcionar una visión clara de la situación.

Para entender mejor la evolución de la desigualdad en el país, contamos con otras herramientas disponibles, como las tablas sociales o de distribución. Estas tablas representan la distribución porcentual del ingreso corriente total o del ingreso per cápita total en distintos grupos de la población. A partir de ahora, nos centraremos en los resultados relacionados con la distribución del ingreso per cápita.

Según los datos de la ENIGH 2022, el decil X, que corresponde a 10 % de la población con mayores ingresos, representa 36 % de los ingresos del país, mientras que la mitad de la población con menores ingresos (deciles I al V) acumula 20.4 % de estos ingresos. En 2016, el decil X acumulaba 40.6 % de los ingresos, mientras que la mitad de la población con menores ingresos acumulaba 18 %. Estos resultados nos llevan a la siguiente conclusión: la desigualdad en el país disminuye, pues los hogares más desfavorecidos acumulan un mayor ingreso, y los más acaudalados acumulan menos.

Sin embargo, para comprender mejor este fenómeno y obtener una visión más precisa de la magnitud real de la desigualdad en el país, recurriremos a un nuevo enfoque en la presentación de la información y los resultados ajustados por CN. En este nuevo enfoque, clasificaremos a la población en solo tres grupos: el primero representa al 40 % con menores ingresos, el segundo grupo corresponde a los ingresos medios (deciles V al IX) y el tercer representa a la población con mayores ingresos (decil X).

En este nuevo enfoque, se mantienen las conclusiones previas: la población de los deciles más bajos (I-IV) acumula mayores ingresos con el tiempo. Lo mismo sucede con la población de ingresos medios (deciles V-IX). Ahora bien, el ingreso acumulado de la población del decil X disminuye. En otras palabras, podemos ver que la desigualdad de ingresos, de hecho, se reduce.

No obstante, al analizar nuevamente los resultados con la distribución de ingresos ajustada por CN, se revela una historia muy diferente, que pinta un panorama distinto para el país. Resulta especialmente relevante resaltar el cambio en la magnitud de los ingresos acumulados por el decil X.

A partir de los datos de la ENIGH, se observaba que, en 2020, este grupo de la población acumulaba 36.3 % del ingreso. Ahora bien, al ajustar los ingresos según CN, se observa que este grupo acumula 53.6 % del ingreso total. En contraste, con los datos de la ENIGH, el grupo de ingresos medios era el que acumulaba mayores ingresos, pero con los datos ajustados a CN, el grupo poblacional que acumula mayores ingresos es el decil X. Nótese que el grupo de ingresos medios representa 50 % de la población, mientras que el decil X únicamente abarca al 10 % de la población.

Índice de Palma

Índice de Palma

Consiste en obtener el cociente entre la participación en el ingreso del 10 % más rico y la participación en el ingreso del 40 % más pobre.

Gabriel Palma propuso esta medida en 2011, al observar que la distribución de ingresos de la población situada entre los deciles V al IX tiende a ser relativamente estable y cercana al 50 % de los ingresos en distintas economías. Por lo tanto, según su enfoque, el comportamiento de los extremos de la distribución es la clave para medir la desigualdad (Palma, 2011).

Finalmente, con el propósito de obtener una comprensión más precisa de las diferencias entre el ingreso acumulado del grupo de población con menores ingresos (decil I al IV) y el grupo de la población con mayores ingresos (decil X), calculamos el índice de Palma.

De manera similar a lo que hemos observado previamente en otros indicadores de desigualdad, al analizar los datos de la ENIGH, se podría concluir que la desigualdad en el país se ha reducido. Esto se debe a que el índice de Palma, que representa cuántas veces el decil X acumula más ingresos que los deciles I al IV, ha disminuido con el tiempo. En 2016, esta relación era de 3.25 veces; en 2022, se redujo a 2.53 veces.

Al considerar la distribución de ingresos ajustada a CN, la evolución resulta heterogénea. Si bien entre 2016 y 2018, incrementa, entre 2018 y 2020 disminuye. Además, debemos destacar que la diferencia en la magnitud del índice de Palma ajustado con CN, en comparación con el calculado con los datos de la ENIGH, es casi el doble en todos los años para los que tenemos información disponible.

Resulta fundamental aclarar que el contrastar la información de los ingresos capturados en la ENIGH con la distribución ajustada por CN no tiene como finalidad demeritar el trabajo altamente profesional que realiza el INEGI en todas las etapas de diseño, levantamiento, captura, procesamiento y presentación de la información. Sin embargo, debido a factores externos al Instituto, la información recabada en la encuesta podría llevarnos a conclusiones sesgadas sobre la situación y evolución de la desigualdad en el país. Podríamos percibir una desigualdad de ingresos menor de lo que realmente es en nuestra sociedad. Comprender esa diferencia es de suma importancia para orientar el diseño de políticas públicas destinadas a cerrar las distintas brechas de ingresos. También es esencial para avanzar hacia la construcción de una sociedad mucho más igualitaria que la actual.

Una nota sobre el acomodo de los ingresos

Tradicionalmente, la forma en que se presenta el análisis de los ingresos es a través de las diferencias observadas entre los distintos deciles de hogares . En este enfoque, se ordenan a los hogares de menor a mayor ingreso y se dividen en 10 grupos con la misma cantidad de hogares. Sin embargo, debemos cuestionar la homogeneidad de los hogares en términos del número de integrantes y, específicamente, el número de personas perceptoras.

En la siguiente figura, se puede observar que, a medida que aumenta el nivel de ingresos, también aumenta la cantidad de personas y perceptores de ingresos en el hogar. En otras palabras, el nivel de ingreso que alcanzaron los hogares se relaciona directamente con la cantidad de integrantes y perceptores en el hogar. Este resultado tiene implicaciones significativas en la interpretación de los datos, la desigualdad observada y la evaluación de políticas públicas.

En cuanto a la interpretación de este resultado, consideremos un par de ejemplos en los extremos de la distribución. Comencemos por el extremo superior: en el decil X, el ingreso corriente mensual promedio de los hogares fue de 66,899 pesos. Sin embargo, este ingreso podría generarse por dos tipos de hogares muy diferentes. Por un lado, podríamos tener un hogar unipersonal; por otro, podríamos tener uno con 5 integrantes. De estos, tres podrían ser perceptores de ingresos y dos no recibir. Aunque el ingreso fuera el mismo en ambos hogares, la realidad de uno y otro sería muy distinta en términos del ingreso disponible para cada integrante, así como en los gastos.

En el otro extremo de la distribución, en los hogares de menores ingresos, tomemos como ejemplo un hogar del decil II de ingresos y otro del decil I de ingresos. El hogar del decil II tiene un ingreso mensual de 7,500 pesos y está compuesto por cuatro integrantes. De estos, solo una persona es perceptora de ingresos. En contraste, el hogar del decil I de ingresos está formado por dos personas, de las cuales solo una es perceptora. Aunque el hogar del decil II tiene un mayor nivel de ingresos que el del decil I, la precariedad en términos de ingreso disponible para cada integrante del hogar es mayor para el primero que para el segundo.

Para abordar esta situación, hemos calculado los ingresos y deciles per cápita. Esto implica dividir el ingreso corriente total de los hogares entre el número total de integrantes en el hogar y, consecuentemente, ordenar a los hogares a partir de este nuevo ingreso. Con este nuevo enfoque, encontramos que los mayores ingresos ya no se relacionan con un mayor número de integrantes y perceptores en el hogar —como ocurría en el ordenamiento por deciles de hogares—. En otras palabras, la posición en la distribución de ingresos ya no tiene que ver con el número de personas (integrantes y perceptores) en el hogar, sino con el nivel de ingreso disponible para las y los integrantes del hogar.

Ante este nuevo acomodo, y por ingresos per cápita, podemos sacar conclusiones alternativas a las previas. Con el ordenamiento tradicional de ingresos de los hogares, habíamos señalado que, en 2022, el ingreso corriente promedio del decil X es 15 veces mayor al del decil I, mientras que con el ordenamiento de ingresos per cápita, el ingreso promedio del decil X es 19 veces mayor que el del decil I. Lo anterior representa una diferencia significativa en la magnitud de dicha razón.

Además, otro punto donde encontramos diferencias entre los diferentes tipos de ordenamiento fueron las tasas de crecimiento del ingreso promedio por deciles entre 2016 y 2022. Al comparar los ingresos promedio de 2022 con los de años anteriores (2016 – 2020), se aprecia que las tasas de crecimiento de los ingresos per cápita son mayores que las observadas en el ingreso total de los hogares. En el análisis comparativo con 2018, mientras que con el ordenamiento tradicional de los hogares se observa una tasa de crecimiento negativa en el ingreso promedio del decil X, en el caso del ordenamiento por ingresos per cápita, la tasa de crecimiento es positiva. Finalmente, el único caso donde se registraron tasas de crecimiento negativas para ambos tipos de ordenamiento fue en el ingreso promedio del decil X entre 2016 y 2022 (aunque en el caso del ordenamiento tradicional de hogares, la caída se pronuncia más que la observada en el acomodo de ingresos per cápita).

Estas reinterpretaciones de los resultados que hemos discutido hasta ahora, en términos de la evolución y distribución de los ingresos, podríamos realizarlas de manera puntual para cada una de las secciones previas. Sin embargo, para concluir esta sección, nos centraremos en las transferencias gubernamentales, específicamente, en las implicaciones que tienen los dos tipos de acomodo en la evaluación de la cobertura y progresividad de la política social.

En primer lugar, al emplear el ordenamiento por ingreso per cápita, la cobertura de la política social durante el periodo 1 (2016-2018) se situó en torno al 70 % para los hogares de menores ingresos (cincuentil 1). Bajo el enfoque tradicional de ordenamiento por hogares, la cobertura fue del 60 %. Esta mayor cobertura, de acuerdo con el criterio de ingreso per cápita, importa: este es el enfoque que realmente clasifica los hogares según su ingreso disponible.

Al comparar con el periodo 2 (2020-2022) —aunque en ambos tipo de ordenamiento, la cobertura de la política social en los cincuentiles de menor ingreso es menor que en el periodo 1—, la magnitud de la disminución en la cobertura en los cincuentiles de menores ingresos con el enfoque por ingreso per cápita fue el doble de la observada en el enfoque tradicional por hogares. Con el ordenamiento tradicional de hogares, hay reducciones de alrededor de 10 puntos porcentuales en la cobertura en los primeros cincuentiles de ingreso. Con el enfoque basado en ingreso per cápita, las caídas tocan los 20 puntos porcentuales, aproximadamente.

Además, al comparar los ingresos promedio por transferencias gubernamentales en los dos tipos de ordenamiento, encontramos conclusiones divergentes. Con base en los resultados previos sobre las transferencias gubernamentales, habíamos señalado que, si bien los montos promedio en el periodo 2 eran más uniformes en toda la distribución que los observados en el periodo 1, con una mayor concentración en los cincuentiles de menores ingresos, se destacaba que, específicamente para el año 2022, los montos promedio por transferencias gubernamentales eran mayores en casi toda la distribución. La única excepción se encontró en el cincuentil 1, donde los ingresos promedio por transferencias gubernamentales de 2016 aún superaban a los de 2022.

Sin embargo, con el enfoque de ordenamiento por ingresos per cápita, este patrón no se mantiene. En 2022, los ingresos promedio por transferencias gubernamentales, desde el cincuentil 1 al 6, es decir, 12 % de los hogares con menores ingresos, son aún menores que los montos promedio observados en 2016. Este resultado, junto con el relacionado con la cobertura, nos lleva a una conclusión notablemente distinta sobre la evolución de la política social entre los diferentes periodos, en comparación con los primeros resultados basados en el ordenamiento tradicional por hogares. Esto subraya la necesidad de aumentar la cobertura en los hogares de menor ingreso per cápita, en los que se observa una marcada disminución en las transferencias gubernamentales recibidas bajo los cambios en la política social durante la administración del presidente López Obrador (periodo 2).

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Un decil de ingresos corresponde a cada una de las diez partes iguales en las que se divide una población al realizar una distribución de datos ordenados de forma ascendente. Esto significa que cada decil representa 10 % de los datos agrupados en dicha distribución. Los individuos u hogares se ordenan de menor a mayor ingreso, de manera que el primer decil corresponde al grupo con los ingresos más bajos, mientras que el décimo referencia a aquellos con los ingresos más altos.

Alice Krozer | @alicekrozer

Lo que pagan los ricos
define cuánto quieren pagar los demás

Uno de los factores que dificulta la lucha contra la pobreza y la desigualdad en México es la fiscalidad extremadamente baja que tiene el país, si se le compara con otros, en la región y el mundo. Más que un desafío técnico, hacer frente a este dilema se remonta a una disputa por las políticas redistributivas aceptables en un escenario de preferencias diversas y poderes disímiles entre una variedad de actores sociales. Para unos, la contribución propia depende de la de los demás. En particular, según lo que hemos observado en un estudio reciente, las preferencias fiscales de las personas se ven influidas por las tasas impositivas que pagan los individuos ricos.

Por lo general, se ha pensado que aumentar las tasas impositivas altas podría desalentar el cumplimiento tributario y la inversión. Esto se debe a que un aumento en los impuestos a la gente rica conduciría a una reducción en las tasas impositivas que otros grupos prefieren. Por lo tanto, se ha optado por bajar las tasas con la esperanza —incumplida— de que esto conllevaría una ampliación de la base gravable. La razón por la que esta suposición, netamente teórica, no se sostiene en la revisión empírica del problema es que las personas forman sus preferencias no solo con base en un cálculo abstracto de costos y beneficios económicos personales. Lo que da forma a las preferencias de redistribución son complejas normas sociales recíprocas sobre la equidad y la percepción de justicia fiscal.

Para ver cómo influyen exactamente estas normas, diseñamos una encuesta representativa de moral tributaria y percepciones del sector público. Esta se levantó en México durante el segundo trimestre de 2021. La muestra incluyó a 3,179 personas de entre 25 y 69 años; se les dividió en cinco grupos y se les pidió que especificaran su tasa impositiva preferida, según distintos supuestos de contrato social.

Nuestra hipótesis principal para el estudio fue la siguiente: las tasas impositivas que la gente prefiere aumentan cuando lo hace su percepción de las tasas que pagan los ricos. Para probar esta hipótesis, utilizamos un grupo de control y cuatro grupos de tratamiento. Las y los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de los cinco grupos. Quienes participaron recibieron una tarjeta de información que incluía el ingreso mensual promedio para los deciles de ingresos más bajos y más altos en México, así como los impuestos actuales como una proporción de los ingresos pagados por estos dos deciles. Después de recibir esta información, las preguntas variaron al azar entre los grupos. En el de control, los participantes respondieron preguntas sobre sus tasas impositivas preferidas sin recibir información adicional. En los grupos de tratamiento, se preguntó a los participantes cuánto estarían dispuestos a pagar si los ricos pagaran menos, más, o mucho más, de lo que actualmente pagan.

Los resultados del estudio revelan que las personas ajustan sus preferencias fiscales en función de las tasas que pagan los ricos. Encontramos que los participantes aumentan su disposición a pagar impuestos en aproximadamente 2.3 puntos porcentuales, en relación con el grupo de control, cuando se les informa que los ricos pagarían el 60 % de sus ingresos, en comparación con el 30 % que pagan en la actualidad. Dado que la tasa impositiva preferencial media en el grupo de control es del 11.8 %, la correspondencia es de un aumento del 19 %.

Para los otros escenarios en los que los ricos pagaban tasas más bajas, o solo moderadamente más altas en comparación con el grupo de control (tasas de entre 20 % y 50 %), el efecto no fue estadísticamente significativo. Esto nos deja con tres hallazgos principales: primero, los individuos ajustan su tasa impositiva preferida de acuerdo con lo que se supone que pagan los ricos —lo que sugiere que las normas sociales recíprocas sobre la equidad son relevantes para dar forma a las preferencias de redistribución—. En segundo lugar, la elasticidad, en reacción con los cambios en la tasa impositiva para los ricos, no es muy grande: solo los aumentos sensibles provocan reacciones significativas. En tercer lugar, la reacción no es universal: depende de características personales como la riqueza y la confianza en el gobierno de las personas. Lo anterior sugiere que quizá un mejor cumplimiento tributario requeriría mensajes adaptados a grupos particulares.

Entre las características personales que influyen en la disposición a pagar impuestos más altos en respuesta a las tasas impositivas de los ricos, sobresalen: a) el estatus socioeconómico, b) la confianza en el gobierno y c) las percepciones sobre la relación entre los impuestos y la economía. Las personas con un alto nivel socioeconómico y una mayor confianza en el gobierno mostraron una mayor influencia en sus preferencias fiscales debido a las tasas impositivas de los ricos. Además, quienes respaldan de manera notable la imposición de impuestos más elevados a los individuos de mayores recursos (según se evidencia en la disposición para incrementar sus propias contribuciones tributarias) son quienes tienen niveles altos de confianza en la eficacia y la capacidad del gobierno.

Nuestros resultados presentan un contraste notable frente a las expectativas establecidas por los modelos tradicionales. Estos prevén una reducción de la desigualdad que se relaciona con la implementación de tasas impositivas preferenciales más bajas, así como con una baja en la disposición de los individuos a asumir una carga tributaria más pesada. Los hallazgos actuales refutan esta concepción y revelan un panorama diferente. En concreto, los datos apuntan a que las personas ajustan sus preferencias impositivas, tanto hacia arriba como hacia abajo, en sintonía con los cambios en las tasas impositivas para los estratos más acomodados.

Sin embargo, resulta sumamente significativo que, para lograr un ajuste al alza en sus tasas tributarias preferidas, sea necesario un incremento considerable en la tasa máxima impositiva. La mayor sensibilidad en personas de alto nivel socioeconómico, con respecto a sus tasas impositivas preferidas, es coherente con los resultados de Keser, Markstädter y Schmidt (2017). En un experimento sobre bienes públicos con dotaciones heterogéneas, los autores señalan que las contribuciones mínimas tienen un carácter normativo y pueden llevar a un aumento en las contribuciones promedio del grupo, en especial cuando se adopta una estructura progresiva. A nivel individual, esta progresividad resulta en contribuciones más altas por parte de los jugadores con mayores recursos, tal como se refleja en los hallazgos del presente estudio.

Con miras a la necesaria reforma fiscal progresiva en México, es fundamental comprender mejor las elasticidades, las condiciones necesarias y los umbrales óptimos específicos para el contexto local. Además, es crucial investigar la no linealidad de la relación entre las preferencias fiscales de las personas para sí mismas y las de los ricos. Esto se debe a que este estudio no cuenta con el poder estadístico necesario para determinar de manera concluyente los ajustes en el extremo inferior y medio de la distribución. No obstante lo anterior, ya resulta evidente que opciones de diseño impositivo unitario, como el impuesto único (flat tax), o una estructura de tasas diferenciadas poco progresiva –similar a la actual– serían menos aceptables para los mexicanos.

Asimismo, en naciones con niveles tributarios reducidos, como México, la flexibilidad en los ingresos sujetos a gravamen podría ser considerablemente mayor en comparación con naciones con una aplicación impositiva más intensa. Esto se debe a prácticas de evasión o elusión fiscal. De ahí que, en estas circunstancias, la tasa nominal de impuestos aceptable podría sobrepasar de manera notoria la tasa impositiva real que se encuentra en el centro de esta investigación.

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Referencias

Campos-Vazquez, Raymundo M., Alice Krozer, Aurora A. Ramírez-Álvarez (2023). “Preferred tax rates depend on the rates paid by the rich”. Journal of Behavioral and Experimental Economics, Volume 104, 2023, 102025, ISSN 2214-8043, https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102025 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804323000514)

Keser, Claudia, Andreas Markstädter, and Martin Schmidt (2017). “Mandatory minimum contributions, heterogeneous endowments and voluntary public-good provision”. Games and Economic Behavior 101: 291-310. https://doi.org/10.1016/j.geb.2016.06.001

CONOCE MÁS DE LA AUTORA

Alice Krozer es investigadora visitante en la Universidad de Oxford y profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos en El Colegio de México, con doctorado en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge. Cuenta con una maestría en Desarrollo Internacional y otra en Administración Internacional por la London School of Economics y la Copenhagen Business School, así como licenciatura en Economía Internacional por esa última. Anteriormente ha sido investigadora visitante en la Universidad de Stanford, la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la CEPAL. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de las élites, discriminación y racismo, y las percepciones de la desigualdad.

Facilitar el acceso a la formalidad

De acuerdo con las recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), es preciso poner en práctica un marco global de políticas de empleo sobre la base de consultas tripartitas (gobierno, empleadores y trabajadores), el cual puede incluir acciones empresariales que utilicen incentivos (nudges) para disminuir las barreras de entrada a la formalidad como reducir los costos de registro, duración del procedimiento y mejoren el acceso a servicios financieros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyME). Asimismo, Dougherty y Escobar (2019) proponen un paquete de políticas para promover la formalidad laboral que, además de considerar reducir los costos para el registro de los negocios, se disminuya la corrupción que es fundamental para fortalecer las relaciones comerciales, la competencia, el crecimiento económico y la expansión de los negocios.

Pensión del Bienestar con perspectiva de género

Si bien la pensión del bienestar ya es un derecho constitucional, si se prevén aumentos en los montos de apoyo de las transferencias en efectivo se podrían focalizar en todas las mujeres independientemente de su desempeño personal. Lo anterior con el fin de disminuir las brechas de género en las pensiones de los sistemas contributivos que, como vimos, desfavorecen a las mujeres.

Uso de tecnologías en las cuentas de ahorro para el retiro

Una de las formas más fáciles de llegar a los ahorradores y a los potenciales ahorradores es a través de los dispositivos electrónicos. La aplicación que ofrece la CONSAR para los ahorradores se llama AforeMóvil y permite llevar el control de la AFORE desde una computadora o un teléfono inteligente.

Otro ejemplo de innovación tecnológica para el ahorro es la aplicación Millas para el retiro que utiliza la red financiera existente que conecta a proveedores de servicios financieros, consumidores y minoristas para ahorrar. Con esta plataforma, cada individuo registra un monto periódico de ahorro y, además, cada vez que pagan por un bien o servicio, un porcentaje predeterminado del monto consumido va automáticamente a una cuenta de ahorro para el retiro (AFORE, PPP, PPR o cualquier otro plan de ahorro para la jubilación) que registra cuando baja la aplicación (Hernández, López, Galindo y Salas, 2017).

En ambos ejemplos, AforeMóvil y Millas para el retiro, la educación financiera es necesaria para acercar a los usuarios a la tecnología. Los mensajes constantes en las aplicaciones, así como la mercadotecnia son básicos para mejorar los resultados de ahorro de estas herramientas. La tecnología y el alfabetismo financiero acerca a los individuos al ahorro, los prepara para la jubilación a través del ahorro obligatorio o voluntario e incluso los ayuda a ahorrar a través del consumo o gasto.

Simplificación de los trámites administrativos

Promover la simplificación de trámites administrativos disminuyendo los requisitos para abrir, cambiar o hacer aportaciones voluntarias en las cuentas de ahorro o para hacer portables los recursos para el retiro entre los diferentes jugadores del mercado que ofrecen este servicio. Dicho lo anterior, la coordinación institucional, la portabilidad de las cuentas y la simplificación administrativa son tres acciones simbióticas que mejorarían los resultados del ahorro para el retiro tanto para los jugadores del mercado como para los usuarios del sistema.

Portabilidad de las cuentas de ahorro

Dado que la población económicamente activa fluctúa entre las personas ocupadas y las desocupadas y, las personas ocupadas a su vez se dividen entre aquellas que trabajan en el sector formal y las que lo hacen en el sector informal, la fuerza laboral es cada vez más móvil y afecta la densidad de cotización de los trabajadores por lo que el ahorro para el retiro debe contemplar esta dinámica.

Una forma de hacerlo es con el diseño de la política pública de portabilidad de los ahorros, de contribuciones obligatorias o voluntarias en AFORES, fondos de inversión, seguros, PPR o PPP, deben premiar en todos los sistemas, tanto públicos como privados formando un Sistema Nacional de Pensiones (OCDE, 2015) que estaría coordinado por la institución rectora de la política del ahorro para el retiro. De esta forma, los trabajadores pueden acumular en una misma cuenta de ahorro las contribuciones obligatorias, el ahorro voluntario y los rendimientos que generen dichos montos sin interrupción a pesar de los movimientos de trabajo que realicen durante su ciclo de vida laboral. Además, se evita el riesgo de que los individuos retiren sus ahorros antes de la jubilación y comprometan los planes de las tasas de reemplazo futuras.

Ahorradores con ingresos por debajo de la CBA más la CBNA

El mercado potencial se definió a partir de la posibilidad de ahorrar de las personas con ingresos per cápita superiores a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y una Canasta Básica no Alimentaria (CBNA), las personas con ingresos por debajo a la CBA y la CBNA sí ahorran, aunque la restricción presupuestaria a la que se enfrentan disminuye en mayor medida las posibilidades de expandir su ahorro. Dicho lo anterior, se sostuvo que estas personas no deben ser excluidas del mercado potencial, se pueden promover políticas públicas que impulsen el desarrollo económico y el progreso social que tengan como objetivo reducir el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas y, eventualmente, puedan ahorrar para la vejez.

Ahorradores típicos

Si bien la probabilidad de ahorro y el número de personas con posibilidad de ahorrar está sujeta a la condición laboral y es incremental con el nivel de ingresos, es importante recordar los hallazgos en la sección de determinantes del ahorro en el documento Diagnóstico México, ¿cómo vamos en el ahorro para el retiro?, es decir, las características de las personas que aumentan la probabilidad de que los individuos ahorren, esto para que las políticas públicas o productos financieros encaminados a incrementar el ahorro focalicen sus esfuerzos en esta población y tengan una mayor probabilidad de éxito.

Si hiciéramos la caracterización de un ahorrador a partir de las características de la totalidad de la población, se obtendría que un ahorrador típico que es hombre, vive en una localidad urbana de más de 100,000 habitantes, tiene una edad de 18 a 29 años, su escolaridad es licenciatura o más, tiene un trabajo formal, se encuentra en el grupo de la población de mayores ingresos, lleva un presupuesto mensual así como un crédito con instituciones formales tradicionales.

Sin embargo, cuando el análisis se centra en las personas ocupadas es muy importante señalar que las características asociadas al ahorro se mantienen respecto a lo observado en la población en general, una característica que cambia es el sexo, el ahorrador característico deja de ser hombre. Este resultado es muy importante ya que muestra que una vez que comparas mujeres ocupadas contra hombres ocupados desaparece la mayor tendencia a ahorrar de los hombres en la población general, incluso las mujeres ocupadas tienden ahorrar más.

Políticas para incrementar el ahorro y el ahorro para el retiro por condición laboral

Las estrategias para incrementar el ahorro y el ahorro voluntario para las personas en un empleo formal es desarrollar instrumentos complementarios a los que ya poseen e incentivar las aportaciones voluntarias adicionales en las cuentas existentes. Y, como se mencionó en apartados anteriores, para el caso de las personas en un empleo informal es necesario, en primer lugar, incluirlos en el sistema financiero para después desarrollar instrumentos que los incorporen al mercado de ahorro.

En el caso de los trabajadores informales, a pesar de que existe un conjunto considerable de personas ocupadas en un empleo informal con los ingresos suficientes para tener un ahorro para el retiro (5,559,600 personas en esta situación), el diseño propio del ahorro para el retiro, es decir, que esté ligado a la formalidad laboral, desplaza del mercado del ahorro para el retiro a este conjunto. Para corregir esta situación es necesaria la cooperación estatal y de la iniciativa privada en el diseño de incentivos e instrumentos para que las personas transiten del mercado potencial de no ahorro al de transición y, a partir de ahí, hacer expansivo su ahorro para el mediano y largo plazo.

Acceso a las transferencias en efectivo vinculadas a consultas médicas para que sea más progresivo de lo que es actualmente

La Pensión del Bienestar se encuentra en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, es un derecho constitucional que no se puede eliminar. No obstante, es relevante considerar que, si bien la Pensión es un derecho universal, el acceso a las transferencias en efectivo podría estar vinculado a consultas médicas para que sea más progresivo el programa de lo que es actualmente.

Sistema Integral de Cuidados para disminuir la brecha de género

Para promover la participación de la mujer en el mercado laboral y, por lo tanto, mejorar el ahorro para el retiro, se propone implementar el Sistema Integral de Cuidados que se refiere a un conjunto de acciones, servicios y prestaciones, públicas y privadas, así como leyes, regulaciones, normas y políticas, para asegurar progresivamente el derecho al cuidado de las personas que lo requieren como las infancias, personas con discapacidad o enfermedad y personas mayores que no pueden satisfacer estos cuidados por sí mismas, de quienes los brindan de manera no remunerada y remunerada y de quienes tienen responsabilidades de cuidados como personas que requieran tiempo para cuidar sin detrimento a su desarrollo escolar, laboral o personal (Diccionario de los cuidados, OXFAM, 2022).

Algunas de las acciones gubernamentales y privadas que se pueden diseñar e implementar para promover el Sistema Integral de Cuidados incluye: la prestación de servicios de guarderías, escuelas de horario ampliado y centros de cuidado diurno, de rehabilitación, asilos, servicios domiciliarios y de trabajadoras del hogar, aseguramiento y protección para las y los trabajadores remunerados y no remunerados del cuidado, medidas de corresponsabilidad con las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidados, apoyos y transferencias, entre otros (CEPAL-ONU Mujeres, 2021; ONU Mujeres INMUJERES, 2018; CEEY, 2019).

Políticas de la región para disminuir la brecha de género

Para disminuir la desventaja de las mujeres frente a los hombres en el ahorro para el retiro, algunos países de la región han implementado algunas estrategias que es importante mencionar. Por ejemplo:

En Bolivia, Chile y Uruguay la política es un bono por hijo a las madres que han laborado en el mercado formal. Se otorga un beneficio monetario o periodos cotizados que permitan incrementar el monto pensionario o reducir el tiempo necesario para obtener una pensión.
En Argentina y Brasil, la estrategia son créditos por cuidados familiares a las mujeres que realizan labores de cuidado familiar. El apoyo consiste en un reconocimiento de periodo cotizados o aportaciones durante cierto periodo cubierto por el estado.
En Chile la acción gubernamental es la transferencia de fondos en caso de divorcio para los hombres o mujeres que han laborado en el mercado formal. Cuando los conyugues se divorcian, quien tiene mayores bienes pensionarios cede una parte al que tiene menos patrimonio previsional.
En Bolivia, Uruguay y El Salvador, se llevan a cabo tablas de mortalidad sin distinción de género para hombres y mujeres que hayan laborado en el sector formal. Las pensiones se calculan con una misma tabla de mortalidad y esto favorece a las mujeres ya que su esperanza de vida es mayor a la de los hombres (CONSAR, 2022).

Campañas nacionales de ahorro para el retiro

Es relevante promover la educación financiera para que los trabajadores formales conozcan las herramientas de ahorro que tienen a su disposición y, de esta forma, las puedan usar no solo con las aportaciones obligatorias a las que están sujetos por ley sino también con el ahorro voluntario que quieran y puedan hacer los individuos dentro de su economía. Asimismo, el alfabetismo financiero debe premiar entre los trabajadores informales para que puedan optar por incluirse en el sistema financiero formal, obtener cuentas de ahorro para el retiro y transferir recursos voluntariamente para su retiro.

Dicho lo anterior, se pueden diseñar e implementar campañas de comunicación nacionales de conocimientos e inscripción de AFORES, promoción del ahorro previsional y educación financiera que permitan a los individuos conocer los beneficios de guardar su dinero en el sector formal (OCDE, 2015).

La educación financiera es útil para socializar los beneficios de ahorrar en instrumentos formales de tal forma que el dinero acumulado en sus cuentas de ahorro les genere rendimientos, no pierdan poder adquisitivo en el tiempo y, por lo tanto, puedan ahorrar más para la vejez. Además, como vimos en el apartado previo del sistema de ahorro para el retiro, con la economía del comportamiento, si los individuos acceden a las cuentas formales, se pueden utilizar incentivos (nudges) para promover el ahorro automatizado, así como las herramientas digitales que simplifican el ahorro y permiten mejorar las tasas de reemplazo para el retiro.

Uso de la tecnología

Otra acción gubernamental que se puede promover para mejorar la inclusión financiera y la inscripción a las cuentas de ahorro para el retiro en México es el uso de la tecnología como se hizo en Brasil. Los brasileños promovieron la digitalización y mejoraron la inclusión a los servicios financieros hasta alcanzar el 85.0% de cobertura en 2021. La empresa Nubank que es una plataforma de banca digital, modificó la oferta de servicios financieros en ese país y dio acceso a 5.6 millones de brasileños al sistema financiero (WEFORUM, 2022).

México promovió en 2017 la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech; sin embargo, falta promover una política que acelere la alternativa de servicios financieros digitales y que se acompañe con acciones que promuevan la educación financiera de los usuarios (Cámara de diputados, 2022).

Inscripción automática a las AFORES con trámites gubernamentales

Para aumentar la cobertura de cuentas de ahorro para el retiro se pueden utilizar los incentivos (nudges) para asociar de manera automática la inscripción a instrumentos financieros formales como las AFORES con trámites gubernamentales como el RFC.

Políticas con diseños subnacionales

Considerar las diferencias subnacionales para diseñar políticas públicas para fomentar el empleo formal. Las diferencias socioeconómicas entre los estados pueden ser muy amplias y es más factible que estados con economías con crecimiento positivo puedan incorporar a un mayor número de personas trabajadoras al sector formal, mientras que economías que no tengan tasas positivas de crecimiento no lo puedan hacer (CEPAL, 2021). Lo anterior tiene implicaciones importantes en el diseño y la implementación de la acción pública que requiere de coordinación entre distintos niveles de gobierno y actores gubernamentales.

Trabajadores informales con seguridad social y AFORE

Flexibilizar los criterios para que las personas trabajadoras informales puedan cotizar a la seguridad social y puedan obtener una cuenta de ahorro para el retiro o AFORE promueve el ahorro para el retiro (CEPAL, 2021). Lo anterior debido a que los trabajadores informales tendrán ahorros en los potenciales gastos relacionados con la salud, así como otros ahorros voluntarios que consideren viables en su economía.

Educación y desarrollo de competencias

Para disminuir la informalidad laboral es establecer políticas de educación y desarrollar competencias laborales desde edad temprana (OIT, 2015). De acuerdo con diversos autores como Quiroga-Martínez y Fernández-Vázquez, (2021) y Dougherty y Escobar (2019) la inversión en educación es una herramienta efectiva para disminuir la informalidad debido a que una mayor escolaridad está relacionada de manera positiva y significativa con la elección de un empleo formal para hombres y mujeres, por ende, con una menor informalidad en el mercado laboral. En este sentido, las inversiones en capital humano son herramientas eficaces para combatir la informalidad en el largo plazo.

Reforma a la ley de outsourcing o subcontratación

Las empresas que subcontratan servicios mantienen un papel importante para reducir la informalidad ya que pueden exigir mantener relaciones con proveedores cuyos trabajadores estén registrados en el sector formal (Abramo, 2022). En México, la última reforma a la ley del outsourcing o subcontratación de personal que entró en vigor en septiembre de 2021 (DOF, 2021) logró avances en este sentido estipulando que, para contratar servicios y obra especializada, las empresas de subcontratación tienen que ingresar sus datos en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en donde deben acreditar las obligaciones laborales, físicas y de seguridad social de la empresa dando así mayor seguridad y calidad al empleo de los trabajadores.

En este sentido, la propuesta de política es que se promuevan reformas a la ley de subcontratación para ampliar el requisito de la contratación de servicios de empresas o asociaciones registradas en el REPSE. Es decir, que al celebrar contratos entre empresas, el personal que labore para dichos servicios deberá estar en la nómina de la empresa para seguir promoviendo la calidad en el empleo.

Disminuir las barreras de entradas a la formalidad

De acuerdo con las recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), es preciso poner en práctica un marco global de políticas de empleo sobre la base de consultas tripartitas (gobierno, empleadores y trabajadores), el cual puede incluir acciones empresariales que utilicen incentivos (nudges) para disminuir las barreras de entrada a la formalidad como reducir los costos de registro, duración del procedimiento y mejoren el acceso a servicios financieros de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyME). Asimismo, Dougherty y Escobar (2019) proponen un paquete de políticas para promover la formalidad laboral que, además de considerar reducir los costos para el registro de los negocios, se disminuya la corrupción que es fundamental para fortalecer las relaciones comerciales, la competencia, el crecimiento económico y la expansión de los negocios.

Fortalecimiento institucional

Es necesario mejorar el sistema organizacional de ahorro para el retiro con una sola institución rectora que facilite la portabilidad de las cuentas y simplifique los trámites administrativos:

Coordinación organizacional

Que la política pública de ahorro para el retiro esté coordinada por un solo organismo que optimice la administración y gestión de la entrega de los beneficios a los individuos (CONSAR, 2022). De acuerdo con Azuara et al. (2019), se puede mejorar la gobernanza a través de la reducción de la fragmentación institucional existente, considerando una ley marco que establezca criterios que todos los programas pensionarios deban cumplir, integrando los distintos pilares y subsistemas y elaborando un modelo institucional que permita un adecuado diseño de política pensionaria. Es decir, que las instituciones públicas que otorgan pensiones como el IMSS, el ISSSTE, la CFE y Pemex estén coordinadas por un solo organismo que promueva la colaboración de las AFORES con los planes privados de ahorro, así como la portabilidad entre las cuentas de ahorro para el retiro.

Portabilidad de las cuentas de ahorro.

Dado que la población económicamente activa fluctúa entre las personas ocupadas y las desocupadas y, las personas ocupadas a su vez se dividen entre aquellas que trabajan en el sector formal y las que lo hacen en el sector informal, la fuerza laboral es cada vez más móvil y afecta la densidad de cotización de los trabajadores por lo que el ahorro para el retiro debe contemplar esta dinámica.

Una forma de hacerlo es con el diseño de la política pública de portabilidad de los ahorros, de contribuciones obligatorias o voluntarias en AFORES, fondos de inversión, seguros, PPR o PPP, deben premiar en todos los sistemas, tanto públicos como privados formando un Sistema Nacional de Pensiones (OCDE, 2015) que estaría coordinado por la institución rectora de la política del ahorro para el retiro. De esta forma, los trabajadores pueden acumular en una misma cuenta de ahorro las contribuciones obligatorias, el ahorro voluntario y los rendimientos que generen dichos montos sin interrupción a pesar de los movimientos de trabajo que realicen durante su ciclo de vida laboral. Además, se evita el riesgo de que los individuos retiren sus ahorros antes de la jubilación y comprometan los planes de las tasas de reemplazo futuras.

Simplificación de los trámites administrativos.

Promover la simplificación de trámites administrativos disminuyendo los requisitos para abrir, cambiar o hacer aportaciones voluntarias en las cuentas de ahorro o para hacer portables los recursos para el retiro entre los diferentes jugadores del mercado que ofrecen este servicio. Dicho lo anterior, la coordinación institucional, la portabilidad de las cuentas y la simplificación administrativa son tres acciones simbióticas que mejorarían los resultados del ahorro para el retiro tanto para los jugadores del mercado como para los usuarios del sistema.

Promoción de un presupuesto y crédito formal

Del Diagnóstico México, ¿cómo vamos en el ahorro para el retiro? y el modelo probabilístico para los ahorradores se pueden promover las variables significativas que aumentan la probabilidad de que los individuos ahorren: llevar un presupuesto y tener un crédito formal. Para llevar un presupuesto es importante promover el alfabetismo financiero orientando a que los individuos lo realicen. Y, el crédito formal está relacionado con la inclusión financiera y el mercado laboral que abordaremos más adelante.

Reformas a la ley de Impuesto Sobre la Renta

Para aumentar los saldos en las cuentas de ahorro de los trabajadores y con esto la tasa de reemplazo para la jubilación se sugieren modificaciones a las reglas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente desde 2014 que establezcan incentivos para el ahorro para el retiro.

Con base en el estudio de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), podemos señalar tres desafíos que se podrían reformar en la ley de ISR e incentivar el ahorro previsional voluntario.

Aportaciones del patrón al fondo de pensiones (Artículo 25, fracción X). Con el fin de fomentar que los patrones establezcan fondos de pensiones se recomienda eliminar la limitante a deducciones del 0.47 o 0.53 según proceda. Es importante considerar que el número de patrones que tienen este tipo de planes es reducido considerando el tamaño de la economía mexicana, ya que establecer un plan de esta naturaleza implica costos y el establecimiento de procesos adicionales.
Tasa de retención de ISR por pago de intereses (Artículo 54). Se sugiere que la mecánica para determinar la tasa de retención sobre intereses considere la tarifa de ISR promedio de la población y no la tarifa máxima establecida para personas físicas (35%), de lo contrario, el factor por retención de intereses afecta a los deciles más bajos de la población.

Educación financiera y socializar la información

Socializar la información de las reformas a la Ley del Seguro Social y promover la educación financiera para que los individuos tengan conocimiento de que la pensión que obtendrán en la vejez estará sujeta a las aportaciones obligatorias y voluntarias durante la vida laboral activa y, de esta forma, se puede incentivar la oferta del trabajo formal y el ahorro voluntario.

Aumento progresivo a la edad de jubilación

Favorecer el aumento en la tasa de reemplazo de los trabajadores promoviendo el incremento progresivo de la edad de jubilación de 65 años. La propuesta es agregar uno o dos meses a la edad del retiro cada año hasta llegar a un umbral cronológico ligado a la esperanza de vida ad hoc a los mexicanos (OCDE, 2015). Además, hay que incentivar a las empresas para que se queden con los trabajadores más tiempo. De esta forma, los individuos podrían aumentar las semanas laboradas en el ciclo de vida y tener más semanas de cotización e ingresos y, por lo tanto, mayor ahorro para el retiro.

Modificación de la devolución de recursos de la cuenta individual

Los individuos que no cumplan las semanas mínimas de cotización para obtener la pensión mínima garantizada (cuando la teoría del ciclo de vida no funcionó), se sugiere que en vez de devolver el monto de ahorro en una sola exhibición, se otorgue una segunda evaluación en donde puedan comprar una pensión vitalicia (CONSAR, 2022).

Planes automáticos de ahorro voluntario para el retiro con la posibilidad de salirse (opt-out)

La economía del comportamiento puede ofrecer un enfoque relevante para mejorar el ahorro voluntario para el retiro. Lo anterior, debido a que el modelo establece que dado que los individuos poseen la capacidad cognitiva limitada o toman decisiones sesgadas y con atajos simples que los llevan a situaciones subóptimas, se pueden diseñar políticas públicas con incentivos (nudges) que mejoren la arquitectura de las decisiones de los individuos.

Hay dos ejemplos de planes de inscripción automática de ahorro para el retiro que han funcionado como el de How America Saves (Vanguard, 2022) y el de Save More Tomorrow (Thaler y Benartzi, 2004), además de la nueva regulación de Estados Unidos llamada Secure Act 2.0 de diciembre 2022. El Secure Act 2.0 señala que a partir de 2025 es obligatoria la inscripción automática para los nuevos planes de contribución definida Roth 401(k) (en donde las contribuciones son con dólares después de impuestos).

Los incentivos (nudges) más la inercia de los planes de ahorro voluntario automatizado con opción a salida hacen que los resultados sean exitosos para mejorar las tasas de reemplazo de los trabajadores. Una vez que el individuo inicia el plan es difícil que opte por salirse ya que la misma lógica de procrastinación de ahorro funciona en la desidia de salirse del plan de ahorro.

La reforma energética fue presentada en la Cámara de Diputados. Ahí debe ser aprobada primero.
La mayoría de dos terceras partes se alcanza con al menos 334 diputades, asumiendo que ese día se presentan los 500.
MORENA, PT y PVEM suman 277 diputades, que representan el 56% de la Cámara.
Estos partidos necesitan los votos de al menos 57 legisladores más o que el día de la votación no se presenten 85 diputades de oposición.
En el PRI son 71 legisladores. Para aprobar la reforma, sería necesario el 80% de esta bancada.

variacion per capita

Crisis de cuidados

El valor económico de las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas en México equivale a un 22.8% del PIB.
Las mujeres destinan el 66% de las horas trabajadas a trabajos no remunerados mientras los hombres destinan sólo 28% de sus horas a estas actividades. (ENUT, 2019)

Crisis económica

PIB -8.5% anual en 2020 – la peor desde la historia del indicador 1980)
Una de cada cinco empresas registradas en el Censo Económico de mayo de 2019 había cerrado permanentemente para septiembre de 2020.
Entre marzo y abril del 2020, se perdieron más de 12 millones de empleos

Crisis social

4.7 millones más en pobreza laboral que en 2019.
La pandemia ha incrementado las brechas entre hogares ricos y pobres, principalmente por la posibilidad de hacer teletrabajo – la brecha digital
Aumento de personas por debajo de la línea de pobreza por ingresos entre 8.9 y 9.8 millones
Aumento de las personas en riesgo de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones

Crisis de Salud

1.4 millones de personas contagiadas y 123 mil fallecidas (dic 2020)
El INEGI reportó una cifra de muertes superior en 68.7% a la reportada por la Secretaría de Salud a causa de esta enfermedad entre enero y agosto de 2020.
País con la mayor tasa de letalidad observada 8.9%
Tasa de positividad 41.2% (dic 2020)
La estrategia de vacunación será clave para la reactivación económica – inició a finales de diciembre de 2020.

Nuestro estudio

Nuestros Objetivos

INGRESOS

¿Cuál es la evolución de los ingresos por deciles de hogares?

¿Cuál es la composición de los ingresos de los hogares?

Por principales fuentes de ingreso

Distribución porcentual del ingreso corriente total

Por decil de hogares

Distribución porcentual del ingreso corriente total

¿Cómo van los ingresos en los estados?

GASTOS

¿Cuanto pesan los gastos en el ingreso de los hogares?

¿Cómo van los gastos en salud y educación?

Gasto en salud por decil

Gasto en salud por estado

Gasto en educación por decil

Gasto por estado

¿Cómo van los gastos en los estados?

POBREZA Y DESIGUALDAD

¿Cómo vamos en desigualdad?

Distribución del ingreso por deciles

Coeficiente de Gini por entidad

Evolución de la pobreza en México (2016-2024)

Las carencias sociales de la medición de pobreza multidimensional

Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Rezago educativo

¿Cómo se ve el mapa de pobreza?

Mapa de Pobreza

Mapa de Pobreza Extrema

Publicaciones

Antología 2023: Reimaginemos el panorama

Lecturas complementarias

ENIGH 2024. Es una historia del ingreso laboral

Valentina Martinez Pabón | @vmartinez413

Luis Monroy-Gómez-Franco | @MGF91

¿Cuál es la evolución de los ingresos
por deciles de hogares?

¿Cuál es la composición
de los ingresos de los hogares?

ENIGH 2024. Es una historia
del ingreso laboral