La virtual presidenta enfrentará una muy difícil situación de finanzas públicas, pues la liga que estiró la presente administración no aguantará más. Los mercados lanzaron una advertencia no contra la concentración de poder, sino de lo que más les podría preocupar: la prometida reducción del déficit fiscal y la incertidumbre de las nuevas reglas del juego que pondrían en riesgo la capacidad de repago de la deuda pública. Como dice el colega Rodolfo de la Torre, los mercados no tienen problemas en lidiar con un déspota confiable.
En efecto, en otro espacio he sostenido que en la administración que termina el nivel de deuda pública si bien no tan catastrófica, termina justo en el borde, y que por eso las calificadoras no han reaccionado, aunque también afirmé que estaban ya en modo de alerta desde que inició este año 2024. Asimismo, le otorgaron el beneficio de la duda al gobierno saliente de que se reduciría el déficit de más de 5.5 % del PIB a 2.6 % para el 2025, como se planteó en los criterios de política económica del 2024 (ver gráfica abajo). Hoy el gobierno de transición (vía su actual y futuro secretario de Hacienda) ya elevó ligeramente la meta de dicho déficit a 3 % (elemento poco captado en la prensa).
El argumento que sostuvo el propio secretario a fines del año pasado es que la elevación del gasto público era único, y que ese recurso era fácilmente recortable debido a que dichos recursos provenientes de endeudamiento neto se destinarían a terminar las obras emblemáticas del presidente López Obrador. Si este fuera el caso, se estarían inaugurando el 100 % de las obras en los siguientes tres o cuatro meses; habrá que esperar. De otra manera, habrá que presupuestar recursos para el 2025 para concluirlas y que no queden como elefantes blancos. Esto, naturalmente les imprime presión a las finanzas públicas.
En adición, toca cumplir las promesas realizadas durante la campaña presidencial. Por una parte, se encuentra la de mantener las transferencias sociales existentes, las que seguirán incrementándose debido a que año con año habrá una población objetivo más numerosa, ya que en promedio unas 200 mil personas cumplen 65 años anualmente, lo que implica una mayor erogación de recursos públicos; además, las transferencias sociales que se prometieron en los diversos programas sociales que requerirán mayores desembolsos como, por ejemplo, transferencias a mujeres entre 60 y 64 años (con lo que se les otorga a las mujeres una pensión desde los 60 años), beca universal a estudiantes tipo las que introdujo en la Ciudad de México, aumento de pensiones a maestros, entre varias más (no juzgo la pertinencia de las mismas, solo el impacto presupuestario).
Más aún, también se prometió resarcir la reducción relativa de los recursos destinados a educación, ciencia y cultura, que la actual administración redujo abruptamente. Otra promesa es la de rehabilitar 18,000 kms de vías férreas y construir infraestructura para la instalación de 100 parques industriales. Más importante aún se encuentra la necesidad de obras en materia energética e hidráulica, urgentes en el país para atraer inversión (con el renacimiento de las asociaciones público-privadas se aliviaría esto último).
En suma, entre las promesas de campaña y el resarcimiento de partidas olvidadas en esta administración, y que deterioraron la calidad de los servicios públicos, y la reactivación urgente del mantenimiento de la infraestructura existente que se postergó (carreteras, edificios públicos, puertos, etc.), implica un aumento importante en el presupuesto. Además, como se mencionó antes, también está el compromiso de reducir el déficit público en más de 2 puntos porcentuales del PIB que requiere de una disminución abrupta de presupuesto. Si sumamos todo esto, en comparación con el presupuesto del 2024, implica una diferencia de alrededor de 4 a 5 puntos porcentuales del PIB. Sin duda, un compromiso de difícil consecución.
Esto podría solucionarse al menos temporalmente con un incremento de los recursos públicos para alcanzar la sostenibilidad fiscal, pero existe el otro compromiso de no realizar una reforma tributaria (alguien le susurró a la entonces candidata que no era necesaria). Peor aún, se insiste en transferir recursos a PEMEX, lo que ahonda aún más la necesidad de recursos públicos.
Como se aprecia, la virtual presidenta enfrenta una rifa del tigre financiera. Y esto es lo que les preocupa a los mercados. Más que lo de la reforma judicial, es la incertidumbre sobre las nuevas reglas y la capacidad de repago de la deuda (de aquí que la SHCP repagó el 12 de junio un bono con vencimiento de 2025 de pequeño monto, para señalizar lo contrario). Al final, los capitales son “golondrinos” y emigrarán cuando lo que vean no les guste. Estos días solamente externaron su preocupación mandando un mensaje de alerta. Están a la expectativa simplemente. Si deciden emigrar lo harán, y sin clemencia (las cosas pasan hasta que pasan, dice el adagio). Es la naturaleza de los mercados, y aunque nos parezcan mezquinos, éstos se deben a los clientes de sus países (por ejemplo, de eso depende la pensión de los ciudadanos europeos, gringos y japoneses). Aunque también pueden quedarse con un gobierno que, aunque autoritario, sea confiable en los términos que ellos requieren.
Reitero, hay dos elementos que deben incluirse en el plan de gobierno para solucionar el asunto. El primero es una reforma fiscal y, el segundo, reintroducir con un buen diseño las asociaciones público-privadas. De otra manera, ¿es la rifa del tigre de las finanzas públicas?
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* Fausto Hernández Trillo es doctor en economía por la Universidad del Estado de Ohio. Es investigador nacional, con el máximo nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, es profesor-investigador en el CIDE y forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
