En los resultados oportunos del Censo Económico del 2024, publicados por el INEGI, se informa que existen en el país 5,451,113 Unidades Económicas en el Sector Privado y Empresas Paraestatales; 2.5 millones en Comercio, 2.1 en Servicios, un poco más de 600 mil en Manufacturas, y el resto en otros sectores como Pesca, Minería, Electricidad, agua y gas, Construcción, Transportes y Servicios Financieros y Seguros.
Estas Unidades Económicas emplean a 27,785,505 personas, 44.5 % en Servicios, 26.3 % en Comercio. 20.4 % en Manufactura y 8.7 % en el resto de las actividades económicas.
Clasificadas por tamaño el INEGI informa que, en el 2023 el 95.5 % eran microempresas, de 0 a 10 personas; el 4.3 % Pymes, de 11 a 250 personas y el 0.2 % grandes, más de 250 personas. El 41.5 % de los empleados laboran en microempresas, el 29.1 % en Pymes y el 29.3 % en grandes empresas.
En los datos del censo hay mucha información muy interesante, que, aunque no nueva para los especialistas, sí muy relevante para el diseño de políticas públicas y entendimiento del mercado. Las grandes empresas son muy importantes, pero en las Micro, Pequeñas y Medianas vive el 70 % del empleo y el 99 % de los empresarios.
Un dato que no deja de sorprender es que el 83.8 % de las ventas en las unidades económicas se realizan en efectivo, interesante en un país que necesita combatir la evasión fiscal y el crimen organizado y al desorganizado también. El 73.9 % de las microempresas dice no utilizar sistemas contables ni contrataron servicios de contabilidad. Dato revelador también.
Hasta aquí un muy sencillo resumen de la información del Censo Económico que considero útil para revelar, desde el punto de vista económico y social, la importancia de las empresas pequeñas y medianas en la vida de las personas y en la economía del país.
Hay que considerar que detrás de cada una de estas empresas hay familias que decidieron arriesgar su patrimonio o contraer una deuda para iniciar un negocio que les permita vivir de manera decorosa. No son capitales públicos, son patrimonios familiares que cuando se pierden no generan pérdidas, generan tragedias de las que difícilmente las familias se pueden recuperar.
Por ello, es una obligación de los gobiernos en los tres niveles mantener un ecosistema lo más sano posible para que la mortandad de las empresas, que por cierto es inevitable, se explique por factores tales como un mal proyecto, un manejo inadecuado del negocio u otros que sean fundamentalmente atribuibles a los empresarios.
Y aquí empieza la tragicomedia de estas empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas que no sólo no cuentan con el capital necesario para enfrentar las crisis y los problemas cotidianos, sino que, además, están indefensas ante los depredadores legales e ilegales que las asedian.
Voy a comentar hechos que he escuchado, algunos de ellos de los que tengo conocimiento muy cercano y otros que son del dominio público. No tienen orden de importancia porque no están medidos públicamente, pero sabemos que son reales y peor aún cotidianos, y en muchos casos ya, normalizados por los empresarios.
Extorsión “legal”. Considero adecuado que exista una regulación que proteja la salud y que establezca las condiciones en las que trabajan las personas, el problema es que en su “aplicación”, o en nombre de este propósito, se cometen un sinfín de extorsiones por las diferentes instancias encargadas de su aplicación/supervisión.
Tanto la Secretaría del Trabajo como los gobiernos estatales y municipales, así como las alcaldías, visitan a las empresas y bajo argumentos como; El extinguidor no está a la altura requerida, la salida de emergencia no está debidamente señalada (sin importar el tamaño del local), los trabajadores no están adecuadamente protegidos para realizar su trabajo y muchos otros aspectos, manipulados al gusto del supervisor, amenazan a las empresas con multas y sanciones, abriendo la puerta al tradicional “cómo nos podemos arreglar”.
Cuando un negocio recibe mercancía o carga un vehículo para hacer una entrega, pues se aparece la patrulla pidiendo el permiso para cargar y ante la frecuente ausencia de este, pues hay manera de sustituirlo económicamente. Aún con el permiso, si por alguna razón ellos consideran que la maniobra no es adecuada, vuelven al ataque para “corregir” la anomalía.
Ni hablar de la extorsión ilegal, el derecho de piso y otras maneras utilizadas por la delincuencia para obtener recursos de las empresas. También la solicitud amable de coperacha con los vecinos del establecimiento que se encargan de “cuidar” al empresario o por “apoyo” a causas nobles como la fiesta del santo de la colonia o el uniforme del equipo local, con el consabido mensaje de que o le entras o estás contra nosotros y veremos quién te defiende.
La cantidad de permisos requeridos para operar, así como su adecuado mantenimiento, renovación y demás, son otra de las oportunidades para los inspectores ante “terribles” violaciones a la normatividad que dan pie para drenar recursos de las empresas.
La lista sigue, tratándose de empresas formales, por ejemplo, hay una serie de prestaciones laborales obligatorias que no son deducibles de impuestos. Si alguna de estas empresas busca recuperar un IVA a su favor tendrá que contratar a un despacho para hacerlo y las probabilidades de éxito son muy bajas, tanto en la recuperación como en el tiempo que toma hacerlo. No se diga si comete algún error ante el SAT.
No contar con la contabilidad en el establecimiento requiere una sanción y ya vimos, en la información del INEGI, la cantidad de establecimientos que no cuentan con ella, ni en el lugar ni en ningún otro sitio, lo que se arregla también con una corta, a veces no tan corta.
En materia laboral cualquier denuncia requiere de un proceso complicado para su atención y en la mayoría de los casos se termina cediendo a la solicitud de arreglo por parte de los abogados y autoridades para terminar el problema.
En fin, la lista de riesgos y amenazas cotidianas que enfrentan estas empresas es inagotable, lo aquí comentado sólo pretende trasmitir que, si bien es correcto decir que las empresas necesitan acceso al crédito y a mercados de capital ad hoc a sus necesidades, sería mucho más valioso garantizar un ecosistema en el que se eliminen los factores “externos” que las sangran y, que en muchas ocasiones, no sólo las incentivan a moverse a la informalidad, sino incluso a cerrar el negocio, destruyendo con ello el patrimonio familiar y generando con ello verdaderas tragedias.
Urge diseñar un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento y protección de estas empresas, mecanismos de defensa reales y a su alcance, políticas públicas que acompañen el desarrollo de los emprendimientos, esquemas de protección ante el crimen organizado y desorganizado.
Por supuesto que mejorar el acceso a los mercados de capital y crédito ayudaría, pero creo que, sin duda, una parte no menor de los ingresos de estas empresas se utiliza para el pago de estas extorsiones legales e ilegales, y demás eventos a los que todos los días se enfrentan los empresarios.
Es necesario diseñar un ecosistema que haga que las empresas fracasen, en su caso, por riesgos inherentes a su actividad y que factores ajenos a su control tengan cada vez menor importancia en su funcionamiento.
No olvidemos que más del 80 % de la inversión que requiere el país para un adecuado crecimiento proviene de estos miles de emprendedores que arriesgan todo lo que tienen en la búsqueda de un mejor porvenir para sus familias. Su fracaso nos afecta a todos, su éxito nos beneficiaría a todos también.
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* Juan Ignacio Gil Antón (@JuanIgnacioGil1) es Economista y experto México, ¿cómo vamos?
