La desigualdad en México no solo es un fenómeno que afecta a los ingresos de sus familias, está presente en todos los ámbitos de la vida del país: en acceso a la educación, a servicios de salud, en la impartición de justicia, acceso al mercado laboral, la seguridad, en el acceso a los servicios e infraestructura, por mencionar solo algunos, porque la lista es muy larga.
Esta desigualdad es muy evidente en la repartición del gran pastel del tamaño de la economía llamado PIB, si se le reparte en rebanadas de acuerdo al pago de los factores de la producción, el trabajo y el capital principalmente, más los impuestos e ingresos mixtos. El pago correspondiente a sueldos y salarios, que no es otra cosa que la remuneración a todo tipo de trabajadores y empleados, formales e informales por su contribución a la generación de la riqueza del país, en el año 2020 fue de 29%, en tanto la fracción destinada a ganancia de las empresas fue de 45%, y un ingreso mixto de 19.6%, correspondiente a los ingresos de pequeños empresarios y profesiones ejercidas por cuenta propia 1. En contraste, una economía tan liberal y pro empresarial como es la estadounidense, la rebanada del pastel correspondiente a sueldos y salarios fue de 62%, beneficios a empresas anónimas 14% y empresas individuales 8%. 2
De lo anterior es importante que la sociedad mexicana reflexione sobre el estatus quo de la distribución de la riqueza en el país. ¿Es el actual nivel de desigualdad tolerable para la mayoría de la población? La pregunta es muy pertinente. Por cómo ha evolucionado la desigualdad en México en los últimos 44 años -donde el Índice de Gini de 1977 fue de 0.49 y en 2020 fue de 0.46, y donde el valor del índice oscila entre 0 para una sociedad totalmente equitativa y 1 para una sociedad en donde el ingreso se concentra en una sola persona- se puede deducir que hay mucha tolerancia a la desigualdad en este país.
Ante ello, hace falta hacer una revisión misma de las raíces que causan la desigualdad social y económica, y en consecuencia buscar un nuevo contrato social que busque acabar con la exclusión y extracción de parte de una minoría hacia una mayoría. Parte de la reelaboración de ese nuevo contrato social incluye un nuevo acuerdo institucional que permita armonizar y equilibrar la correlación de fuerzas de una sociedad altamente desigual y que ahora mismo está a favor de una minoría. Éste contrato social debe de enmarcar un nuevo acuerdo institucional donde el Estado actúe como un verdadero catalizador ante las fallas, carencias o inconsistencias del mercado, mismas que se han agudizado en los últimos años.
La inversión pública y privada debe de ser un factor que tenga una redimensión derivada de dicho acuerdo institucional. Mayor inversión genera mayor crecimiento económico, menor pobreza y paulatinamente menor desigualdad, si bien esta variable al ser estructural tiene una dinámica de cambio más lenta. Los países que han sido más exitosos en los últimos años y que han disminuido más la pobreza y la desigualdad han sido los países que más han crecido impulsados por altas tasas de inversión pública y privada, sobre todo los países de Asia Oriental.PUBLICIDAD
A la inversión pública se le condenó en los últimos años por dos cosas, la primera porque podría provocar un efecto desplazamiento de la inversión privada al competir por recursos financieros escasos y provocar aumentos en la tasa de interés, y la segunda porque parte importante de esa inversión era sostenida por deuda pública.
Al respecto, primero, hoy en día, está comprobado que la inversión genera un efecto multiplicador y arrastre sobre la inversión privada y segundo, la inversión preferentemente debe de ser financiada sin deuda pública y para ello es importante que el gobierno mexicano se allegue de recursos a través de impuestos. La actual recaudación de 16% del PIB, la segunda más baja de América Latina solo después de Haití y al nivel de Guatemala, no da margen para que la inversión pública aumente del actual mínimo histórico de 2.3% del PIB, apenas una tercera parte del 6.8% registrado en el último trimestre de 2008.
El nuevo acuerdo institucional debe implicar un aumento permanente de la recaudación, donde se exima de exenciones y privilegios fiscales, en especial a los grandes contribuyentes. Eso posibilitará una mayor recaudación de entre 4 y 6 puntos porcentuales más del PIB en sintonía con lo que dijo la jefa del SAT. Solo a través de un nuevo contrato se podrá acceder a un aumento permanente y no transitorio de la recaudación y a una nueva reforma fiscal en el corto plazo, que permita consolidar aún más la recaudación tributaria y ubicarla en niveles en torno al 26 a 28% del PIB en congruencia con las necesidades, complejidad, tamaño y sofisticación que tiene el sistema productivo nacional y la economía mexicana. La inversión pública deberá tener como prioridad mayor inversión en capital humano, en concreto una mayor inversión en educación, capacitación, ciencia y tecnología y salud para aumentar la creación y oportunidades de empleo formal y productivo, los niveles de inversión tienen que ser contundentes y sostenidos para lograr los objetivos.
Por otro lado, es imprescindible la inversión privada para completar y generar sinergias de la inversión pública. Debe fortalecerse un marco institucional que preserve y fortalezca los derechos de propiedad, para minimizar la incertidumbre y la inhibición de la inversión privada. La protección de los derechos de propiedad han de fijar de manera clara las reglas de la competencia, el marco jurídico que rige a las empresas, además de garantizar seguridad física en un país, donde la extorsión y robo son cosa común. Los gobiernos federal y locales deben coadyuvar en la implementación de un marco regulatorio que ayude a disminuir los costos de transacción, y fomente la competitividad e inversión.
Debe quedar atrás la simulación que ha existido entre gobierno y empresas. El primero simula que protege y facilita a través de un marco de derecho y de competencia; la inversión privada y empresas simulan que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y ambientales. Con ello será posible aumentar la inversión, al nivel ansiado de 24% del PIB y más, desde el nivel actual de 18.8%.
Un nuevo acuerdo institucional debe sentar las bases para un crecimiento sostenido; la legitimidad y bono democrático del que aún goza el actual gobierno le puede permitir reescribir un nuevo contrato social hacia una sociedad más justa y equitativa. Dependerá de la verdadera voluntad política y de cambio hacia una sociedad donde por el bien de todos, primero estén verdaderamente los pobres.
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* César O. Vargas Téllez es Doctor y Maestro en Economía Aplicada. Actualmente es profesor de tiempo completo en la UAM Cuajimalpa y experto México, ¿cómo vamos?
2 Macroeconomics. G. Mamkiw 10th Edition. 2019.
