Parece elemental, sin embargo es necesario recordar que toda inversión se realiza buscando cumplir con un objetivo, ya sea generar un rendimiento o construir una capacidad o, en el caso de la inversión pública, generar una rentabilidad social que justifique el uso de los recursos.
En México, ¿cómo vamos?, se aporta una definición muy clara: “Inversión es la suma de recursos que se utilizan para adquirir capital fijo con el fin de aumentar producción y/o la productividad. Se divide en pública y privada. Así, cuando el gobierno invierte en infraestructura y obra pública genera mejores condiciones para reducir los costos de transporte, producción y logística”.
Estas características son las que hacen diferente a la inversión del gasto; este último busca la satisfacción de una necesidad, pero no tiene como propósito ningún rendimiento asociado. Ambos forman parte de la llamada demanda agregada y son muy importantes, pero tienen efectos muy distintos en la economía del país y de las personas.
Una inversión posibilita, a través del cumplimiento de sus objetivos, la realización de otros proyectos de inversión, o permite a las comunidades realizar de mejor manera, más eficientemente, sus actividades comerciales, o mejora la salud de la población o la educación y con ello les permite trabajar en mejores condiciones, haciendo crecer entonces la capacidad productiva del país y de las familias. Es decir, crea capacidades adicionales para que la economía crezca y se sigan generando empleos y oportunidades de inversión.
El gasto, por su parte, si bien genera actividad económica muy importante, no genera capacidades futuras; es decir, en un análisis muy simplista si suponemos que no hay ninguna inversión nueva, solo el mantenimiento de la existente, la economía no crecería.
Con esta explicación se muestra la importancia que tiene la inversión para el crecimiento del país, y lo importante por ello de que tanto la privada como la pública sean exitosas, es decir rentables económica y/o socialmente.
Se entiende entonces, que una inversión mal hecha se debe considerar como un gasto, teniendo el efecto que éste genera, pero sin construir las capacidades adicionales que se pretenden. Así, una inversión mal hecha es un desperdicio de recursos, lo que hace más relevante que el gobierno invierta más, pero sobre todo que invierta bien. Es muy relevante que los proyectos en los que el gobierno invierte el dinero de los mexicanos generen rentabilidad, ya sea económica o social, para generar crecimiento económico o para facilitar las inversiones y/o las actividades de los ciudadanos que lo generen.
Tradicionalmente se ha dicho que México requiere de una inversión que represente al menos un 25% del PIB para posibilitar así el crecimiento de la economía en porcentajes cercanos al 3 o 4%. Datos publicados por México, ¿cómo vamos?, refieren que la inversión total ha alcanzado un monto equivalente al 18.8% del PIB en el segundo trimestre de 2021 y una muy buena parte, 16.5% de la misma, es inversión privada. En lo que va del sexenio la inversión total ha estado lejos de este 25%, el dato más cercano fue 21.4% en el 1T de 2019 y el más bajo del 17.8% en el 2T del 2020. Dentro de estos la inversión pública máxima representó el 2.8% del PIB en el 4T de 2020.
Revisando los conceptos de la inversión pública vemos que una buena parte se destina a mantenimientos, adquisición o regularización de inmuebles y otros conceptos, que si bien son necesarios, no contribuyen a la creación de nuevas capacidades y con ello su multiplicador, es decir el impacto en el crecimiento futuro de la economía, es muy cuestionable.
Proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y otros de este tipo debieran probar su rentabilidad económica y/o social, de manera que los mexicanos pudiéramos priorizar y decidir en qué vale la pena invertir nuestro dinero. En un esquema de rendición de cuentas sería necesario probar que constituyen una inversión y no un gasto o peor aún un desperdicio de recursos.
El gobierno también debe contribuir a posibilitar e incluso promover la inversión privada mediante el cumplimiento del Estado de Derecho, garantizando la seguridad de las personas y las empresas, generando reglas y leyes que otorguen confianza a los particulares, nacionales y extranjeros, haciendo un ecosistema amigable para los emprendedores de todos los tamaños. Sin estos factores, la inversión buscará otros países en donde el riesgo que corren sea menor.
En conclusión la inversión es un factor necesario para el crecimiento de la economía, pero no será suficiente si no se hace de manera rentable, cumpliendo sus propósitos ya sea de rentabilidad económica o social mediante la creación de capacidades que posibiliten otras inversiones.
La responsabilidad del gobierno federal y de los de los estados y municipios es crear y mantener un ecosistema amigable que favorezca la realización de proyectos de inversión y que nos haga un destino atractivo para que inversionistas nacionales e internacionales escojan a México como la sede de los mismos.
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* Juan Ignacio Gil Antón es Economista y experto México, ¿cómo vamos?
