El 20 de julio pasado se dio a conocer que EE.UU. y Canadá habían presentado a México solicitudes de consultas al amparo del T-MEC para que se discutieran supuestas violaciones por parte de nuestro país a los compromisos internacionales del tratado. Esto puede ser el inicio de un proceso legal de solución de controversias que, en el peor escenario, podría implicar represalias en contra de las exportaciones mexicanas a nuestros socios de América del Norte.
Ante este tema, se han vertido opiniones desde ángulos tan diversos como el político, el económico y el legal; sería posible escribir un artículo completo sobre las implicaciones de este proceso desde cada uno de esos ángulos, pero en este texto quisiera enfocarme en las implicaciones estratégicas del caso.
Primero, la administración del presidente López Obrador ha sido muy clara respecto de cuál es su visión del sector energético, y ha intentado implementar esa visión por todos los medios a su disposición. Bajo el argumento de una “soberanía energética” contenida en el Capítulo 8 del T-MEC (que por cierto solamente habla de hidrocarburos, mas no de electricidad), se ha mencionado que este acuerdo no limita de ningún modo las acciones del estado mexicano, y por lo tanto, no debería de haber reclamos por parte de EE.UU. y Canadá a estas acciones.
Lamentablemente, estos argumentos son al menos debatibles, ya que las disposiciones del capítulo 8 del T-MEC deben de leerse de manera armónica –es decir, no tomando de manera aislada solamente ese capítulo– con otras obligaciones, como las que están contenidas en capítulos como acceso a mercados, empresas propiedad del estado y protección de inversiones, que claramente aplican al sector energético. El punto de fondo que se deberá resolver es si México tiene o no la posibilidad de beneficiar, a través de la aplicación de ciertas políticas públicas, a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex.
Es aquí donde la discusión estrictamente técnica – legal puede fácilmente dar un salto al ámbito político: ¿puede México tener una política energética a favor de sus empresas? Desde luego que sí, pero dicha política no puede ser ejecutada de modo que desplace a los participantes privados en el mercado ni tampoco de una manera que no reconozca los derechos que esos mismos inversionistas han adquirido.
En otras palabras: la política energética debería en todo caso fomentar a que CFE y Pemex sean competitivos y hagan negocios en paralelo a la participación de los agentes privados en el mercado, y no a través de la creación de monopolios artificiales que acabarán teniendo consecuencias negativas para los consumidores.
El contexto internacional puede ayudarnos a entender por qué el resultado de este caso es tan relevante para la competitividad de la región. Actualmente las empresas de todo el mundo buscan lugares para invertir, que estén alejados de zonas de conflicto o para evitar retrasos en sus cadenas de distribución. México está en una posición ideal para atraer muchas de esas inversiones, pero eso sucederá en la medida en que se cuente con un suministro constante, seguro y competitivo de energía. ¿Cómo podemos convencer a una empresa de semiconductores que venga a instalarse México, si ni siquiera hay certeza de que tendrá toda la electricidad que necesita para sus operaciones?
Adicionalmente, si se llegan a aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas tendremos efectos inmediatos en los precios, restando competitividad a nuestros productores, que seguramente perderían ventas en los mercados de Canadá y EE.UU., con el consiguiente debilitamiento de las empresas exportadoras en nuestro país.
Para concluir, una buena nota: me parece muy loable que esta controversia se esté atendiendo por lo canales institucionales que se crearon en el T-MEC, en una igualdad de condiciones, y considerando todos los elementos que puedan aportar algo al esclarecimiento de este tema. Recordemos que la preocupación por la aplicación de estas políticas por parte de México existe desde hace tiempo, y ha sido manifestada en innumerables ocasiones por nuestros socios comerciales.
Una decisión arbitral definiría de una vez por todas cuál es realmente el alcance que tiene México para implementar estas políticas, lo cual sin duda ofrecerá la certidumbre que necesitan los operadores económicos para realizar sus inversiones. Eso es lo verdaderamente estratégico e importante del caso.
Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.
*Juan Carlos Baker Pineda (@JCBakerMX) es socio fundador de Ansley Consultores, profesor de Comercio y Economía en la Universidad Panamericana y Experto México, ¿cómo vamos?
