El indicador más importante sobre la inseguridad es, sin duda, el de homicidios dolosos y sus diversas agravantes. Pero el avance del crimen organizado y su control sobre cada vez mayor territorio hace de la extorsión, el despojo y el robo a negocios son indicadores ineludibles de un estado con fallas graves. El Estado ya no sólo es incapaz de proteger la vida humana, lo más valioso, sino que además no hace valer su autoridad en el territorio, al grado que se cobra un segundo impuesto a la actividad económica de los habitantes. Estos daños se pueden analizar a través de la incidencia de las extorsiones, los despojos y el robo a los negocios.
Este año podría alcanzar el máximo histórico de extorsiones en el país, que han estado aumentando en los últimos años. En el periodo que va de enero a abril de 2018 al mismo cuatrimestre de 2022 se han incrementado 55.6%. Pasaron de 6.7 mil extorsiones en 2018 a 8.8 mil extorsiones en 2021, inclusive durante la pandemia. En mayo de 2022 ya sobrepasaron las mil extorsiones en solamente un mes. Anteriormente, entre 2013 y 2016, las extorsiones se habían reducido para llegar a 5.7 mil extorsiones en 2016, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La zona centro del país es la más afectada por este delito y es donde más se han incrementado en 2022. El Estado de México es el que registra, históricamente, más extorsiones en México (1,813 en enero-mayo de 2022). Le siguen Veracruz (339), Nuevo León (305), Jalisco (249), Zacatecas (216), Guanajuato (206) y Ciudad de México (155). El fenómeno de la extorsión es grave, pues implica el aumento en costos y provoca el abandono de actividades productivas.
Por su parte, los despojos (acto de apropiación de bienes, especialmente terrenos, edificios y otros tipos de bienes inmuebles mediante la violencia y la fuerza) han ido en aumento desde 2015 y se han acelerado, reporta el SESNSP. En los primeros tres años y medio de este gobierno ya se alcanzó el equivalente a tres cuartas partes de los reportados en las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, y todo indica que el sexenio terminará con un récord histórico.
En 2021 hubo 32.6 mil despojos registrados, la cifra más alta de la que se tenga registro. Desde hace al menos dos sexenios, el delito de despojo ha ido en aumento y se ha acelerado en los últimos tres años. Entre 2015 y 2018 los despojos aumentaron 5.8% en promedio anual, mientras que entre 2018 y 2021 aumentaron 8.4%, de acuerdo con el SESNSP. De continuar con la tendencia reciente, al finalizar el gobierno de López Obrador los despojos llegarán a alrededor de 195 mil, 48.7% más que los registrados en el sexenio de Peña Nieto.
Los robos a los negocios también afectan la economía del país. Al contrario de lo ocurrido con las extorsiones y los despojos, los robos han disminuido, pero los robos con violencia siguen en un nivel similar de los últimos cinco años. Los estados con mayor incidencia de robos a negocios son el Estado de México (8,722 en enero-mayo de 2022), la Ciudad de México (4,581), Jalisco (2.317), Baja California (2,137), Veracruz (1,980), Guanajuato (1,898) y Puebla (1,849).
Es interesante mencionar que los municipios con mayor incidencia delictiva de robos a negocios son Ecatepec, Puebla, Tijuana, Mexicali, Guadalajara y Querétaro.
La Coparmex es otra fuente de información muy significativa para dimensionar la incidencia delictiva contra las empresas. De acuerdo con su encuesta de 2021, la mitad de sus socios fueron víctimas de algún delito en 2021. Antes de la pandemia, el porcentaje era 6% mayor. Los estados con mayor incidencia delictiva entre los miembros de Coparmex son Tabasco (72%) y Zacatecas (85%). Estas cifras son mucho mayores a las reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionadas arriba, lo que refleja la enorme cifra negra (delitos no denunciados por las víctimas) que también existe entre las unidades productivas. La fallida procuración de justicia en el país alcanza tanto a víctimas individuales como a personas morales.
Es difícil cuantificar con precisión el costo económico de todos estos delitos y sus implicaciones. Su impacto puede ir de la cancelación de inversiones, el aumento de sus costos por lo invertido en seguridad, la pérdida de mercancías o el pago de piso.
De acuerdo con el INEGI hubo 273 mil novecientas unidades económicas que cancelaron inversiones (5.5% de las unidades registradas), principalmente en el centro del país. Esto refleja que la extorsión y el despojo, que también ocurren principalmente en la región centro, deben haber jugado un papel importante en estas decisiones de dejar de invertir. En regiones menos golpeadas por la extorsión, como el norte, la cancelación de inversiones fue también menor.
El INEGI cuantifica en 225.9 mil millones de pesos los gastos en protección y las pérdidas asociadas a los delitos en 2019 (0.92% del PIB). Al igual que la cancelación de inversiones, la pérdida mayor ocurrió en el centro del país. Según cálculos del Banco de México, si la victimización de empresas fuera como en el sur del país (la región con menor incidencia que llega al 25% de las unidades productivas), tanto la inversión como los salarios y las ganancias aumentarían significativamente, especialmente en el centro del país donde es más alta la incidencia delictiva.
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* Enrique Cárdenas (@ECardenasPuebla) es presidente de Signos Vitales; Profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad de Guadalajara, y experto México, ¿cómo vamos?
