La existencia de reglas y la observancia de las mismas es un elemento esencial para la convivencia de los seres humanos. Ya sea en la organización política de nuestros países, en los deportes o en los negocios, las reglas representan límites que no deben transgredirse, so pena de infundir incertidumbre a todos los miembros de la sociedad.
Las relaciones internacionales no son la excepción. A lo largo de la historia se han negociado y establecido tratados internacionales para regular la convivencia entre los países, los derechos y obligaciones que esa convivencia genera, así como las relaciones económicas y comerciales entre los mismos. Un tratado de libre comercio, como es el Tratado México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC), es un ejemplo de lo anterior.
El T-MEC entró en vigor en julio del 2020, modernizando el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El T-MEC establece las condiciones y reglas bajo las cuales el comercio se realizará entre las partes, especificando qué acciones son permitidas, cuáles no lo son, y de qué modo se tratará cualquier controversia que pueda surgir.
Estas condiciones y reglas no son, de ninguna manera, un atentado a la soberanía nacional, ni tampoco representan una limitación impuesta a los actores políticos para controlar su capacidad de acción. En México, los tratados internacionales son negociados por el Ejecutivo, y una vez que son aprobados por el Senado de la República se convierten también en ley dentro de nuestro país.
Todo lo anterior es relevante porque en los últimos meses hemos sido testigos del inicio de varios procesos de solución de controversias que han involucrado a los países de América del Norte, de acuerdo con lo establecido en el propio T-MEC. Independientemente del caso que analicemos, debemos resaltar que el tratado garantiza el derecho de un país miembro a elevar sus preocupaciones cuando considera que otra parte no ha cumplido con los compromisos reflejados en el T-MEC.
De este modo, México demandó a Estados Unidos por la interpretación que hace sobre las reglas de origen en el sector automotriz, mientras que Estados Unidos. ha cuestionado la consistencia con el T-MEC de las políticas en materia energética que México aplica. Estados Unidos, por su parte, ha reclamado a Canadá ciertas acciones en el sector lácteo.
Las controversias son naturales y, en una relación tan intensa como la que existe en nuestra región, podemos afirmar que siempre estarán presentes. Naturalmente, estos casos deben ser seguidos de cerca, y en la medida de lo posible, deben evitarse. Pero quisiéramos destacar que el proceso de solución de controversias no es necesariamente lo más importante a considerar; desde nuestra perspectiva, es mucho más importante ver cómo reaccionará cada país ante la decisión de un hipotético panel y, en todo caso, qué haría dicho país para implementar los fallos. Si los países respetan las decisiones e implementan los respectivos cambios internos que sugeriría un panel que esté analizando alguna controversia, la fortaleza e institucionalidad de nuestra relación comercial quedará demostrada.
El Estado de derecho es algo deseable por sí mismo, pero no debemos minimizar las implicaciones económicas (positivas o negativas) que dicho Estado de derecho genera. En la vida real, los actores económicos están permanentemente estudiando los mensajes que las autoridades emiten a través de sus acciones. La incertidumbre es muy cara, ya que limita inversiones, desvía recursos y posterga el crecimiento económico futuro.
No es casualidad que en los últimos dos años, desde que el T-MEC entró en vigor, la inversión extranjera directa en México se ha incrementado de manera sostenida, ni tampoco es fortuito el que 2022 será un año histórico en los flujos comerciales del país. Para México, tener un acceso libre de arancel, irrestricto y legalmente garantizado al mercado estadounidense representa un activo único e irremplazable, y es un factor para la certidumbre de los negocios en el país.
Sería un profundo error creer que es posible obtener todos los beneficios de un tratado comercial, sin asumir al mismo tiempo las obligaciones contenidas en el mismo. Más aún: en el momento en el cual se perciba internacionalmente que un país no es serio respecto del cumplimiento de sus compromisos, y que puede modificar abruptamente las reglas del juego para los actores económicos nacionales e internacionales, se reducirán las posibilidades de recibir inversiones o asumir nuevos roles en las cadenas de suministro.
Hay que decirlo claramente: México es el país que más puede beneficiarse de un Estado de derecho fuerte, de reglas comerciales claras y de un proceso de solución de controversias transparente y expedito. Hagamos todo lo necesario para capitalizar esta ventaja con la que contamos.
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* Juan Carlos Baker Pineda (@JCBakerMX) es socio fundador de Ansley Consultores, profesor de Comercio y Economía en la Universidad Panamericana y Experto México, ¿cómo vamos?
