Ahora que están discutiéndose reformas constitucionales del paquete que envió el expresidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, hice un recuento de cómo los organismos autónomos tienen un sentido para todos los ciudadanos, especialmente los menos favorecidos, pues su diseño busca efectivamente mejorar las condiciones de competencia económica y garantizar mejores precios y mayor calidad para los y las consumidoras desde el inicio de su proceso productivo y no sólo hasta que se ofrecen al mercado final.
1. Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
a) Su objetivo es proteger principal y especialmente a los consumidores desde el origen de los procesos productivos, o sea, desde la generación de la oferta de bienes y servicios. ¿Cómo? Asegurando que haya competencia efectiva en esos mercados, porque está demostrado hasta el cansancio que cuando no hay competencia efectiva, los productores abusan de los consumidores, subiendo precios más allá de costos razonables, de muchas maneras (monopolizando el mercado, impidiendo la entrada de nuevos competidores, conspirando con los otros productores para elevar artificialmente los precios, etc.).
b) ¿Por qué debe ser un organismo autónomo? Porque si es un organismo del gobierno, habrá muchos incentivos para que éste favorezca indebidamente a empresas públicas y privadas, a expensas de los consumidores, como es el caso de las empresas del Estado, como Pemex y CFE, entre otros. Inclusive es un mecanismo de protección del Estado mismo, al contenerlo de incurrir en subsidios que drenan ineficaz e ineficientemente los recursos escasos del erario, como es subsidiar productos que consumen preferentemente los consumidores más ricos de la sociedad, como las gasolinas. En otras palabras, es mejor un árbitro imparcial que le deba lealtad a todos los consumidores, y no uno que le deba lealtad a ciertos actores -públicos y privados- a expensas del resto de la comunidad.
c) El que sea un organismo autónomo no significa que no deba rendirle cuentas a nadie. Debe siempre informar debida y oportunamente anualmente de sus decisiones e investigaciones. La luz pública siempre es mejor que la opacidad o la oscuridad, que siempre son causa de corrupción.
d) Tiene que estar también sujeto a ser retado en procedimientos judiciales debidamente llevados, para evitar abusos y arbitrariedades. Por eso deben existir tribunales también independientes y especializados, para conocer de este tipo de disputas y resolver estrictamente conforme a derecho.
e) Todo lo anterior garantiza que nadie esté por encima ni fuera de la ley, que precisamente está diseñada para, en la mayoría de los casos, defender al débil y pequeño, sobre todo a los consumidores finales, frente a los poderosos.
f) El costo de tener este organismo se solventa a partir de las multas y sanciones que aplique a los infractores, y aun en el caso de que no las hubiera, el simple hecho de ahorrarle recursos a los ciudadanos por vigilar la debida competencia en todos los mercados supera con mucho dichos costos.
2. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
a) Su objetivo es proteger principal y especialmente a todos los mexicanos en tanto consumidores desde el origen del proceso productivo de las telecomunicaciones. ¿Cómo? Asegurando, por un lado, que haya el abasto tecnológicamente más avanzado que el desarrollo del País requiere en este sector, así como competencia efectiva en ese mercado, porque cuando no hay competencia efectiva, los productores abusan de los consumidores, subiendo precios más allá de costos razonables de muchas maneras. Y por otro lado, estableciendo los mecanismos efectivos para el mejor uso de los recursos públicos como es el espectro electromagnético y los derechos públicos de vía, más allá de una visión miope de encarecer artificialmente los precios de estos valiosos insumos. Está ampliamente demostrado que las telecomunicaciones son uno de los factores más efectivos para acelerar el desarrollo equitativo de las naciones.
b) ¿Por qué debe ser un organismo autónomo? Porque si es un organismo del gobierno, habrá muchos incentivos para que éste favorezca indebidamente a sus empresas públicas (e incluso, en casos de corrupción, a otras empresas privadas), a expensas de los consumidores, como es el caso de las empresas del Estado, como CFE, entre otros. Inclusive es un mecanismo de protección del Estado mismo, al contenerlo de utilizar, como fue en el pasado, a las telecomunicaciones como una ventanilla más de recaudación fiscal, y no una industria promotora del desarrollo integral del País en todos los órdenes (social, económico, tecnológico…). En otras palabras, es mejor un árbitro imparcial que le deba lealtad a todos los mexicanos, y no uno que le deba lealtad a ciertos actores -públicos y privados- a expensas del resto de la sociedad.
c) El que sea un organismo autónomo no significa que no deba rendirle cuentas a nadie. Debe siempre informar debida y oportunamente anualmente de sus decisiones e investigaciones. La luz pública siempre es mejor que la opacidad o la oscuridad, que siempre son causa de corrupción.
d) Tiene que estar también sujeto a ser retado en procedimientos judiciales debidamente llevados, para evitar abusos y arbitrariedades. Por eso deben existir tribunales también independientes y especializados, para conocer de este tipo de disputas y resolver estrictamente conforme a derecho.
e) Todo lo anterior garantiza que nadie esté por encima ni fuera de la ley, que precisamente está diseñada en la mayoría de los casos para defender al indefenso y pequeño, en este caso a los mexicanos en cuanto consumidores finales de servicios de telecomunicaciones, frente a los poderosos.
f) El costo de tener este organismo se solventa a partir de las multas y sanciones que aplique a los infractores, y aun en el caso de que no las hubiera, el simple hecho de ahorrarle recursos a los ciudadanos por vigilar la debida competencia en estos mercados supera con mucho dichos costos, además del efecto potenciador que tienen las telecomunicaciones para el desarrollo integral del país.
3. Comisión Reguladora de Energía (CRE)
a) Su objetivo es proteger principal y especialmente a los consumidores desde el origen del proceso productivo de la energía. ¿Cómo? Asegurando, por un lado, que haya el abasto que el desarrollo del País requiere, así como competencia efectiva en ese mercado, porque está demostrado que cuando no hay competencia efectiva, los productores abusan de los consumidores, subiendo precios más allá de costos razonables, de muchas maneras (reduciendo la oferta, monopolizando el mercado, impidiendo la entrada de nuevos competidores, conspirando con los otros productores para elevar artificialmente los precios, etc.). Y por otro lado, estableciendo los mecanismos efectivos para una debida transición energética hacia formas menos contaminantes de producirla.
b) ¿Por qué debe ser un organismo autónomo? Porque si es un organismo del gobierno, habrá muchos incentivos para que éste favorezca indebidamente a sus empresas públicas (e incluso, en casos de corrupción, a otras empresas privadas), a expensas de los consumidores, como es el caso de las empresas del Estado, como CFE, entre otros. Inclusive es un mecanismo de protección del Estado mismo, al contenerlo de incurrir en subsidios que drenan ineficaz e ineficientemente los recursos escasos del erario, como es subsidiar productos que consumen preferentemente los consumidores más ricos de la sociedad, como pueden ser las empresas más consumidoras de energía. En otras palabras, es mejor un árbitro imparcial que le deba lealtad a todos los consumidores, y no uno que le deba lealtad a ciertos actores -públicos y privados- a expensas del resto de la sociedad.
c) El que sea un organismo autónomo no significa que no deba rendirle cuentas a nadie. Debe siempre informar debida y oportunamente anualmente de sus decisiones e investigaciones. La luz pública siempre es mejor que la opacidad o la oscuridad, que siempre son causa de corrupción.
d) Tiene que estar también sujeto a ser retado en procedimientos judiciales debidamente llevados, para evitar abusos y arbitrariedades. Por eso deben existir tribunales también independientes y especializados, para conocer de este tipo de disputas y resolver estrictamente conforme a derecho.
e) Todo lo anterior garantiza que nadie esté por encima ni fuera de la ley, que precisamente está diseñada en la mayoría de los casos para defender al indefenso y pequeño, en este caso a los consumidores finales, frente a los poderosos.
f) El costo de tener este organismo se solventa a partir de las multas y sanciones que aplique a los infractores, y aun en el caso de que no las hubiera, el simple hecho de ahorrarle recursos a los ciudadanos por vigilar la debida competencia en todos los mercados energéticos y de esa manera facilitar el desarrollo social y económico del país supera con mucho dichos costos.
4. Comisión nacional para la mejora continua de la educación
a) Su objetivo es proteger principal y especialmente a los niños y niñas, y a los jóvenes de nuestro País. ¿Cómo? Asegurando que haya una preparación efectiva para la vida -en todos sus aspectos- desde la primera infancia hasta la universidad. Porque está demostrado que cuando no hay educación universal y de calidad, las generaciones que sigan a la actual no estarán preparadas para los retos que el futuro les va a plantear. Esto desde luego deberá incluir acciones afirmativas para resarcir las desventajas que por siglos lastran a los menos favorecidos del País, como son las comunidades indígenas, entre otros.
b) ¿Por qué debe ser un organismo autónomo? Porque si es un organismo del gobierno, habrá todos los incentivos para que éste favorezca indebidamente a las ideologías predominantes del momento, a expensas de una visión compartida por todos los mexicanos que, sin menoscabo de la diversidad de visiones, tenga una visión común de país de largo alcance, en la que nos reconozcamos todos los mexicanos. Inclusive es un mecanismo de legitimación del Estado mismo, al constituirse como uno de los factores cohesionantes y de unidad en nuestra sociedad tan polarizada.
c) El que sea un organismo autónomo no significa que no deba rendirle cuentas a nadie. Debe siempre informar debida y oportunamente anualmente de sus decisiones e investigaciones. La luz pública siempre es mejor que la opacidad o la oscuridad, que siempre son causa de corrupción.
d) Tiene que estar también sujeto a ser retado en procedimientos judiciales debidamente llevados, para evitar abusos y arbitrariedades. Por eso deben existir tribunales también independientes y especializados, para conocer de este tipo de disputas y resolver estrictamente conforme a derecho.
e) Todo lo anterior garantiza que nadie esté por encima ni fuera de la ley, que precisamente en la mayoría de los casos defiende al indefenso y pequeño, en este caso, a nuestra infancia y juventud, que es la semilla de nuestro país.
f) El costo de tener este organismo se solventa a partir del mejoramiento de la educación de la niñez y juventudes mexicanas, por lo que más que un costo debe ser visto como una inversión altamente productiva en quienes serán el México del futuro.
5. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
a) Su objetivo es arrojar luz imparcial y objetiva de los resultados efectivos de las políticas de desarrollo integral del País, más allá de ideologías y de intereses particulares, y de esa manera proteger principal y especialmente a los mexicanos menos favorecidos, así como demostrar con evidencias científicas los resultados del destino y uso de los recursos escasos del erario mexicano, que son los recursos aportados por toda la sociedad, no como una dádiva del gobierno en turno. ¿Cómo? Aplicando los instrumentos y metodologías científicos más actuales en sus análisis y conclusiones, que se traducen en recomendaciones objetivas y no partidarias de las debidas correcciones en las estrategias de desarrollo implementadas.
b) ¿Por qué debe ser un organismo autónomo? Porque si es un organismo del gobierno, habrá todos los incentivos para que éste aplauda y ratifique ciegamente las políticas y estrategias públicas efectivamente implementadas (e incluso, solapando casos de corrupción), a expensas de los mexicanos, especialmente los menos favorecidos. Inclusive es un mecanismo de protección del Estado mismo, al contenerlo oportunamente de incurrir en políticas y estrategias erradas que desperdician ineficaz e ineficientemente los recursos escasos del erario mexicano. En otras palabras, es mejor un árbitro imparcial que le deba lealtad a todos los mexicanos, y no uno que le deba lealtad a ciertos actores -públicos y privados- a expensas del resto de la sociedad.
c) El que sea un organismo autónomo no significa que no deba rendirle cuentas a nadie. Debe siempre informar debida y oportunamente anualmente de sus decisiones e investigaciones. La luz pública siempre es mejor que la opacidad o la oscuridad, que siempre son causa de corrupción.
d) Tiene que estar también sujeto a ser retado en procedimientos judiciales debidamente llevados, para evitar abusos y arbitrariedades. Por eso deben existir tribunales también independientes y especializados, para conocer de este tipo de disputas y resolver estrictamente conforme a derecho.
e) Todo lo anterior garantiza que nadie esté por encima ni fuera de la ley, que precisamente está diseñada en la mayoría de los casos para defender al indefenso y pequeño, en este caso a los consumidores finales, frente a los poderosos.
f) El costo de tener este organismo se solventa a partir del simple hecho de que al retroalimentar objetiva y oportunamente al gobierno en turno sobre la eficacia y eficiencia de sus estrategias de desarrollo social, garantiza un mejor uso de los recursos públicos.
6. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
a) Su objetivo es proteger principal y especialmente a la sociedad mexicana en general a través de hacer disponible toda la información que debe ser pública, de manera que se evite la corrupción, ese mal que todos los gobiernos dicen combatir, pero que a menudo acaban encubriendo para beneficio de pocos y con daño para toda la sociedad mexicana. ¿Cómo? Asegurando, por un lado, que haya la debida información y transparencia de la información que se refiera al uso de los recursos públicos, y por otro lado, estableciendo los mecanismos efectivos para la debida protección de los datos personales de la ciudadanía.
b) ¿Por qué debe ser un organismo autónomo? Porque si es un organismo del gobierno, habrá muchos incentivos (básicamente corrupción y abuso de poder público) para que éste oculte información del uso de los recursos públicos, y también para que abuse de la información de los ciudadanos para exhibirlos a su gusto y capricho sin ninguna consecuencia. Inclusive es un mecanismo de protección del Estado mismo, al contenerlo de incurrir en conductas corruptas a través de sus funcionarios, o abusivas respecto a los ciudadanos. En otras palabras, es mejor un árbitro imparcial que le deba lealtad a todos los ciudadanos mexicanos, y no uno que le deba lealtad a ciertos actores -públicos y privados- a expensas del resto de la sociedad.
c) El que sea un organismo autónomo no significa que no deba rendirle cuentas a nadie. Debe siempre informar debida y oportunamente anualmente de sus decisiones e investigaciones. La luz pública siempre es mejor que la opacidad o la oscuridad, que siempre son causa de corrupción.
d) Tiene que estar también sujeto a ser retado en procedimientos judiciales debidamente llevados, para evitar abusos y arbitrariedades. Por eso deben existir tribunales también independientes y especializados, para conocer de este tipo de disputas y resolver estrictamente conforme a derecho.
e) Todo lo anterior garantiza que nadie esté por encima ni fuera de la ley, que precisamente está diseñada para defender al indefenso y pequeño, en este caso a los ciudadanos, frente a los poderosos, en este caso, los funcionarios del Estado, por alto que sea su cargo.
f) El costo de tener este organismo se solventa a partir de las multas y sanciones que aplique a los infractores, y aun en el caso de que no las hubiera, el simple hecho de garantizarle a los ciudadanos la transparencia de la información que debe ser de dominio público y la debida protección de sus datos personales privados frente a caprichos del político o poderoso en turno supera con mucho dichos costos.
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* Francisco Ramírez (@Francis67427073) es economista, profesor de historia, maestro en sistemas sociales por la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania, EUA, y maestro en Economía de la Competencia Económica por el King’s College en Londres, Inglaterra. En la última década se ha dedicado a promover la capacitación de las y los trabajadores para acceder a empleos de mejor calidad y mayor productividad. Fue presidente del patronato del Centro Laboral México, IAP.
