Según la reforma energética 2025, en México por fin se hará Justicia Energética. Varias leyes la nombran, definen y la reconocen. Para quienes no están imbuidos en estos temas, explico brevemente de qué va.
La Justicia Energética vela por quienes sufren carencias de energéticos modernos o viven los impactos de los megaproyectos, sin gozar de sus beneficios. Imaginemos, pues, a quienes carecen de servicio eléctrico porque es muy insuficiente o es impagable o, peor aún, todas los anteriores. Las condiciones se vuelven aún más dramáticas cuando existen comunidades que sufren privaciones energéticas importantes o extremas y, además, son sorprendidos por la construcción inminente del ducto, de la refinería, del parque eólico, de la planta solar o de cualesquiera otros colosos industriales cuyos beneficios no son para ellos, al menos directamente. No hay que estar dotado de sabiduría salomónica para entender el desconcierto de quienes despiertan ya no con el canto del gallo o la cacatúa, sino con el rugido de la excavadora.
Esta, a su vez, se percibe desde tres dimensiones de grados diferentes de complejidad. La primera es el reconocimiento. Esto es, dentro del marco jurídico, la justicia energética es nombrada y reconocida como un objetivo de política pública. Ponerlo en ley es fácil. Sin embargo, con hacer sólo eso se abre la caja de Pandora, puesto que hay que definirla. Más aún, en la definición se deben desplegar las otras dos dimensiones: la distributiva y la procedimental o procesal.
¿Por qué distributiva? Según un adagio pomposo de Ulpiano, que debía regurgitar (sin entender) mientras la abogacía perseguía en la Escuela Libre de Derecho, “la justicia es dar a cada uno lo suyo”. Eso, sin albur, en energía quiere decir que debe haber no sólo un reparto equitativo de los energéticos, en proporción a sus necesidades de consumo. Pero no se trata de cualquier insumo. Estos deben ser limpios, modernos, accesibles y confiables porque no hay transición energética que valga si no es justa. Otro aspecto dentro de esta dimensión distributiva es el equilibrio justo entre los impactos positivos y negativos de los megaproyectos, de cualquier fuente de energía, sea verde o parda. ¿Me despierta la excavadora porque van a construir un parque eólico? Pues ese proyecto debe beneficiarme. ¿Cómo serán los beneficios? Pregúntenme y les digo.
El deber de consultar encaja dentro de la tercera dimensión, la procedimental. Dentro de esta. Las comunidades directamente afectadas (llamadas “comunidades al frente”) tienen derecho de voto y de veto respecto de los sistemas energéticos que afectarán sus vidas. Y no sólo eso: deben tener acceso al aparato de impartición de justicia para reclamar, o que no se les ha consultado, o que se les consultó, pero persisten molestias como incumplimientos en las obligaciones de prestación de servicios, no se les ha compensado por los daños sufridos, y la más delicada, que no han sido integrados de forma proactiva en los proyectos. Algunas comunidades han exigido, incluso, un régimen de copropiedad o cooperativa.
Dicho esto, algunas empresas –cuya atención tal vez tuve la suerte de atrapar—deben estar al borde de un ataque de nervios. ¿Distribuir equitativamente? ¿Consultar? ¿Elegir? ¿Y que TODO esto sea justiciable? Las empresas que están aquí querrán salir corriendo con las manos en alto. Las que están fuera, nos darán la espalda.
Por ventura para ellas, pero por desdicha para las comunidades al frente, la definición mexicana se queda corta. Esto es desconcertante en un gobierno de izquierda cuya prioridad debería ser velar por los grupos más vulnerables. Y como exagero, ahí les va la definición para que juzguen ustedes mismos:
“Acciones o estrategias encaminadas a reducir la Pobreza Energética, las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía e impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia. Incluye también la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos”.
La parte de reconocimiento, sin duda, ahí está. La justicia energética se nombra tal cual, y es puesta como objetivo de política pública. En el plano distributivo, queda establecido en que se nivelarán las inequidades en el acceso a la energía e incluso se incluye una perspectiva de género. La parte más flaca se nota en la parte procedimental, pues no menciona ni mecanismos de consulta ni el derecho a la elección de un sistema energético. Tibia, tibia, la definición habla de la “ampliación de espacios de participación inclusiva en las cadenas productivas a nivel regional”, lo cual podría interpretarse de muchas formas por los inversionistas e incluso por las empresas estatales.
Y ni hablar de los procedimientos para reclamar el derecho a un servicio digno. Esa posibilidad brilla por su ausencia. Como los bienes y servicios energéticos de última milla los prestan mayoritariamente CFE y Pemex, pues maldita fuera la hora en que se abrieran las vías para exigirles algo.
Como sea, estamos apenas aproximándonos a la dimensión del reconocimiento, falta la implementación de la definición entera. Si se reduce sustancialmente –al menos— la pobreza energética, que estriba principalmente en cuestiones de privación, ya se habrá avanzado mucho, pero no lo suficiente. La justicia energética es una aspiración elevadísima que, sin ser inalcanzable, requiere de muchos más recursos legales, institucionales, económicos y de gobernanza de los que ahora tiene México.
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* Miriam Grunstein Dickter es abogada y experta en energía. Grunstein es Académica Afiliada del Mexico Center de James Baker III de Rice University, donde desarrolla trabajos de investigación sobre energías renovables, transición energética, desarrollo de nuevas tecnologías, sustentabilidad y compromisos internacionales para la reducción de emisiones y combate al cambio climático. Experta México, ¿cómo vamos?
