Ante la aprobación de la iniciativa preferente del Ejecutivo para reformar la industria eléctrica en la Cámara de Diputados, por la cual se modifica el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas y privilegia la compra de energía eléctrica generada por las plantas de CFE sobre las energías renovables, ponemos a disposición del Senado los siguientes argumentos:
- Afectaciones al empleo. La iniciativa atenta contra empleos futuros y actuales, pues pone en riesgo la fuente de trabajo de 4.25 millones de mexicanos que hoy trabajan en empresas manufactureras, cuya producción constituye una quinta parte del PIB nacional. Muchas de estas empresas forman parte de cadenas de valor internacional y por lo tanto deben ceñirse al compromiso de generar cero emisiones antes de 2050, empezando por la industria automotriz.
- Oferta energética insuficiente y pérdida de competitividad. El país necesita una industria eléctrica que genere energía limpia en cantidades suficientes para ser el motor de desarrollo nacional. La electricidad es un insumo para todas las actividades económicas, por lo que si México cuenta únicamente con energía cara, la recuperación económica será mucho más lenta.
- Presiones fiscales. México tiene que fortalecer a la industria eléctrica nacional a través de inversión y no a través de presiones fiscales innecesarias. La Comisión Federal de Electricidad debe poder producir, comprar y distribuir energía barata y limpia, por lo que la solución no está en el encarecimiento de los insumos, sino en mayores inversiones y procesos integrados de forma que se incremente su eficiencia en beneficio de los consumidores y de las finanzas públicas.
- Afectaciones a confianza y compromisos internacionales. De aprobarse, esta ley no sólo erosiona la certidumbre jurídica de la inversión en México, sino que también ignora el cambio climático y con ello los tratados internacionales, como el Acuerdo de París y el TMEC, asunto que es directamente competencia del Senado.
- Tensiones comerciales. Al cambiar las reglas del mercado eléctrico nacional se incrementan las tensiones con nuestros principales socios comerciales en Norteamérica y en la Unión Europea. Como resultado, México se desvinculará de las cadenas comerciales de valor, perderá inversiones, empleos de calidad y nuestras exportaciones caerán en poco tiempo pero con consecuencias de largo plazo.
- Contraria a la competencia económica. La minuta aprobada por Diputados el día de ayer es contraria a las resoluciones de la SCJN en materia de competencia energética y tendrá consecuencias perniciosas para la recuperación económica en estos momentos de crisis. En 2020 la economía mexicana se contrajo en 8.5% anual y si bien en 2021 se espera que el crecimiento económico se acerque al 4%, en años posteriores la recuperación será lenta y no regresaremos a niveles de producción prepandemia sino hasta dentro de cuatro o cinco años.
- Afectaciones a la salud pública. El texto de la iniciativa conlleva inevitablemente la necesidad de producir energía eléctrica con combustibles fósiles que deterioran la calidad del aire y del agua, lo cual tendrá mayores afectaciones a la salud de las y los mexicanos en medio de una pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, que ataca principalmente las vías respiratorias y que ha llevado al límite al sistema hospitalario nacional. En ese sentido, la minuta también es contraria al derecho de vivir en un medio ambiente sano.
En México ¿cómo vamos?, manifestamos la importancia de que se lleve a cabo la discusión legislativa en el Senado que permita cuantificar adecuadamente los beneficios y los costos asociados a ésta se haga atendiendo las prioridades nacionales.
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