Mayor bienestar para la población a lo largo del tiempo es el objetivo del desarrollo social y económico. No basta con gastar más dinero en escuelas y hospitales, hay que dotarlos con personal y garantizar medicinas y calidad educativa. Medir en bienvivir (que es el bienestar en el tiempo) es muy importante para poder saber si estamos haciendo bien las cosas y si los resultados mejoran o empeoran, en qué aspectos y por qué. Sólo así podemos hacer algo útil al respecto.
El Índice de Progreso Social a nivel estatal es una de las primeras mediciones integrales del desempeño social de un país, entidad o región, independientemente de los ingresos y egresos de sus gobiernos. El Índice se basa en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas (que incorpora muerte materna, muerte infantil, muerte por enfermedades infecciosas como el Covid, pero también el acceso a servicios básicos como agua, drenaje y seguridad pública), Fundamentos del Bienestar (cuidados preventivos de la salud, enrolamiento y calidad educativa, acceso a información y a un entorno limpio), y Oportunidades (derechos y libertades para tener movilidad social).
En 2021, México, ¿cómo vamos? calculó la actualización de la serie del progreso social desde 2015 hasta 2021, año en el que a nivel nacional la puntuación alcanzó los 63 puntos de 100 posibles. Este fue el peor segundo año desde que se tiene registro. Únicamente en 2015 se observa un peor puntaje (62.9), lo que significa que la pandemia, y la falta de respuesta para atenderla, nos costó un retroceso en el progreso social observado en el país equivalente a seis años.
Y aunque las pérdidas fueron hasta cierto punto generalizadas —entre 2020 y 2021, 24 entidades registraron caídas en su puntaje—, es muy importante analizar e identificar patrones compartidos entre las regiones o entidades.
Por ejemplo, de forma persistente desde 2015 hasta 2021, los estados del sureste —Oaxaca, Guerrero y Chiapas— tienen el peor desempeño desde el inicio de la serie y se encuentran muy por debajo de la media nacional, tanto en ingresos por habitantes (PIB per cápita) como en progreso social. El sureste, a pesar de ser una región que alberga gran riqueza natural y cultural, tiene importantes retos en productividad, que se traduce en menor valor de su producción y menores ingresos para las personas, así como en las tres dimensiones del Índice de Progreso Social, pues en muchos ámbitos del progreso social se coloca en los últimos puestos de desempeño.
Dado que el Índice de Progreso Social no incorpora indicadores de ingreso y gasto, es posible utilizarlo para contrastar qué tan bien se usa la riqueza que se produce o el dinero que se ingresa. Al analizar la relación entre progreso social y PIB per cápita estatal,1 encontramos que si bien un nivel alto de PIB per cápita es una condición necesaria para el progreso social, no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas cuyo objetivo sea aprovechar los recursos económicos disponibles de una forma sostenible para impulsar el desarrollo social incluyente.
Si bien existen casos en los que los ingresos tienen una relación casi lineal con el puntaje IPS, destacan dos entidades que catalogamos como multiplicadoras de la riqueza: Yucatán y Sinaloa —que ocupan los lugares 16 y 15 en términos de PIB per cápita, respectivamente. Ambas entidades se encuentran dentro de las mejores 11 en la última medición del IPS: la de 2021.2
Otro resultado interesante de explorar es la relación entre apertura comercial e infraestructura con el progreso social. Para entender esta relación se eligió como proxy el flujo comercial (exportaciones + importaciones) de cada entidad como porcentaje del PIBE (PIB por entidad federativa) excluyendo la actividad petrolera. En la siguiente gráfica se puede observar que, si bien existe una relación positiva entre la apertura comercial y el progreso social, es una relación acotada. Aunque un estado tenga un dinamismo comercial alto, este no se traduce directa y proporcionalmente en los niveles más altos de progreso social.
Uno de los resultados a destacar es que las entidades en las que el flujo comercial como porcentaje del PIBE es menor son también las entidades donde se observa un menor progreso social de forma consistente (Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca). Lo anterior es importante ya que a pesar de que todas las entidades tienen el mismo marco institucional respecto al comercio internacional con otros países, existen entidades que no han podido integrarse a la dinámica del comercio internacional. Corregir esta situación no es una cuestión de diseño institucional sino de las diferencias de capacidades e infraestructura en las distintas entidades del país. Superar la barrera de entrada en los estados más rezagados en progreso social es una oportunidad para acceder a mayor desarrollo social futuro y participar de la integración comercial de nuestro país para detonar oportunidades de mejores ingresos, acceso a servicios de salud y mejor educación.
Por ejemplo, en la región norte del país —compuesta por Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas—, la agenda fronteriza compartida se centra principalmente en temas como recursos hídricos y programas de preservación del Río Bravo, así como de temas migratorios. La región tiene un progreso social por encima del puntaje nacional registrado, con Nuevo León obteniendo la tercera posición en el ranking estatal 2021. Estos estados tienen una amplia diversidad económica, caracterizado por un importante desarrollo de las industrias manufactureras, así como del comercio y agricultura y ganadería. Uno de los retos que comparten es la seguridad personal; aunque Tamaulipas ha logrado mejorar su calificación en este rubro de forma consistente desde el inicio de la serie, la región ha sido de las más afectadas a partir del recrudecimiento de la estrategia de seguridad nacional contra el crimen organizado.
En el caso del Valle de México, región compuesta por las entidades de CDMX, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla y con la mayor densidad poblacional del país, las consecuencias derivadas de la pandemia se observan en el exceso de mortalidad. Es decir, aun teniendo la mayor concentración de infraestructura hospitalaria, principalmente en la Ciudad de México, la saturación del sistema fue evidente y la atención insuficiente.
Además, la integración de la región del Valle de México está caracterizada por la centralización del gobierno federal y de instituciones financieras en el centro del país. Las actividades económicas están concentradas en los servicios y en el comercio, sectores fuertemente golpeados por la pandemia. Los retos para el desarrollo en estos estados se concentran en la planeación de las ciudades para que puedan ofrecer una mejor calidad de vida y que permitan a los habitantes tener las herramientas necesarias para detonar el desarrollo social. Estos temas se reflejan en especial en las dimensiones de Necesidades Humanas Básicas y de Oportunidades.
Aunque el panorama del progreso social en México es diverso, al realizar un desglose estatal o regional, algunas de las recomendaciones generales para generar mayor bienestar son las siguientes.
Primero, que exista una estrategia desde las autoridades federales y estatales para incorporar a más personas a servicios de salud pública e implementar un programa transitorio que evite el aumento de la población en situación de pobreza extrema por la alta inflación. Una prioridad del gobierno debe ser ampliar la población que tiene acceso a atención médica no únicamente de emergencia, sino favoreciendo el cuidado preventivo y robusteciendo el esquema de vacunación tanto de la primera infancia como de la población en general. Esto, por supuesto, demanda una colaboración con el sector privado, que es quien ofrece la mayor cantidad de empleos en el país.
Por otra parte, es innegable que el aumento más que proporcional en los precios de los alimentos, así como de la persistente y elevada inflación generalizada que enfrentan de manera desigual las entidades de la República, demanda acciones diferenciadas. Una posible política pública para evitar que más personas no tengan acceso a los alimentos básicos es un programa social temporal y focalizado que consista en la transferencia mensual del valor de una canasta alimentaria para los 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema identificadas por el Coneval en 2020.
Segundo, desde la colaboración entre sectores público y privado es urgente desarrollar un modelo de desarrollo incluyente que tenga como pilares el capital humano de calidad y la sustentabilidad medioambiental. Capital humano especializado y energía suficiente y limpia son pilares del progreso social incluyente. Las políticas públicas deben ser sustentables para generar valor social. En este sentido, la transición energética no debe posponerse, el gobierno debe priorizar la generación de energía limpia y suficiente, lo cual debe involucrar a la inversión privada para hacerlo posible.
Por último, como sociedad debemos sentar las bases para el desarrollo de un mercado laboral formal. Políticas públicas dirigidas a incentivar la formalización del trabajo son condición necesaria para lograr un mayor desarrollo personal y laboral de la población. En este sentido, reformas al marco fiscal que promuevan la formalización de empresas y que disminuyan el costo percibido por las unidades empleadoras de la formalidad deben ser propuestas y discutidas por el Poder Legislativo.
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Katia Guzmán Martínez
Politóloga feminista y coordinadora de datos en México ¿cómo vamos?
Este texto es una colaboración entre México, ¿cómo vamos? y nexos.
