La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 coincidió con un aumento de los flujos migratorios de México a Estados Unidos. Dicho incremento fue estimulado por la crisis económica que vivió México ese mismo año y por las enormes redes familiares y sociales de mexicanos ya establecidos en Estados Unidos, que facilitaban los cruces. Los migrantes ya no sólo se dirigían a California, Texas e Illinois, sino también a otros estados como Colorado, Florida, Georgia, Virginia y Carolina del Norte.
A partir del inicio del siglo XXI, si bien el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos siguió creciendo, lo hizo con menor intensidad y, entre 2006 y 2015 se registró una drástica disminución de los flujos migratorios, llegando incluso a una migración neta de cero, es decir, que eran más mexicanos los que volvían a México que los que se iban. Esto se debió a factores como la desaceleración económica en Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008, un contexto político y social más adverso hacia la inmigración procedente de México, un significativo aumento de las deportaciones, y cambios demográficos y sociales en México, como la disminución en la tasa de natalidad y mejoras relativas en el acceso a servicios básicos.
Sin embargo, en los años recientes ha habido nuevamente un incremento en los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. Este fenómeno podría obedecer a la rápida recuperación económica del país post-pandemia, pero también a los persistentes desafíos estructurales de México, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales de calidad, y sobre todo, al creciente clima de violencia que se vive en el país, especialmente en estados como Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas.
Durante la segunda mitad del siglo pasado se dio una enorme disonancia entre la realidad y las leyes fronterizas y migratorias estadounidenses. Las restricciones impuestas a las opciones de migración legal no estuvieron aparejadas con un cambio real en la demanda de trabajadores migrantes ni se desmantelaron las redes sociales y laborales que permitían esos flujos. Como resultado de ello, la migración de México a Estados Unidos continuó, pero ahora bajo el estatus de “indocumentada” de acuerdo con las autoridades estadounidenses y millones de mexicanos terminaron viviendo y trabajando en Estados Unidos en condiciones irregulares, vulnerables y de clandestinidad.
En años recientes, la compleja agenda diplomática entre ambos países se ha dividido en dos grandes paraguas temáticos: economía y seguridad. Dentro de cada uno de estos grandes paraguas se establecen diversos temas que suelen negociarse por separado para no empantanar con un tema álgido las negociaciones de asuntos de más sencillo entendimiento.
Estados Unidos ha incluido el tema migratorio en la agenda de seguridad, sobre todo por las preocupaciones de seguridad nacional de Washington tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001, y el consecuente nacimiento del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés).
Con el objetivo de garantizar la seguridad nacional y disuadir la migración, Washington ha apostado por el fortalecimiento de la seguridad fronteriza bajo la estrategia de las tres D’s: “detectar, detener y disuadir”. Se han construido vallas fronterizas, se ha intensificado la vigilancia y se ha desplegado un creciente número de agentes en la frontera.
El presupuesto para la Patrulla Fronteriza se incrementó casi en 2,000%, entre 1990 y 2023. Este aumento presupuestal ha estado aparejado de una estrategia de mayor concentración de recursos en algunas “áreas prioritarias”, particularmente en las zonas urbanas de El Paso y San Diego. En cuanto la Patrulla Fronteriza logra el control de una parte de la frontera, el fenómeno se mueve hacia otra. La securitización de la frontera no ha logrado los resultados deseados en términos de disminución del flujo de migrantes indocumentados, pero sí ha aumentado los costos y riesgos asociados con el cruce fronterizo, pues los flujos migratorios se han desviado hacia puntos de cruce más peligrosos.
Dicha estrategia ha tenido otras consecuencias en las modalidades de la migración mexicana. Hasta finales de la década de los ochenta, la migración mexicana era más circular, es decir, los mexicanos iban a Estados Unidos, permanecían por un corto período de tiempo y luego regresaban a sus lugares de origen. Este carácter circular y temporal de la migración mexicana se ha ido perdiendo debido a que los costos para migrar se han encarecido y a que los migrantes prefieren no arriesgarse a cruzar nuevamente la frontera.
A partir de 2013 observamos un cambio hacia una migración humanitaria, con un aumento de solicitantes de asilo y el surgimiento de caravanas migrantes. Esto significó una sobrecarga en las capacidades de las autoridades migratorias de Estados Unidos, particularmente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estados Unidos respondió con más infraestructura restrictiva en la frontera y más personal para la Patrulla Fronteriza. Es decir, continuaron con la misma estrategia para atender un fenómeno que ya había cambiado. Como era previsible, no fue una solución eficaz.
A partir de entonces hemos visto un continuo vaivén de crisis migratorias. Dada la imposibilidad de lograr un acuerdo bipartidista en Washington para abordar el tema de una manera integral, se ha optado por exportar el problema a México a través de políticas como los “Protocolos de Protección Migratoria” mejor conocido como “Quédate en México”, mediante el cual solicitantes de asilo no mexicanos son enviados a esperar a territorio mexicano mientras se resuelven sus casos.
Es relevante señalar que, a pesar de las políticas migratorias estrictas de Estados Unidos y la colaboración del gobierno de México para frenar los flujos migratorios, la economía estadounidense sigue siendo dependiente de la mano de obra mexicana en sectores clave como la agricultura o la construcción, lo que crea una contradicción entre la demanda de trabajadores y las políticas restrictivas de inmigración.
Con la buena salud del mercado laboral estadounidense, la cual se refleja en tasas de desempleo por debajo de 4% durante 2023, los estadounidenses hoy tienen amplias opciones para elegir qué trabajos quieren realizar y con frecuencia descartan posiciones que van de los 15 a los 18 dólares por hora. Además, con una tasa de desempleo tan baja, es muy fácil cambiar de trabajo, por lo que hay un creciente déficit de mano de obra calificada, particularmente en profesiones como la enfermería. Actualmente, en Estados Unidos hay más de 1.2 millones de vacantes de personal de la salud, 200,000 vacantes de conductores de autobús o camión y falta mano de obra en la industria de la construcción, la hotelería y otros sectores.
La ineficacia para asegurar la frontera y contener los flujos migratorios, y la disociación que hay entre las políticas migratorias restrictivas y las necesidades del mercado laboral estadounidense sugieren que es imprescindible que el tema migratorio deje de verse como uno que atañe estrictamente a la agenda de seguridad y se asuma desde una dimensión mucho más amplia.
La migración no es un problema que se soluciona, sino un fenómeno que se gestiona. Por ello es crucial fomentar una colaboración estrecha y constructiva entre México y Estados Unidos, que equilibre las necesidades económicas con la seguridad de la región y los derechos humanos de las y los migrantes.
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