En este momento, existen suficientes razones para ser optimistas respecto al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hacia 2050. Sin embargo, no podemos ignorar las importantes lecciones de realismo de los últimos años que nos obligan a reconocer los desafíos que enfrentaremos en el próximo cuarto de siglo.
Si en 2015 nos hubiéramos preguntado por el futuro del TLCAN, seguramente habríamos respondido con optimismo, y con razón. Entonces había muchas razones para ser optimistas.
Nuestro intercambio comercial con Estados Unidos había crecido casi cinco veces desde la entrada en vigor del tratado, y casi siete veces con Canadá. Estados Unidos ya era nuestro principal socio comercial, concentrando el 65% de nuestro comercio exterior. Canadá ocupaba el segundo lugar como socio comercial de Estados Unidos y México el tercero. Además, la mitad de la inversión extranjera directa en nuestro país provenía de nuestros socios de Norteamérica.
En México, la integración regional introdujo cambios profundos y duraderos: impulsó la apertura económica, multiplicó exponencialmente nuestros intercambios y estableció las condiciones para atraer inversiones de todo el mundo. A su vez, permitió la consolidación de cadenas de valor regionales en sectores productivos como la industria automotriz.
Un factor clave para el éxito de la integración ha sido la institucionalización paralela de nuestras relaciones binacionales en sus distintas áreas. Con Estados Unidos se crearon mecanismos como el Diálogo Económico de Alto Nivel, así como la Iniciativa Mérida o el Entendimiento Bicentenario, en materia de seguridad. Se estableció la Alianza México Canadá para fortalecer nuestra cooperación en asuntos estratégicos y los tres países suscribimos la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad la cual, eventualmente, se convirtió en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
A pesar de ello, en 2016 la realidad se impuso para recordarnos que la integración regional no es una certeza que podamos dar por hecho. La elección de Donald Trump como presidente implicó asumir que las condiciones de relativa estabilidad podían cambiar de un momento a otro. Trump arremetió contra el TLCAN desde su campaña electoral. Y, después de llegar a la Casa Blanca, decidió renegociar las condiciones del acuerdo.
La administración Trump también debilitó los mecanismos institucionales de nuestra relación binacional y terminó con la compartimentalización de las áreas estratégicas que la había caracterizado durante años: impuso aranceles al acero y el aluminio mexicanos para presionar al ejecutivo federal a adoptar medidas de control migratorio equivalentes a asumir, en los hechos, el rol de “tercer país seguro” para las personas que pretendían ingresar a Estados Unidos
Durante más de dos años, negociamos un nuevo acuerdo comercial y de inversiones. Gracias a un esfuerzo transexenal de Estado, México logró defender sus intereses para garantizar la continuidad de la integración regional con la adopción del T-MEC. Además de mantener las condiciones favorables de acceso a mercados, el nuevo Tratado contempló disciplinas novedosas y estableció reglas claras para la solución de controversias que han mostrado ser efectivas.
En 2020, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca permitió que nuestra relación con Estados Unidos retomara sus cauces institucionales en áreas como la economía y la seguridad. No obstante, algunas decisiones erráticas del gobierno mexicano han provocado tensiones innecesarias con nuestro principal socio comercial y han debilitado nuestra capacidad de influir favorablemente en la opinión pública estadounidense.
Asimismo, en los últimos cuatro años, México ha estado inmerso en controversias motivadas por decisiones gubernamentales fundamentalmente ideológicas, que ignoran las condiciones actuales de los sectores productivos y que son contrarias al espíritu del T-MEC y a las obligaciones establecidas en él. En energía, el anacrónico impulso a los combustibles fósiles y la imposición de ventajas para empresas estatales sobre las inversiones privadas. En materia de biotecnología, una visión contraria a la innovación y a la evolución de los sistemas agroalimentarios —con sustento científico— que no sólo amenaza su productividad, sino la propia seguridad alimentaria nacional.
En su artículo 34.7, el T-MEC prevé su terminación en 2036, a menos que cada Parte confirme que desea continuar por otros 16 años, es decir, hasta 2052. En 2026, México, Estados Unidos y Canadá se reunirán para hacer una revisión conjunta del funcionamiento del acuerdo. Y cada Estado deberá confirmar por escrito si desea prorrogar de 2036 a 2052.
En otras palabras: el Tratado prevé la posibilidad de que cualquiera de sus integrantes decida no continuar su vigencia después de 2036. Más allá de las consecuencias jurídicas que ello implicaría, la decisión representaría el final del proyecto de integración económica de Norteamérica, la transformación política y económica más importante de nuestra historia moderna.
En este contexto, un eventual triunfo de Donald Trump en los comicios de noviembre pone en riesgo el futuro de la integración regional. La posibilidad de revisar el T-MEC en 2026 podría convertirse en una oportunidad para cuestionar e incluso replantear, nuevamente, los términos del Tratado. El escenario es más complejo si el gobierno mexicano a cargo de gestionar esa crisis no tiene la convicción, la experiencia o la capacidad técnica para hacerlo adecuadamente. Sin la certidumbre de las instituciones, se impone la incertidumbre de las visiones y decisiones políticas personales.
Los beneficios económicos de la integración son incuestionables. No obstante, algunos sectores productivos —principalmente en Estados Unidos— han resentido las ventajas de la libre competencia como una amenaza directa. Eso, además, motiva intereses contrarios a la integración, que pueden adquirir un peso político cada vez mayor, al punto que resulten determinantes para la percepción general sobre el futuro del Tratado.
La continuidad del T-MEC debe ser una prioridad para el Estado mexicano. Un desafío que exige una estrategia de política interior —convocar a todos los sectores involucrados, construir consensos y fortalecer las capacidades gubernamentales de negociación— y también de política exterior —reconstruir nuestra relación con Estados Unidos, desplegar un esfuerzo integral de diplomacia pública, profundizar la institucionalización de las áreas estratégicas de la relación binacional—.
Con visión de Estado, el próximo gobierno deberá construir una estrategia sólida para preparar a nuestro país rumbo al proceso de revisión de nuestro principal acuerdo comercial. Es imprescindible evaluar escenarios, calibrar estrategias, adoptar previsiones y proteger a los sectores productivos y sociales que se verían afectados por un posible resultado adverso de dicha revisión.
Si el partido demócrata logra refrendar la Presidencia, será urgente recuperar el enfoque de cooperación institucional en todas las áreas de nuestra relación bilateral. Si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, necesitaremos un equipo inmejorable para la negociación, además de construir una amplia red de aliados estratégicos dentro de Estados Unidos.
En cualquier escenario, será fundamental que México recupere su capacidad de diálogo en todos los niveles: con el Congreso estadounidense, con el sector privado, con gobiernos locales, universidades y con centros de investigación pero, ante todo, con la sociedad estadounidense. Es indispensable hacer uso de la diplomacia pública para convencer a productores y consumidores estadounidenses de las ventajas innegables de la integración regional.
Si queremos que la historia de México en Norteamérica hacia 2050 sea una historia de éxito, primero debemos superar con buenos resultados la “aduana” de 2026. La revisión del T-MEC plantea una incertidumbre que no puede simplemente ser ignorada, especialmente ante un posible cambio de rumbo en la política estadounidense a partir de noviembre.
Frente a esa incertidumbre, México debe adoptar a tiempo una estrategia integral que fortalezca tanto sus capacidades internas, como su posición en la región. La reconstrucción de la relación con nuestros socios y un firme compromiso con la diplomacia pública serán fundamentales para asegurar el futuro del T-MEC y garantizar una integración regional próspera, incluyente, sustentable y duradera, en beneficio de los tres países de América del Norte.
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