El Estado de México —Edomex— renueva su gubernatura este año. Es la entidad federativa con el padrón electoral —lista de quién puede votar en la entidad— más grande del país: para finales de abril de 2023 el padrón mexiquense ascendía a más de doce millones y medio, le seguía en segundo lugar la Ciudad de México con la lejana cifra de siete millones tres cuartos.1 Por ello, los politólogos consideran esta justa electoral como el laboratorio previo a las elecciones presidenciales del próximo año. Si el Edomex tiene el padrón electoral más grande del país forzosamente tiene la mayor cantidad de electores de la comunidad LGBT+. Ello sería consistente con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género —Endiseg— del Instituto Nacional de Estadística y Geografía —Inegi—, la cual señala que el Edomex es la entidad federativa con mayor cantidad de población LGBT+.2 Como se documenta más adelante, la comunidad de la diversidad sexual vive en estado de violencia permanente en dicha demarcación. A pesar del trabajo de militantes partidistas y de activistas para visibilizar esta emergencia, las candidatas a la gubernatura no incluyen propuestas para frenar esta emergencia o bien ofrecen propuestas inconsistentes con la realidad. Pero ¿por qué sucede esto?
Una emergencia urgente, pero inatendida
Aparte de enfrentarse con los problemas cotidianos que aquejan a todos —la inflación, la inseguridad y el desempleo—, la ciudadanía de la diversidad sexual encara diariamente violencia, discriminación y estigmas por el hecho de identificarse con un género o tener una orientación sexual distinta a la de la mayoría. Este rechazo se llama lgbtfobia.3 En este sentido, esta violencia particular tiene una dinámica distinta a la crisis de violencia desencadenada por la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia común. Por lo mismo, requiere de acciones particulares encaminadas a prevenirla y sancionarla.
El Estado es el actor encargado de erradicar dicha discriminación. Esta obligación está fundamentada en la Constitución: “Queda prohibido toda discriminación motivada por […] las preferencias sexuales […] o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas”.4 De este precepto constitucional emana la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, la cual estipula: “Queda prohibida en el Estado de México cualquier forma de discriminación que tenga por objeto impedir o anular a cualquier persona en el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales a que se refiere el orden jurídico mexicano y protege la presente ley”.5 La misma ley señala que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México —Codhem— es la institución con la atribución de “Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación”.6 Ciertamente hace falta una evaluación minuciosa de esta institución para conocer sus logros y alcances.
Pero en todo caso, las acciones emprendidas por la Codhem han sido insuficientes para combatir la discriminación. Aunque este texto no es un panorama sobre la situación actual de la población LGBT+,7 la revisión de algunos indicadores muestra que la comunidad LGBT+ vive una emergencia en materia de violencia y discriminación en la entidad. Aunque las autoridades no llevan registros oficiales sobre la violencia lgbtfóbica en el Estado de México, las organizaciones no gubernamentales –ONGs– han buscado visibilizar este problema documentando los casos de violencia. Aunque las organizaciones no pueden registrar todos los crímenes, es un indicador de la amplitud de la emergencia. La plataforma Visible Mx A. C., especializada en la registro digital de violencia lgbtfóbica, reportó que entre 2017 y 2022 hubo un total de 244 agresiones lgbtfóbicas en el Edomex. En dichos registros se observa cómo las violencias están presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana: interpelaciones verbales, expulsiones del hogar, discriminación laboral, bullying escolar, agresiones físicas, psicológicas y sexuales, impedimento de acceso a establecimientos, exclusión y asesinato
De la misma forma, las autoridades estatales no ofrecen datos oficiales sobre los asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad de la diversidad sexual. A pesar de que la agravante de homicidio por crimen de odio en razón de su orientación sexual o identidad de género está tipificada en el Edomex,8 la fiscalía mexiquense no ha informado sobre estos crímenes. Así lo constató la diputada local Anais Burgos al exigir al fiscal general de justicia del estado, José Luis Cervantes, un informe del estatus procesal de crímenes de odio contra mujeres trans cometidos en la entidad.9 Hay dos problemas con la inexistencia de registros oficiales de esta violencia. Por un lado, es un mensaje de que estas vidas son insignificantes para los gobiernos y funcionarios. Por otro lado, no se puede tener certeza de las dimensiones del problema y por lo mismo complica su solución.
Además de todos los servicios que las ONGs brindan a la comunidad —asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, entre otras—, las organizaciones señalan la inacción estatal y dan cara humana a estos números. Cuando una persona de la comunidad es asesinada los activistas convocan a marchas, denuncian en medios de comunicación y exigen al Estado que cumpla sus obligaciones. Esto sucedió cuando Carlos Amaris, joven gay de 18 años, desapareció el 5 de noviembre de 2022. Fue visto por última vez en la avenida Estado de México en Metepec; dos semanas después su cuerpo fue encontrado sin vida en Atlacomulco. Tanya Vázquez, activista trans, convocó a una marcha para exigir justicia por Carlos y todos los asesinatos de la comunidad de la diversidad sexual. Otro ejemplo fue el caso Aline Sánchez, orgullosa activista y mujer trans, quien fue encontrada muerta en su domicilio ubicado en Mexicaltzingo, Edomex. Además de su labor en la colectiva Mujeres Trans Famosas Toluca, trabajó para su localidad en rehabilitación de personas adictas. En redes sociales las activistas usaron el hashtag #JusticiaParaAline. Los activistas realizan una labor loable y necesaria, pero no pueden —ni nunca han pretendido— sustituir la acción estatal.
El problema se complica cuando el Estado también ejerce la violencia lgbtfóbica. El sistema integral de quejas de la Codhem es una fuente de información fidedigna sobre la violencia estatal cometida contra grupos vulnerables. En el sistema integral de quejas se registran las quejas de violaciones a derechos humanos cometidos por funcionarios estatales o autoridades municipales.10 Entre 2017 y 2022 se registraron 58 quejas realizadas por miembros de la diversidad sexual.11
Incluso, esta violencia estatal lgbtfóbica se puede dar entre la propia burocracia mexiquense. Esto se ejemplifica en el caso de Arlet Almanza, mujer lesbiana y exfuncionaria de la policía municipal de Tecámac, quien tuvo que renunciar a su empleo a causa del acoso por parte de sus superiores, compañeros de trabajo y personas a su cargo. A pesar de tener una maestría en criminología, haber sido galardonada por la alcaldesa como mejor funcionaria municipal 2021, Arlet fue degradada porque a su superior no le parecía que una mujer casada con otra mujer pudiera desempeñar su puesto. Presentó quejas y recibió amenazas: “Temo por mi integridad, temo por más represalias, en venganza, de manera dolosa, temo por mi integridad física y laboral, como [p]sicológica, también porque fui a parar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) por un dolor atípico en la región facial, adormecimiento y dolor de mandíbulas por la misma situación”.12 Por estas razones es necesario que el Estado de México trabaje en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para resolver sus carencias y aprovechar los conocimientos de estas, las organizaciones han ofrecido a las candidatas en muchas ocasiones.
A pesar de la existencia de esta emergencia —agresiones cotidianas, asesinatos impunes y agresiones estatales— y de la obligación del gobierno estatal en la materia —Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de México—, no hay programas específicos a nivel estatal para frenar la violencia lgbtfóbica. Esto se puede comprobar en que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 no menciona ni una vez a la comunidad de la diversidad sexual.13 De igual manera, se preguntó a la Oficina del Gobernador mediante solicitud de información pública sobre la existencia de programas estatales con enfoque LGBT+, dicha oficina declaró que “se realizó una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la Gubernatura y no se encontró antecedente relativo a lo solicitado”.14 La consecuencias de esta inacción estatal se encuentran en la violencia que vive cotidianamente la comunidad LGBT+ mexiquense. Las propuestas de las candidatas deberían replantear el papel de Codhem para coordinar acciones transversales antidiscriminación. De ahí la importancia de la coyuntura electoral para la comunidad LGBT+. Ahora bien: ¿qué proponen las candidatas a la gubernatura 2023 para cambiar esta realidad?
¿Propuestas, dónde?
Las propuestas que han dado las candidatas a la gubernatura, Delfina Gómez —de la coalición Morena, PVEM y PT— y Alejandra del Moral —de la coalición PAN, PRI y PRD—, son insuficientes para cumplir con la obligación estatal y atender la emergencia que vive la comunidad LGBT+ mexiquense. Por un lado, Gómez propone el “derecho a la diversidad sexual” y “apoyar a las comunidades LGBTI+”.15 Estas propuestas tienen serios problemas. Por un lado, Delfina nunca se define el “derecho a la diversidad sexual”, ni de qué manera piensa garantizarlo. Esta vaguedad continúa en la segunda propuesta porque tampoco queda claro en qué términos se plantea “apoyar” a la comunidad. Por otro lado, Del Moral simple y llanamente no menciona a la comunidad de la diversidad sexual en su documento “mis propuestas”16 como si fuera posible ignorar a 3.7% de la población de la entidad federativa.
Las propuestas de las candidatas no responden a las múltiples necesidades de la comunidad LGBT+ mexiquense. No mencionan ni las agresiones cotidianas, ni los asesinatos, ni aquellas agresiones cometidas por agentes del Estado, ni el papel de la Codhem en una estrategia para combatir la discriminación. En este sentido, ninguna de las candidatas tiene claro cómo cambiar la realidad de violencia que enfrentan los LGBT+ mexiquenses. A pesar de los esfuerzos de varias organizaciones de presentar sus necesidades a las candidatas, ninguno de ellos ha sido fructífero. Ricardo Torres, presidente de Fuera del Clóset A. C., dijo en entrevista que se hizo llegar a ambas candidatas un documento contenedor de las necesidades de la comunidad vertidas por varias ONGs, sin embargo, ninguna de las candidatas ha mantenido contacto.17 Desde febrero de este año, intenté ponerme en contacto con el equipo de ambas candidatas, sin embargo, tampoco obtuve respuesta para fijar un posicionamiento claro o ahondar sobre sus propuestas.
Este desinterés de los políticos sobre la comunidad de la diversidad sexual no acontece en el vacío. Desde hace mucho tiempo, la comunicación entre ONGs y el gobierno mexiquense ha sido deplorable, en buena medida por la relación de desigualdad entre las partes que condensó en una relación de explotación. Los activistas, con justa razón, se muestran cansados cuando describen la relación que mantienen con el gobierno. Dafne Durán, representante del Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México A. C., señala: “Ha habido reuniones, mesas de diálogo, y en estas nos muestran su ‘interés’ por legislar a favor, pero solo buscan el voto […] todo se queda en una bitácora que al final de la reunión la guardan en el archivo y no se vuelve a tocar jamás”.18 Como consecuencia de esta utilización sin escrúpulos de las vidas y muertes de la comunidad LGBT+ varias organizaciones crearon el Observatorio Ciudadano LGBTTTI Edomex. Cuyo objetivo, en palabras del activista Antonio Cortez, es: “Vamos a ser cuidadosas, cuidadosas de que las propuestas que suscriban los candidatos y candidatas sean verdaderamente ejecutadas y que no seamos solamente tomados como un botín político y sin ningún tipo de protección y compromiso real”.19 Sin embargo, como muestra la pobreza de las propuestas de las candidatas, nada ha cambiado.
Pero, ¿por qué?
Como se ha documentado en las líneas anteriores, las ONGs son actores fundamentales en el Edomex para promover la agenda política de la comunidad de la diversidad sexual como ejemplifica el caso del Observatorio electoral LGBT+ Edomex. De igual manera, desde la secretaría de diversidad sexual del Partido de la Revolución Democrática —PRD— y su homóloga de Morena se ha impulsado la agenda de la diversidad al interior de ambas coaliciones. Entonces, ¿por qué las candidatas no han incorporado estas demandas dentro de sus plataformas? El sentido común apuntaría a que la comunidad LGBT+ mexiquense, aunque la más numerosa en el país, sigue siendo una minoría. Por lo tanto, se deduce que no es rentable para los partidos arriesgar los votos de la mayoría conservadora por unos cuantos votos de la jotiza.
Aunque esta respuesta es atractiva a primera vista, es un argumento que no explica mucho. Desde esa perspectiva, las causas de las mujeres debieron de haberse resuelto mucho antes en vista de que las mujeres componen más de la mitad de la población mexicana.20 Una respuesta más clara sobre por qué algunos problemas sí y otros no están incluidos en las agendas públicas la podemos encontrar desde el ángulo del análisis de políticas públicas. En dicha disciplina la acción pública, es decir cuando el Estado interviene, se ve como el resultado de un proceso de varias etapas: politización, puesta en la agenda, la puesta en marcha y la evaluación. Con esta perspectiva llamada secuencial o ciclo de políticas públicas de Charles Jones, podemos afirmar que las candidatas a la gubernatura mexiquense no han incorporado propuestas suficientes frente a la emergencia de la comunidad LGBT+ como resultado de un proceso de puesta en la agenda inconclusa.
¿Pero qué hace que un tema sea prioritario para incluirlo dentro de la agenda pública? Cabe traer a la discusión el libro del sociólogo francés Emmanuel Henry, La fabrique des non-problèmes. Ou comment éviter que la politique s’en mêle (podría traducirse al español como: “La fábrica de los no problemas, o cómo evitar que la política estorbe”). El autor tiene por objetivo explicar los no-problemas, es decir, aquellas “situaciones o condiciones sociales que sólo suscitan una pobre atención pública o reciben atención solamente de los grupos directamente concernidos por la gestión del problema por ese problema o sus consecuencias”.21 Esta definición es pertinente para las distintas agendas de la diversidad sexual como la seguridad y la violencia. Henry explora los mecanismos que producen no-problemas. De acuerdo con el autor dichos fenómenos son la invisibilidad, la falta de conocimiento científico y las reglas jurídicas que dificultan que las cosas cambien.
Al final del libro, el autor presenta lo que a su juicio son elementos necesarios para incluir temas en la agenda pública. Primero, la movilización colectiva para enfrentar la invisibilidad. Segundo, el conocimiento científico para ofrecer propuestas. Y tercero, argumentación jurídica. Cada uno con sus limitaciones. Me parece que el autor realiza algunos señalamientos sugerentes para que podamos discutir por qué, a pesar de la necesidad tan apremiante de atender las necesidades de la comunidad LGBT+, la clase política en su conjunto sigue reluctante a adoptar medidas concisas para aliviar la situación.
El problema es que cuando los candidatos no hablan de propuestas LGBT+ no pasa nada. Algunas organizaciones van a realizar un plantón de algunas personas, algunos periódicos locales van a escribir unas notas y después silencio. La población LGBT+ hemos dejado sin respaldo a nuestros activistas. No es suficiente salir a marchar una vez cada año en la marcha del orgullo. Es verdad que no todas las personas pueden estar todo el día en la calle, ni realizando las actividades que los activistas realizan, ¿pero si la población de la diversidad sexual no respaldamos a los activistas quienes lo van a hacer? En vista de la violencia lgbtfóbica, la ciudadanía de la diversidad sexual tiene que vivir su ciudadanía política con la mayor intensidad posible, sea a través de la exigencia de mejores propuestas a los candidatos, la participación en marchas, informándose sobre los acontecimientos políticos, en partidos políticos o trabajando en ONGs.
Es necesario tener una discusión sobre la calidad del contenido en medios de comunicación sobre la emergencia que vive la comunidad LGBT+ tanto en el Edomex como en otras entidades federativas. Los medios sólo producen notas sensacionalistas que hablan de los asesinatos. Abundan los titulos como “Estos son los estados con más crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTI+ en México” o “Asesinan homosexual en el municipio de …”. Dar cuenta de la emergencia es clave, pero no hacen nada más. No hay reportajes sobre la vida de la comunidad, no hay espacio para discutir propuestas de políticas públicas, ni hay una voluntad de acercarse al problema más allá del morbo que sustenta el mercado de la navegación digital en las páginas de noticias. Las plataformas de contenido de la comunidad LGBT+ tienen, en vista de esta mercantilización que es sujeto nuestra comunidad, que incluir dentro de sus contenidos la política, cosa que ya hace, para que la opinión pública de la comunidad pueda tener información que no obtendría en otros espacios.
La academia también tiene responsabilidad en varios niveles. En primer lugar, la academia tiene la responsabilidad de legitimar las discusiones. En México, poco a poco las agendas de investigación comienzan a tomar con seriedad la diversidad sexual, ejemplo son el Seminario Histórico LGBTTTI organizado por Alonso Hernández, el Encuentro de Estudios Queer que se realizó por cuarto año en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la consolidación de los estudios de género en varias universidades mexicanas, siendo pioneras El Colegio de México y la UNAM. No obstante, hace falta estudiar muchos temas, particularmente la violencia y discriminación desde las ciencias sociales. La sociología, la ciencia política, la administración pública, la economía son indispensables para analizar la lgbtfobia y proponer soluciones para la emergencia de violencia pública que vive la comunidad LGBT+.
¿Y ahora qué?
En conclusión, las candidatas no han incorporado las necesidades de la comunidad LGBT+ porque existen procesos que mantienen a estas agendas como no-problemas. La falta de movilización colectiva a gran escala, la falta de investigación y discusión sobre las formas en que se tiene que enfrentar todos los retos lleva a que las candidatas sean indiferentes sin mayores consecuencias. De la misma manera que tantos funcionarios públicos son homofóbicos como en el caso Almanza, algunos políticos pueden ser lgbtfóbicos. ¿Son Delfina Gómez o Alejandra del Moral lgbtfobicas? Tal vez, sus propuestas no las colocarían entre las primeras defensoras. Hasta que no haya declaraciones abiertas de apoyo, la pobreza de sus propuestas no son más que indiferencia ante el sufrimiento colectivo de la comunidad LGBT+. Independientemente de cual sea la postura de las candidatas sobre la diversidad sexogenérica, como futuras gobernadoras tienen la obligación de gobernar para todes. Sus propuestas políticas en materia de diversidad sexual no parecen ser congruentes con esta obligación.
Hay una responsabilidad compartida. Por un lado, el Estado de México no está garantizando la seguridad ni el goce de derechos que la comunidad de la diversidad sexual merece. Sin embargo, el Estado no es capaz de borrar la lgbtfobia que alberga en su seno. Necesita de la sociedad civil para poder capacitar a sus funcionarios. No obstante, la forma en que el Estado comenzará a tomar en serio la diversidad sexual, es decir que incluya propuestas concisas en sus programas de gobierno, será cuando la ciudadanía le exija que cumpla con sus obligaciones. La exigencia se puede hacer desde muchas trincheras: la academia, la opinión pública, los partidos políticos, la sociedad civil. De otra manera, todos seremos cómplices de una tragedia anunciada, si no es que ya lo somos.
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Bernardo Alonso Aguilar López
Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México
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1 El último corte de información fue el 28 de abril de 2023. INE, “Estadísticas lista nominal y padrón electoral”
2 Inegi, “Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021”, comunicado de prensa núm. 340/22, junio 28, 2022. p. 5.
3 Se prefiere el término lgbtfobia sobre homofobia por visibilizar más identidades.
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1, frac. V.
5 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, art. 7.
6 Ibid., art. 10, frac. I.
7 Para conocer el panorama actual de la población LGBT+ en la entidad, vid. Fuera del Clóset A. C., Resignificar la diversidad sexual para respetar las diferencias, Cuadernos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Toluca, 2019.
8 Código Penal del Estado de México, art. 242, frac. V.
9 Redacción, “Piden al Fiscal mexiquense informar sobre crímenes de odio en el Edomex”, El Sol de Toluca, 6 diciembre 2022
10 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, “Atribuciones”
11 Arroyo Solís, L. E. “400C103101/11/2023”, 16 de febrero de 2023.
12 Fernández, E. “Arlet Almanza: Separan del cargo a titular de Atención a Víctimas de Violencia en Tecámac por ser lesbiana”, El Universal, 25 enero 2023, https://bit.ly/41Ul2U9.
13 Vid. Gobierno del Estado de México, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
14 García Muñoz, R. “Oficio Nº UTG/00061/2023”, 3 marzo 2023.
15 Gómez, D. “Delfina, Gobernadora”, p. 37.
16 Del Moral, A. “Mis propuestas”.
17 Torres, R. “Entrevista Fuera del Clóset”, (entrevista).
18 Durán, D. “Entrevista CODISEM”, 26 de febrero de 2023 (entrevista).
19 Camacho, L. “Comunidad LGBT+ vigilará propuestas de candidatos a la gubernatura del Edomex”, El Sol de Toluca.
20 Inegi, Mujeres y hombres en México 2020, 2021, p. 2.
21 Henry, E. La fabrique des non-problèmes. Ou comment éviter que la politique s’en mêle, Presses de Science Po, Paris, 2021, p. 10. Traducción propia.
