Las proyecciones de las principales variables macroeconómicas para el cierre de año confirman la persistencia del estancamiento del PIB, agravado por un aumento de los precios no visto desde 2002. Las perspectivas para los próximos años no son alentadoras: por una parte, la inversión privada no muestra signos de recuperación dada la incertidumbre jurídica y la debilidad del estado de derecho, tal como lo han expresado, con toda razón, distintas voces del sector empresarial. Por otra parte, al mes de agosto el índice de confianza del consumidor mostró una caída por cuarto mes consecutivo, por lo que es previsible que el consumo privado no sea el factor de impulse al PIB.
De acuerdo con la encuesta que realiza el Banco de México con respecto a las estimaciones del sector privado, se prevé que el PIB aumente 1.9% en este año y que en 2023 lo haga en 1.36%, cifra que contrasta notablemente con la proyección por la Secretaría de Hacienda que, en mi opinión, no tiene fundamento alguno. De esa manera, seguiremos presenciando el fenómeno de estancamiento económico que llegará a extenderse por casi 30 años, y cuyo efecto en la pobreza es determinante.
En opinión de algunos analistas, el único aspecto de la economía que podría inspirar cierta confianza y optimismo moderado es el manejo de las finanzas públicas; sin embargo, esto es sólo en apariencia. Existen serios problemas que pueden configurar un escenario aún más desfavorable a corto y mediano plazo, debido al escaso margen de maniobra que tiene el gobierno federal en materia de política fiscal y presupuestal para hacer frente a contingencias. Para ello, utilizaré una definición de gasto público no programable “ajustado”.
El gasto no programable es aquel en el que no puede influir el gobierno federal, debido a que son compromisos inamovibles: Costo Financiero, Participaciones a los Estados y Adefas (adeudos fiscales de ejercicios anteriores); para 2023 se prevé que dicho gasto representará 28 % del gasto público total; a esta cifra habría que agregar aportaciones anuales a los fondos de pensiones, en donde México tiene un déficit actuarial de 44 % del PIB (cifra de 2021). Éste debe ser un apoyo permanente dado el rezago histórico en la creación de fondos suficientes para trabajadores que concluyan su vida laboral con mejores condiciones económicas. En esta categoría se encuentra el apoyo al programa de adultos mayores que tendrá incrementos, por lo menos, hasta 2024. Esos dos renglones de gasto son perfectamente justificables dado el objetivo de proporcionar a la población medios que les permitan mantener en la medida de lo posible sus niveles de consumo y bienestar. Al sumar esos dos conceptos de gasto, el no programable “ajustado” representaría 44 % del gasto total. 1
Ahora bien, si se continúa la política de apoyar de manera permanente a empresas netamente perdedoras como Pemex y CFE y dilapidar recursos públicos, el porcentaje del gasto programable “ajustado” sería 58 % del total. Desafortunadamente, esto no es todo; los proyectos de inversión emblemáticos de esta administración han significado partidas presupuestales muy altas y con ampliaciones anuales que han llegado a ser cercanas a 100 % con respecto a los montos originales. Son los caos del Tren Maya y de la refinería en Dos Bocas. Esto es resultado inobjetable de una planeación deficiente por parte de los responsables de las obras, producto de la ignorancia e improvisación, que se ha traducido en un desperdicio enorme de recursos. Este desperdicio aumentaría cada año porque los proyectos no son rentables y el gobierno federal tendrá que hacer frente a gastos adicionales para absorber las pérdidas que generen estos proyectos, al igual que el aeropuerto Felipe Ángeles.
Dado que el gobierno actual se ha manifestado por no crear nuevos impuestos ni aumentar los actuales, y no aumentar la deuda pública, los renglones de ajuste que han sufrido caída en sus presupuestos son principalmente educación y salud, aspectos fundamentales para combatir la pobreza y mejorar el bienestar de la población. En el caso de la educación, además, la falta de compromiso y recursos compromete el potencial de crecimiento económico de largo plazo por la formación insuficiente de capital humano. En cuanto al sector salud, es incomprensible la reducción en el presupuesto per se; más aún con el surgimiento de la pandemia.
De esa manera, el margen de maniobra del gobierno se reduce de manera significativa y su capacidad de reacción puede ser, como lo ha sido hasta ahora, nula para hacer frente a choques internos y externos, como quedó de manifiesto ante los efectos de la pandemia al no instrumentar una política de gasto que compensara, al menos parcialmente, los efectos de la drástica caída del PIB.
Si continúan las directrices de política económica actuales, México corre el gran riesgo de hacer frente a fenómenos adversos con una política presupuestal que reduzca los apoyos a sectores relacionados con el desarrollo social y la pobreza. A manera de ejemplo, podemos recordar la desaparición de las estancias infantiles, la eliminación de escuelas de tiempo completo y el enorme déficit de las escuelas públicas en infraestructura y servicios básicos. Desde luego, otro camino a seguir sería la ampliación del gasto, financiado con mayor deuda pública, y padecer todos los problemas a la economía, cuando dicha deuda rebasa límites prudenciales y no se tiene capacidad para hacerle frente con inversión pública en proyectos no rentables.
Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.
* Sergio Fadl Kuri es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto México, ¿cómo vamos?. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
1 Toda la información utilizada en este artículo fue tomada de los Criterios Generales de Política Económica 2023 y El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, de la Secretaría de Hacienda.
