Existen dos vías a través de las cuales los gobiernos pueden mejorar los niveles de desarrollo y bienestar social: la promoción del crecimiento económico y la efectividad de la política fiscal-presupuestal. La primera es una condición indispensable para generar una mayor riqueza, en tanto que la segunda es la manera de extender los beneficios del crecimiento a toda la sociedad por medio de políticas de redistribución de oportunidades, ingreso y riqueza. En ambas vías, México se encuentra en un franco retroceso, lo que constituye uno de los desafíos más grandes de la historia contemporánea del país en materia de diseño e instrumentación de la política económica y social.
En medio de un contexto económico mundial adverso, el tema central y la gran preocupación es la falta de capacidad que tiene México y su gobierno para enfrentar los retos: estancamiento, pobreza, desigualdad, inversión insuficiente, productividad de los factores decreciente y un marco institucional que obstaculiza la asignación eficiente de recursos escasos de la economía, en particular, por la debilidad del Estado de derecho y la incertidumbre respecto a los derechos de propiedad.
En cuanto a la tasa de crecimiento del PIB, éste fue de sólo 2% en promedio en los últimos 20 años, a pesar de contar con una gran diversidad y oferta de recursos naturales, fuerza laboral y apertura comercial. 1 Uno de los indicadores que muestran el rezago de México en cuanto a crecimiento económico se observa por la caída del PIB per-cápita con respecto al de Estados Unidos: a mediados de la década de los ochenta este fue cercano a 50%, mientras que en la actualidad es 30%. Esas cifras contrastan con lo que se observa en otros países que hace 50 años tenían un PIB per-cápita inferior al de México y que ahora lo superan de manera considerable. 2 Es evidente pues que no hay la convergencia con países de mayor dinamismo económico que se espera de países en vías de desarrollo, sino lo opuesto; estamos en un proceso de divergencia que evidencia el desaprovechamiento de oportunidades de generar un mayor potencial económico.
Por su parte, la política fiscal, tanto en el ámbito tributario como presupuestal, tiene deficiencias estructurales, a saber: una muy baja recaudación de impuestos como porcentaje del PIB (18% vs. 34% promedio de los países miembros de la OCDE), debido en gran medida al tamaño de la economía informal, así como elusión y evasión fiscal. Por el lado del gasto, la falta de una planeación adecuada, así como la ausencia de un sistema de evaluación de resultados y de rendición de cuentas, ha dado lugar a una estructura inercial del gasto público con modificaciones relacionadas con aspectos políticos y, por tanto, a una dilapidación de recursos.
Como resultado de un crecimiento económico insuficiente y una política fiscal ineficiente, la pobreza y pobreza extrema en México aumentaron en 2020. Si bien esto fue magnificado por la pandemia, el gasto público nunca se utilizó para enfrentarla, lo que perjudicó a millones de personas y empresas. En este momento aún no se dispone de información sobre los niveles de pobreza en 2022, pero un indicador adelantado (Índice de Pobreza Laboral), que mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria), muestra que este aumentó de 38.3% a 40.1% entre el segundo y tercer trimestres de 2022 3 y cerró el año en 38.5%, porcentaje aún mayor al 36.6% observado antes del inicio de la pandemia. Otro dato que evidencia la inefectividad del gasto público es el coeficiente de Gini 4 antes y después de transferencias fiscales: en promedio, los países de la OCDE tienen un coeficiente de 48% antes de transferencias del gobierno a la población y 30% después de estas, en tanto que para México el coeficiente es el mismo: 46%. Esta última cifra convierte a México en el país con mayor inequidad entre los países de la OCDE.
Pensando en 2023 y en los próximos años, ¿qué requiere México? Presento las siguientes propuestas que significan cambios a fondo en los ámbitos social, político y económico. La lista no es exhaustiva, busca abrir el análisis y el debate sobre las decisiones que deben tomarse pensando en el objetivo superior del bienestar de la población y de las generaciones futuras.
- Generar confianza y dar certidumbre a los agentes económicos para promover la inversión. Para ello, son condiciones sine qua non: a) respetar la división de poderes, condición necesaria para la existencia del Estado de derecho; b) honrar los contratos celebrados por entidades públicas con el sector privado; c) cumplir a cabalidad los acuerdos de libre comercio y los compromisos derivados, a fin de evitar el riesgo de ahuyentar la inversión nacional y extranjera; si algo se firma es porque se acepta, si se acepta, hay que cumplirlo.
- Invertir en capital humano por medio de la reasignación de recursos presupuestales a la educación, sustrayendo recursos a programas de baja o nula efectividad, y restituir al INEE para garantizar una educación de calidad.
- Aumentar el gasto en salud pública y seguridad social, mediante la reasignación del gasto público.
- Cumplir y hacer cumplir cabalmente la autonomía de los Órganos Constitucionalmente Autónomos.
- Profesionalizar, dar autonomía y respetar las decisiones del área de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. El objetivo es instrumentar y priorizar aquellos proyectos con mayor rentabilidad social y económica, libres de consideraciones políticas.
- Retomar la política de fomento de la banca de desarrollo; entre otras acciones, eliminar la inexplicable unión de facto del Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera.
- Restablecer a ProMéxico como instancia de fomento a la inversión y a la exportación.
- Facultar al Coneval para que sus evaluaciones y recomendaciones sean vinculantes. Lo mismo aplicaría en caso de que se restituyera el INEE.
- Combatir la informalidad mediante: a) la flexibilización de la legislación laboral; al respecto, de acuerdo con estudios del Foro Económico Mundial (índice de Competitividad), México se ubica en el lugar 96 de 141 países en el concepto Mercado Laboral, que incluye, entre otros, flexibilidad y costos para la contratación y despido de personal; b) incentivar la migración a la formalidad por medio de un programa federal de seguro de desempleo; c) eliminar el impuesto a la nómina.
De no actuar, México está condenado, indefectiblemente, a seguir rezagándose en el concierto económico mundial, en detrimento de su gente ahora y en el futuro, en particular de los grupos más vulnerables.
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* Sergio Fadl Kuri es profesor de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Experto México, ¿cómo vamos?. Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
1 México tiene 13 Acuerdos de Libre Comercio con 46 países, por lo que es uno de los países de mayor apertura comercial en el mundo.
2 Por ejemplo, Malasia, Corea del Sur, Singapur, Polonia y Chile.
3 Con base en Información del Coneval.
4 El coeficiente de Gini es una medida de dispersión cuyo valor se sitúa en un rango de 0 y 1. Cero significa distribución (en este caso del ingreso) perfectamente equitativa, en tanto que 1 significa una concentración total.
