Dos años de AMLO, dos ediciones del Índice de Progreso Social de México

  • La seguridad, la corrupción y la informalidad labora representan obstáculos al bienestar social de la población, y en los últimos años se han deteriorado en distintas entidades, de acuerdo con la edición 2020 del Índice de Biesnestar Social.
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En el marco de la pandemia de covid-19, su consecuente crisis sanitaria y económica, así como del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador y del cierre de un año 2020 que ha traído dificultades para el mundo entero, en México, ¿cómo vamos? presentamos la segunda edición del Índice de Progreso Social (IPS) en México en colaboración con el Social Progress Imperative. El propósito principal del Índice es presentar una radiografía clara y objetiva del bienestar social en los 32 estados del país, así como identificar los retos y las áreas en las que cada entidad muestra fortaleza. Además, al ser la segunda iteración, nos permite también identificar algunos avances y retrocesos en materia de desarrollo social, tanto a nivel nacional como estatal.

El Índice de Progreso Social, elaborado a nivel global desde 2011, se presentó por primera vez a nivel subnacional en México en 2019, en el contexto de un nuevo gobierno federal, un nuevo discurso de redistribución económica y una promesa de hacer las cosas de una manera diferente, mejor. Una de las principales ideas impulsadas por el actual gobierno y, en particular, por el presidente López Obrador, es la noción de que buscar el crecimiento económico por sí mismo es erróneo. La idea de que el crecimiento económico no sólo debe ser alto, sino distribuido de manera equitativa y conducente a un mayor nivel de bienestar en la población mexicana fue parte de lo que ayudó al ahora presidente a lograr una victoria contundente en julio de 2018.

El Índice de Progreso Social tiene su génesis precisamente en la necesidad de proporcionar una medición objetiva del desarrollo social, una basada en datos imparciales y confiables e independiente de indicadores económicos como el Producto Interno Bruto de un país o un estado. La idea principal es ésta: aunque el crecimiento económico, el empleo y otros indicadores paralelos son fundamentales para evaluar el desarrollo de una región, sólo muestran una cara de la moneda. La otra cara, tal vez más importante a la hora de hablar del nivel de vida de las personas, es la que evalúa la situación real en la que la población vive día a día; la que valora la medida en la que el nivel económico de una región se traduce (o no) en un mayor bienestar para su gente, en un mayor acceso a infraestructura, a educación y a oportunidades para mejorar su posición socioeconómica y llevar una vida digna. Al estar construido con base en información veraz, oportuna y objetiva disponible en diversas fuentes públicas, el IPS México 2020 es, por supuesto, apartidista y desvinculado de administraciones gubernamentales, ya sean nacionales o estatales.

Los resultados del IPS México 2020, como en su momento lo hicieron los del año anterior, sugieren una relación importante entre el nivel económico de un estado y su nivel de progreso social. Después de todo, un mayor nivel de ingresos en un estado proporciona más recursos para invertir en infraestructura educativa, de salud y de servicios básicos, y permite ejercer un mayor gasto para asegurar que las familias de la entidad tengan acceso a viviendas dignas, por ejemplo. Sin embargo, los resultados del Índice de Progreso Social también muestran que, aunque una economía más fuerte sin duda ayuda a detonar un mayor bienestar social, no es condición suficiente: los recursos se deben administrar de manera adecuada, y se deben dirigir a proyectos productivos que beneficien a las personas.

No sólo es importante tener un empleo, por ejemplo, sino que éste debe proporcionar las prestaciones y derechos que permiten a los trabajadores tener una mejor calidad de vida; tampoco es suficiente sólo invertir en infraestructura para proveer educación, sino que el acceso educativo debe ser otorgado a niñas y niños en igual medida.

Con esto en mente, en la estructura del IPS se consideran 3 dimensiones generales, las cuales responden de manera diferente a inyecciones directas de recursos. La primera, Necesidades Humanas Básicas, es de cierta manera la más abordable por medio de recursos económicos; sus componentes incluyen el acceso a nutrición y cuidados médicos básicos, a servicios de agua y saneamiento y a viviendas dignas; todas áreas que pueden ser transformadas por medio de una inversión adecuada de recursos. Sin embargo, otro elemento básico de esta primera dimensión es la seguridad personal, que requiere de estrategias claras y contundentes para mostrar una mejoría y ha demostrado ser un problema persistente para México.

Sin embargo, las otras dos dimensiones – Fundamentos del Bienestar y Oportunidades – no responden únicamente a la inyección de recursos económicos, sino que requieren también de programas y políticas bien estructurados. En Fundamentos del Bienestar, por ejemplo, se consideran temas de acceso a educación e información libre, esperanza de vida y mortalidad por enfermedades circulatorias, diabetes y suicidios, así como elementos de calidad medioambiental que requieren de propuestas más allá de lo económico.

Similarmente, la dimensión de Oportunidades refleja el nivel de desarrollo de la sociedad en términos de inclusión de diversas poblaciones como las mujeres, las personas LGBTI, el sector indígena y los mexicanos con discapacidades. Además, evalúa el nivel de libertad al que las personas tienen acceso a la hora de tomar decisiones sobre su vida: ¿los jóvenes que buscan empleo tienen acceso a él? ¿los empleos disponibles otorgan las prestaciones y beneficios necesarios? ¿es posible hacer trámites burocráticos sin la carga de corrupción?

Al hablar de temas más difíciles de abordar como estos, la solución frecuentemente radica en políticas cuyos resultados toman más tiempo en llegar. En temas como la educación de calidad y salud general de la población, por ejemplo, los planes implementados deberían ser a largo plazo para poder asegurar que el cambio sea permanente y sostenible. De ahí que las políticas a implementar puedan no ser las más atractivas para un gobierno; sin embargo, son las necesarias para lograr un avance en áreas fundamentales y para potenciar la movilidad social en el país y sus estados.

En el IPS 2020 (cuya composición considera información de 55 variables con observaciones entre 2016 y 2020), el Progreso Social no mostró un avance significativo respecto al año previo, con un incremento de apenas 0.4% en el puntaje; esta situación reflejó el desempeño de 22 entidades donde el puntaje se mantuvo relativamente igual al del año pasado. Sin embargo, 8 estados registraron incrementos en puntaje de un año al otro, con aumentos notables en Baja California Sur y Tlaxcala, cuyo puntaje creció 5% y 3%, respectivamente. En contraste, Zacatecas y Querétaro mostraron retrocesos en el puntaje, retenidos por deterioros en materia de seguridad pública y de acceso a educación superior.

En particular, el deterioro de la seguridad pública en el país representó un lastre para el progreso social en México entre las ediciones 2019 y 2020 del IPS: 25 de los estados del país tuvieron caídas en el puntaje del componente de Seguridad Pública, que comprende variables como la tasa de homicidios, la presencia de crimen organizado y la percepción de la población sobre la inseguridad en su localidad.

A dos días del segundo aniversario de la actual administración, y a menos de un mes de entrar a un nuevo año, los resultados del IPS 2020 dejan reflexiones relevantes no sólo para la población, sino para las autoridades nacionales y estatales. En primer lugar, subrayan la importancia de basarse en los datos para evaluar la calidad real de la vida de los mexicanos y mexicanas, de manera que los resultados se puedan comparar con años previos y sea fácil identificar los rubros donde ha habido avances y retrocesos.

Además, los resultados del IPS demuestran que el PIB per cápita de estados con un peso importante del sector petrolero – como Campeche y Tabasco – tienen una menor capacidad para traducir la fortaleza económica en bienestar social, situación explicada, tal vez, por el hecho de que mucha de la producción petrolera se exporta y no permanece en la región. Visto en el contexto de la actual política energética, este apunte proporciona un argumento para repensar la viabilidad de dar prioridad al sector petrolero como un supuesto detonador de crecimiento y bienestar en México; particularmente cuando los apoyos han estado dirigidos principalmente a Pemex, sin considerar una reestructuración profunda y necesaria para volver a la petrolera un elemento productivo para la economía y, consecuentemente, para la población del país.

Otro pendiente señalado en el IPS fue el de la corrupción: en 17 estados, la proporción de adultos que reportó haber experimentado corrupción al interactuar con un servidor público incrementó entre 2017 y 2019 (los años considerados en el Índice), mientras que el problema sólo mejoró en 14 entidades. Aquí también, los resultados sugieren la necesidad de revalorar las medidas implementadas para combatir la corrupción.

Los problemas que obstruyen al progreso social en México son diversos y varían en las diferentes regiones del país, como se evidencia en la nueva edición del Índice de Progreso Social subnacional. Precisamente por eso, el IPS representa una herramienta fundamental para identificar las áreas problemáticas a las que se les debe dar prioridad a la hora de diseñar las políticas públicas, tanto del gobierno federal como de las administraciones estatales (muchas de las cuales estarán en juego en las elecciones del próximo año). Además, en sus ediciones posteriores, será también un instrumento útil y necesario para dar seguimiento al éxito de los programas implementados, y corregir el curso cuando sea necesario.

A nivel nacional, algunos pendientes quedan claros: la seguridad y la corrupción, además de otros temas como la informalidad laboral, representan obstáculos al bienestar social de la población, y en los últimos años se han deteriorado en distintas entidades. Además, la disparidad regional persiste: los estados con un mayor nivel de pobreza laboral y menor nivel de ingresos son también aquellos con una menor calificación en el Índice de Progreso Social; tanto en 2019 como en 2020, Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocuparon los últimos 3 lugares en la clasificación.

En su reciente segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador afirmó que “el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando, y con eso tenemos”. ¿Debería el apoyo popular ser suficiente? Tal vez, con el interés de mejorar el nivel de vida no sólo de los mexicanos que lo apoyan, sino de la población entera del país, el gobierno puede concentrarse en implementar políticas encaminadas a cerrar la brecha entre las regiones del país – tanto económica como de bienestar social –, y en asegurar que las medidas implementadas para atacar los problemas del país sean las adecuadas. En ese caso, el Índice de Progreso Social de México será una valiosa herramienta.

Ana Bertha Gutiérrez es coordinadora de investigación económica en México, ¿cómo vamos? y estuvo a cargo de la ejecución del IPS 2020.

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