Tres grandes riesgos en la propuesta de reforma a la Ley del Banco de México

  • Si bien la intención es apoyar a las familias receptoras de remesas y a algunos sectores de servicios que reciben dólares en efectivo, los beneficios no son ni de cerca equiparables con los riesgos que plantea la minuta votada en el Senado.
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Nuestro agradecimiento a Manuel Sánchez, #ExpertoMCV

  • Las reformas aprobadas por el Senado a la Ley del Banco de México presentan riesgos mayúsculos y beneficios marginales.
  • Entre los principales riesgos están la vulneración de la autonomía del Banco Central, la inyección de recursos de procedencia ilícita a las reservas internacionales y con ello el lavado de dinero a gran escala, y la pérdida de credibilidad del Banco con consecuencias adversas sobre la estabilidad de los precios.
  • Banxico obtuvo su autonomía con la reforma constitucional de 1994, por la cual su principal mandato es contener la inflación, que afecta a todos los consumidores, pero sobre todo a las familias más pobres.

La minuta aprobada por el Senado1 el miércoles 9 de diciembre busca facilitar el ingreso de dólares en efectivo al país. Según la exposición de motivos, se busca que las familias que reciben remesas de los paisanos en Estados Unidos “fortalezcan su economía” y, a la par, se favorezca la recepción de dólares en efectivo en los comercios turísticos y fronterizos.

Sin embargo, en realidad sólo el 1% de los más de 30.4 millones de dólares que este año (enero-octubre) han ingresado a México son remesas en efectivo, el resto se recibe vía electrónica, por lo que el beneficio perseguido para las familias de los migrantes mexicanos es marginal y puede ser superado, en su lugar, mediante mecanismos que disminuyan los costos de transacción, como abaratar los cobros de las transferencias de montos pequeños –en promedio, cada envío de dinero es de 341 dólares este año–, sin generar incentivos a “traficar” con grandes cantidades de efectivo en la frontera o en los puertos de entrada.

Por el lado del sector turístico –con afectaciones del orden de diez mil millones de pesos como consecuencia de la pandemia y del cual dependen 4.2 millones empleos tras haber perdido 107 mil en los primeros 10 meses del año–, con las actuales disposiciones bancarias y cambiarias, tampoco parece existir un problema para colocar en el mercado cambiario los 191 dólares que en promedio cada viajero extranjero deja en efectivo en el país, pues el monto total de dólares en efectivo que son producto del turismo encuentra su demanda, por ejemplo, entre quienes viajan al extranjero. Además, actualmente la mayoría de las transacciones turísticas se realiza con tarjeta de crédito y otros instrumentos de dinero electrónico.

En contra de las tendencias mundiales, la minuta promueve un mayor uso de efectivo y detiene el proceso hacia bancarizar a los migrantes e impulsar, de forma más generalizada, el uso de medios eficientes de pago.

Es decir, si bien la intención es apoyar a las familias receptoras de remesas y a algunos sectores de servicios que reciben dólares en efectivo, los beneficios no son ni de cerca equiparables con los riesgos que plantea la minuta votada en el Senado, de entre los cuales identificamos, al menos, tres.

El primero y más evidente son los incentivos para el lavado de dinero a través del ingreso de mayores cantidades de dólares en efectivo al país. Al existir mayor facilidad para que bancos comerciales y centros cambiarios adquieran dólares en cash, su precio en pesos va a ser mayor. Con ello, será más rentable traficar estas divisas en todos los puertos fronterizos. Además del riesgo que esto conlleva en términos de mayor crimen organizado –liquidez para financiar actividades ilícitas, incremento en tráfico y trata de personas para ser utilizadas como mulas del efectivo, entre otros–, el mayor costo de una medida de este tipo consiste en que, al eliminar controles, México estaría violando tratados y acuerdos internacionales ratificados desde la Convención de Viena y los últimos esfuerzos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como los del grupo de trabajo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos (FATF), con importantes costos por menor inversión extranjera directa e inversión fija bruta que México tanto necesita, así como por un incremento en el riesgo país –con su respectivo coste en tasas de interés y retorno– y la consecuente exclusión en acuerdos comerciales internacionales en el futuro.

El segundo gran riesgo de este proyecto de reforma que ahora pasará a la Cámara de Diputados es la vulneración de la autonomía de Banxico, pues las divisas adquiridas por Banxico se integrarían a las reservas internacionales. En la medida en la que las decisiones de política cambiaria –el monto de dólares que el Banco inyecta al mercado de divisas en caso de presiones devaluatorias para el peso– se vean influenciadas por una creciente cantidad de dólares acumulada en las reservas internacionales, el margen de maniobra del Banco disminuye y con ello su función de mantener estables los precios en moneda nacional se ve comprometida. Una gran cantidad de dólares en el mercado cambiario, cuya proveniencia sea de actividades ilícitas, podría orillar a que los inversionistas optaran por irse a otras economías emergentes más atractivas para sus inversiones, en detrimento del crecimiento económico sostenido del país.

Finalmente, un tercer gran riesgo en caso de concretarse una reforma a la Ley de Banxico en los términos de la minuta, consiste en afectar la credibilidad del Banco de México y con ello perder la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado a la economía mexicana desde hace 25 años. Aunque no es materia de la discusión legislativa en esta ocasión, en los últimos dos años ha habido varios amagos desde el Poder Legislativo que han buscado reformar la Ley del Banco de México para destinar las reservas internacionales a otros objetivos, distintos a los que actualmente tienen. Es por ello que en esta ocasión se levantan tantas voces que alertan de los riesgos que conlleva modificar la Ley. Al final del día, la pérdida de credibilidad del Banco y la dificultad para llevar a cabo una política monetaria adecuada en caso de que las autoridades del exterior le impongan sanciones a Banxico, puede conducir al descontrol de la inflación.

En resumen, la vulneración de la autonomía del Banco, cuyo mandato es mantener a raya la inflación, tiene un impacto negativo y específico en la economía nacional. Quienes crecimos en los años ochenta, recordamos en primera persona que las altas tasas de inflación son muy perjudiciales para la economía familiar. En particular, una inflación más alta tiene mayor impacto negativo en los hogares más pobres, pues su de por sí acotada capacidad de consumo disminuye aún más, con lo cual su nivel de vulnerabilidad se incrementa desproporcionadamente.

Además, al incrementar el riesgo de blanqueo de capitales (lavado de dinero), aumentan también los riesgos de seguridad y confianza de los inversionistas, y con ello, se compromete el crecimiento sostenido en el largo plazo.

Es obligación del Poder Legislativo hacer una valoración técnica de los costos y riesgos asociados a una iniciativa de esta naturaleza y erigirse como un contrapeso frente a las presiones políticas de otros poderes de la Unión. La minuta del Senado no plantea soluciones a los problemas de liquidez de los paisanos, sino que perjudica el diseño institucional del Banco Central y con ello se pone en riesgo el poder adquisitivo de todos los mexicanos, que es su mandato prioritario desde la reforma constitucional de 1994.

Sofía Ramírez Aguilar (@Sofia_RamirezAes directora de México, ¿cómo vamos?; maestra en economía por el ITAM, fue Directora Adjunta de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y ministra representante del CISEN en la embajada de México en Washington D.C., entre otras posiciones dentro del gobierno federal. Adriana García (@Adri_35) es investigadora senior en México, ¿cómo vamos?; economista por el ITAM, se especializa en finanzas públicas, indicadores macroeconómicos y en avances tecnológicos. En el sector público ha trabajado en la Unidad de Planeación de la Hacienda Pública y en la Dirección de Tecnologías de Información en Pemex.

1 Disponible aquí.

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