La cancelación del NAICM a finales de 2018 marcó un hito en la creciente desconfianza que los inversionistas privados han manifestado desde entonces y que se ha traducido en dos años de caídas consecutivas en la inversión (comparación anual de indicadores mensuales, INEGI). La labor de la Auditoría Superior de la Federación debe abonar a la confianza en la gestión gubernamental, y con ello otorgar certeza y credibilidad en las instituciones del Estado mexicano.
Cálculos gubernamentales de febrero 2019 señalaban que el costo por la cancelación del NAICM sería de 100 mil millones de pesos, pero la ASF estimó en su informe de resultados de fiscalización 2019 que este costo sería al menos tres veces mayor (casi 332 mil mdp), pues entre otras cosas existieron limitaciones importantes en la información otorgada por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (SCT), por lo que el costo podría ser aún mayor. Sin embargo, en una comunicación posterior sin precedentes, la misma ASF “reconoció” errores en la metodología utilizada en la auditoría original –que le tomó catorce meses realizar– tan solo tres días después de presentar su informe 2019, y coincidentemente el mismo día que el titular del Ejecutivo Federal desestimara los cálculos de la Auditoría.
Hasta antes del comunicado de rectificación de la Auditoría, no parecía haber sorpresas: el ente auditor federal había revisado la ejecución del gasto del gobierno federal y el gobierno defendía públicamente sus decisiones políticas. Pero el problema empieza cuando los cálculos de la ASF respecto al costo de la cancelación del NAICM no son replicables puesto que ni en el informe ni en el comunicado de rectificación se detalla la metodología o los supuestos utilizados con suficiente detalle. En concreto, en el comunicado del lunes 22 de febrero 2020 únicamente se menciona la desincorporación de “flujos pasados y futuros” de la estimación de los costos por la cancelación del NAICM, y hace referencia a la reestructura de la deuda del gobierno a través de la venta anticipada de bonos, sin especificar montos ni criterios para dichas estimaciones, lo cual lejos de abonar en la credibilidad de la ASF, la merma justo cuando la institución debiera otorgar mayor confianza.
Las reglas de contabilidad, tanto nacionales como internacionales, constituyen estándares que permiten comparar estados financieros de diversas empresas, instancias y proyectos, por lo que de confirmarse errores metodológicos en la revisión financiera de este megaproyecto durante la auditoría original realizada por la ASF, se podrían suponer serias debilidades en la forma en la que la ASF realiza sus ejercicios e informes, así las observaciones no sean vinculantes.
Por otro lado, si la metodología original de la ASF fue adecuada bajo ciertos supuestos, aún si el gobierno ofreciera información complementaria que permitiera modificar las estimaciones originales, el hecho de que en menos de tres días la ASF reconociera errores denota fuertes presiones políticas, en detrimento de la confiabilidad de nuestras instituciones públicas, de la separación de poderes y de las capacidades de auditoría y fiscalización del gasto público.
Gran parte del deterioro de la confianza inversionista deviene de la cancelación de contratos y megaproyectos como el NAICM desde 2018. Pero la afectación a la credibilidad de nuestras instituciones se incrementa con la opacidad en la comunicación que ofreció la ASF alrededor de este incidente, y el gobierno se anota un punto a favor al salir a comunicar con datos su postura contra la evidencia que ofrece la ASF.
En cualquier democracia consolidada, un desencuentro de esta naturaleza ha producido dimisiones de funcionarios de alto rango por el impacto político que tiene más allá del error humano en un cálculo contable, pues de fondo están en juego dos cosas: la confianza en las instituciones, justo en el primer kilómetro del maratón anticorrupción, y la inversión, tan necesaria para la recuperación económica.
* Sofía Ramírez Aguilar es economista y directora de México, ¿cómo vamos? Daniel Castañón es economista e investigador en México, ¿cómo vamos?
