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Estado de derecho y desarrollo

  • Aquellos países en donde ha prevalecido el Estado de derecho, donde los individuos son libres de utilizar los recursos de su propiedad, plenamente garantizados y protegidos son, simultáneamente, los países con mayor nivel de desarrollo, con mayor nivel de ingreso y con una distribución más equitativa del ingreso
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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Cuando se habla de si en un país existe el Estado de derecho, generalmente se refiere al cumplimento de las leyes vigentes y la baja, si no es que ausente, tasa de impunidad cuando éstas se violan. En esta concepción es obvio que el primer obligado al cumplimiento de lo establecido en el marco legal es el propio gobierno, el cual además tiene que ser el garante de los denominados “derechos negativos” como son la libre expresión y manifestación de ideas, libertad de creencia religiosa, libertad de asociación, etcétera. Es decir, son derechos naturales que nadie, menos aún el gobierno, puede impedir su libre ejercicio. Hay, sin embargo, otros elementos a considerar cuando se habla del Estado de derecho y del efecto que ello tiene sobre el desarrollo económico del país.

Son cuatro estos elementos: a) la eficiente definición en el marco legal de los derechos privados de propiedad; b) la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados; c) la existencia de un poder judicial independiente e imparcial, y d) el gobierno no puede interferir en la esfera privada si no es para hacer cumplir el marco legal.

Respecto a los derechos privados de propiedad, estos se componen de tres elementos. El primero es el derecho a la posesión de bienes, incluyendo los bienes de producción. El segundo es el derecho a la libre utilización de estos bienes mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente contra los derechos de terceros y de ahí que en el marco legal tengan que estar prohibidos y penalizados actos como homicidio, violación, robo, fraude, etcétera. Y el tercero es la libertad de comercio, es decir cada quién es libre de involucrarse en transacciones enteramente voluntarias; tiene que prevalecer la libertad de contrato.

Relacionado con la libertad de contrato y que las transacciones sean efectivamente voluntarias, es la prevalencia de la igualdad de oportunidades de acceso a todos los mercados, incluyendo los de bienes, servicios y factores de la producción. Esto implica que los mercados operen en un contexto de competencia y es papel del gobierno generar las condiciones, legales y regulatorias, que promuevan su existencia, como lo es su papel para perseguir y penalizar prácticas monopólicas, sean estas privadas o públicas; las prácticas monopólicas que le permiten al oferente apropiarse de una renta dañan a todos los demandantes, pero relativamente más a los más pobres. De ahí que el arreglo institucional en el que predomine la competencia es el que tiende a derivar en la maximización del bienestar individual y social siendo papel del gobierno, además, corregir las fallas de mercado como son las externalidades negativas y positivas y la provisión de bienes públicos.

Es un error que el gobierno, en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades, tenga como objetivo la igualdad de resultados. Esto no sólo implica desconocer que cada persona es diferente en sus habilidades y conocimientos (su capital humano) y en sus preferencias, sino que es una intromisión gubernamental en la esfera privada (dónde y cuánto trabajar y qué bienes consumir y de quién adquirirlos). Buscar la igualdad de resultados, al obviar al individuo, deriva en un sistema carente de libertades, un sistema de planificación centralizada en donde predominan las preferencias del gobernante sobre las individuales. Resulta, al final, en un sistema en donde se reparte equitativamente la miseria.

Además de una eficiente definición en el marco legal de los derechos privados de propiedad, para que efectivamente prevalezca el Estado de derecho es crucial la existencia de un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito, el cual tiene dos funciones principales. La primera es garantizar y proteger esos derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros (incluidas acciones del gobierno) que los vulneren, así como penalizar cualquier violación. No tener la garantía de que los derechos privados de propiedad estén efectiva y eficientemente protegidos y garantizados, inhibe la inversión y el crecimiento de la economía al aumentar el riesgo que enfrentan los inversionistas, particularmente cuando es el propio gobierno el que los vulnera.

a segunda función del poder judicial es garantizar el cumplimento de los contratos. Si las partes involucradas en un contrato, sea mercantil o civil, no tienen la garantía de que en caso de que el mismo sea violado podrán acudir ante el poder judicial para que obligue a la parte violatoria a cumplir con las obligaciones establecidas o adjudicar en su caso las garantías, deriva en una asignación socialmente ineficiente de recursos (solo se hacen contratos con contrapartes “moralmente responsables” aunque no sea el mejor proveedor o cliente), además de ser otro elemento adicional que inhibe la inversión y el crecimiento.

Finalmente, para afirmar que existe un íntegro Estado de derecho, es necesario que el gobierno no se entrometa en la esfera privada, excepto para hacer cumplir con las leyes. Esto implica que el gobierno no puede involucrarse en decisiones que atañen únicamente a los individuos. El gobierno no puede prohibir qué bienes consumir, ni tampoco prohibir a quién le adquirimos esos bienes (violenta el derecho a las transacciones voluntarias); el gobierno no puede establecer prohibiciones sobre en dónde y cuándo emplear recursos productivos (violenta el derecho a la libre utilización); el gobierno no puede establecer prohibiciones sobre las decisiones que toman los individuos sobre qué hacer con su propio cuerpo, como lo serían el consumo de drogas, la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, la conformación de un hogar (parejas heterosexuales u homosexuales), la libertad para elegir una muerte digna. Todas estas son decisiones personales que se toman bajo el principio de que los derechos privados de propiedad son inviolables.

La evidencia internacional es muy clara. En aquellos países en donde ha prevalecido el Estado de derecho, uno en donde los individuos son libres de utilizar los recursos de su propiedad, plenamente garantizados y protegidos son, simultáneamente, los países con mayor nivel de desarrollo, con mayor nivel de ingreso y con una distribución más equitativa del ingreso. Partiendo de que lo que buscamos para México es un mayor nivel de desarrollo con mayores niveles de bienestar para la generalidad de la población, el camino ha seguir es muy claro: se requiere fortalecer el Estado de derecho.

Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.

Isaac Katz (@econoclasta) es Licenciado en Economía por el ITAM, es Maestro en Economía por la Universidad de Chicago y tiene Estudios del Doctorado en la misma área por la Universidad de Chicago. También es profesor jubilado del ITAM. Es Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Además, es columnista en El Economista.

Bibliografía

Bennet, Randy E. The Structure of Liberty. Justice, and the Rule of Law, Oxford University Press, 1998.

Berlin, Isaiah. “Dos conceptos de la Libertad”, en Cuatro Ensayos sobre la Libertad. Alianza Editorial, 1988.

Katz, Isaac ¿Qué tan liberal es usted? Ediciones Coyoacán, 2009.

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