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El elusivo progreso de una generación a otra

  • La información disponible apunta a que durante la pandemia hubo una preocupante reducción de la movilidad social, en cuyas circunstancias determinantes destacan las condiciones familiares de origen (salud y educación de los padres, riqueza del hogar), los factores personales (edad, sexo o color de piel) y los elementos territoriales (tamaño de la localidad, si es rural o urbana, el entorno de pobreza).
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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La movilidad social es indicativa del cambio en el bienestar de las personas. Para identificarla, hay que comparar la situación socioeconómica de cada individuo en un momento dado respecto a un punto de partida. Este cambio no sólo involucra un diferente bienestar sino también una distinta posición respecto a la que ocupan los demás. La movilidad social cambia el nivel de bienestar y su distribución.

El bienestar personal tiene múltiples dimensiones, como el estado de salud, la educación alcanzada, los recursos económicos que se obtienen y otras. Una referencia con la que se suele identificar su cambio es la situación de la generación anterior.  Así, la movilidad social intergeneracional es el progreso, o retroceso, que las hijas y los hijos han alcanzado respecto a sus madres y padres en cuestiones como la esperanza de vida, los años de escolaridad o el nivel de ingreso.

Si consideramos padres que a los 24 años tuvieron sus primeros hijos en 2019, encontraremos que la esperanza de vida al nacer de la nueva generación supera en casi dos años y medio la de la generación anterior. Esta es una cifra considerable, pero inferior al promedio mundial (6.4 años) y modesta respecto a países en desarrollo semejantes. Así, para Turquía el progreso de los hijos respecto a los padres en esperanza de vida supera los 10 años (ver datos de salud del PNUD).

En escolaridad el panorama en México luce mejor. Hijos que en 2019 comenzaban la educación primaria era de esperar que rebasaran la escolaridad de sus padres en poco más de cuatro años, una cifra que supera los cerca de tres años promedio a nivel mundial. Sin embargo, nuevamente hay países con desarrollo comparable con mayor movilidad, como Costa Rica, donde el progreso escolar de los hijos es casi cinco años mayor que el de los padres (ver datos de educación del PNUD .

El problema principal de la movilidad social de México no es tanto su magnitud sino su gran desigualdad. Al considerar la dimensión de los recursos económicos se observa que el 73% de aquellos con padres en el 20% de la población más pobre permanecen en una situación de pobreza, mientras el 57% de aquellos con padres en el 20% más rico de la población nunca abandonan este estrato (ver el Informe de movilidad social 2019 del CEEY). Esto también indica que las condiciones de origen influyen notablemente en los logros de las siguientes generaciones.

Los principales determinantes de la movilidad social son las circunstancias fuera del control de las personas. Estas definen distintas oportunidades a partir de las cuales el esfuerzo individual da resultados distintos. Dependiendo de la dimensión del bienestar, la desigualdad de oportunidades explica al menos entre 40% y 50% de la desigualdad de resultados. Lo anterior significa que, aunque los individuos fueran recompensados igualmente por su esfuerzo, y todos se esforzaran de la misma forma, habría una importante desigualdad de resultados. Puesto de otra manera, el nivel de bienestar y la posición socioeconómica que ocupan los individuos en México se debe menos al mérito y más a sus ventajas de nacimiento.

Dentro de las circunstancias determinantes de la movilidad social destacan las condiciones familiares de origen, como la salud y la educación de los padres y la riqueza del hogar, las cuales llegan a explicar entre 30% y 40% de la desigualdad de oportunidades.  En segundo lugar, se encuentran los factores personales, como la edad, el sexo o el color de piel, que pueden dar origen a tratos discriminatorios. En tercer sitio están los elementos territoriales, como el tamaño de la localidad, si es rural o urbana y el entorno de pobreza, que definen la disponibilidad de recursos compartidos al alcance de las personas. Los factores personales y territoriales tienen un peso similar en la desigualdad de oportunidades.

Aunque los progresos de una generación a otra en salud y educación han sido modestos, la política pública ha contribuido a reducir la desigualdad de oportunidades. Tres cuartas partes de la mejora intergeneracional en los indicadores de esperanza de vida corresponden a la población adscrita al sistema público de salud (ver Reporte de movilidad social en salud 2020 del CEEY ) y casi la totalidad de la movilidad educativa está asociada a quienes asisten a la escuela pública (ver Reporte sobre movilidad social educativa 2020 del CEEY).

También las políticas públicas que aumentan la riqueza o el ingreso, como las transferencias monetarias, influyen en la movilidad social. Sin embargo, su impacto es casi exclusivamente económico y está muy lejano a la mejora directa de la esperanza de vida o de los años de escolaridad mediante sistemas de salud y educativo de elevada cobertura y calidad. Desafortunadamente, la amenaza del COVID-19 mostró la elevada vulnerabilidad de estos sistemas.

Aún es temprano para conocer el impacto final de la pandemia y de su manejo sanitario, social y económico. Sin embargo, la información disponible apunta a una preocupante reducción de la movilidad social. Por una parte, en 2020 el porcentaje de mortalidad en exceso a nivel nacional alcanzó 45.1%, pero fue más alto (71.5%) en la población de entre 45 y 64 años (ver INSP, 2021). Esto representa un gran número de años de vida perdidos en la población, y en consecuencia una disminución en la esperanza de vida nacional superior a un año.

Por otra parte, De la Torre, 2021 muestra que con la deserción escolar estimada en 2020, que afectó particularmente a los estudiantes de educación media superior, representaría una reducción de al menos seis meses de la escolaridad esperada general. Con ello se habría perdido alrededor de 29% de la movilidad educativa intergeneracional, el equivalente a cinco años de progreso en esta materia.

A lo anterior habría que agregar que el crecimiento potencial del PIB entre 2020 y 2024 sería de 1.45%, aún bajo un escenario que no considera los efectos adversos de la pandemia, crecimiento que es sustancialmente inferior al 2.4% registrado efectivamente en los últimos 30 años (ver Loría, 2020). Esto aumentaría de 20% a 30% la población ocupada trabajando menos de 35 horas a la semana, con más de 35 horas semanales e ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o laborando más de 48 horas semanales con menos de dos salarios mínimos, lo cual se traduciría en menor movilidad social en la dimensión de los recursos económicos.

Tristemente, la movilidad social que requiere el país, y de la cual había logros modestos, se aleja sin que se vean en el horizonte medidas de política económica o social que sean capaces de revertir esta situación.

Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.

Rodolfo De la Torre (@equidistar) es Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y experto México, ¿cómo vamos?

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