El recién proceso electoral del 6 de junio de 2021 tuvo un resultado favorable en cuanto al posicionamiento de las mujeres en la vida política del país, ya que 900 mujeres fueron electas para ocupar alcaldías, así como diputaciones federales y locales de mayoría relativa. El camino no ha sido fácil y se remonta a 200 años atrás, cuando la lucha era obtener el derecho a voto.
Antes de que las mujeres pudieran ir a las urnas, hubo al menos cuatro momentos en la historia donde este derecho fue denegado. El primero fue en 1821, cuando las independistas zacatecanas pidieron por primera vez el derecho a voto; treinta y cinco años más tarde, en 1856, 81 mujeres demandaron al Congreso Constituyente el reconocimiento de sus derechos políticos. Después, en 1916, durante el Primer y Segundo Congreso Feminista, celebrados en Yucatán, cientos de mujeres se reunieron nuevamente para exigir sus derechos, entre ellos, el sufragio. Un año más tarde lo volvieron a intentar durante el Congreso Constituyente de 1917; esta vez la exigencia no solo fue rechazada, sino también se emitió una respuesta formal al referirles que sus intereses debían limitarse al cuidado de la casa (Hevia, Lavalle, & Tapia , 2021).
Estos hechos no solo dan cuenta de una ardua lucha para que las instituciones pudieran reconocer los derechos políticos de las mujeres, sino también evidencian la resistencia a mantener un paradigma social en el que el espacio público solo corresponde a los hombres. Finalmente, gracias a los esfuerzos del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, en 1947 las mujeres obtuvimos el derecho a votar, primero, en las elecciones municipales y, después, el 17 de octubre 1953 en todas las elecciones.
Sin duda el derecho a voto fue un logro, sin embargo, tuvieron que pasar once años para que una mujer ocupara un cargo político. En 1964 fueron electas las dos primeras senadoras y ocho mujeres lograron ocupar el cargo de diputadas en el Congreso de la Unión. Pese a que ya había participación en el congreso, el avance hacia la paridad fue lento y tortuoso debido a las resistencias al interior de los partidos políticos.
Fue hasta la década de los noventa que se marcó un nuevo parteaguas para la participación política de las mujeres. Como parte de una nueva conciencia y movilización internacional a favor de acciones afirmativas, las legisladoras mexicanas comprendieron que necesitaban modificar las normas para implementar un sistema de cuotas que permitiera acelerar la presencia de mujeres en cargos de elección popular, y con ello comenzar a posicionar la agenda y las necesidades de las mujeres en el espacio público.
Así, en 1993, se aprueba la primera reforma a la Ley Electoral, en la cual se invitaba a los partidos a promover la participación de las mujeres. No obstante, la falta de cumplimiento, asociada con de la falta de obligatoriedad, llevó a las legisladoras a impulsar una serie de reformas para aumentar las cuotas y asegurar la alternancia en las listas de representación proporcional.
A lo largo de estos años, los partidos políticos se resistieron a cumplir con la norma a través del uso de diversas estrategias: primero, escudándose en la excepción que marcaba la norma y argumentando supuestos procesos internos, luego nominando a mujeres en distritos con nulas posibilidades de triunfo. El caso conocido como “las juanitas”, en 2008, fue el colmo del descaro, ya que los partidos políticos sí postulaban candidatas, pero colocaban a varones en los cargos de suplencia.
Ante estos escenarios, una coalición de mujeres de distintos partidos, ámbitos, profesiones e intereses se integraron en una red que comenzó a presionar de forma estratégica para asegurar el derecho de las mujeres a participar políticamente en igualdad de condiciones que los varones.
El resultado fue que en 2011 se lograra una icónica sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual obligaba a los partidos políticos a cumplir con la cuota sin excepciones y, también, a que la postulación de cargos propietarios y suplentes fuesen del mismo sexo. Como consecuencia, en 2012 ya hubo un incremento sustancial del número de diputadas, y esta mayor representatividad, contribuyó a que en 2014 se asegurara en la Constitución la paridad en el Poder Legislativo.
Durante este largo proceso aún quedaba pendiente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas; fue en 2014 y 2015 que, a partir de jurisprudencias, se obliga a los partidos no solo a cumplir con la paridad vertical y horizontal en ayuntamientos, sino también se hacen reformas para garantizar los derechos políticos de las mujeres indígenas.
Finalmente, el 6 de junio de 2019 se consigue la reforma constitucional Paridad en Todo. Una reforma única en el mundo que pone a México a la cabeza de avances normativos en el tema. Los resultados de la elección de junio 2021, en la que las mujeres conseguimos una cifra histórica en cargos de elección popular son la recompensa de una lucha de casi dos siglos para que las mujeres tengan plena libertad de participar en la vida pública y política del país.
En este contexto, un grupo de estudiantes y profesores del Tecnológico de Monterrey elaboraron una serie de visualizaciones para mostrar el avance de la participación política de las mujeres y para informar algunos resultados de la elección de junio de 2021. Los resultados pueden encontrarse en la plataforma Mexicovid-19.
La gráfica 1 es un ejemplo de las visualizaciones que se pueden encontrar en el sitio. Particularmente, ésta refleja el avance histórico del porcentaje de mujeres en diputaciones federales de 1952 a 2024. Se observa que la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados ha sido paulatina; antes del periodo 1997-2000 la presencia de mujeres era insignificante y hoy por hoy el legislativo federal está a unas décimas de la paridad formal con 49.2%. La gráfica evidencia el lento proceso para conseguir la tan anhelada paridad de las mujeres en el congreso.
Gráfica 1. Porcentaje de diputaciones federales por sexo
Asimismo, la plataforma cuenta con una visualización para analizar la participación de las mujeres en cargos locales (ver gráfica 2) en la que se muestra que 18 congresos locales estarán integrados de forma paritaria o tendrán un mayor porcentaje de mujeres en las diputaciones de mayoría relativa. De igual modo, se observa que, de las entidades con elecciones en 2021, más de 300 municipios del país serán gobernados por una mujer y, pese a que esta cifra representa un aumento sustancial en cuanto al porcentaje de presidentas municipales en el país, solo cinco entidades lograron la paridad en las Alcaldías.
Gráfica 2. Porcentaje de mujeres electas en diputaciones locales y presidencias municipales por entidad federativa
El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y, por tanto, es fundamental hacer análisis más profundos para conocer qué hizo falta para consolidar la mayor presencia de mujeres como alcaldesas, así mismo es necesario abrir más líneas de investigación para realizar las reformas encaminadas a asegurar que las mujeres puedan competir por un cargo, libres de violencia. Esta será, sin duda alguna, una de las principales tareas para las legisladoras entrantes, a quienes ahora les toca continuar los esfuerzos de sus antecesoras, para asegurar que las mujeres puedan estar en condiciones de paridad en todos los niveles gubernamentales y en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
¿Por qué necesitamos asegurarlo? Más allá del argumento obvio acerca de la justicia intrínseca de garantizar el derecho humano de las mujeres a participar en las decisiones públicas del país, la diversidad en la representación política es una garantía de que tendremos un mejor gobierno. La subrepresentación de las mujeres implica no tener una representación adecuada de las necesidades y preferencias de las mujeres, por ejemplo, para impulsar un sistema nacional de cuidados para conciliar la vida laboral y familiar; además, existe evidencia de que una mayor participación política de las mujeres está asociada a una mejor provisión de bienes públicos, sobre todo en salud y educación (Pepera, 2018; Zohal y Lopes da Fonseca, 2020; Thushyanthan & Zohal, 2020).
La paridad de género también atrae beneficios económicos, ya que la diversidad es uno de los diferenciadores competitivos más importantes entre las empresas. Por ejemplo, se ha mostrado que las empresas que cuentan con equipos diversos, tienen 15% más probabilidad de obtener mayores rendimientos comparadas con las empresas de equipos homogéneos. La diversidad de género podría agregar hasta 12,000 millones de dólares al PIB mundial para el año 2025 (McKinsey & Company, 2015, 2018, 2020). Adicionalmente, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados no es cosa menor. En el estudio Mercado Laboral en México: el saldo al primer año de la pandemia de México ¿cómo vamos?, se ha encontrado que las mujeres dedican al menos 40 horas a la semana más que los hombres a este tipo de actividades y si recibieran un pago, la masa salarial del primer trimestre de 2020 incrementaría en 112,869 millones de pesos. Para dimensionarlo, esto representa 5 veces el presupuesto asignado al Aeropuerto Santa Lucía.
Así pues, la participación plena y activa de las mujeres en las legislaturas, en igualdad de condiciones con los hombres, no es solo un objetivo en sí mismo, sino que es fundamental para construir y sostener nuestra democracia e impulsar el desarrollo económico (IDEA, 2020). La presencia igualitaria de las mujeres, su liderazgo y su perspectiva en los congresos es fundamental para garantizar una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Ni más ni menos. Celebremos que, a partir de septiembre de 2021, tendremos un país con mayor diversidad y, por tanto, con mayores posibilidades democráticas para todas y todos; trabajemos para seguir comprendiendo lo que nos hace falta y reformando lo que sea necesario.
(Por motivos de espacio, las referencias pueden encontrarse aquí)
Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.
* Yunuel Cruz (@yunuelmx) es consultora y capacitadora en temas de género desde hace más de 15 años. Ha colaborado con ONU-Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PEMEX, Sedatu, la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de las Mujeres y diversas organizaciones de la sociedad civil. Azucena Rojas Parra (@Azuropa) es Directora Regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con 19 años de experiencia haciendo investigación aplicada en temas de opinión pública, democracia y políticas públicas. Grissel Olivera-Martínez (@grissel_olivera) es profesora del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de investigación son Economía Laboral y temas de Desarrollo Económico. Actualmente participa en proyectos de investigación sobre el valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado y sobre segregación socioeconómica en el AMM.
