México ha tenido en las últimas décadas avances importantes en desarrollo social en sentido amplio, aunque a un ritmo y profundidad lejos del ideal. Lamentablemente, los datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) publicada por INEGI y la medición de la pobreza multidimensional presentada por CONEVAL, muestran un franco deterioro en la materia.
La pobreza multidimensional aumentó en 3.8 millones de personas entre 2018 y 2020 según el CONEVAL, pasando de 41.9% de la población a 43.9%. La pobreza extrema, que venía en descenso desde 2010, pasó del 7% de la población en 2018 al 8.5% en 2020. La ENIGH muestra una caída importante en el ingreso de la población a nivel general de -5.8% y CONEVAL reportó que la proporción de personas con ingreso por debajo de la línea de pobreza aumentó en 2.9 puntos porcentuales. La medición de la pobreza del CONEVAL considera, además del ingreso de los hogares, las carencias respecto a otras dimensiones: acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social y a una alimentación suficiente y nutritiva, así como la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura básica en el hogar. La medición para 2020 destaca el incremento de personas con carencias en dimensiones esenciales para el desarrollo de capacidades básicas, salud, educación y alimentación.
El aumento en la población sin acceso a servicios de salud es particularmente dramático, pasando del 16.2% en 2018 al 28.2% en 2020. El acceso a servicios de salud es el rubro en que más se había avanzado gracias al Seguro Popular. En 2008 cuando inició esta medición, casi el 40% de la población carecía de acceso a dichos servicios. La ENIGH muestra además que el gasto de las familias mexicanas cayó en todos los rubros entre 2018 y 2020, con la excepción del gasto en salud que se incrementó en 40.5%. Ante un menor ingreso, las familias se vieron obligadas a reducir significativamente otros gastos importantes -educación, transporte, vestido y alimentación, entre otros-, para sufragar el mayor gasto de bolsillo en salud. Esto refleja los estragos provocados por la pandemia del covid, pero también el gasto para las familias de atender otros padecimientos y adquirir medicamentos que ya no recibían de instituciones públicas por la desaparición del Seguro Popular y la accidentada introducción del INSABI, o por perder derechohabiencia en el IMSS al quedarse sin empleo formal.
También aumentó la proporción de la población con carencia en educación y alimentación, aunque de manera menos dramática. Sin embargo, esto probablemente subestima el impacto futuro que tendremos en materia de desarrollo humano por lo ocurrido. Millones de niños y jóvenes llevan más de un ciclo educativo completo recibiendo educación deficiente y la deserción es elevada. A su vez, una alimentación insuficiente y poco nutritiva tiene implicaciones en términos de bienestar y salud de las personas, en su productividad, aprendizaje y mucho más.
Habrá quien atribuya los malos resultados en México a la pandemia y a la crisis económica global, es decir, a factores externos. Sería, sin embargo, una justificación miope e incorrecta, que además entorpecería la profunda reflexión que se requiere sobre la política social y el funcionamiento de nuestra economía, para construir un país con menor pobreza y desigualdad y con mayor desarrollo humano. La pandemia y la crisis global no fueron responsabilidad del gobierno actual, pero sí lo son las respuestas de política pública implementadas, que exacerbaron innecesariamente sus efectos. México está entre los países con mayores contagios y muertes y la contracción económica sufrida en México en 2020 está entre las más severas del mundo: -8.5%, mayor a la de nuestros principales socios, a la de los países emergentes o a la de América Latina. Los resultados se explican por las decisiones tomadas, incluyendo cambios a la política social y de salud implementados aún antes de iniciar la pandemia, la decisión de fortalecer ciertos programas que no estaban dirigidos a los más afectados, así como las decisiones en materia económica que ahuyentaron la inversión junto con la negación a apoyar a las empresas para evitar el desempleo.
El gobierno actual decidió cancelar programas de gobiernos anteriores, sin primero buscar mejorarlos partiendo de resultados de las evaluaciones. Tampoco presentó una estrategia de política social sustentada en una visión coherente, amplia y detallada de la política y social y sus objetivos. Desaparecieron programas que habían mostrado efectividad e impactos positivos, que tenían un diseño cuidadoso y que, en algunos casos, sirvieron de red de protección social para las familias en caso de crisis, sin ser sustituidos por otros claramente mejores.
Otro cambio fue el giro hacia la universalización de los programas en lugar de la focalización que ocurría con los programas anteriores. Aunque la universalización parece adecuada a primera vista, implica entregar apoyos a quien no los necesita, lo que es un uso ineficiente de los recursos públicos. Aún más grave, los pobres y vulnerables frecuentemente quedan fuera de los programas universales por los obstáculos que enfrentan para acceder a éstos. Como señala Máximo Jaramillo a partir del análisis de la ENIGH, los programas sociales actuales llegan a menos hogares pobres que algunos del pasado. Sólo el 35% de los hogares en el primer veintil de la población recibía algún programa social en 2020, a diferencia del 61% en 2016, el máximo alcanzado. Para universalizar bien, hay que focalizar.
El gobierno actual también prefiere entregar apoyos en efectivo. Esta visión -bastante neoliberal-, tiene cierto sentido ya que las familias conocen mejor que el gobierno sus necesidades. El problema surge cuando las transferencias no se acompañan de medidas complementarias que contribuyan a lograr los objetivos del programa o que acerquen bienes y servicios a la población que carece de ellos. La transferencia básica de Prospera estaba condicionada a la asistencia a la clínica para revisiones preventivas y las becas a la asistencia a la escuela. En el caso de Estancias Infantiles, sustituir con dinero los servicios de cuidado infantil no resuelve la necesidad de las madres si dejan de existir las estancias. Las transferencias pueden mejorar el bienestar momentáneo de los receptores e incluso reducir temporalmente la pobreza, pero no necesariamente generan las condiciones para un mayor desarrollo futuro.
Más allá de una discusión de programas específicos, la reflexión debería centrarse en grandes retos y objetivos de política social y cómo alcanzarlos. Un gran pendiente que arrastramos desde hace décadas es la construcción de un sistema de protección social realmente universal, que contribuya al combate a la pobreza y a reducir la enorme desigualdad. El sistema actual es fragmentado, con base en el ingreso de las personas y su actividad económica. Las consecuencias de ello no solo afectan el ámbito social sino también el económico, como ha señalado Santiago Levy, reduciendo la productividad y potencial de crecimiento económico.
Concluyo señalando que reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales no solo es tema de política social. Para ello se requiere también crecimiento económico sostenido, creando las condiciones para que sea incluyente en la distribución de sus beneficios. Ningún país que haya reducido considerablemente la pobreza y elevado el desarrollo humano de manera sostenida, ha podido lograrlo sin crecimiento económico.
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* Gustavo Merino Juárez (@GustavoMerinoJ) es especialista en políticas públicas y desarrollo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y experto México, ¿cómo vamos?
Referencias:
INEGI (2020), Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares.
CONEVAL (2020), Medición Multidimensional de la Pobreza 2020.
Jaramillo Molina, Máximo Ernesto (2020), Los Mitos de la Política Social de la 4T, Nexos, Julio 29, 2020.
Levy, Santiago (2019), Una prosperidad compartida: Transformando la seguridad social en México para crecer con equidad, Banco Interamericano de Desarrollo.
