Empecemos por algo que es evidente. La iniciativa de decreto que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es una reforma de energía; es una reforma del poder. La propuesta presentada por el titular del Ejecutivo tiene por objeto la restitución del monopolio (y monopsonio) que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerció por décadas. Además, busca eliminar a los órganos reguladores coordinados en materia energética, incluida la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que la Secretaría de Energía absorba, en los casos que así se requiera, sus funciones. Finalmente, propone el establecimiento de la transición energética como un área estratégica a cargo del Estado, cuya ejecución será responsabilidad de la CFE 1. En este sentido, y por su relevancia, se propone queden prohibidas las concesiones sobre el litio y otros minerales estratégicos 2.
Al lector especializado le bastará leer la exposición de motivos de la propuesta de reforma para identificar la falta de imaginación y de visión que plantea en un contexto de descentralización y transición de los sistemas energéticos a nivel mundial. Asimismo, para ese lector es también notable que la premisa de que la CFE preservará la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo a toda la población es falsa, tanto desde las perspectivas de factibilidad técnica y financiera, como desde el dominio de lo que es deseable para nuestra sociedad.
Como caracteriza a las prerrogativas de la narrativa de la administración actual, los argumentos ceden su lugar a las ocurrencias coloquiales. De esta forma se plantea, por un lado, una cuota de participación fija de la CFE en la generación eléctrica del 54 % sin proveer argumento técnico alguno. Y, por el otro lado, se plantea que la participación de los privados ocurra en los términos que la CFE señale, todo bajo un paraguas de colaboración “honesta y de buena fe”. Así, la relación propuesta por el titular del Ejecutivo es que la participación de la inversión privada en la industria eléctrica nacional esté representada por la espada de Damocles.
La propuesta de reforma presentada es un portal del tiempo, pero hacia el pasado. En vez de mirar a un futuro de generación distribuida, almacenamiento de energía, electromovilidad e interconectividad en tiempo real entre usuarios de la red, pretende retrocedernos a modos y medios de producción propios de la mitad del siglo XX. Tiene por objetivo sustituir centrales eléctricas baratas y limpias, por centrales costosas y sucias. Privilegia que un (ahora llamado) organismo del Estado, dirigido por un operador político, detente el poder de mercado en la industria eléctrica nacional, en vez de anteponer los intereses de la sociedad mexicana. Y, con alta posibilidad, no es porque el presidente añora los logros económicos y sociales del desarrollo estabilizador de la época. Incluso, seguro más de un miembro de su equipo le habrá recordado que las presiones fiscales son de otro orden de magnitud y que el motor económico actual presenta menor aceleración que entonces.
Si se presta atención a la campaña publicitaria que el gobierno federal ha lanzado en televisión y otros medios de comunicación, se hace referencia “al despojo” que implicó la reforma energética de 2013; a que las tarifas eléctricas no han disminuido como fue prometido. Es claro que esta iniciativa de decreto pretende, ante los paupérrimos resultados económicos y en otras esferas de la administración actual, robustecer la narrativa de polarización: “ellos (neoliberales) vs nosotros (pueblo)” de cara hacia 2024.
Más aún, dado que la CFE genera electricidad con mayores costos que las centrales eléctricas que pretende desplazar, el Ejecutivo tendrá que incrementar los subsidios a las tarifas eléctricas para nulificar costos políticos. Es cierto que el gobierno federal no tiene mucho margen fiscal para hacerlo. Sin embargo, prefiere destinar esfuerzos a identificar cómo puede hacerlo realidad y visibilizar al presidente como el prócer que logró reducir las tarifas, que permitir que sea la iniciativa privada y sus proyectos los que se cuelguen tal medalla.
En repetidas ocasiones, el presidente ha declarado que los criterios económicos de eficiencia no le son relevantes. Su política energética ocurrirá sin importar el costo que ésta tenga. No le interesa la fuga de capitales que tendrá lugar como consecuencia de lo frágil que es el Estado de derecho en su gobierno. Tampoco le quita el sueño el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático, ni el incumplimiento de los compromisos en ley o a nivel internacional que tenemos como país. Difícilmente le mortificarán los impactos a la salud pública a nivel local ocasionados por la emisión de partículas PM2.5 y PM10, producto de las centrales de combustóleo y carbón que entrarán en línea por parte de la CFE en sustitución de las centrales privadas.
El Ejecutivo no tiene incentivo alguno para recular. Las consecuencias más graves de su propuesta se encuentran más adelante en el camino; lejos del ejercicio de su gobierno. Cuando esto suceda, observaremos nostálgicos que nuestros socios comerciales y otros países en Latinoamérica disfrutan de inversiones, empleos e infraestructura que entregan flujos de bienes y servicios de alto valor agregado, y que están asociados al desarrollo de la revolución digital y la automatización. Esos países habrán también logrado la cobertura universal, asequible y limpia en sus servicios energéticos para su población. ¿Cuál habrá sido su receta secreta para lograrlo? Muy simple. Favorecieron los intereses de la Nación, y no los objetivos políticos personales. Fueron capaces de incluir a todos los actores de la sociedad en vez de dividirlos. Estamos a tiempo, aún, de estar en esa posición.
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* Luis Serra (@luisserra23) es director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey y experto México, ¿cómo vamos?
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. 1 de octubre de 2021.
1 El transitorio quinto de la iniciativa de decreto contempla los elementos de la “transición energética soberana”, los cuales tendrán impactos negativos en los incentivos a la inversión privada en sectores manufactureros e industriales asociados a la transición energética.
2 Algunos analistas han señalado que esto implicaría una expropiación de recursos minerales como el oro y la plata. Es correcto que ambos son metales que forman parte de un abanico de recursos utilizados para la manufactura de baterías eléctricas. Sin embargo, el transitorio sexto precisamente establece que las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado de oro, plata, cobre y otros minerales, se conservarían en los términos otorgados.
