Una evaluación objetiva del desempeño del gobierno actual nos lleva, indefectiblemente, a la conclusión de que ha habido un fracaso rotundo de las políticas públicas instrumentadas, caracterizadas por ignorancia, ocurrencias y acciones desarticuladas. La evidencia es irrefutable: estancamiento económico, aumento de la pobreza, deficiencia de los servicios de salud pública, opacidad e ineficacia del gasto público, expansión del crimen organizado y aumento de la inseguridad. 1
Más aún, las perspectivas de corto plazo apuntan a escenarios cada vez más desfavorables, tal como lo muestran los pronósticos de distintas organizaciones y expertos con respecto a la evolución del PIB, la inversión fija bruta y la tasa de inflación en éste y en el próximo año.
En adición a ello, existen diversos factores de alto riesgo que podrían dar lugar a un mayor deterioro económico y social que, de concretarse, marcarían un franco retroceso histórico de México, perdiendo lo que se ha alcanzado por medio de las políticas de cambio estructural de los últimos años y, por tanto, la capacidad de crecimiento de largo plazo.
Los factores de alto riesgo que considero de mayor importancia son los relacionados con la fragilidad o inexistencia de un marco institucional sólido, que es una característica esencial de un auténtico estado de derecho, entendido éste como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”. 2 (Nota: el subrayado es mío).
Es evidente que la situación actual de México no cumple con alguna de las condiciones señaladas. Para 2021, el World Justice Project ubicó a México en el lugar 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index). 3 Por su parte, el World Economic Forum en 2019, en el rubro de Instituciones, clasificó a México en el lugar 98 de 141 países. 4
Dentro de los factores de alto riesgo, considero que existen dos de gran relevancia:
1. Debilitamiento de instituciones
Desde el inicio de la administración, los organismos constitucionalmente autónomos han sido atacados sistemáticamente para eliminar los contrapesos que son invaluables para acotar el poder absoluto, buscado afanosamente por el presidente y, al mismo tiempo, para desaparecer la evaluación objetiva de resultados, que exhiba y cuestione los resultados precarios de su gestión.
Las instituciones que han padecido en mayor medida los embates del gobierno son: el Banco de México, la Cofece, el IFT, el Inegi, el Coneval, el INAI y el INE. Hasta el momento, dichos embates han sido perpetrados por tres vías: la descalificación, la reducción presupuestal 5 y la sustitución con funcionarios incondicionales al presidente. Una cuarta vía sería la modificación constitucional para eliminar la autonomía de esas instituciones; afortunadamente la conformación actual del congreso sería un obstáculo infranqueable. En general, se ha lesionado de manera muy grave la fuerza de los organismos autónomos, allanando el camino para que el presidente dicte por sí sólo el destino del país.
2. Violación del gobierno a distintos ordenamientos legales
En materia económica hay casos de gran preocupación que sientan un precedente negativo para la inversión privada, debido a la violación flagrante de los derechos de propiedad y al impacto negativo contra la eficiencia, la productividad y la competitividad.
Veamos cuatro ejemplos:
a) La propuesta de Ley de la Industria Eléctrica que le da el poder monopólico a la CFE, no obstante que el artículo 28 constitucional prohíbe de manera expresa los monopolios. 6
b) La amenaza de rescindir unilateralmente diversos contratos de suministro de energía de empresas privadas nacionales y extranjeras a la CFE, sin que exista incumplimiento alguno del clausulado de los mismos y sin la indemnización correspondiente a la parte afectada.
c) El incumplimiento de las disposiciones en materia de inversión extranjera y uso de energías renovables contenidas en el T-MEC. Ambas faltas podrían desembocar en tribunales internacionales, incluyendo el Panel de Controversias de la OMC, y representar un costo elevado el país en términos de los pagos por concepto de indemnizaciones y de sanciones comerciales impuestas por la violación del Tratado.
d) La celebración de contratos por parte del sector público mediante adjudicación directa, sin que se cumplan los requisitos que establecen de manera puntual la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Un país sin orden, sin un llamado a la rendición de cuentas, sin contrapesos, sin aplicación de la ley por igual y sin combate a la corrupción, es un país condenado al atraso económico y a la pobreza. Ésa es la senda en la que México está transitando y en la que la única solución viable para rectificar el camino es la organización de la sociedad civil y la defensa de las instituciones y de la legalidad. Es imperativo implementar un verdadero sistema de rendición de cuentas y exigir a los tres niveles de gobierno el cumplimiento de los derechos humanos plasmados en la Constitución en materia de libertades, educación, salud, alimentación, medio ambiente y seguridad.
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* Sergio Fadl Kuri es profesor de economía en el instituto tecnológico autónomo de México (ITAM) y experto México, ¿cómo vamos? Tiene amplia experiencia en el sector público, la banca de desarrollo y la administración de riesgos.
1 Con base en los indicadores de Inegi, Coneval, Secretaría de Salud y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2 Organización de las Naciones Unidas. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario General del Consejo de Seguridad. Agosto, 2004.
3 World Justice Project. Rule of Law Index. 2021.
4 World Economic Forum. The Global Competitiveness Report. 2019.
5 Signos Vitales, El valor de la verdad. A un tercio del sexenio. Marzo, 2021.
6 El mismo artículo 28 no considera monopolio a la función del Estado en materia de transmisión y distribución de energía eléctrica.
