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Breve radiografía del mercado laboral postpandemia en México

  • Prácticamente el 56% de la población económicamente activa tiene un empleo informal, de acuerdo con el INEGI. Esto significa que las personas trabajadoras no tienen acceso a la seguridad social y cuidados médicos, vacaciones pagadas y tampoco tendrán un ingreso por pensión cuando envejezcan, por lo que hay mucha gente mayor que se ve y verá obligada a seguir trabajando.
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FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

A diferencia de la inmensa mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), el club de los países con economías avanzadas, en México tener un empleo no garantiza estar fuera de la línea de pobreza, incluida la pobreza extrema.

Un país que en 2021 exportó bienes y servicios por un monto de $494,224 millones de dólares, ubicándose en los primeros 10 mayores exportadores del mundo, no ha sido capaz de construir un mercado laboral en sintonía con su sofisticado y diversificado aparato exportador. Para el cuarto trimestre de 2021 el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, reporta que prácticamente el 56% de la población económicamente activa (PEA) tiene un empleo informal. Esto significa que los trabajadores no tienen prestaciones laborales, entre ellas acceso a la seguridad social y cuidados médicos, vacaciones pagadas y tampoco tendrán un ingreso por pensión cuando envejezcan, por lo que hay mucha gente mayor que se ve y verá obligada a seguir trabajando.

La pandemia por COVID-19 vino a agravar la precarización laboral en la que ya se encontraba la mayoría de la PEA en México. Uno de los efectos más evidentes fue la masiva destrucción de empleo derivado de la paralización de la actividad económica, con excepción de la agricultura. En el mes de mayo de 2020, el mes más letal en destrucción de empleos, se perdieron 12.1 millones de empleos, de los cuales el 72% fueron empleos informales. Si bien con la apertura de las actividades económicas de manera paulatina, pero generalizada, a partir de junio vino una recuperación de empleos relativamente más rápida de los informales que de los formales, éstos últimos tardaron varios meses más. En este caso, todos los expertos hablan de que la gran cantidad de empleo informal previo a la crisis de COVID-19 ha dotado al mercado laboral de México de mayor flexibilidad en el momento de la recuperación. Si bien esto ha servido como un amortiguador que ha permitido una rápida creación empleo, la cuestión principal ya no es si se recuperará el empleo perdido, sino la calidad y la velocidad de recuperación por rama de la actividad económica.

La realidad muestra que el ingreso de los trabajadores un trimestre previo al cierre de la actividad económica versus finales de 2021 no se ha recuperado totalmente, y si se analiza por actividad económica, incluso los ingresos son inferiores. Si bien la destrucción de empleos en el sector formal fue menor, en parte por las empresas que atendieron la invitación del Gobierno de mantener el empleo, sí se observa una pérdida de ingresos de los trabajadores formales.

La tabla que se presenta muestra una rápida radiografía de la situación y el mercado laboral en México. En principio, los trabajadores informales, ya sea empleados o autoempleados, ganan poco más de la mitad (entre un 52% y 56%) que los trabajadores formales. Donde los trabajadores en el mercado informal perciben ingresos de poco más de $5,000 pesos mensuales en promedio, estos ingresos apenas coinciden con el salario mínimo vigente en el país (con excepción de la frontera norte) de $172.87 diarios, los cuales aproximadamente se estima en $5,185 por mes, por cierto, un nivel salarial equivalente al del año de 1970.

Sin embargo, hay ramas de la actividad económica donde el salario promedio es aún más bajo, por ejemplo el de la Agricultura, Silvicultura y Pesca, donde los salarios fluctúan entre $3,567 (autoempleados) y $4,412 (empleados). Estos niveles salariales apenas superan en 1.2 y 2.3 veces la línea de pobreza por ingresos para el sector rural (canasta alimentaria, más no alimentaria), ingresos insuficientes si se considera que los hogares albergan a 3.6 personas en promedio en México. Los ingresos tampoco son suficientes para que estas familias superen la línea de pobreza extrema (pobreza alimentaria), que es de $1,498 por persona; para superarla se necesita que al menos 2 o 3 miembros de la familia trabajen.

Otro fenómeno preocupante es que el nivel de ingresos no se había recuperado a finales de 2021, comparado con los niveles prepandemia. En concreto para los trabajadores que dependían de un patrón, pues sus ingresos son para los formales -1.7% y los informales -3.4% en términos reales. Esta dinámica genera en los trabajadores, tanto en activo como a los potenciales, más incentivos al autoempleo y, en consecuencia, el ensanchamiento de la informalidad laboral y la precarización, pues incluso en los autoempleados formales la mayoría carece de prestaciones laborales, sobre todo de fondo de pensiones, lo que en el futuro ocasionará tener una masa de población de viejos pobres. Por rama de la actividad económica, la pérdida de ingresos medio es incluso más aguda, pérdidas de entre -5% (Hoteles y Restaurantes) hasta -21% (Minería, Manufactura, Electricidad y Gas).

El aumento del salario mínimo debe de ser más contundente, toda vez que -de acuerdo con el INEGI- el 59.3% 1 de la PEA percibe cuando mucho hasta 2 salarios mínimos ($10,372 mensuales), monto insuficiente si se compara con el costo de la canasta alimentaria urbana equivalente a $14,397 para una familia promedio mexicana de 3.6 individuos necesaria para superar la línea de pobreza. Sin duda un mayor salario aliviará más la pobreza que los programas sociales, pero ello no significa que éstos se omitan. Mayores salarios también generarán menos incentivos para trabajar en el sector informal, además de ensanchar el mercado interno y con ellos fortalecer este motor de la economía, que ahora mismo está desaprovechado.

Sin duda hay más medidas para fortalecer el mercado laboral, entre las más importantes es aumentar la productividad laboral donde el Estado debe ser un actor principal en capacitar y educar la mano de obra, además de invertir en infraestructura que potencie la productividad. Lo anterior debe llevar a emprender una amplia agenda laboral, acordada entre el Gobierno y el sector privado, con objetivos concretos con plazos bien establecidos.

Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.

César O. Vargas Téllez es Doctor y Maestro en Economía Aplicada. Actualmente es profesor de tiempo completo en la UAM Cuajimalpa y experto México, ¿cómo vamos?

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