Una de las grandes lecciones aprendidas durante la pandemia de Covid-19 fue la necesidad de contar con indicadores precisos y recurrentes que nos permitieran evaluar el impacto de la emergencia sanitaria en distintos aspectos de la vida de las personas. Al medir el golpe se podrían detectar diversos problemas públicos, tanto en el corto como en el mediano plazo.
Desde México, ¿cómo vamos?, junto con la iniciativa Social Progress Imperative, se construyó una serie de información retroactiva que, a partir de 2015, permite observar qué tan buen o mal desempeño tuvieron las entidades federativas antes de alcanzar la calificación más alta en el IPS en 2018, así como el escenario previo a la emergencia sanitaria y los años subsecuentes (2020 y 2021).
El Índice de Progreso Social (IPS) es una medición holística del desempeño social de un país que es independiente de factores económicos. El Índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades, y toma valores entre 0 y 100, donde 0 es el menor progreso social posible y 100 el máximo progreso social posible.
En 2021 el puntaje nacional del IPS se estimó en 63 puntos de 100 posibles. Este es el segundo peor año desde que se tiene registro; únicamente en 2015 se observa un peor puntaje (62.9), lo que significa un retroceso en el progreso social observado en el país en los últimos años. Sin embargo, es importante distinguir entre el periodo de avance del progreso social y el periodo de retroceso dentro de la misma serie.
Entre 2015 y 2018 se observan avances en el progreso social del país, con un acumulado de 1.9 puntos en dicho periodo, mientras que en los años subsecuentes se observan retrocesos. La caída acumulada entre 2018 y 2021 en el progreso social es de 1.8 puntos: la magnitud en el avance del progreso social hasta 2018 es prácticamente la misma que la observada en el retroceso acumulado hasta 2021. Además, si bien en 2020 y 2021 (años impactados por la pandemia) se observan disminuciones de mayor magnitud en el puntaje de progreso social, desde 2019 (año prepandemia) se observa una caída de 0.3 puntos en el progreso social observado.
Entre 2020 y 2021 más de dos terceras partes de las entidades sufrieron una disminución en la estimación de su Índice de Progreso Social. Las más afectadas fueron Veracruz, Oaxaca y Puebla. Respecto a 2018, la pérdida es en casi todos los estados (salvo Aguascalientes y Tabasco).
En cuanto a las tres dimensiones que componen el Índice, la puntuación en 2021 en dos de estas también disminuyó en el agregado nacional: Necesidades Humanas Básicas y Oportunidades. La caída en Necesidades Humanas Básicas está relacionada con la segunda ola de la pandemia en nuestro país, en la que se observaron incrementos importantes en las tasas de mortalidad. La dimensión de Fundamentos del Bienestar registró un incremento, aunque la recuperación en 2021 es insuficiente respecto a la disminución registrada en la dimensión en 2020 —también como consecuencia del incremento de las tasas de mortalidad. En Oportunidades es importante destacar que, además de ser la dimensión con peor puntaje desde que se tiene registro, en 2021 registró su primera caída anual.
Además de entender la evolución del progreso a nivel nacional y estatal en el tiempo, es importante entender cómo se relaciona con otros indicadores relevantes. El progreso social se correlaciona positivamente con la escolaridad promedio, el PIB per cápita (no petrolero), el acceso a atención médica y los ingresos laborales promedio. De forma complementaria a los ingresos laborales promedio, el progreso social está correlacionado negativamente con el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral, es decir, las entidades con un mayor porcentaje de su población en esta situación son también las entidades donde se observa un menor puntaje de progreso social.
Además, las entidades en las que el flujo comercial 1 como porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal es menor, son también las entidades donde se observa un menor progreso social de forma consistente (Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A pesar de que todas las entidades tienen el mismo marco institucional, existen algunas que no han podido integrarse a la dinámica del comercio internacional. Corregir esta situación no es una cuestión de diseño institucional sino de las diferencias de capacidades e infraestructura entre las entidades del país. Superar la barrera de entrada en los estados más rezagados en progreso social es una oportunidad para acceder a mayores oportunidades de mejores ingresos, acceso a servicios de salud y mejor educación.
Estos resultados nos sugieren que los insumos, infraestructura y capital humano disponibles en las entidades del país son determinantes para el progreso social. Tomando nuevamente como referencia a Oaxaca, Chiapas y Guerrero –estados con el porcentaje de flujo comercial más bajo respecto a su PIB y menor escolaridad promedio –, no será posible integrarlos a la dinámica de comercio internacional observada en otras entidades del país (como el Norte, por ejemplo) mientras no cuenten con la infraestructura y capital humano suficientes.
Si bien la necesidad de mayor inversión en infraestructura, salud y educación es más apremiante en los estados del sur, no es exclusiva para esta región, pues existen diferencias muy marcadas en el progreso social observado en las distintas regiones del país. En el norte es donde se observa un mayor progreso social, aunque dentro del grupo de entidades con mayor progreso social también se encuentran Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes y Jalisco; en las entidades del centro (exceptuando a las previamente mencionadas) se observa un progreso social medio, mientras que en las entidades del sur se observa un progreso social bajo (exceptuando a Yucatán y Quintana Roo).
Las desigualdades regionales en términos de progreso social, pobreza, movilidad social y crecimiento son una deuda histórica que tenemos como país. Cerrar estas brechas debe ser uno de los objetivos prioritarios que nos tracemos como sociedad a través de un plan de desarrollo incluyente que contemple estas diferencias regionales y/o estatales, así como las desigualdades transversales que encontramos a lo largo del territorio nacional, como la desigualdad laboral a la que se enfrentan las mujeres (menor participación laboral y mayor informalidad laboral) o la desigualdad de oportunidades a las que se enfrentan los estratos sociales de menores ingresos, como lo son el acceso a la salud y educación.
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* Axel Eduardo González (@AxelEduardoGG) es investigador en México, ¿cómo vamos?
1 En el estudio Índice de Progreso Social 2021, para analizar la relación de progreso social con apertura comercial se eligió como variable proxy el flujo comercial (exportaciones + importaciones) de cada entidad como porcentaje del PIBE (PIB por entidad federativa) excluyendo la actividad petrolera.
