La frase anterior es propiedad de la sabiduría popular y, como pocas veces, resulta adecuada en este momento en que se pretende realizar una reforma al Instituto Nacional Electoral buscando, bajo el pretexto de ahorrar recursos y de que el pueblo elija a los consejeros electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral, tener por parte del gobierno el control de este importante Instituto, fundamental para la democracia electoral de nuestro país.
El primer aspecto a comentar es el relativo al costo del INE. El presidente afirma que nos cuesta mucho a los y las mexicanas. Sin embargo, de acuerdo con datos recientes, 1 el presupuesto del INE para 2022 representa el 0.28% del PEF. Mientras que las elecciones federales de 2012 costaron alrededor de 3,500 millones de pesos, se estima que el costo de la elección de estos consejeros sería de más de 8 mil millones de pesos.
Un costo no menor sería el cambio de todo lo relacionado con el uso del logo del INE por el de INEC. Por lo que esta iniciativa no sólo no reduce costos, si no que implicaría un costo adicional a los y las ciudadanas de dinero que hace mucha falta en salud, educación y seguridad, entre otras áreas de la gestión gubernamental.
Más allá de los números, debemos entender que es mucho más alto el costo de no tener a un Instituto calificado e independiente, especialmente en un país que aún recuerda la poca transparencia en los procesos electorales y que reconoce al actual como el que ha logrado que las elecciones sean absolutamente confiables (el INE es la segunda institución con mayor confianza del Estado mexicano 2), y que ha posibilitado la alternancia política pacífica en elecciones de Presidente de la República, Diputados y Senadores. Una parte importante de estos logros recae en que las elecciones hoy son manejadas, por cierto, por ciudadanos.
El segundo aspecto a considerar es que se busca capacidad e independencia, y no popularidad, en quienes sean los consejeros y magistrados en materia electoral, con lo cual el camino de la elección popular de estos no resulta el más adecuado. Existen cargos que nuestra constitución define como de elección popular y otros que son designados en consideración a requerimientos de conocimientos y características de idoneidad para diferentes responsabilidades. Muchos en nuestra vida cotidiana no elegimos quién será nuestro maestro o la maestra de nuestros hijos, no elegimos en la salud pública al médico o médica que nos realizará alguna intervención, ni a quién manejará el avión o el autobús que nos transporta, tampoco elegimos a quien estará a cargo de la policía, a los secretarios de Estado, a los y las jueces y magistrado. En fin, confiamos en que en muchas áreas de nuestra vida, las personas ocupan cargos y responsabilidades para las que son designadas por contar con la capacidad y los requerimientos necesarios para realizar las labores que se les encomienden.
El tercer aspecto sería el que, como en cualquier elección, las personas que quisieran ser electas para ser consejeros y magistrados tendrían que hacer campaña para que la gente los conociera. Además del costo de éstas, es claro que los únicos preparados para esta actividad son los partidos políticos y, entonces, los candidatos responderían a los partidos que los apoyaron, con lo cual el INE sería capturado por estos institutos políticos y perdería una de sus características más importantes: su independencia. Tendríamos un INE controlado por partidos y no por ciudadanos y ciudadanas, como el que hoy tenemos.
Es incuestionable que hay aspectos a mejorar en materia electoral para tener cada vez mejores procesos electorales, pero resulta extraño que se pretenda modificar una institución que tuvo la capacidad de conducir procesos electorales que han permitido la alternancia en tres ocasiones en los últimos 22 años en la presidencia de la república y muchas más en los gobiernos de los estados. A una institución que ha mostrado independencia, capacidad y autonomía, que prácticamente ha eliminado los conflictos postelectorales y que ha ganado la confianza de la ciudadanía. Esto, a través de propuestas que buscan restarle autonomía e independencia, permitiendo que los partidos políticos se apropien del Instituto y, por supuesto, el partido mayoritario que contaría con la mayor cantidad de consejeros y magistrados.
No es el momento, no existe ninguna necesidad de modificar al INE, defendamos lo que nos ha costado muchos años de lucha social, un instrumento que es nuestro, de las y los ciudadanos y no del gobierno, mantengamos el control de nuestro destino en nuestras manos.
* Juan Ignacio Gil Antón (@JuanIgnacioGil1) es Economista y experto México, ¿cómo vamos?
