Como peruano, llevo viviendo siete años en México. En ese entonces, el presidente era Ollanta Humala. Después le siguió Pedro Pablo Kuczynski. Y Martín Vizcarra. Y Manuel Merino. Y Francisco Sagasti. Y Pedro Castillo. Y Dina Boluarte. Con lo que pasó hoy día, ya puedo decir que en mi país tengo un presidente por cada año que estuve viviendo fuera. Sin embargo, en términos más serios, confieso que pasé de la alarma a la estupefacción.
Esto se debe a que, cerca del mediodía, y cuando ya estaba cercano a afrontar su tercer intento de destitución mediante juicio político en año y medio en el poder, el presidente Pedro Castillo declaró que iba a disolver el Congreso y el Tribunal Constitucional, decretó el toque de queda, estipuló que compondría un “gobierno de excepción”, convocó a elecciones parlamentarias y ordenó el inicio del proceso para cambiar la constitución. No obstante, el Ejército, la Policía, el Congreso, la primera vicepresidenta y varios ministros suyos condenaron este intento de golpe de Estado y no le siguieron el paso al Presidente. Al final, el juicio político tuvo lugar y culminó en la destitución de Castillo, en la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte y en el arresto del ahora expresidente quien, en vez de poder refugiarse en la embajada mexicana, fue capturado cerca del Palacio de Gobierno de donde se había fugado.
A primera vista, el nuevo cambio en la dirigencia de Perú representaría la caída en desgracia de un político que, elegido en un balotaje muy reñido tras recibir poco más del 10% de los votos en la primera vuelta, se embarró con numerosos escándalos de corrupción y no cumplió con sus promesas de cambio. Ciertamente, la oposición nunca le otorgó el beneficio de la duda; aun así, el accionar errático e inepto que Castillo exhibió justifican la actitud de sus contrincantes. Algunos ejemplos que podemos atesorar son sus modificaciones en el gabinete casi cada semana, metidas de pata como reconocer que no estaba entrenado para gobernar, elogios a Adolf Hitler por parte de su primer ministro, un toque de queda que no se pudo acatar porque se ordenó en la madrugada; y un ministro de Salud que, en medio de la pandemia de COVID-19, promovía remedios artesanales como el agua arracimada. Sin embargo, el fin de Castillo es una muestra de cómo Perú es inestable por diseño.
Políticamente, en Perú el Presidente representa al país que dirige, igual que en México. Pero, al contrario de otros países de la región, el sistema político peruano posee mecanismos parlamentarios como un primer ministro, y la aprobación y destitución del gabinete por parte de un Congreso que no tiene Senado. Además, Perú carece de partidos políticos fuertes y de distritos electorales en los que la población tenga un contacto estrecho con sus representantes. Así, debido a esta estructura, los actores de la política peruana han recurrido cada vez más —en detrimento del resto del país— a medios fuera de la Constitución y han hecho de gobernar una arena de boxeo.
Casos de esta evolución son que el Congreso fujimorista obstruyó a Pedro Pablo Kuczynski y que Pedro Castillo declaró el toque de queda en Lima para reprimir protestas en su contra, apoyadas por el Congreso. Además, Martín Vizcarra llevó a cabo una campaña anticorrupción selectiva, disolvió el Congreso con una interpretación espuria de la Constitución e inició uno de los confinamientos más estrictos del mundo —el cual llegó a incluir, en diversas etapas, vuelos humanitarios, doble mascarilla y pasaportes de vacunación dependientes de tener tres dosis— para limitar, en gran medida, al nuevo Congreso opositor que él mismo había hecho elegir. Con estos hechos, no es sorprendente que Perú experimente inmovilismo político, y no haya podido afrontar desafíos como mejorar la educación y la salud. Muestra de ello es que Perú tuvo la mayor tasa proporcional de muertes por COVID-19 del mundo.
Ante la situación que he descrito en este artículo, podría pensarse, a simple vista, que lo ideal sería que Perú cambiase de constitución, pero esto abriría la puerta a despojarse de un modelo económico que ha conseguido una inflación baja, ha garantizado el crecimiento económico y ha permitido al país crear una clase media por primera vez en su historia. Por ende, considero mejor pensar en reformas constitucionales que reequilibren la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. ¡Esto es urgente! Afortunadamente, Pedro Castillo no era alguien listo. Con alguien más preparado, se podría haber llegado a una guerra civil con este intento de golpe de Estado.
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