El objetivo de la economía es el bienestar, que depende en buena medida de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios disponibles para satisfacer necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que tener empleo, para lo cual se requieren inversiones directas que produzcan bienes y servicios con los que satisfacer necesidades, producción con la que se mide el crecimiento de la economía; que creen empleos, ya que para producir alguien tiene que trabajar; que generen ingresos, dado que a quien trabaja se la paga; inversiones que dependen de la confianza de los empresarios para invertir directamente, confianza que depende de la competitividad del país para atraer (que los empresarios decidan invertir directamente en México), retener (que los capitales ya invertidos directamente en México se queden invertidos directamente en México), y multiplicar (que las utilidades generadas por los capitales invertidos directamente en México se reinviertan de manera directa en México, generándose el proceso de crecimiento y bienestar), inversiones directas, competitividad del país que incluye al Estado de Derecho.
Esta es la secuencia lógica del proceso de crecimiento y bienestar: a mayor competitividad del país, mayor confianza de los empresarios para invertir directamente; a mayor confianza de los empresarios para invertir directamente, más inversiones directas; a más inversiones directas, mayor producción de bienes y servicios, mayor crecimiento de la economía, más creación de empleos y más generación de ingresos; a más empleos y más ingresos, mayor bienestar de las personas, que debe depender no de la redistribución gubernamental del ingreso (que solo alivia los efectos de la pobreza: la falta de satisfactores), sino de su generación personal por el trabajo (que elimina su causa: la incapacidad para, gracias al trabajo propio, generar ingreso suficiente que permita comprar los satisfactores necesarios). Secuencia lógica que va de la competitividad del país al bienestar de las personas, teniendo un papel importante el Estado de Derecho, parte esencial de la competitividad del país, mismo que defino como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, que en el caso de los agentes económicos son, por un lado, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y, por el otro, el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir.
Estado de Derecho, libertad individual, propiedad privada. ¿Cómo andamos en estas materias?
1. De acuerdo al Rule of Law Index 2022 (con datos de 2021), del World Justice Project, en materia de Estado de Derecho México ocupa, entre 140 países, la posición 115 (113 la anterior), con una calificación, en escala de cero a diez, de 4.2 (4.3 la anterior).
Ocho son las variables que considera el World Justice Project para calificar al Estado de Derecho. Límites al poder gubernamental: posición 102 (102 la anterior) y calificación 4.4 (4.5 la anterior). Ausencia de corrupción: posición 134 (135 la anterior) y calificación 2.6 (2.6 la anterior). Transparencia gubernamental: posición 44 (43 la anterior) y calificación 5.9 (6.0 la anterior). Respeto a los derechos fundamentales: posición 91 (91 la anterior) y calificación 4.9 (4.9, la anterior). Orden y seguridad: posición 130 (130 la anterior) y calificación 5.2 (5.3 la anterior). Eficacia regulatoria: posición 104 (105 la anterior) y calificación 4.4 (4.4 la anterior). Justicia civil: posición 131 (131 la anterior) y calificación 3.7 (3.7 la anterior). Justicia criminal: posición 128 (129 la anterior) y calificación 2.8 (2.9 la anterior). 1
2. El Fraser Institute publica el Economic Freedom Index. Ya tenemos el Índice 2022 (con datos de 2020), que mide qué tanto las políticas gubernamentales y las instituciones jurídicas respetan las libertades económicas de los ciudadanos.
En materia de libertad económica México ocupó, entre 165 países, la posición 64 (75 la anterior), con una calificación, en escala de cero a diez, de 7.1 (7.2 la anterior). Por grupos de variables consideradas estos fueron los resultados. Tamaño del gobierno: posición 19 (13 la anterior) y calificación 8.1 (8.3 la anterior). Sistema legal y derechos de propiedad: posición 109 (108 la anterior) y calificación 4.7. (4.7 la anterior). Poder adquisitivo del dinero: posición 104 (105 la anterior) y calificación 8.2 (8.2 la anterior). Libertad para comerciar internacionalmente: posición 45 (71 la anterior) y calificación 7.7 (7.7 la anterior). Regulación: posición 82 (87 la anterior) y calificación 7.0 (7.1 la anterior). 2
3. Según el International Property Rights Index 2022, de la Property Rights Alliance, que mide el respeto a los derechos de propiedad, México ocupa, entre 129 naciones, la posición 77 (73 la anterior), con una calificación, en escala de cero a diez, de 4.6 (5.3 el anterior).
Este índice se arma a partir de los siguientes tres grupos de variables. Entorno político y legal: posición 106 (104 la anterior) y calificación 3.4 (3.6 la anterior). Derechos de propiedad físicos: posición 94 (84 la anterior) y calificación 4.3 (6.2 la anterior). Derechos de propiedad intelectual: posición 35 (35 la anterior) y calificación 6.1 (6.1 la anterior). 3
Independientemente de los cambios de posición o calificación para mejorar o empeorar, México deja mucho que desear en materia de Estado de Derecho (posición 115/140 y calificación 4.2/10), de respeto a la libertad económica (posición 64/165 y calificación 7.1/10), y a la propiedad privada (posición 77/123 y calificación 4.6/10), lo que impide poner en marcha, para actualizar todas las potencias que tenemos, el proceso de competitividad, confianza empresarial, inversiones directas, producción, empleos, ingresos y bienestar, lo que en un país con 43.9 por ciento de la población en condición de pobreza (2020), y 38.5 por ciento de la población ocupada en condición de pobreza laboral (cuarto trimestre 2022), es imperdonable.
¿Quién debe ponerlo en marcha? El responsable del Estado de Derecho. El gobierno.
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* Arturo Damm Arnal es profesor, periodista, conferencista y experto México, ¿cómo vamos? Contacto: [email protected]
