Por pura casualidad me encontré con una frase de Publius Syrus: deliberandum est diu quod statuendum est semel, debemos deliberar por largo tiempo aquello cuya resolución es irrevocable. Me pareció fortuito encontrar esa frase justo ahora que recientemente el Ejecutivo Federal anunció una propuesta de reformas a la Constitución. Esta propuesta se suma a otras reformas en este sexenio que tienen consecuencias sobre el funcionamiento de instituciones clave de la administración pública y el Estado mexicano, así como para la protección y el ejercicio de la libertad de las personas que viven en el país.
La propuesta tiene motivaciones políticas y electorales inmediatas y consecuencias de largo plazo. Si fuera aprobada como se presentó, cambiaría fundamentalmente el contrato social en que la vida de todas las personas en México se desarrolla desde hace al menos dos décadas.
Los cambios constitucionales actúan en dos niveles: el práctico, ¿qué incentivos generan? ¿Qué medios permiten?, y el normativo, ¿que metas sociales persiguen? En un mundo ideal los cambios serían el resultado de largas discusiones y consensos amplios entre todas las fuerzas políticas y sociales. Esto permitiría que todas las personas tengan un sentido de pertenencia a su comunidad política (una falla constante en nuestra historia) y para la existencia de lo que John Rawls llamaba consenso traslapado, el conjunto de principios de justicia aceptado por la gran mayoría de las personas que definen sus derechos y obligaciones en la comunidad, los fines de la constitución y los medios que debe respetar.
En al menos dos sexenios desde la alternancia, el de Vicente Fox y el actual, el Ejecutivo contaba con el capital político para llevar a cabo una reforma del Estado a través de la construcción de este consenso traslapado. En el primer caso no se llevó a cabo y en el segundo se optó por reformas sin consenso.
Paradójicamente, es el mejor momento político y electoral para la propuesta de reformas y el peor momento en cuanto a lo que la prudencia demanda. Los períodos electorales no favorecen la deliberación pública y menos en un contexto de fuertes divisiones políticas. La polarización es efectiva políticamente, pero inútil más allá de las coyunturas.
Desde un punto de vista económico, las leyes crean incentivos (costos y beneficios) para el comportamiento de las personas. En ciertos casos, los incentivos correctos permiten aprovechar el interés privado para alcanzar el interés público: que las personas persigan sus metas personales y a la vez contribuyan a las metas de su comunidad. En 2007 Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger Myerson obtuvieron el premio Nobel en economía por sus estudios en este tema, ahora conocido como la teoría del diseño de mecanismos e implementación o la teoría del diseño económico.
La teoría nos permite entender con mayor claridad la relación entre las dimensiones prácticas y normativas de los cambios constitucionales. Desde este enfoque, las leyes constitucionales adecuadamente diseñadas crearían incentivos para personas en el gobierno y en la clase política para respetar y defender la dignidad y la libertad de las personas.
En su conferencia de aceptación del premio Nobel, Hurwicz presentó una paradoja del diseño institucional: ¿quién vigila a los vigilantes? Esta teoría supone que cada persona persigue sus metas personales y contribuye a las metas de la sociedad si esto conviene o se alinea con sus metas individuales. Buenas leyes dan buenos incentivos a quienes actúan en su marco.
Pero ¿quién da incentivos a la legislatura para crear buenas leyes? Es decir, leyes que permitan alcanzar metas sociales valiosas aprovechando el interés privado. La respuesta de Hurwicz es que a lo largo de la historia han existido «interventoras» (intervenors), personas que en momentos clave han actuado en contra o más allá de sus metas inmediatas para promover fines superiores. Coloquialmente: en alguien debe caber la cordura. Aún en casos en que no haya interventoras, Hurwicz considera que la ciudadanía puede actuar como vigilante al máximo nivel si sus intereses se expresan libremente en la democracia.
Esto nos trae de regreso a la coyuntura actual y la necesidad de deliberar por largo tiempo aquello cuya resolución es irrevocable (o difícilmente cambiable). En juego hoy y siempre está la dignidad y la libertad de cada persona. ¿Seremos capaces de ver más allá de la coyuntura y de la polarización actual? ¿Podremos construir un consenso sobre los fines y los medios legítimos? ¿Quiénes tomarán el liderazgo en esa tarea? ¿Interventoras o ciudadanas? ¿En quiénes cabrá la cordura?
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* Luis Sánchez Mier es Licenciado en Economía por el ITAM y Doctor en Economía por la University of Minnesota. Es Profesor del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato y forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
