La pobreza laboral finalmente ha descendido respecto a su punto más bajo alcanzado en esta administración antes de la pandemia, para situarse en niveles no vistos en los últimos quince años. Esta buena noticia, sin embargo, viene acompañada de otras no tan buenas que muestran deficiencias en el manejo de la economía tras la pandemia y futuros riesgos para continuar el combate a la pobreza que ameritan cambios a la política social.
La pobreza laboral es no poder comprar la canasta mínima de alimentos al no tener remuneraciones por trabajo que cubran su costo. Por referirse a las necesidades alimenticias a veces se interpreta como “pobreza extrema de ingresos”. Sin embargo, al no incluir otras fuentes de ingreso, no es estrictamente una pobreza extrema, y más bien debe interpretarse como un indicador a medio camino entre la pobreza extrema de ingresos y la pobreza general de ingresos, la cual sí incluye todo tipo de remuneraciones.
Quizás más importante es que la pobreza laboral nos da cuenta de la situación económica de las personas sin recurrir a las transferencias de ingreso provenientes de otros hogares (remesas, por ejemplo) o del gobierno (programas sociales que distribuyen dinero). En cierta forma, la pobreza laboral mide una pobreza “subyacente”, es decir, una pobreza ligada estrechamente al funcionamiento de la economía y su impacto en el trabajo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que define la canasta alimentaria y mide el ingreso promedio por persona en cada hogar, anunció que para el primer trimestre de 2024 el porcentaje de personas en pobreza laboral fue de 35.8 % de la población, la más baja desde que en el tercer trimestre de 2007 alcanzó 35.2 % (esta comparación, aunque correspondan a dos trimestres diferentes, es válida).
Este avance es de celebrarse, pero encierra dos noticias que no son para el festejo. La primera es que tuvieron que pasar cuatro años para que se superara la menor pobreza laboral que había alcanzado esta administración en el primer trimestre de 2020 (36.6 %). Puesto de otra forma, la pandemia, su manejo y las secuelas de ambas cosas representaron una pérdida de cuatro años en el combate a la pobreza laboral.
Un giro para ver menos gravemente esta situación es que tras la recesión de inicios de 2009 no se recuperó un nivel de pobreza laboral semejante al previo a la crisis, sino tras diez años. De esta forma, la recuperación de la pobreza laboral fue mucho más expedita ahora. Sin embargo, un problema con esta forma de plantear la comparación es que pierde de vista que la recuperación tras la pandemia podría haber sido más veloz.
México fue uno de los países de América Latina que menor proporción del PIB dedicó a apoyos extraordinarios a la población (menos del 1 %) durante la pandemia. Esto no solo significó que las personas enfrentaran con menos recursos la adversidad económica, sino que esta última durara más. Mientras las economías más importantes de la región se recuperaron para finales de 2021, México lo hizo un año después.
La segunda noticia para moderar el entusiasmo es que la reducción acumulada del porcentaje de las personas en pobreza laboral se está desacelerando. En todo 2022, primer año sin un trimestre donde aumentara la pobreza laboral respecto a igual periodo del año previo, esta reducción fue de 1.82 puntos porcentuales (pp), mientras en 2023 bajó a 1.46pp. Esta última cifra es menor que la caída observada en 2019, 1.82pp.
Aunque es normal que el crecimiento económico y los aumentos salariales tengan un impacto cada vez más limitado en los grupos más pobres, esta normalidad se presenta en un mercado de trabajo que no avanzó con más fuerza en los años previos ante la ausencia de estímulos al mismo. Esto significa que ante una economía con perspectivas de desaceleración, los avances futuros en la reducción de la pobreza laboral serían magros.
Por otra parte, una pobreza ‘subyacente’ de más de un tercio de la población deja un gran reto a otro tipo de remuneraciones para reducir la pobreza general de ingreso. Entre 2018 y 2022, este reto se enfrentó con ciertos resultados, pues con niveles similares de pobreza laboral (poco más de 40 %) la pobreza general de ingreso se redujo de 49.3 % a 43.5 %. Esto, sin embargo, oculta una pérdida de eficiencia en la política de transferencias monetarias.
Datos de Coneval indican que de 2018 a 2022 prácticamente se duplicaron los recursos transferidos por los programas sociales, pero en ese lapso se redujo el número de personas que salían de la pobreza por millón de pesos gastado al mes, de 257 a 157. Si se debe evaluar esta política social por sus resultados habría que ponerle muy altas calificaciones en movilización de recursos y reprobarla en términos de su eficiencia para utilizarlos.
La pérdida de eficiencia en los apoyos monetarios se debe a su menor sesgo favorecedor de los pobres al pasar de transferencias focalizadas a universales. Que ante montos totales idénticos de recursos a transferir los apoyos focalizados en los más pobres son más eficaces para reducir la pobreza que los universales es algo relativamente obvio. Esto significa que alguna focalización podría mejorar el impacto en los programas sociales.
No ha faltado quien interprete la pérdida de eficiencia en la política social como añoranza por pasado, con lo que se pierde de vista la pregunta clave: ¿puede mejorar sustancialmente la política social? Insistir en que ésta redujo la pobreza, sin distinguir entre recursos movilizados y su asignación, minimiza el deterioro de la prioridad de los más pobres en ella, es decir, su progresividad. Lo que necesita para mejorar es recuperarla.
La pobreza laboral va en descenso, pero las limitaciones de la política social siguen sin corregir. Reforzar su efectividad es el camino. Va por ahí.
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* Rodolfo De la Torre (@equidistar) es Maestro en Economía por la Universidad de Oxford y actualmente es el Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
