Quienes recientemente hayan circulado por la avenida Colosio de Cancún —entrada al centro urbano del destino turístico más importante de México— habrán notado el descuido gubernamental de lo público y lo evidente de la corrupción. La avenida es un bache adornado de banquetas destruidas, los espectaculares están listos para ser misiles en cualquier huracán y la carretera es parche sobre parche. La pregunta clave es ¿qué tiene que pasar para que una arteria vial de esa relevancia se encuentre en tales condiciones? La respuesta es clara: gobiernos que trabajan por intereses particulares, falta de coordinación entre niveles de gobierno, un empresariado voraz, una sociedad empobrecida y desarticulada. La avenida Colosio es un recordatorio de las deudas históricas de las campañas electorales y de las promesas no cumplidas de cada uno de los candidatos.
La alternancia política en Quintana Roo se dio por primera vez en 2016, al romper la hegemonía del PRI, partido que gobernó nuestro estado durante 41 años con sistemas autoritarios que centralizaron las decisiones públicas en el Poder Ejecutivo, como el gobierno de Roberto Borge (2010-2016). Los 41 años de hegemonía priista cobran una dimensión dramática al recordar que Quintana Roo sólo tiene 52 años de existir como estado libre y soberano, mientras que hay otros estados en el país que superan los 220 años. En términos electorales, este año será la novena elección en Quintana Roo y probablemente ganará la primera mujer para el cargo de gobernadora.1 La alternancia se dio hace apenas cinco años, con un candidato expriista, impulsado por la ideológicamente incoherente alianza PAN-PRD. Si bien el cambio permitió un respiro al estado, cuyo saqueo ha sido sistémico, la falta de sustento teórico-ideológico de los partidos permitió que las mismas fichas se reacomodaran y estuvieran en el juego electoral de este año.
En lo local, las alianzas se dan en dos vías: las convenidas en terreno y las que bajan desde la Federación. Ejemplo de ello es la Alianza Verde-Morena, que desagrada a una gran parte de la población pero que a nivel nacional es una buena negociación. Quintana Roo tiene poca rentabilidad política en número de votos para Morena, pero tiene gran rentabilidad económica para las cabezas del Verde que, como muchos se atreven a señalar, tienen capturado Cancún.
Las mismas dolencias del país se replican en Quintana Roo: candidaturas con discursos vacíos y sin propuestas, candidaturas que han militado en todos los partidos, con señalamientos graves de corrupción, con vínculos y alianzas a perfiles que probadamente han desviado recursos del erario y candidatos respaldados por los poderes fácticos. En el caso de Quintana Roo, los cacicazgos de los González y los Joaquín son de dominio público. Siguiendo con atención la campaña, se ve quién respalda a quién.
La ola de Morena pone a su candidata al menos 15 puntos sobre los demás; no obstante, preocupan los perfiles que ahora militan con ella. Desde fuera es difícil ver si son compañía por alianzas nacionales, locales o personas que la candidata elige. Pero sorprende que perfiles que se atacaban agresivamente en público en las precampañas ahora se llenen de alabanzas mutuas. No obstante, al ser campaña todo sigue en movimiento —y faltan meses para entender cómo se acomodan las fichas.
Lo que sucede en Quintana Roo no es nuevo y sucede en todo el país. Que los partidos políticos se den el lujo de sumar a quien sea y como sea a sus proyectos políticos nos indica, por un lado, que no estamos presionando suficientemente a los partidos políticos para que desarrollen una propuesta seria para los estados; por otro lado, nos muestra que la ciudadanía debe tomar espacios preponderantes en la agenda pública. Lo que sí cambió en Quintana Roo es la sociedad civil, que ha tomado un papel protagónico en la incipiente democratización de nuestro sistema político local; se ha apropiado de la agenda pública con procesos de cocreación y ha generado mecanismos de participación en diferentes materias que van desde seguridad, atención a la violencia contra las mujeres, anticorrupción y medio ambiente por mencionar algunas.
Este nivel de participación ciudadana cobra relevancia al considerar que, a pesar de la corta historia del estado, ha logrado ya avances fuertes en materia de apertura gubernamental. Prueba de ello es la Glosa Ciudadana, un ejercicio de Rendición de Cuentas reconocido por las Naciones Unidas y miembro de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto. Cada año, el actual gobernador, Carlos Joaquín, se sienta con organizaciones de la sociedad civil para rendir cuentas y generar compromisos de cocreación. Destacan los avances en transparencia, con énfasis en la transparencia presupuestaria, que le han valido reconocimientos la Secretaría de Planeación y Finanzas y que han subido a Quintana Roo a los primeros cinco lugares en transparencia en la Métrica de Gobierno Abierto, cuando históricamente era uno de los estados más opacos. Otra muestra es la propuesta a las candidatas y los candidatos para impulsar la urgente reforma a la Ley de Planeación y a cocrear el Plan de Desarrollo Sostenible al 2050. Prácticamente todas las candidatas y los candidatos han integrado esta iniciativa en sus propuestas de campaña y reconocen que esta agenda surgió desde la sociedad civil organizada.
Quintana Roo muestra que, ante la repetición infinita de los patrones de comportamiento partidista, la apuesta debe ser inequívocamente a la participación ciudadana y al bien de las mayorías como única vía para dejar de vivir en este interminable colapso político.
Este texto es una colaboración entre México, ¿cómo vamos? y nexos.
Cynthia Dehesa y Alicia Mateos
1 Hay estados que suman más de 80 gobernadores, si consideramos que en 1824 se constituyó la Primera República Federal.
