#Semáforo Electoral 2021

Elecciones 2021 en San Luis Potosí: ¿Competencia local o nacional?

  • El próximo 6 de junio, San Luis Potosí elegirá al gobernador del estado, siete diputados federales, 15 diputados locales, 12 de representación proporcional y 58 ayuntamientos. El proceso de selección de candidatos inició a finales de 2020, terminó en febrero de 2021, y ha resultado en conflicto, enfrentamiento y deserción al interior de todos los partidos políticos, principalmente en el PAN, Morena y el PRI.
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Ilustración: Víctor Solís | Cortesía de Nexos


El próximo 6 de junio, San Luis Potosí elegirá al gobernador del estado, siete diputados federales, 15 diputados locales, 12 de representación proporcional y 58 ayuntamientos. El proceso de selección de candidatos inició a finales de 2020, terminó en febrero de 2021, y ha resultado en conflicto, enfrentamiento y deserción al interior de todos los partidos políticos, principalmente en el PAN, Morena y el PRI. Este texto busca responder dos preguntas: ¿qué factores fueron determinantes en la selección de candidatos? Y, ¿qué factores los harán competitivos?

En el siglo XX, San Luis Potosí vivió múltiples conflictos electorales: anulación de las elecciones en el municipio de Villa de Reyes en 1905; impugnación de resultados electorales y establecimiento de dos gobiernos estatales paralelos: Rafael Nieto y Severino Martínez en 1919; conflictivas elecciones municipales y legislativas en 1922; campañas electorales violentas en 1923; formación de tres agrupaciones políticas dentro del PRI para enfrentar a Gonzalo N. Santos en 1958; triunfo de Salvador Nava en las elecciones municipales de San Luis Potosí en 1959 y, con ello, el surgimiento del movimiento navista; un proceso electoral violento para gobernador del estado en 1961 en contra del navismo; conflictos políticos en 1985 que se extendieron hasta mediados de 1994 caracterizados por el resurgimiento del navismo, un grupo de universitarios denominado Macabeos, y por tener cinco gobernadores en el mismo periodo. Es a partir de este momento que se estructura la clase política que será protagónica en el proceso electoral de 2021.

San Luis Potosí fue gobernado por el PRI hasta 2002. Entre 2003 y 2008 el gobernador del estado fue de origen panista. En 2009, el PRI regresó al gobierno del estado y lo mantiene hasta ahora. Desde 1993, la participación electoral no ha superado el 62 %. La presencia efectiva de los partidos políticos en el Congreso estatal pasó de 2.99 en 2009 a 4.12 en 2018, año en que se equilibró el poder político al interior del estado como consecuencia del avance electoral de Morena. El congreso se integró por seis diputados del PAN, seis de Morena, cinco del PRI, dos del PVEM y PT; el PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Conciencia Popular tuvieron un diputado cada uno, y un diputado independiente. La pluralidad y competencia electoral en los municipios existe desde 1959, e incrementó en la década de los noventa del siglo pasado con el triunfo del PAN en los municipios más poblados del estado. La presencia de los otros partidos políticos ha aumentado desde 1997: para el periodo 2018–2021 el PRI gobierna en 17 municipios, el PAN en 12, el PRD en 9, el PVEM en 5, Nueva Alianza en 4, Movimiento Ciudadano en 3, Morena en 3, el PES en 2, el PT en 1, Conciencia Popular en 1, y un independiente.

Así, el contexto de la elección de 2021 —además de la desigualdad social y la pobreza, la concentración económica en la zona metropolitana del estado y un clima de inseguridad y violencia— se caracteriza por la fragmentación en el congreso, la competencia cerrada entre diversas fuerzas y la experiencia de alternancia política en los 58 municipios, además del surgimiento de una tercera fuerza política en el estado. El escenario político en San Luis Potosí se distingue por una baja credibilidad en los partidos políticos y los actores gubernamentales, por poca democracia en los procesos internos, y por la injerencia de las dirigencias nacionales de los partidos políticos en el proceso de selección de candidatos a los puestos de elección popular. Han tenido gran influencia en la selección de candidatos el sector empresarial, el resurgimiento y fortalecimiento de grupos al interior de cada partido político, así como el retroceso de la izquierda. En cambio, en los procesos de negociaciones al interior de cada partido se ha dejado de lado a los actores regionales y municipales, lo que ha generado un ambiente de decepción, conflicto e incertidumbre entre los militantes.

Por un lado, cuatro partidos políticos –PAN, PRI, PRD y el partido local Conciencia Popular (PCP)– formaron la coalición “Sí por San Luis Potosí” para gobernador del estado, 13 diputaciones locales, siete diputaciones federales y 41 ayuntamientos. El principal criterio que se tomó para asignar a los candidatos fue el peso político del partido político en cada distrito o municipio. Un factor fundamental en el proceso de negociación fue la alianza política que existe entre el presidente nacional del PAN y el control político de los órganos de decisión que el diputado federal Xavier Azuara tiene en el PAN local. Este grupo político obtuvo la mayoría de los candidatos a diputado federales, locales y ayuntamientos.

Por su parte, el PRI está fragmentado en varios grupos políticos, pero la Corriente Alterna, integrada principalmente por empresarios locales, tuvo un rol estratégico. En este partido político se cabildeó entre los diferentes actores, pero el grupo de los Macabeos, integrado por políticos influyentes desde 1980, tuvo un peso relevante; su líder –actual secretario general de gobierno– encabeza la lista a diputados plurinominales del congreso del estado. El grupo del gobernador, compuesto por el presidente del partido y funcionarios de la administración pública, tuvo una débil participación. Otro grupo desplazado fue el denominado Maximato, encabezado por el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta.

El PRD y Conciencia Popular tienen un rol testimonial; su influencia cuenta, pero no pesa. El PRD logró colocar candidatos a regidores en el municipio de San Luis Potosí, pero su perfil es empresarial. La familia Vera Fabregat mantiene el control de los candidatos del PCP, como lo ha hecho desde su fundación en 1997.

Los ganadores del PAN son un grupo de profesionistas y nuevos empresarios que desplazaron a los militantes tradicionales. En el PRI gana la corriente que se identifica con el sector empresarial y pierden los grupos regionales y municipales que controlan la base electoral del partido. Tras el proceso, el partido con más conflictos es el PAN: han presentado su renuncia diputados y militantes de gran trayectoria política; en el PRI se han disciplinado, pero la base electoral está desconcertada.

La coalición “Juntos haremos historia”, integrada por el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo, se gestó en el Cámara de Diputados, entre Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y Ricardo Gallardo quien, además de empresario y abogado,  fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez en el periodo 2012-2015. Gallardo fue miembro del PRD entre 2012 y 2014 y diputado federal por el PVEM para el periodo 2018–2021. Su administración municipal se caracterizó por la implementación de programas sociales aceptados por la sociedad local.  En enero de 2015, en el contexto de su precandidatura al gobierno del estado por el PRD, fue detenido por presuntamente desviar 200 millones de pesos del erario municipal a empresas de las que era accionista. En diciembre del mismo año fue liberado, ya que el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito de Hermosillo, Sonora,  consideró que la PGR no logró probar los delitos de los que se le acusaba.

El acuerdo de coalición no fue aceptado por la militancia local de Morena; los militantes se manifestaron el día que la alianza fue registrada en el órgano electoral local, y posteriormente se trasladaron a la sede nacional de Morena en la Ciudad de México. Los inconformes lograron que la alianza no prosperara para la gubernatura del estado ni  para las presidencias municipales, pero se mantuvo para las siete candidaturas a diputados federales. El proceso de selección de candidatos a gobernador incluyó una convocatoria que fue pospuesta tres veces, con el argumento de buscar un perfil competitivo y que cumpliera con el criterio de equidad de género. Se designó a Mónica Rangel, médica de profesión, secretaria de salud del gobierno del estado e identificada con el PRI; esta decisión generó nuevamente protestas y que Leonel Serrato, precandidato a gobernador, se registrara como candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por el PVEM y PT. Serrato participó en el movimiento navista de 1990; fue fundador de Morena en San Luis Potosí, delegado en la zona metropolitana de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, y encabeza los defensores de la patria, base de la estructura electoral de Morena.

El proceso más conflictivo de selección de candidato a gobernador fue el del PAN. En él, participaron dos candidatos de larga militancia partidista, Octavio Pedroza y Marco Antonio Gama, así como Xavier Nava, nieto de Salvador Nava Martínez, quien no es militante del PAN. Nava fue diputado federal por el PRD y luego presidente municipal de San Luis Potosí por el PAN; cuenta con el apoyo de los militantes que han sido desplazados en la toma de decisiones panistas y de actores políticos del PRI que han influido en la toma de decisiones de ese partido desde mediados de 1990 –vinculados con el exgobernador Horacio Sánchez y con interlocutores en la política nacional–. Sin embargo, no cuenta con la simpatía del sector empresarial que lo apoyó para obtener la presidencia municipal en 2018 por el PAN. Por cabildeos con la dirigencia nacional de Morena, fue registrado para reelegirse en la presidencia municipal de San Luis Potosí, lo que generó la inconformidad y protesta de los precandidatos fundadores del partido en el estado.

Parece que las elecciones de San Luis Potosí en 2021 serán un proceso violento, plagado de fake news, de polarización entre los candidatos, con un discurso ambiguo y sin un proyecto de gobierno que los diferencie. El nivel de competencia electoral estará determinado por el avance y aceptación que ha logrado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí. En las encuestas, Morena encabeza con poco margen las preferencias. Otro factor a considerar es la estructura electoral de los partidos políticos, alta en el PRI, mediana en el PAN, y débil en Morena, el PVEM y el PT. Pesarán también la trayectoria personal y política de los candidatos, el desempeño del gobernador que termina su periodo y el apoyo político de los poderes políticos regionales y municipales. El votante que está fuera del control de los partidos políticos —que vota de manera diferenciada y que es mayoría— reflexionará su voto en un contexto de incremento de la inseguridad en el estado, de persistente desigualdad social entre la capital estatal y el resto de los 57 municipios, y de precariedad laboral. Importará también el predominio de un electorado urbano, joven y de clase media que se informa de los problemas estatales y nacionales, no por los medios de comunicación tradicionales, sino por lo que se divulga en redes sociales.

Aunque se registraron nueve candidatos a la gubernatura, la competencia electoral será entre tres. Octavio Pedroza encabeza la alianza “Sí por San Luis Potosí”. Cuenta con trayectoria personal, profesional y política sin cuestionamientos graves, con capacidad de convencimiento en grupos pequeños, pero no en grandes concentraciones, con un discurso en contra de las políticas públicas del gobierno federal. El electorado no percibe vínculo político con el gobernador saliente. Hará campaña con un PAN dividido, sin estructura electoral en todo el estado; con un PRI disciplinado, que se fortalecería políticamente por un triunfo en la presidencia municipal de la capital, pero cuya estructura electoral regional y municipal se encuentra desconcertada; con un PRD sin presencia electoral y política; y con el partido político local Conciencia Popular cuya aportación de votos se concentra en la capital del estado.

Un segundo candidato protagónico, postulado por el PVEM, será Ricardo Gallardo. Su trayectoria personal y empresarial tiene grandes sombras de duda en buena parte de la clase política local y en una parte de la opinión pública, pero tiene habilidad política para realizar alianzas, tanto a nivel nacional como local. Es un candidato que genera desconfianza en una parte del sector empresarial y político del estado, pero que genera confianza con el electorado más marginado. Gallardo supo capitalizar el descuido que tuvieron los gobiernos estatal y municipales con los sectores marginados de la zona metropolitana; ha logrado beneficiarse del descontento y deserción de los militantes panistas y morenistas generados durante el proceso de selección de candidatos. El alcance de su estructura (personal, más que partidista) y su capacidad organizativa se pondrán a prueba durante el proceso electoral.

Por Morena irá Mónica Rangel, cuya trayectoria personal y profesional es reconocida por sus colegas y personas cercanas. Tiene experiencia en la administración pública como secretaria de salud, pero su estrategia de manejo de la pandemia ha sido cuestionada. Ha sido acusada de actos de corrupción y señalada por no tener experiencia política. No tiene un discurso político,  ni empatía con el electorado y está alejada de la ideología del partido político que representa. Será ella quien asuma las consecuencias de la falta de resultados de política pública del gobierno saliente; además, cuenta con el rechazo de los fundadores de Morena, a quienes les faltó un proyecto político competitivo. Tiene la ventaja de participar bajo las siglas de un proyecto político y de gobierno que ha avanzado en el estado gracias a la simpatía que el presidente de la República tiene entre los adultos mayores, los sectores más informados de la clase media y los grupos marginados del estado.

En síntesis, San Luis Potosí está viviendo un proceso electoral en cuyo primer acto ha ganado la agenda local, pero cuyas alianzas políticas fueron pensadas, impulsadas y negociadas desde la lógica política nacional —aunque quienes lo hicieron supieron leer los intereses locales. Falta el segundo acto, en donde la disyuntiva será si siguen pesando los intereses políticos locales, el perfil personal y político de los candidatos, el predominio de una ideología, la desconfianza y el  rechazo de los empresarios al presidente de la República, o influirán los temas nacionales, desde la cancelación del aeropuerto hasta el incremento a los salarios mínimos y el número de beneficiarios de los programas sociales.

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José Santos Zavala
Investigador de El Colegio de San Luis.

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