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Financiamiento para el desarrollo: formalidad económica y laboral

  • El desarrollo es una combinación de bienestar social, crecimiento económico y estabilidad política. Sin embargo, el desarrollo en México siempre es un camino empedrado.
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FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El desarrollo es una combinación de bienestar social, crecimiento económico y estabilidad política. Sin embargo, el desarrollo en México siempre es un camino empedrado. Además de las desigualdades de oportunidades, ingreso, riqueza y resultados (Campos, 2021) la evolución de la economía mexicana ha sido históricamente insuficiente para financiar un desarrollo sostenido e incluyente, limitando oportunidades para regiones enteras o segmentos de la población tan relevantes como los jóvenes, las mujeres de todas las edades, o las personas pertenecientes a pueblos indígenas (México, ¿cómo vamos?, 2023a).

Una parte del financiamiento para el desarrollo proviene de recursos públicos: el drenaje y las tuberías que habilitan el acceso al agua; el trazado de calles, el encarpetado asfáltico son algunos ejemplos. Servicios de emergencia, alumbrado, policía de proximidad, cuadrillas de barrido, habilitación de parques públicos. Gran parte de esto se financia con dinero público (México, ¿cómo vamos?, 2023b).

Pero dada la insuficiencia de recursos públicos, así como la relativa ineficiencia para proveer educación y servicios de salud pública de calidad, mucho del financiamiento para el desarrollo viene de los hogares.

Las familias están dispuestas a financiar la educación de sus hijas e hijos desde sus bolsillos porque en México el nivel educativo es uno de los determinantes del ingreso de las personas para el resto de su vida (México, ¿cómo vamos?, 2023c). En ese contexto, procuran que cuenten con la mejor educación que les sea posible financiar. A veces esa posibilidad se traduce simplemente en enviarlos a la escuela, sin necesidad de que las infancias trabajen. Otras veces, consiste en enviarlos a escuelas privadas de calidad muy heterogénea, esperando que adquieran un mejor nivel educativo que en el sistema público.

Los hogares también gastan de su bolsillo crecientes cantidades de dinero en atender los episodios de enfermedad, ante los recortes en los servicios de salud pública, la inexistencia de medicamentos y la ausencia de cobertura para la población abierta.

¿Salud preventiva? En México, es casi un lujo, puesto que se ofrece el servicio para empleados afiliados a algún sistema de seguridad social, que a su vez viene asociado a un empleo formal, o se paga caro en servicios privados. En contraste, más de 50 millones de personas carecen de servicios médicos gratuitos o de acceso generalizado, por lo que casi 40% de la población no cuenta con mecanismos institucionalizados de salud preventiva (México, ¿cómo vamos?, 2023d).

Como consecuencia, se registran anualmente millones de muertes por cuadros de comorbilidades, enfermedades prevenibles y condiciones tratables de corte circulatorio, cardiopatías, diabetes, o tumores y cánceres curables en estadios tempranos.

La salud, la esperanza de vida y la calidad de esta, en México, dependen en gran medida del ingreso de las personas, directamente relacionado con la calidad del empleo. Algunos pueden pagar seguros privados; para otros la única cobertura de salud es la que otorga la seguridad social dependiente del empleo formal, y otros están atenidos al sistema de salud público para personas sin afiliación.

En resumen, muchos de los detonantes del bienestar, si bien están relacionados con el nivel de desarrollo de la comunidad a la que pertenecen, también están sujetos a lo que las familias se puedan financiar por sí mismas. Ejemplo de ello son las condiciones de la vivienda y su entorno inmediato, su cercanía al trabajo o a la escuela, la elección del medio de transporte y de la conectividad con la que se cuenta, la presencia de buen internet o señal de telefonía móvil, y la certeza jurídica sobre la propiedad que se habita (México, ¿cómo vamos?, 2023b).

Es por ello que la calidad del empleo, si es formal o informal, tiene un efecto directo en el ingreso laboral de las familias. En primer término, porque el empleo formal cuenta con leyes que le protegen y garantizan condiciones mínimas de bienestar laboral: desde un salario mínimo, aguinaldo y seguridad social, hasta protección contra la discriminación o los despidos injustificados. Pero el empleo formal tiende también a ser más productivo ya que se desempeña en entornos laborales donde el empleador invierte en capacitación de su personal, y en maquinaria, tecnología y equipo.

La combinación de la protección del trabajador por el reconocimiento del vínculo laboral con su empleadora, con la mayor productividad derivado de la inversión que se hace en el lugar de trabajo, tiene como consecuencia que el empleo formal esté mucho mejor remunerado que uno informal.

Además, el empleo es la fuente de ingresos que fundamentalmente financia el desarrollo desde los hogares. Casi el 70% del ingreso de las familias proviene del trabajo, mientras que menos del 20% proviene de transferencias gubernamentales y remesas. Las transferencias pueden ser de ayuda para llegar a fin de mes para hogares de menores ingresos, pero no sacan de la trampa de la pobreza a quienes dependen de ellas para subsistir (México, ¿cómo vamos?, 2023a).

Se aprecia, de los argumentos presentados en los párrafos anteriores, que el financiamiento para el desarrollo no es únicamente labor del gobierno como administrador del dinero público. Para ampliar las posibles fuentes de recursos que permitan financiar el desarrollo, así como alcanzar los objetivos de prosperidad compartida, progreso y movilidad social, y oportunidades para todos que como país queremos lograr, se necesita un crecimiento económico que impacte directa y positivamente a los hogares.

Si bien en política laboral se han logrado avances relevantes en esta administración, al no ir acompañados de una formalización de la economía en su conjunto, se van cimentando huecos en el desarrollo económico.

El salario mínimo ha aumentado más del doble su poder adquisitivo entre 2019 y 2023; se han incrementado las posibilidades de mejorar los ingresos de las personas en el retiro por medio de la reforma al sistema de pensiones en 2020 (México, ¿cómo vamos?, 2023e); se reguló el trabajo tercerizado en 2021; se ampliaron las vacaciones pagadas y se ajustó la norma sobre el reparto de utilidades. Todo ello ocurrió en beneficio de los más de 26 millones de trabajadoras y trabajadores con empleos formales, legalmente reconocidos, con prestaciones y acceso a la seguridad social.

Pero ¿qué pasa con los más de 32 millones de personas que trabajan sin ese reconocimiento laboral? Casi 8 millones son profesionistas independientes o trabajan por honorarios para empresas o gobierno. Pagan algunos impuestos, pero no tienen los beneficios de la afiliación a un sistema de seguridad social.

Si bien desde hace más de una década la informalidad laboral ha disminuido consistentemente, esto ha ocurrido porque México se ha transformado en un país cada vez más manufacturero, integrado al comercio con Norteamérica y el mundo, y abierto a la inversión de grandes plantas que otorgan empleo formal (México, ¿cómo vamos?, 2023g, México, ¿cómo vamos?, 2023f). No se ha debido, sin embargo, a una política pública de formalización de la economía misma.

Bajo ese esquema, en un mercado laboral preponderantemente informal, las mujeres acaban ocupándose en empleos informales con mayor frecuencia que los hombres, en detrimento de sus ingresos presentes y futuros.

En la recaudación, también existen diferenciales importantes entre contribuyentes por sexo. Las mujeres aportan más como porcentaje de su ingreso porque financian el consumo dedicado a sus familias, mientras que los hombres al estar con mayor frecuencia bancarizados, tienen posibilidad de acceder a esquemas de deducibilidad en el pago de sus impuestos (México, ¿cómo vamos?, 2023e).

Dado que el progreso social demanda crecimiento económico para su financiamiento; que el ingreso de los hogares financia una gran parte del desarrollo; y que la mayor cantidad de ingresos públicos devienen de la actividad económica del sector privado, la mejor apuesta para incrementar el financiamiento al desarrollo siempre será promover la formalización de la economía, aunado a acciones de política pública como son estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, contratación de mujeres en empleos de calidad y capacitación para el empleo.

Corolario

A pesar del dinamismo económico en el cual estamos inmersos, el crecimiento de la economía no está garantizado en el largo plazo por factores estructurales: la falta de certeza jurídica en el sector energético, el poco control del territorio por parte del Estado en regiones enteras, los rezagos regionales en infraestructura social, de transporte y logística, la inseguridad y violencias generalizadas en el territorio nacional, la extorsión como freno al crecimiento de los negocios, la informalidad laboral, la baja productividad, el rezago educativo, la dolorosa falta de cobertura en servicios de salud y la poca voluntad política para incorporar a las mujeres al empleo de calidad, entre otros.

Tenemos un gobierno en permanente alternancia, garantizada mientras exista democracia electoral, que implementa cambios en la política pública según la administración en turno y no logra articular una estrategia de Estado en materia económica, laboral y social que permita la formalización de la economía.

Se deben combinar directrices como la promoción de la inversión nacional y extranjera en actividades de alto valor agregado, bajo criterios de protección al medio ambiente y una adecuada retribución al trabajador. Se deben poder ofrecer altos retornos a la educación, mayor penetración financiera e invertir en mejoras a la productividad. Se debe fortalecer y profesionalizar al poder judicial; acabar con inercias que impiden que las MiPymes más exitosas crezcan, y promover una mejora regulatoria en todos los procesos económicos, sociales y laborales.

La formalización de la economía debe también colocar los incentivos desde la regulación y la norma. Debe entenderse desde los congresos para implementar reformas en incrementen la prosperidad de los trabajadores en sus entidades, pero sin deteriorar la incipiente formalización como la que experimentamos en periodos expansivos. El proceso de formalización debe ser innovador. La tecnología y la automatización plantean retos (Vélez Grajales y Monroy-Gómez-Franco, 2023), pero también oportunidades para que el empleo formal sea para mujeres y hombres, para jóvenes y grupos racializados, y prolifere el trabajo precarizado para quienes no se pueden insertar en empleos de gran productividad en el corto plazo.

Este texto fue escrito por Sofía Ramírez Aguilar, Directora General de México, ¿cómo vamos? y forma parte del Cuadernillo Finanzas Públicas “Integrando bienestar social, crecimiento y estabilidad económica” de la plataforma ciudadana Construyendo Soluciones. Te invitamos a leer este texto  aquí. 

Bibliografía

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