El 1 de octubre de 2024 marca el inicio de un sexenio histórico en México, con Claudia Sheinbaum asumiendo la presidencia de México como la primera mujer en encabezar el Ejecutivo Federal.
Los desafíos que enfrenta su administración no son menores.
Sheinbaum debe encontrar un equilibrio entre mantener una economía dinámica y elevar el bienestar de la población. Para ello, deberá atraer inversión y generar empleos de calidad, todo ello en un contexto global y nacional incierto. Por la parte global encontramos factores como la desaceleración económica de Estados Unidos —nuestro principal socio comercial—, la revisión del T-MEC en 2026, junto con las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas (nearshoring) en el territorio mexicano.
Al interior, la violencia y presencia del crimen organizado, tanto en el Norte, Occidente como en el Sureste del país, afectan la calidad de vida de las personas, dañan directamente el patrimonio y los ingresos de las familias y merman la economía local. La implementación de una reforma al poder judicial en los términos aprobados no tendrá ningún efecto en la disminución de la rampante impunidad (cifra negra) -92.9% de los delitos (ENVIPE, 2023) no se investigan- y sí tendrá enormes costos en la atracción de la inversión, que es la que genera empleos de calidad.
Empleo de calidad y garantizar acceso a servicios básicos
El principal reto para la administración de Claudia Sheinbaum será poner en marcha políticas que eleven la prosperidad de las familias mexicanas, centradas en empleos de buena calidad, acceso a servicios de salud, educación de calidad, mayor seguridad pública y acceso a telecomunicaciones.
Restricciones presupuestales demandan mayor coinversión
La presidencia de Claudia Sheinbaum enfrentará grandes restricciones presupuestales, mismas que no tuvo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al inicio de su sexenio. Por lo tanto, será necesaria una mayor participación del sector privado en la provisión de servicios públicos en esquemas de coinversión. En ese sentido, hoy más que nunca, se necesitará de organismos reguladores fuertes y redoblar esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La incertidumbre aleja la inversión
A pesar de la continuidad esperada entre la administración del presidente López Obrador y la de la presidenta Claudia Sheinbaum, el entorno institucional ha cambiado mucho. La mayoría calificada de la coalición gobernante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ha impulsado reformas constitucionales del llamado “Plan C” de AMLO –entregado como paquete legislativo el 5 de febrero 2024– generando gran incertidumbre en diversos sectores productivos y socios comerciales, con costos aún no cuantificables.
Cambios constitucionales tan drásticos como la última reforma al poder judicial altera las reglas del juego institucional. La falta de independencia de los poderes de la Unión y la posible desarticulación de los órganos reguladores —como la COFECE, el IFT, la CRE y la CNH, que garantizan la libre competencia en los mercados—, plantea retos que podrían contradecir nuestros compromisos en tratados internacionales como el T-MEC, en un momento donde la oportunidad de crear prosperidad compartida está íntimamente ligada a la integración regional de la producción en Norteamérica demanda certeza jurídica.
Competencia económica: mejor calidad y menores precios
Tras más de tres años de alta inflación, promover la libre competencia es vital puesto que significa garantizar precios justos para las familias desde la producción de todo lo que consumimos.
Transparencia y eficacia en el gasto del dinero público
La protección de datos personales y el acceso a la información pública son centrales para generar bienestar. De igual forma, la transparencia en el gasto público es imprescindible para la eficacia del próximo gobierno.
En México, ¿cómo vamos? hacemos un recuento de las condiciones de bienestar social en las que se encuentra el país de cara al próximo sexenio de Claudia Sheinbaum.
Hay muchos retos para aprovechar que la integración de América del Norte se traduzca en prosperidad compartida, para incorporar al Sureste mexicano al ritmo del crecimiento nacional, y para hacerlo de forma compartida y sostenible.
Es además una oportunidad histórica para que se implementen políticas económicas con perspectiva de género y que mejore la calidad del empleo al que accedemos todas las personas en México.
¿Cómo estamos?
- 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud (más abajo explicamos que no es atribuible a la forma de medirla, sino a una política pública que ha errado la atención a personas sin derechohabiencia).
- La carencia por acceso a los servicios de salud aumentó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022. Además, el gasto de bolsillo de los hogares incrementó 30% durante el mismo periodo, en hogares de menores ingresos se duplicó el gasto para compra de medicamentos sin receta.
- El sur-sureste muestra un importante rezago en progreso social.
- El gasto público en seguridad, orden y justicia es inferior al necesario. Cuando se mide por habitante, México está muy por debajo del promedio de la OCDE y por debajo de países de niveles de desarrollo similar.
- Entre 2022 y 2023 se registró un aumento de casi 16% en la incidencia delictiva y de 8.3% en el costo directo del delito (Envipe, 2023).
- La impunidad, que en México supera el 92% (cifra negra, 2023), debe atenderse desde la prevención del delito con inversión pública, empezando por las capacidades municipales.
- La demanda insatisfecha por un Sistema de Cuidados se estima en 2.2 millones de mujeres que quisieran trabajar pero mencionan que su contexto se los impide.
- Actualmente, 9 de cada 10 personas encargadas del cuidado de niños y adolescentes son mujeres. Un Sistema de Cuidados robusto, que incluya guarderías, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, permitiría que más mujeres puedan acceder al mercado laboral.
- Las transferencias monetarias no sustituyen la necesidad de infraestructura pública de cuidados. Un Sistema de Cuidados efectivo beneficiaría tanto a quienes cuidan como a quienes reciben los cuidados.
Progreso social
En 2022, el puntaje del Índice de Progreso Social (IPS) fue de 65.6, mostrando un incremento de 2.7 puntos respecto a 2021 y de 1.1 respecto a 2018. En relación a las variables que requieren gran atención se encuentra hogares con dotación diaria de agua, que en 2022 presenta el nivel más bajo registrado en la serie (66.55%); índice de crimen violento, el nivel más alto en la serie; matriculación en educación primaria muestra una disminución constante desde 2015 y la matriculación en educación secundaria una caída desde 2020.
Las palancas del progreso social: salud, educación y seguridad
Salud
La próxima administración enfrentará el reto prioritario de garantizar el acceso universal a la salud, uno de los temas más críticos para el bienestar de la población. En 2022, el 39.1% de los mexicanos carecía de acceso a servicios de salud, un incremento alarmante en comparación con el 16.2% registrado en 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador. Lo anterior implica un incremento de 30.3 millones de personas con esta carencia.
Cuando este resultado fue presentado en 2023 por el CONEVAL, el gobierno en turno lo adjudicó a un cambio en el fraseo de una de las preguntas desde la que se construye el indicador por la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI. No obstante, al comparar con 2018, en 2020 y 2022 menos personas que presentaron problemas de salud se atendieron en instituciones públicas. En 2018 la mayoría de las personas se atendió en instituciones públicas de salud, mientras que en 2020 y 2022 la mayoría lo hizo en instituciones privadas.
Como consecuencia de la menor cobertura en los servicios de salud, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), en 2022 se observa un incremento significativo en el gasto de los hogares en salud respecto a 2018.
¿Cuál ha sido la estrategia en salud pública, desde una perspectiva presupuestal?
En las últimas dos décadas, México ha atravesado tres grandes modificaciones bajo el objetivo de universalizar la salud: la primera en 2005, con la creación del Seguro Popular (DOF, 2003), la segunda en 2019, con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) (DOF, 2019) y, en 2023, con la creación del OPD IMSS-Bienestar (DOF, 2023).
Cada una de las modificaciones careció, en mayor o en menor medida, de una de las tres variables fundamentales para avanzar en la cobertura universal: presupuesto suficiente. El bajo nivel de gasto en el sector salud ha dado lugar a una brecha presupuestaria de más de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y sostenida durante dos décadas. Esta brecha se da respecto a niveles sugeridos por la OMS y también respecto a los niveles de inversión de países de la región, así como de países de nivel de ingreso similar.
A pesar de un nivel mínimo sugerido de 6 puntos del PIB, hace más de una década la inversión en el sector salud no supera los 3 puntos del PIB. El compromiso de la actual administración fue incrementar un punto del PIB; de 2018 a 2023 el aumento fue de 0.4 puntos PIB.
No solo hay una baja inversión, sino también un presupuesto desigual entre subsistemas de salud. Una persona con seguridad social tiene, en promedio, el doble de recursos para la atención de sus necesidades de salud, que una persona sin seguridad social. El extremo se observa en la población con servicios médicos de Pemex, donde el gasto per cápita es casi 10 veces el gasto per cápita de una persona sin seguridad social.
Finalmente, si se compara con la referencia internacional, la brecha se amplifica considerablemente, ya que el gasto per cápita en salud en los países miembros OCDE es 7 veces el gasto per cápita para la población con seguridad social en México.
Educación
La educación es una de los fundamentos del progreso social, y sin un diagnóstico del rezago y abandono educativo exacerbado por la pandemia, las estrategias carecen de un punto de partida.
A nivel nacional, el porcentaje de personas con rezago educativo es de 19.4%, un incremento de 1.6 millones de personas respecto a 2018. Esto equivale a que en 2022 se registran 25.1 millones de personas con rezago educativo.
Las diferencias entre las entidades persisten; mientras en la capital del país, donde se concentra la cobertura de educación superior, el porcentaje es de 9.7%, en Chiapas es de 31.1%. Por esto, se deben considerar estrategias diferenciadas para reducir el rezago educativo en el país.
Seguridad
Percepción de inseguridad e impunidad
Garantizar que la población se sienta segura es indispensable para incrementar el bienestar. A su vez, el Estado de derecho es una condición necesaria para poder crecer de forma sostenida. En 2023, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), a nivel nacional se estima una tasa de 33,267 delitos por cada 100,000 habitantes. La tasa de incidencia tuvo un incremento significativo respecto a 2022 (16%), aunque se encuentra por debajo de la observada a principios de sexenios anteriores (2012-2018).
Las entidades con menor incidencia delictiva son Chiapas, Durango, Oaxaca y Michoacán mientras que las entidades con mayor incidencia delictiva son Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Querétaro.
Respecto a la percepción de la población respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en su entidad, para el caso del agregado nacional, 73.6% de la población la considera insegura, una reducción de 5.8 puntos porcentuales respecto a la percepción de 2018.
Las entidades con mayor percepción de inseguridad son Morelos, Guanajuato, Zacatecas y Estado de México, mientras que las entidades con menor percepción de inseguridad son Baja California Sur, Yucatán, Coahuila y Nayarit. En el caso específico de Nayarit, Baja California Sur y Coahuila se observan también las mayores reducciones -en puntos porcentuales- en percepción de inseguridad. Por otro lado, en Sonora, Yucatán y Jalisco se observan los mayores incrementos.
Sobre la impunidad, un tema tan relevante para configurar nuestras percepciones sobre seguridad y justicia en el país, la cifra negra ha permanecido prácticamente constante en el tiempo. La cifra negra corresponde al porcentaje de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. En 2023 esta cifra fue de 92.9%, en 2018 de 93.2% y en 2012 92.1%.
Las entidades con mayor cifra negra son Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Sinaloa mientras que las entidades con menor cifra negra son Durango, Baja California, Hidalgo y Michoacán. Sin embargo, para todas las entidades del país la cifra es superior a 88%, la magnitud de estos resultados es preocupante, sobre todo en un contexto de reforma al Poder Judicial donde no se establece un camino para reducir la cifra negra en el acceso a la justicia de las personas.
A pesar del gran costo de la violencia e inseguridad para las personas, en comparación internacional, México dedica pocos recursos a los rubros de orden público, seguridad interior y justicia.
Con los últimos datos disponibles (Impunidad Cero, 2024), el gasto público por habitante en México en los rubros de orden público, seguridad interior y justicia es insuficiente, con apenas 182 dólares anuales por persona, sumando cifras federales, estatales y municipales (datos 2021 y 2022). Este monto es la mitad del gasto per cápita promedio en los países la OCDE (394 dólares), por debajo de países como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Portugal y España, e incluso ligeramente por debajo de los países de Latinoamérica (198 dólares per cápita, promedio anual, CEPAL).
Un mayor gasto por habitante en los rubros de orden público, seguridad interior y justicia permitiría disminuir la impunidad desde la prevención del delito, pasando por la respuesta de las fuerzas del orden, la investigación del delito y la judicialización de los casos.
Es por ello que para disminuir la impunidad, la mayor inversión en seguridad pública debe hacerse por medio de los municipios, creando capacidades entre sus policías locales, para poder aspirar a comunidades más pacíficas y seguras. No sorprende que sean los gobiernos municipales los que destinan mayor porcentaje de su gasto a la seguridad pública y al orden público, puesto que son quienes tienen mayor proximidad con la gente: 17% del gasto municipal se dedica a seguridad y orden públicos, contra 10% del gasto estatal y 3% del gasto federal (Impunidad Cero, 2024).
Si bien el gasto no es la única variable que afecta la capacidad de prevenir, investigar y resolver delitos, existe evidencia de una menor incidencia delictiva cuando hay mayor gasto por habitante en los rubros de orden público, seguridad interior y justicia.
En 2023, el costo económico de la inseguridad para las personas, a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares, representó un monto de 6,853 pesos por persona o 282 mil millones de pesos agregados (pesos constantes de 2018), equivalente a 1.15% del PIB, cifra similar a la observada en años anteriores, pero con un incremento de 8.3% entre 2022 y 2023 (Envipe 2023).
Cuidados
En el segundo trimestre de 2024, 2 millones 634 mil 036 personas no disponibles señalaron contar con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo; al desagregar entre hombres y mujeres, 416 mil 187 hombres se encuentran en esta situación, mientras que 2 millones 217 mil 849 son mujeres, cinco veces más que el caso de los hombres. Las “personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo” son aquellas que explícitamente señalan que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, personas enfermas o adultos mayores, o que algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo con complicaciones o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).
Por lo anterior, una de las barreras de entrada de las mujeres al mercado laboral es el uso del tiempo, así como para su permanencia en este. En México, las mujeres dedican 42 horas a la semana en tareas del hogar y de cuidados no remunerados, mientras que los hombres solo 19 horas. Está claro que el desarrollo profesional de las mujeres no ocurre en igualdad de circunstancias que el de los hombres. Por lo tanto, la brecha salarial se va ampliando con el tiempo, sobre todo en el mercado laboral informal -que es donde más mujeres trabajan-.
Es fundamental reconocer que las transferencias monetarias no pueden sustituir la provisión de infraestructura pública de cuidados. Por lo que el establecimiento de un sistema de cuidados es esencial. El cual tiene efectos positivos no solo para las personas cuidadoras, sino también para las personas que requieren los cuidados. Además, al quedar como única opción la provisión de este servicio por el sector privado, se establece un precio de mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, dejando fuera a aquellas familias que no estén dispuestas a pagar o no tienen la capacidad de costear dicho precio.
9 de cada 10 personas cuidadoras de infancias y adolescencias son mujeres (ENASIC 2022). Un sistema de cuidados permitiría que más mujeres puedan usar su tiempo en trabajar si así lo desean. Por ello, el sistema de cuidados debe empezar por ofrecer servicios de atención para infantes, guarderías, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
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