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Salud y educación, las palancas del progreso social en el contexto electoral

  • El rezago educativo y la carencia por acceso a servicios de salud impactan en la movilidad y el progreso social de las personas. Por ello es imperativo considerar las marcadas disparidades regionales. Este es el criterio que se requiere ver reflejado en las propuestas de las candidatas, con el fin de cerrar las brechas existentes en el país y promover la equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo.
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CIUDAD DE MÉXICO, 28ABRIL2024.- Reporteros observan el Segundo Debate Presidencial en las instalaciones de Estudios Churubusco. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El próximo domingo 19 de mayo de 2024 se llevará a cabo el tercer debate presidencial titulado “Democracia y gobierno: diálogos constructivos.” En este encuentro, el tema inicial que las candidatas y el candidato a la presidencia debatirán será política social. Si bien la salud y educación, elementos fundamentales de la política social, fueron discutidos en el primer debate presidencial del pasado 7 de abril, es importante plantear el panorama actual y evaluar lo presentado por los candidatos en el primer debate. Lo anterior, con el objetivo de examinar las propuestas de este próximo debate, considerando que la salud y la educación son condiciones necesarias para incrementar el progreso social en el país.

Es responsabilidad de los gobiernos implementar políticas públicas y mejorar las existentes para garantizar que toda la población cuente con acceso a servicios de salud y educación de calidad. Sin embargo, los últimos datos disponibles arrojan una situación preocupante que especialmente afecta a la población con menores ingresos. Desde 2016 se observa un aumento constante en el porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud y en rezago educativo.

En el caso de la salud, a nivel nacional el porcentaje de personas en carencia por acceso a servicios de salud es de 39.1 % en 2022, lo que equivale a 50.4 millones de personas. Al comparar esta cifra con la registrada en 2016 de 15.6 %, equivalente a 18.8 millones, en 2022 hay 31.6 millones más de personas con carencia por acceso a servicios de salud. En relación a la educación, en 2022 hay 25.1 millones de personas con rezago educativo; 2.8 millones más que en 2016.

El fortalecimiento de la salud pública y el sistema educativo demanda una revisión de las políticas implementadas, además de establecer estrategias diferenciadas considerando la realidad desigual que se vive en las entidades. Mientras en Chiapas y Oaxaca el porcentaje de personas en carencia por acceso a servicios de salud es superior al 65 %, en Baja California Sur y Coahuila es menor al 20 %.

En el primer debate presidencial, los candidatos no presentaron estrategias diferenciadas para garantizar el acceso a servicios de salud pública para toda la población considerando las grandes desigualdades a lo largo del territorio. La falta de atención a estas diferencias plantea interrogantes sobre la eficacia de los planes generales a nivel nacional para enfrentar las necesidades y desafíos específicos de cada región.

En cuanto al tema educativo, es preciso contar con un diagnóstico de nuestra situación inicial para evaluar el progreso en materia educativa en el país. Sin embargo, en el primer debate destacó la falta de atención a lo fundamental en las propuestas de los tres candidatos: la evaluación del rezago y abandono educativo a nivel nacional, el cual fue exacerbado con la pandemia.

Sin un entendimiento claro de nuestra situación inicial, las propuestas carecen de una dirección definida, especialmente considerando el rezago diferenciado en el país. En Chiapas el porcentaje de personas en rezago educativo es de 31.1 %, mientras que en la Ciudad de México es de 9.7 %. De manera similar, de acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS) 2022, la matriculación en educación secundaria en Chiapas ha disminuido de manera constante desde 2015, mientras que en la capital del país ha aumentado.

Asimismo, con base en el IPS 2022, la cobertura de educación superior, porcentaje de la población entre 18 y 23 años con educación superior, muestra disparidades significativas a lo largo del territorio nacional. En Chiapas esta cobertura ha sido la más baja a nivel nacional, con porcentajes que oscilan entre 12.7 % y 13.7 %. Del mismo modo, en el caso de Oaxaca este porcentaje ha permanecido por debajo de 18%. En contraste, en la Ciudad de México se ubica en 70.22 %. Es decir, mientras en Chiapas 1 de cada 10 personas de entre 18 y 23 años tienen educación superior, en la capital del país esta cifra se eleva a 7 de cada 10 personas.

Es importante reconocer que la política social relacionada a la educación debe garantizar la inclusión de los grupos minoritarios para promover posibilidades de movilidad social y acceso a educación superior en igualdad de condiciones que el resto de la población. A nivel nacional, 4.5 % de la población no sabe leer ni escribir y esta situación se exacerba para personas indígenas y con discapacidad; para ambos grupos la tasa se triplica.

El rezago educativo y la situación de carencia por acceso a servicios de salud impactan tanto en el corto como en el largo plazo en la movilidad y el progreso social de las personas. Por ello es imperativo, además de aumentar la disponibilidad de infraestructura social, considerar las marcadas disparidades regionales. Este es el criterio que se requiere ver reflejado en las propuestas de los candidatos, con el fin de cerrar las brechas existentes en el país y promover la equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo.

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