El Estado mexicano planea y regula la provisión de los servicios de energía, especialmente de la eléctrica, con el fin de que la población tenga acceso a ellos con la mejor calidad y al menor precio posible, y para ello prohíbe los monopolios en la Constitución (art. 28), así especifique excepciones.
Esta función del Estado –entendido como gobierno y sociedad civil– no implica que el gobierno sea quien provea estos servicios fuera de la transmisión y distribución de esa energía 1, que por su naturaleza constituyen un monopolio natural.
¿Por qué el Estado no debe proveer los otros servicios distintos a la transmisión y distribución de la energía eléctrica, es decir, aquellos que no constituyen un monopolio natural?
En mi experiencia profesional como ejecutivo de una empresa que fue paraestatal y luego privatizada, fui testigo de hechos como los siguientes:
1. Los presupuestos de inversión –y, por lo tanto, de expansión del servicio– se empezaban a ejercer pasados diez meses del año corriente, dadas las carencias financieras y prioridades del propio gobierno.
Consecuencia: había rezagos crónicos y crecientes en las inversiones, que se traducían en una pésima atención a la demanda del servicio, con un enorme mercado negro y corrupción.
2. A los gobiernos de todo el mundo les encanta cortar listones de inauguración de obras; sin embargo, lo que no les luce para nada es darle mantenimiento a las obras inauguradas.
Consecuencia: las infraestructuras acaban cayéndose a pedazos y sin insumos para ser operables, como ocurría con la Red Federal de Microondas.
3. Cuando el gobierno es dueño de una empresa, tiene que decidir si ésta es para ganar dinero y así financiar otras necesidades públicas, para recaudar más impuestos, para atender a las personas más marginadas que no tienen acceso a esos bienes y servicios, para vender servicios accesibles para todos o para defender a sus trabajadores.
Consecuencia: estructuras tarifarias e impositivas que mandan señales erróneas al mercado, trato privilegiado a un grupo de trabajadores aunque no se les permita el derecho a la huelga, y la poca o nula rentabilidad y sustentabilidad de ese emprendimiento.
4. Cuando una entidad productiva tiene muchas prioridades, en la realidad no tiene ninguna.
Consecuencia: en casos de finanzas públicas apretadas –el caso de México– la única prioridad efectiva para una empresa del Estado es la recaudatoria, y la provisión de esos bienes y servicios de esa entidad pasan al último lugar, si es que tienen algún lugar.
5. Los monopolios son, por definición, fijadores únicos de precios y cantidades ofrecidas con independencia del mercado, aunque se adjetiven como “estatales” o por decreto “dejen de ser monopolios”. Su naturaleza es proveer bienes y servicios en menor cantidad y a mayor precio que en un mercado en competencia.
Consecuencia: dejar al arbitrio del monopolio cuánto producir y a qué precio es el mejor camino para llegar a la escasez y la carestía.
6. Mientras fue paraestatal, el gobierno federal le indicaba a la empresa a qué gobiernos locales debía atender con prioridad en la prestación de servicios y a cuáles no, lo cual respondía claramente a criterios políticos.
Consecuencia: la política decidía a quiénes proveer y a quiénes no, lo cual es inconstitucional e inadmisible en una democracia en la que toda la población tiene derecho a recibir servicios públicos, con independencia de su lugar de residencia o de su afiliación política. Por ello, se requiere de un regulador ajeno a la política y, por lo tanto, independiente del gobierno en turno, contrario a lo que plantea la reforma eléctrica que se discute actualmente.
7. En aquellos años, el regulador era parte del ejecutivo federal y no había competencia, por lo que éste establecía las tarifas a cobrar, pero no las cantidades de servicios a ofrecer. Era un monopolio semicontrolado, plagado de ineficiencias en la prestación de sus servicios que eran malos, insuficientes y costosos para los usuarios.
Consecuencia: la demanda pendiente e insatisfecha iba siempre en aumento, con una estructura tarifaria que enviaba señales erróneas al mercado, como si proveer el servicio fuera sumamente rentable. De hecho, en un escenario eficiente, el regulador SIEMPRE debe ser independiente del regulado. No puede ser juez y parte, como propone la iniciativa de reforma eléctrica actual. Si el regulado decide por sí y ante sí cuánto producir y a qué precio, están dadas las condiciones del monopolio perfecto. En ese escenario –casi- todos pierden: los usuarios que enfrentan mayores costos, peor calidad en el servicio e intermitencias, el gobierno que pierde su capacidad de planeación central de una política sectorial y se somete a la visión y a la gestión de una empresa con intereses específicos y no prioriza el mayor bien común, y el aparato productivo nacional, menos el monopolio, puesto que se reduce la producción potencial de todos los bienes y servicios que dependen de la provisión de la energía eléctrica, en este caso.
8. El regulador federal, que en ese entonces NO era independiente de las acciones de la empresa ni del gobierno en turno, con argumentos artificiosos se aprovechaba de su posición de “autoridad” para comercializar los servicios finales de la paraestatal, pero no con criterios técnicos sino respondiendo a los intereses del gobierno en turno, sin transparencia ni rendición de cuentas.
Es decir, el regulador comercializaba los servicios de transmisión de datos -que eran tecnología de punta- como monopolio gubernamental, y se quedaba con parte de las rentas.
Consecuencia: un retraso notable en el desarrollo y prestación de estos servicios, duplicando estructuras administrativas que entorpecieron el crecimiento de estos servicios en México. La innovación tecnológica no debe quedar en manos de burocracias, que están más interesadas en el control político que en el desarrollo del país.
Espero que mi experiencia sirva para valorar las razones económicas por las cuales si CFE se convierte en juez y parte, tal como lo busca esta reforma, la población, las finanzas públicas y las empresas tienen mucho que perder. Todos tenemos mucho que perder, y sólo un grupo dentro de CFE ganaría rentas monopólicas a costa de todos. No habrá inversión que alcance, ni eficiencia, y por lo tanto tampoco energía suficiente, barata, ni limpia, como quieren hacernos creer.
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* Francisco Ramírez es economista, profesor de historia, maestro en sistemas sociales por la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania, EUA, y maestro en Economía de la Competencia Económica por el King’s College en Londres, Inglaterra. En la última década se ha dedicado a promover la capacitación de las y los trabajadores para acceder a empleos de mejor calidad y mayor productividad.
1 Es decir, que al ser una red de transmisión y distribución, no hace sentido económico duplicar o multiplicar esa red, por lo que nadie más que el dueño de la red podrá ofrecer el servicio en las mejores condiciones posibles para los consumidores.
